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La Corte Suprema de EEUU decidió consultarle a la Casa Blanca sobre el juicio contra Argentina por YPF

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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió hoy consultarle a la administración de Donald Trump su opinión sobre el juicio que se lleva adelante en ese país contra la Argentina por la expropiación de YPF, en 2012.

El gobierno de EEUU analizará el caso por medio del solicitor general, o su procurador, y podría consultarle sobre el tema al Departamento de Estado o, incluso, al propio presidente Trump, de muy buena relación con Mauricio Macri. Con todo, la palabra final la tendrán los jueces.

El extracto del “Order list” de hoy de la Corte Suprema de EEUU donde se menciona la demanda contra el país

El extracto del “Order list” de hoy de la Corte Suprema de EEUU donde se menciona la demanda contra el país

Se trata de un caso que lleva seis años y que impulsa Burford Capital, un gestor de litigios global. La causa ya tuvo dos fallos negativos para el país en tribunales inferiores y podría costarle al Estado argentino –no a la empresa– hasta USD 3.000 millones.

Pero eso no es lo que que el máximo tribunal de EEUU decide por estos días sino una cuestión de jurisdicción: si el caso debe tratarse en ese país, ya que las acciones de la petrolera cotizan allí, o en la Argentina, como reclama el Gobierno.

 La Corte de EEUU escuchará qué tiene que decir el gobierno de ese país al respecto. Y luego fallará sobre la jurisdicción del caso: si se traslada al país o si la mantiene en los tribunales de Nueva York

Si bien hubo un rechazo al recurso de la Argentina, la consulta al gobierno de EEUU era una de las opciones que las autoridades locales evaluaban como positivas. “Demuestra la importancia del caso; de otro modo, se hubiera rechazado de plano”, argumentaron minutos después de conocerse el fallo. “Es una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio”, evaluaron desde la Rosada.

Así, la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. La Corte analizará la opinión de Casa Blanca, que no es vinculante, y fallará sobre tomar el caso o no. A EEUU viajaron el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas judiciales.

Macri y Trump en la cumbre del G20

Macri y Trump en la cumbre del G20

“Hoy no se decidió nada económico, para eso falta entre 6 y 24 meses. Hoy lo que se trata es un tema de jurisdicción. Argentina pide que la causa trate en el CIADI o en tribunales locales y no en la justicia de Nueva York, donde el país ya tuvo dos fallos contrarios”, detalla el especialista Sebastián Maril, de Research for Traders.

La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de la petrolera, luego de que el Estado argentino le pagara a Repsol, la controlante de la empresa, USD 5.000 millones en concepto de resarcimiento por la renacionalización de la compañía. Burford compró los derechos para hacer juicio de algunas de esas compañías.

Solicitor general

Con su decisión de hoy, la Corte utiliza la figura del solicitor general y le pide al gobierno de EEUU su opinión sobre el tema. Desde Argentina descartan un guiño favorable de Donald Trump, pero podría no alcanzar. Ya pasó con los holdouts: el entonces jefe de Estado Barack Obama opinó a favor , pero no fue suficiente: la Corte igual rechazó el pedido del país.

“Desde el 20 de diciembre un clerk (ayudante del Juez Supremo) analiza en profundidad el reclamo argentino, la respuesta de las empresas Petersen y los escritos presentados por los ‘amigos de la corte’ (los gobiernos de Chile y México) a favor de YPF y de Argentina”, describe Maril. Ese clerk realizó un resumen del caso con sus recomendaciones que luego vieron los demás clerks de los otros seis jueces (solo siete de los nueve participan en esta etapa). El tema se incluyó en la llamada “Lista de discusión”, los jueces analizaron los méritos del reclamo argentino y publicaron la decisión en la “Lista de orden” de hoy .

Jueza Loretta Preska

Jueza Loretta Preska

En resumen, la Corte de EEUU escuchará qué tiene que decir el gobierno de ese país al respecto (no le fija un plazo para expedirse). Y luego fallará sobre la jurisdicción del caso: si se traslada al país –el Gobierno argumenta cuestiones de soberanía y que la expropiación fue una decisión del Congreso–, o si la mantiene en los tribunales de Nueva York.

Para los demandantes se trata de una cuestión comercial que debe dirimirse en el lugar en el que cotizan las acciones de compañía. En un par de meses, la demanda podría volver al tribunal de origen, un juzgado del segundo distrito de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska, la misma que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.

