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La Corte Suprema confirmó la inocencia de Carlos Carrascosa en el crimen de María Marta García Belsunce

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El máximo tribunal ratificó la decisión al no tratar el recurso presentado luego de que el procurador Eduardo Casal recomendó desestimar la última apelación contra el viudo

Este jueves por la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la inocencia Carlos Carrascosa en el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce, al no tratar el recurso presentado y dejar firme la presentación previa. Elena Highton de Nolasco fue la única magistrada que se abstuvo de emitir su voto.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible”, afirmó el máximo tribunal en un breve escrito en donde aplicó el artículo 280 del Código Civil y Procesal de la Nación con las firmas de los jueces Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti. El artículo asegura que “cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado a favor de Carrascosa. Consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debía desestimar la última apelación que hizo el Ministerio Público Fiscal bonaerense a la absolución que le fue dictada en 2016 al viudo por el homicidio de su esposa, en un fallo al que accedió Infobae en forma completa.

Así, Carrascosa quedó absuelto definitivamente en este expediente que ya cumplió 18 años y por el cual fue condenado y luego absuelto en primera instancia.

María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa
María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa

“En mi opinión, el recurso extraordinario intentado es inadmisible y la queja, por lo tanto, debe ser desestimada”, afirmó Casal en su dictamen de ocho páginas con fecha del 1° de este mes. De acuerdo al procurador, “el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es de naturaleza excepcional, pues no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la provincia en temas de prueba y de derecho común y procesal local, que son propios de éstos”.

En su dictamen, Casal remarca que la “doctrina de la arbitrariedad de sentencia no tiene por objeto corregir fallos que las partes puedan reputar equivocados, sino que sólo pretende suplir defectos realmente graves de razonamiento que impidan considerar a la sentencia como el acto jurisdiccional al que toda parte en un proceso tiene un derecho constitucionalmente asegurado”.

“En fin”, concluyó, “no encuentro en ese trámite la violación al derecho de defensa que alega el recurrente ni, por ello, razones para objetar la sentencia de la corte bonaerense que permitan fundar la competencia por apelación del Tribunal según su doctrina de la arbitrariedad”.

Carrascosa había sido condenado por encubrimiento en el juicio llevado a cabo en 2007 y luego condenado por el Tribunal de Casación en 2009 por el homicidio. Tras siete años de apelaciones la Corte Suprema de la Nación ordenó una revisión integral de la causa y en 2016 un nuevo fallo detectó graves irregularidades en el proceso, le otorgó la absolución y el viudo recuperó la libertad el 19 de septiembre de ese año.

El escrito de la Corte Suprema en donde se confirmó la absolución de Carrascosa.El escrito de la Corte Suprema en donde se confirmó la absolución de Carrascosa.

Esa resolución fue apelada por Procuración de la Provincia de Buenos Aires y desde 2018 quedó nuevamente a cargo de la Corte. El expediente, que pasó por los despachos de los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, según confirmaron a la agencia Télam fuentes judiciales, quedó inicialmente en manos de Ricardo Lorenzetti.

García Belsunce fue encontrada muerta a sus 50 años el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera.

La investigación en torno a su muerte se transformó en un caso policial de alto perfil que suscitó un enorme interés, especialmente luego de que la autopsia practicada a 36 días del hecho comprobara que la socióloga y presidenta de la organización Missing Children no había muerto en un accidente doméstico, como sostuvo Carrascosa desde un primer momento, sino que había sido asesinada de seis balazos en la cabeza disparados con un arma calibre 32 que nunca apareció.

El nuevo libro de Carrascosa, "Diario de un Inocente" (Lihueel Althabe)
El nuevo libro de Carrascosa, “Diario de un Inocente” (Lihueel Althabe)

En las últimas semanas, 18 años después del asesinato, el caso volvió a estar en agenda tras la publicación de Carmeluna miniserie documental de Netflix con una reconstrucción cronológica del caso y entrevistas con los actores principales del caso, desde Carrascosa y los miembros del entorno familiar de María Marta hasta el fiscal Diego Molina Pico.

