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La Corte Suprema ordenó no retener impuesto a las Ganancias a los jubilados

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Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones.

El fallo se dio en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.

Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja.

Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.

Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […] las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.

Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter “integral e irrenunciable”. Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad. En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar general. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de $5.179. Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado. Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”.

Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación”. A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales” (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.

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Coronavirus en Argentina: cómo hacer para que los adultos mayores se tomen en serio el aislamiento

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Recomiendan armar redes de contención entre familiares y vecinos. Y acompañar. Intentar controlarlos, dicen, no es una buena idea.

Tiene 89 años, pero no la para nadie. Mercedes Guruceaga está acostumbrada a caminar 40 cuadras por día: suele ir al supermercado más alejado de su casa “para mover las piernas”. Y combina dos colectivos con un tren para ir —sola— desde la Zona Norte hasta el Sur. La edad no pudo frenarla y tampoco lo hizo el coronavirus.

Asegura que está tomando algunas medidas. “Cuando llego a casa me lavo las manos y me pongo alcohol en gel”, sostiene. De quedarse adentro, ni hablar. “Trato de salir temprano, que hay menos gente. Ayer fui por unos duraznos a la verdulería, que está a una cuadra. Siempre me voy abasteciendo, por si las moscas”, comenta.

Para los expertos, no hay grises. “La recomendación actual es que no salgan o salgan lo mínimo e imprescindible”, sostiene José Ricardo Jaúregui, presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatrías (IAGG) y director médico de We Care.

“Que manden a buscar la receta a los consultorios, que no se hagan los estudios que no sean estrictamente necesarios, que no vayan al sistema sanitario, que no vayan al supermercado”, ejemplifica.

“Hoy la recomendación es que no salgan o que lo hagan en su propio auto o el de la familia. Que no usen transporte público. Que estén realmente lo máximo posible con ‘distanciamiento social’. A mí no me gusta la palabra ‘aislamiento’. No es lo mismo”, sigue Jaúregui.

Se refiere al “aislamiento social” que se indicó la semana pasada en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada. “La situación de mayor riesgo está centrada en los mayores de 65 años”, dijo la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Y el titular de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, pidió cuidar especialmente a los adultos mayores porque la gravedad de la enfermedad aumenta con la edad. 

¿Cómo incorporarlo dentro de la dinámica familiar? “Hay que acompañarlos y obviamente ayudarlos. Hay que salir a hacerles las compras, porque sino no van a comer. Hay que acercarles las cosas básicas, como el alimento y lo que necesiten para estar dentro de la casa”, responde Jaúregui.

“El resto de la familia tiene que ponerse en movimiento para que los mayores entiendan. Y brindarles ayuda. Es una cuestión de supervivencia, porque van a tener que salir a comprar la leche. Que los ayuden con los deliverys para hacer los pedidos. Que les lleven los alimentos a la casa. Ese tipo de cosas”, concluye el especialista.

En algunos hogares siguen estas instrucciones al pie de la letra. “Le hago las compras. Le preparé alcohol en gel. Le digo que se desinfecte, que mantenga distancia, que no dé besos”, cuenta Graciela Vuga sobre los cuidados que recomienda a su madre, Ermelinda, de 89 años.

Al principio, la mujer ejerció resistencia y le dijo a su hija que estas medidas eran “demasiado”. Pero, de a poco, se está haciendo a la idea de que tiene que prevenir el coronavirus. Aunque todavía le cuesta digerir la situación. “Ella está muy asustada. Mira la tele y se asusta. Tiene miedo por nosotros: sus hijos, nietos y bisnietos”, relata Graciela.

Estos ejemplos son de personas muy mayores, que necesitan extremar los cuidados. Pero hay un detalle: las medidas incluyen también a los no tan grandes. Según Jaúregui, en nuestro país, todas las medidas de precaución se están recomendando a partir de los 60 años. Estamos hablando de unos seis millones de argentinos.

“Primero el aislamiento era para los mayores de 65. Y de un día para el otro pasó a ser para los mayores de 60, sin que nadie explicara nada”, se queja el gerontólogo Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).

Y acá viene su aclaración. “El aislamiento se plantea como consigna general y es una disposición que viene de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se considera adultos mayores a las personas de 65 años en países con economías desarrolladas. En países con economías con dificultades, como históricamente la nuestra, se toma el concepto de adulto mayor a los de 60 años”.

Y agrega que, aunque hay solo cinco años de diferencia, la situación social entre los de 60 y los de 65 es considerable, porque los de 65 por lo general están jubilados.

Ante la consulta de si controlar a nuestros padres y abuelos es una opción, Semino responde en forma negativa. “Más viejos somos, menos nos importan las pautas”, lanza. Pone el acento en la “rebeldía” propia de esta edad y está convencido de que las prohibiciones “actúan en contra”.