Entonces, y luego de un proceso que podría llevar años, Preska estaría en condiciones de optar por un fallo monetario o avanzar hacia un discovery process, un proceso mucho más amplio que investigaría a todos los actores involucrados en la reestatización de la empresa.

Antecedentes

En 2013, Burford –una empresa que cotiza en la bolsa de Londres– le compró a la Justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas, Petersen Energía y Petersen Inversora, que ya no pertenecían al Grupo Petersen local en ese momento.

Luego, también se quedó con el 70% del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario de YPF. Desde entonces es la cabeza del reclamo contra la Argentina. Burford pagó unos USD 15 millones para quedarse con esos derechos a hacer juicio, cosa que hizo, y en sus balances detalla que estima que obtendrá por el caso YPF unos USD 800 millones. Mientras tanto, va vendiendo parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total) y ya ganó más de USD 130 millones en ese proceso.

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Nacionales

Vacunatorio vip: el laboratorio que quedó afuera de la negociación con Rusia denunció a Ginés por tráfico de influencias

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Es HLB Pharma Group. Sus directivos también acusan al ex ministro por asociación ilícita y “puesta en peligro de la salud pública”.

El polémico laboratorio HLB Pharma Group, que había iniciado los contactos con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V y luego fue desplazado de las negociaciones, denunció al ex ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y “puesta en peligro de la salud pública”.

La denuncia, que por sorteo será investigada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fue impulsada por el apoderado del laboratorio, el doctor Ariel Fernando García.

“El gobierno argentino ha invertido una ingente cantidad de recursos en granjearse la mayor cantidad de dosis de vacunas posibles, las que hasta la fecha de ningún modo se acercan al número necesario o deseable para inmunizar a la totalidad de la población. A raíz, de dicha escasez, el propio Ministerio de Salud, elaboró y publicó protocolos a los fines de realizar los actos de vacunación a través de un sistema de prioridades, que consideraba particularmente a aquellos más expuestos a contagiarse (como el personal de salud) y a aquellos más expuestos a morir a raíz de la enfermedad (como aquellas personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias, etc.). En términos generales, más allá de en las resoluciones del propio Ministerio de Salud de la Nación, los criterios epidemiológicos específicos que determinan el orden de vacunación, se encuentran expuestos en el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”, explica la denuncia.

“En dicho documento la vacunación se ha postulado gubernamentalmente como ‘gratuita, equitativa e igualitaria‘. Corresponde destacar que, en cualquier caso, las personas de los distintos grupos, a su tiempo, deben seguir pasos burocráticos preestablecidos -como obtener un turno en su jurisdicción– para ser vacunados. Dichos pasos garantizan, entre otras cosas, la equidad e igualdad de oportunidad, dentro del grupo, a cada candidato a la vacunación, así como también el cumplimiento de rutinas de administración, tales como la revisión del empadronamiento y registro de cada vacunado”.

Ese repaso de las condiciones oficiales para recibir la vacuna anticipa la lógica conclusión con la que el laboratorio argumenta su denuncia: “Se ha hecho público y notorio, a través de la prensa, que un número indeterminado de ciudadanos cercanos al actual Ministro de Salud, habrían sido vacunados a pesar de no pertenecer al grupo vigente en vacunación (adultos mayores de 80 años) o, perteneciendo al mismo, habiéndose saltado el mecanismo burocratizado previsto para la recepción de la vacuna”.

Luego de relatar cómo Horacio Verbitsky y Eduardo Valdés admitieron haber sido inoculados, el directivo de HLB Pharma concluye que “las conductas descriptas indudablemente podrían constituir el delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el tipo penal comprendido en el Art. 205 del Código Penal de la Nación (‘puesta en peligro de la salud pública’). Asimismo, resulta claro e indudable que el Sr. González García no pudo haberse bastado solo para el cometido que llevó adelante, requiriendo a un número de personas para perpetrar las ilicitudes descriptas (tales como alguien que agendara turnos y recibiera a aquellas personas que habrían de ser inoculadas ilícitamente).”

La denuncia podría ser una más de las varias que ingresaron a Comodoro Py en las últmas horas, pero en su tramo final se exponen los motivos de una diferencia sustancial.