Este año, además, Carrascosa decidió publicar el libro que escribió en la cárcel, titulado Diario de un inocente: un amor, una causa, una vida, editado por Penguin Random House, donde combina su historia con su vida en la cárcel y el crimen de su esposa, con prólogo de su amiga Jorgelina Fernández Tosar.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro debía llevar a cabo entre el 3 de agosto y el 14 de octubre de este año el tercer debate oral por el caso, que tiene como presuntos coautores del homicidio al ex vecino del country Nicolás Pachelo (44) y a los dos ex empleados de seguridad Norberto Glennon (55) y José Ramón Alejandro Ortiz (43), que debió ser pospuesto por la pandemia de coronavirus.

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Crimen de Fernando Báez Sosa: Alejo Milanesi, el único rugbier que iba a juicio en libertad, fue sobreseído

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Los otros ocho acusados, que están detenidos en La Plata, serán juzgados, posiblemente este año.

Si el contexto de la pandemia de coronavirus lo permite, seguramente este año se lleve adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y serán finalmente ocho los rugbiers que deberán comparecer ante un Tribunal Penal: este miércoles, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, por mayoría, sobreseyó definitivamente a Alejo Milanesi (21).

Al tiempo que confirmaron esta medida, los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Mirian Darling Yaltone -votaron en ese orden- ratificaron la elevación a juicio que había hecho en febrero pasado el juez de Garantías David Mancinelli y, también, la prisión preventiva de los ocho rugbiers.

El 10 de febrero de 2020, tres semanas después del crimen del joven estudiante de Derecho, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino (20). Así lo había dispuesto la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien no encontró pruebas en su contra.

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Los dos recuperaron la libertad desde la Unidad Penal 6 de Dolores en medio de una nube de periodistas y desde entonces se recluyeron con sus familias en sus casas de Zárate.

En febrero de este año, Mancinelli confirmó el sobreseimiento de Guarino, pero por un pedido de los abogados de los papás de la víctima, del estudio de Fernando Burlando, determinó que la situación de Milanesi debía ser dilucidada en un juicio oral.

Su abogado defensor, Hugo Tomei -también del resto de los imputados-, apeló tal decisión y la Cámara Penal hizo lugar al pedido por dos votos a uno: dictó su sobreseimiento definitivo.      

En resumen, los camaristas avalaron la instrucción de Zamboni, que no había determinado pruebas en contra de ninguno de los dos amigos de Zárate.

“No puede atribuirse consistencia para imputar un homicidio, en mi opinión, la invocación de filmaciones (no dice cuáles) en las que se vería a Milanesi ‘en una actitud violenta’, o la cita de su salida del local bailable, es decir, mucho antes del hecho que motiva esta causa, o un difuso y dubitativo reconocimiento por un testigo, o las lesiones menores en los brazos del imputado. A todas estas cuestiones se refirió la Dra. Zamboni para explicar por qué las consideraba insuficientes, con argumentos que comparto”, apuntó el juez Sotelo.

Recuerda el magistrado que el Código Procesal “es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados”.

Cuándo será el juicio

Una alta fuente judicial dijo a Clarín que el juicio contra los ocho rugbiers podría realizarse en el transcurso de 2021, siempre que los avatares de la pandemia lo permitan.

Así, Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) serán los juzgados por el crimen de Fernando. Desde mediados de 2020, los ocho están alojados en celdas de la alcaidía 3 del Penal de Melchor Romero, en La Plata.

Su abogado defensor, al tiempo que pidió diversas nulidades, había anticipado que los rugbiers descartaron la posibilidad de enfrentar un juicio por jurados, compuesto por una docena de vecinos de la región, por lo que lo harán ante un Tribunal Oral en lo Criminal.

El delito que les imputan contempla la máxima pena, prisión perpetua: “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas“.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Además, los jueces confirmaron que los acusados del crimen continuarán en prisión a la espera del juicio, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.

Tomei había pedido el cese de la prisión preventiva de sus defendidos. Excepto el pedido por Milanesi, todas fueron rechazadas por los camaristas de Dolores.

Mancinelli, cuando en febrero no hizo lugar al cese de la prisión preventiva, lo que ahora avaló el Cámara Penal, había explicado que tuvo en cuenta, además de la pena expectativa (prisión perpetua), otros dos episodios: la actitud evasiva de los imputados ante policías después del asesinato y la introducción de una pista falsa, en referencia a la mención del remero de Zárate Pablo Ventura, que ni siquiera estaba en Gesell esa noche.