Por lo tanto, su recomendación es “hacer redes” y apelar al “acompañamiento”, ya que “tenemos que prepararnos para una situación que va a durar bastante tiempo”, adelanta.

“Hay que hacer convenciones entre los familiares, amigos y vecinos. Decir ‘yo estoy cerca a tales horas’ o ‘yo lo llamo a tales horas’ o ‘yo lo invito a hacer tal cosa’. Tienen que involucrarse jóvenes y viejos”, recomienda Semino.

“Es bueno que se haga algún tipo de esparcimiento, porque sino tenemos otra enfermedad que mata más que el virus, que es la depresión”, alerta. Y, para lograrlo, invita a ser creativos: “Nos podemos juntar a tomar mate: cada uno con su mate y cada uno con su termo. Y guardamos una distancia para conversar”.

“Caminar por la calle se puede, pero tenemos que hacerlo a una distancia prudencial. Y en lugar de salir dos horas, podemos dar una vuelta por media hora”, ejemplifica Semino.

Y subraya que el miedo es un aliado de la pandemia. “No tengamos miedo, ni el viejo ni el joven. Tratemos de trabajar en la prevención y la contención”, concluye el gerontólogo.

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Falta de conciencia: en Mar del Plata, un grupo de jubilados paseó en un “trencito de la alegría”

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El clásico “party bus” de cada verano circuló libremente por el centro de la ciudad repleto de personas que componen el grupo de riesgo de contagio del COVID-19.

En los últimos días, la comunicación oficial en Argentina tanto a nivel nacional, provincial o distrital hizo especial hincapié en los cuidados y prevenciones frente al avance del coronavirus en el territorio y cuán cuidadosos debían ser los adultos mayores, quienes integran el grupo de riesgo frente a la pandemia.

En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro​ pidió evitar viajar a la ciudad por el fin de semana largo y circular por las calles. Pero en la noche del martes, un grupo de jubilados se paseó libremente en un colectivo de recreación similar al “trencito de la alegría”, característico de los veranos marplatenses.

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Jubilaciones: un informe pone a los regímenes de las Fuerzas de Seguridad y los docentes en la mira

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Lo elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso. El de las FFAA es responsable del 33% del déficit total del sistema jubilatorio y el de los maestros del 25%.

Un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso ( OPC) pone en la mira los regímenes jubilatorios especiales, en particular el de los docentes nacionales, Luz y Fuerza y Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Es que aunque arranca con el impacto fiscal de los regímenes del Poder Judicial y del Servicio Exterior, el informe analiza la incidencia en el gasto y en el déficit total de todos los sistemas especiales, que incluye a los docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, Luz y Fuerza, YCF y Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El Informe es un antecedente para el análisis de estos regímenes por parte “de la Comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia, para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”, según marca la ley de Emergencia y Solidaridad aprobada a fines de diciembre.

El Informe dice que, sin las FF.AA y de Seguridad, “en relación a la participación en el total del gasto previsional administrado por la ANSeS, se observa que los regímenes especiales concentran el 9,7% del gasto mensual y el 3,2% de los beneficios”.

El Estudio de la OPC señala que por “la normativa vigente se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2.347 millones para el del Servicio Exterior”, que representan ambos el 2,5% del déficit previsional contributivo puro, equivalente al 0,03% del PBI. Es que aunque cobran jubilaciones altísimas – el Poder Judicial de $ 272.099 de haber medio y de $ 352.798 el Servicio Exterior, esos valores lo cobran 7.700 beneficiarios.

Se denomina “ déficit puro” porque, por el lado de los ingresos, no se consideran los ingresos provenientes de impuestos sino exclusivamente los aportes y contribuciones directos de empleados y empleadores.

Según el Informe, el peso del régimen general contributivo – que paga 6,5 millones de beneficios con un haber promedio a diciembre de 2019 de $ 20.480- en el déficit total previsional es del 33,3%, equivalente al 0,4% del PBI. Y el 66,7% restante corresponde a los sistemas especiales.

A igual que el régimen general, el mayor responsable del déficit total, con el 33,3% corresponde a los regímenes de jubilaciones de las FF.AA y de SeguridadLe sigue con el 25% el de los Docentes no universitarios y con el 7,5% los trabajadores de Luz y Fuerza.

Esto pasa porque, aunque aportan 2 puntos adicionales (13% en lugar del 11% del sistema general), esos jubilados cobran jubilaciones más altas porque perciben el 82% o 85% del salario del trabajador, ajustable por la variación salarial del sector.

El Informe reconoce que “entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 la movilidad de los 6,5 millones de jubilados del régimen general tuvo una expansión nominal del 227,2%”. Descontando la inflación, representa una pérdida del 18 del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados .

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