“El denunciante no es otro que el laboratorio que realizó las negociaciones primarias con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa que comercializa las vacunas ‘Sputnik V’. Asimismo, fue personal del laboratorio el que, en un acto a los fines de que los argentinos pudieran ser finalmente vacunados, facilitó gratuitamente el contacto de dicho fondo de inversión a autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, acompañándolas en el primer viaje que realizaron al mencionado país, a fin de negociar todo lo pertinente”, plantea la demanda.

García, el apoderado de HLB Pharma Group, fue quien participó en ese primer viaje, en octubre, encabezado por la ahora flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cuando se conoció la intervención de este laboratorio en las negociaciones por las vacunas, la diputada nacional Graciela Ocaña presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle los antecedentes de la empresa.

“Este laboratorio ha sido muy cuestionado por la propia industria farmacéutica, por no contar con buenos antecedentes en materia empresarial, sobre todo en lo relacionado a la transparencia de sus actos y a la seguridad”, afirmó la legisladora.

Antes de ser accionista de HLB Pharma Group, García tuvo en Rosario la fábrica de suero Apolo, que se hizo conocida por una enorme explosión que dejó cinco heridos graves y se produjo poco después de que se declarara la quiebra de la empresa. Había estado preso entre 2002 y 2005. En la cárcel se recibió de abogado, fundó un sindicato de presos y terminó como dirigente de Alicia Kirchner montando en el barrio de Flores la verdulería La Colina. Era parte del plan de Cristina Verdura para Todos.

“El laboratorio, sin ánimo de lucro alguno en esa gestión, invirtió tiempo y capitales, y como parte de su responsabilidad social empresaria, en virtud de la consecución de un fin noble como la posibilidad de que todos los argentinos pudieran vacunarse”, sigue explicando la denuncia impulsada por García.

“Asimismo, se destaca que la persona jurídica denunciante es la solicitante ante la ANMAT del registro de la vacuna ‘Sputnik V’, y cuenta -a través de un convenio firmado con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa– con la representación comercial en lo respectiva a dicha vacuna. Todo esto hace que se vea particularmente ofendido por el ilícito cometido, en tanto el mismo fue posible por gestiones que el Laboratorio HLB Pharma Group había realizado desinteresadamente y con fondos propios.” Este párrafo es clave para la Justicia, y también justifica el pedido del laboratorio para constituirse como querellante en la causa.

La denuncia también remarca: “Lo realmente importante es la estafa moral que implica que, en un país que supera los 50.000 muertos por Covid-19, los medicamentos que el Estado Nacional se haya procurado para poder finalmente frenar esa aberrante tasa de mortalidad, no se distribuyan equitativamente, sino en función de cuestiones personales tales como la posesión de dinero o influencias”.

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Coronavirus

Autorizan la vacuna china Sinopharm y esperan un millón de dosis para los próximos días

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La avaló el Ministerio de Salud a través de una resolución firmada por Carla Vizzotti. El embarque podría llegar el jueves.

El Gobierno autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Fuentes oficiales consultadas por Clarín informaron que se está trabajando en los últimos pasos administrativos con el objetivo de que el primer lote llegue al país el jueves por la noche.

Serán un millón de dosis -el embarque más grande hasta ahora- que permitirían inmunizar a 500.000 personas, ya que se deben aplicar dos a cada paciente, con una diferencia de al menos 21 días entre una y otra.

Este domingo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna, que es desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China.

La medida se tomó luego de recibir la aprobación de ANMAT, que evaluó los datos del ensayo en fase 3. El proceso -previsto en la Ley de Vacunas (27.573)- fue similar al que se aplicó para darle luz verde a la rusa Sputnik V.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

En una entrevista radial, la ministra detalló que ANMAT “realizó consultas puntuales y han sido respondidas”, un proceso que se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino realizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos) pero también en la Argentina.

En nuestro país los ensayos se realizaron sobre una población testigo de 3.008 voluntarios que participaron de un “estudio aleatorizado” (reciben al azar vacuna o placebo).

El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina fue el infectólogo Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped. “Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos registrado eventos adversos serios relacionados a la vacuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le puedo dar garantía”, aseguró Cahn ante la consulta de la agencia Télam.

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

El Gobierno cerró el jueves su acuerdo con Beijing para comprarle un millón de vacunas, y la información trascendió el viernes, el mismo día del escándalo por el “Vacunatorio VIP” y la salida del ministro de Salud, Ginés González García.