Fernando, de 18 años, fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”, en avenida 3, pleno centro de Villa Gesell, adonde había ido a bailar con unos amigos. Un altercado en la pista del boliche hizo que los hombres de seguridad expulsaran a ambos grupos.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

Fernando tomaba un helado con un amigo cuando los rugbiers lo atacaron por la espalda. Lo molieron a golpes. También les pegaron a sus amigos que intentaron intervenir.

Horas después de la muerte del joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a la Costa a pasar unos días de vacaciones, la Policía detuvo a los 10 rugbiers de Zárate que habían alquilado una casa a pocas cuadras de la escena del crimen.

Se vieron en principio las imágenes de aquellas detenciones, con los rugbiers esposados boca abajo en el parque de esa casa, y luego las que shockearon al país, repetidas una y otra vez por la TV.

Porque lo que ocurrió esa madrugada quedó filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, y de teléfonos, de punta a punta. Mostraron cómo la banda de rugbiers esa vez (en su pueblo eran famosos por sus acometidas en patota) asesinaban, escapaban y, en una esquina antes de irse a dormir, se felicitaban por el ataque.

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Causa Maradona: la justicia pidió investigar los movimientos bancarios de los médicos de Diego

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Buscan recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez

Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron al juez de la causa Orlando Diaz que se libren tres oficios a diferentes bancos con el objetivo de recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez.

El objetivo de la solicitud es conocer si hubo algún ingreso de dinero fuera de lo común en alguna de esas cuentas y si efectivamente cobraban el dinero que se supone por cuidar al ex capitán de la Selección Argentina.

En el expediente figuran los montos de los honorarios que cobraban cada uno de los médicos pero eso debe ser corroborado oficialmente, por eso se libraron los oficios a las entidades bancarias. “Queremos sacarnos la duda de si alguno recibió, además de su sueldo, alguna suma exagerada de dinero y si eso tuvo que ver con su actividad médica relacionada a Maradona aunque no creemos que haya sucedido”, señaló a Infobae una de las fuentes consultadas.

La solicitud a las entidades bancarias se produce mientras los investigadores esperan los resultados de la junta médica que, se estima, expedirá sus conclusiones recién dentro de 10 o 12 días. En total son 24 las preguntas que deben contestar los especialistas, incluidos, los peritos de parte.

El sábado, los médicos de distintas especialidades se juntaron de manera presencial en un lugar reservado donde se les proyectó el video completo de la autopsia al cadáver de Maradona. Allí cada uno tomo nota y además debatieron un largo rato. Luego existió una nueva reunión entre todos pero esta vez por Zoom.

Según trascendidos, los peritos de parte puestos por la defensa del médico Luque son los que más objeciones presentan ante cada punto. Por eso motivo los plazos se están extendiendo más de lo previsto. El resto de los médicos, en general, coinciden en la mayoría de los tópicos planteados por la fiscalía.

Para los investigadores las conclusiones de la junta serán fundamentales. Una vez que ese documento aterrice en el escritorio de los fiscales se tomarán unos días para analizar cuidadosamente todos los puntos y determinar si efectivamente se da un cambio de calificación en la causa que por el momento se mantiene en homicidio culposo.

También se evaluarán las supuestas falencias de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre, donde murió sin un llamador de cama, suero, tubo de oxígeno, siquiera un aparato para tomarle la presión, con sus teléfonos manipulados por su entorno según testimonios y sin siquiera un baño propio en su habitación.

Para los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dirigidos por John Broyad, fiscal general de San Isidro, el resultado de la junta médica será el punto de inflexión, con el análisis de 17 cuerpos de expediente que incluyen al menos 9 historias clínicas de diversos centros médicos como el Sacre Coeur, que en 2004 ya adelantaba que Maradona sufría una “miocardiopatía dilatada con lesiones de microinfartos”. En esos 17 cuerpos de expediente hay al menos 400 fojas de desgrabaciones de chats de teléfonos, donde se incluye la mezquindad y el destrato de quienes debían cuidar a Diego.

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Los mensajes con los que la Justicia viene respaldando el caso de los Cuadernos de las Coimas

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Varias condenas y confirmaciones de sentencias contra Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez cierran le camino para desmentir la acusación en esa causa.

Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las condenas a Julio De Vido y Lázaro Báez, y la muy probable e inminente ratificación de la sentencia por enriquecimiento ilícito contra José López respaldan la acusación central del expediente de los Cuadernos de las Coimas: que en los gobiernos K existió una asociación ilícita para convertir el ministerio de Planificación Federal en una virtual “oficina de sobornos” a gran escala y a través del tiempo.

Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia la justicia en su último paso, virtual, por Comodoro Py. Sostiene que las ocho causas que tiene elevadas a juicio oral por corrupción, sólo responden al lawfare: una persecución política para desprestigiarla. Su explicación va más allá, y desde esa argumentación puso en duda el funcionamiento del fuero que investiga diferentes delitos vinculados al proceder de los funcionarios públicos, tanto en ejercicio de la función como fuera de ella.

En los últimos meses, la Justicia federal dictó varias condenas y confirmó otras, por hechos de corrupción y lavado de dinero en distintos expedientes, en los que se reitera la misma tesis: una presunta estructura para cobrar sobornos que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación Federal, que dirigió durante doce años Julio De Vido.

En medio del enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial, la Cámara de Casación confirmó la condena contra Julio De Vido por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, la confirmación de las acusaciones en uno de los casos de Odebrecht donde se investiga una ruta de coimas aplicada a dos plantas potabilizadoras de AySA.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Por otro lado, en febrero se condenó hace un mes a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K con doce años de prisión: el juicio analizó las maniobras del ex socio de Néstor y Cristina Kirchner para lavar al menos 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas que según se juzga en otra causa fueron pactadas con sobreprecios y en muchos casos ni siquiera se terminaron. Un episodio absolutamente congruente con la acusación de la causa Cuadernos.

El 14 de abril habrá una audiencia en la Cámara de Casación, luego del a cual sus jueces tendrán veinte días para analizar la condena contra José López, ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito por aquellos bolsos con nueve millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez en junio de 2016. El dinero ilícito de López -que también está acusado por los Cuadernos- habría provenido de las coimas que se gestionaban desde distintas oficinas de Planificación.

Otro ex secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, tiene un pedido de elevación a juicio en otra causa por corrupción y ya admitió el cobro de sobornos cuando buscó un juicio abreviado.

Aquellas causas vinculadas a Odebrecht, tanto el caso de Aysa como el expediente sobre la ampliación de los gasoductos NOA-NEA, investigan un circuitos de sobornos por los cuales ya están procesados De Vido, Roberto Baratta, López y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. Todos integrantes del ministerio de Planificación.

Algunos de esos mismos ex funcionarios también tienen casos elevados a juicio por desvío de fondos que desde el Ministerio de Planificación debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, atravesados por denuncias de sobreprecios en obras que debían realizarse.

En todos los casos son expedientes individuales, pero que -como dijo la justicia- demuestran una “matriz de corrupción instaurada desde el Ministerio de Planificación Federal que funcionó desde 2003 a 2015”. Ese textual es parte de la imputación del caso de los Cuadernos de las Coimas.

“Parecen ser todas maniobras en diferentes momentos de ese lapso, que a su vez son partes de una gran maniobra criminal“, explicó una fuente judicial cercana al caso Cuadernos.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Así, mientras la Justicia sigue resolviendo en casos que rozan de cerca a la vicepresidenta, como lo fue la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone, en Comodoro Py otros trámites judiciales siguen alimentando la hipótesis del caso Cuadernos.

El fallecido juez Claudio Bonadio, describió el expediente como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

El año pasado, la Cámara de Casación avaló la Ley del Arrepentido y así los 31 testimonios con los que cuenta el expediente Cuadernos, cuya acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

En todas estas áreas “se vienen confirmando fallos en otras instancias que alimentan ese esquema que funcionó desde Planificación Federal”, indicó otra fuente que trabaja sobre el caso ya elevado para su debate oral.

Las investigaciones conexas a Cuadernos están relacionadas con el cuerpo principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. A ella sólo le quedaron la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.

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