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

Una de las ventajas logísticas de esta vacuna es que puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8°, lo que facilita la logística para su traslado.

La llegada de este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam fuentes que siguen en detalle la negociación. De hecho, el grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas.

La llegada de la vacuna china se da en medio de las demoras para acceder a las dosis previstas de la rusa Sputnik V. Tras el cuarto embarque que llegó al país el viernes 12, la Argentina recibió poco más de 1,2 millón de dosis, mientras que por contrato estaba previsto que entre enero y febrero arribaran cerca de 20 millones. Este fin de semana partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el objetivo de analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y definir un nuevo cronograma de entregas.

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Coronavirus

Una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos desconfía del plan de vacunación y pide que renuncien todos los involucrados en el escándalo

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Un estudio de la consultora Management & Fit a nivel nacional develó que la polémica desatada por el “vacunatorio VIP” resultó un duro golpe a la credibilidad del Gobierno

El escándalo del “Vacunatorio VIP” le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, obligado a renunciar en la tarde del viernes luego de que se conociera que allegados al Gobierno se habían inmunizado en la sede donde funciona la cartera sanitaria, y le dio un duro golpe a la imagen que la sociedad tenía hasta el momento sobre el plan nacional de vacunación.

“Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”, dijo al respecto Alberto Fernández, en una serie de mensajes que publicó este domingo en sus redes sociales. Y según una encuesta, la mayoría de los argentinos considera lo mismo: que no se puede dejar pasar. En esa dirección, más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados.

El estudio fue llevado a cabo este sábado y domingo por la consultora Management & Fit, que interrogó a 1.500 personas mayores de 16 años a nivel nacional. Además, la encuesta reveló la percepción de la gente sobre el nombramiento de Carla Vizzotti al frente del Ministerio y su rol dentro del escándalo.

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En primer lugar, con respecto a la vacunación contra el coronavirus, el 33,1% cree “que no existe ningún plan y que están improvisando”; el 27,8%, “que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo”; el 27,1%, “que fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación”; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada. Es decir que, sumando los primeros dos resultados, el 60,9% de los argentinos no descree de la existencia de un plan o de la llegada de las vacunas.

El segundo ítem de la encuesta fue “¿cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno Nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?” Y el resultado fue similar: el 40,3% contestó “nada de confianza”, el 20,9% “poca confianza”, el 12,1 “algo de confianza”, el 24,5% “mucha confianza” y el 2,2% NS/NC. Por ende, el 60,2 no confía en la campaña de inmunización que se está llevando a cabo.

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El siguiente punto interrogó sobre la eventual renuncia de todos los funcionarios que recibieron la vacuna de manera irregular y el número final resultó aún más contundente: el 71% de los argentinos piensa que “deberían renunciar”. En tanto, el 18,2% no cree que sea necesario y el 10,8 no tiene una postura tomada.

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Asimismo, la consultora indagó sobre la designación de Carla Vizzotti como reemplazante de Ginés González García y del rol de la ahora ex secretaria de Acceso a la Salud en el escándalo de las vacunas. De esta forma, el 31,6% de los encuestados avaló el nombramiento y el 55,8 se mostró en desacuerdo (12,6% NS/NC).

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En la misma dirección, el 43,8% de los argentinos opinó que, teniendo en cuenta de que Vizzotti ya formaba parte de la cúpula del ministerio de Salud, sabía que se estaban vacunando funcionarios o personas cercanas al oficialismo. En contrapartida, el 40% considera que “no sabía” (16,2% NS/NC).

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Por su parte, el Presidente expresó esta tarde: “Le he encomendado a Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”.

Además, explicó que “en Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna” y “más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse”. A su vez, Alberto Fernández consideró que “el ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas”.

Por último, en relación al ex ministro de Salud, afirmó: “Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”.

En la Casa Rosada asumen que Fernández reaccionó con rapidez y quieren dar por terminado el conflicto para evitar seguir perdiendo credibilidad. En ese contexto, el oficialismo apuesta a recuperar terreno en la agenda sanitaria con dos noticias positivas en lo que respecta al operativo de vacunación. El Gobierno cerró el contrato con el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis y ese container llegará el próximo jueves.

Se trata de 500.000 vacunas, el cargamento más grande de dosis que el Gobierno va a traer al país desde el inicio del plan de vacunación.

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