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La Corte define esta semana los casos de los jueces removidos por el kirchnerismo

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El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis, y el jueves otra de acuerdo . No se sabe aún cómo será el voto de sus miembros. Hay presiones de los K.

La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.

Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.

Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.

Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.

Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.

Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.

El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.

Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.

En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.

En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.

Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.

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Alberto Fernández y Paolo Rocca firmaron la paz y negociaron inversiones durante un almuerzo secreto en Olivos

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El Presidente estaba enfrentado al CEO del Grupo Techint por haber despedido a 1450 empleados cuando inició la cuarentena

Alberto Fernandez cuestionó a Paolo Rocca cuando la cuarentena recién empezaba y el barbijo era un accesorio ajeno a la vida cotidiana. “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, dijo el Presidente a los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase al conocer que Techint había despedido 1.450 empleados en plena pandemia.

Semanas más tarde, cuando aún había frío entre Alberto Fernández y Rocca, el periodista Alfredo Zaiat escribió en Página/12 una nota que cuestionaba la estrategia de negocios globales de Techint. “El modelo desarrollista le fue favorable para la evolución inicial, pero ahora ya no le resulta útil. Por eso despide trabajadores desafiando al presidente Fernández. Para Techint el salario es un costo y no un factor dinámico del mercado interno”, opinó Zaiat.

Zaiat escribe para iniciados, pero Cristina Fernández avaló su pluma a través de un posteo en Twitter. Y así fue como las críticas de Zaiat a Techint se multiplicaron al infinito, poniendo bajo cero las relaciones de poder entre el Grupo que lidera Rocca y el Gobierno del Frente de Todos.

“La conducción política del poder económico”. Zaiat hoy en @pagina12. El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, dijo la Vicepresidente sobre la nota del periodista con sólida formación económica.

Paolo Rocca y Mauricio Macri amigos desde hace décadasPaolo Rocca y Mauricio Macri amigos desde hace décadas

Los cuestionamientos sucesivos de Alberto Fernández y Cristina Fernández preocuparon a Rocca que está habituado a visitar la Casa Rosada y la quinta de Olivos. El CEO siempre tuvo buena relación con el Presidente y una cercanía en zigzag con la Vicepresidente, expresidente, exsenadora, exdiputada y viuda de Néstor Kirchner.

Rocca aún recuerda cuando Kirchner y Fernández de Kirchner lo tuvieron sentado en una mesita del hotel Hermitage de Mar del Plata a la espera de un encuentro fugaz con Hugo Chávez, que se había apropiado de una de sus empresas en Venezuela. Ocurrió durante la Cumbre de las Américas y antes de que George Bush abandonara la Argentina molesto por el trato dispensado por el Presidente y su esposa legisladora.

El CEO de Techint tiene múltiples contactos y buscó la manera de encauzar las relaciones institucionales con el Gobierno. Alberto Fernández avaló el pedido y armó la mesa de Olivos para recibir a Rocca y Luis Betnaza, director corporativo del Grupo Techint. Martín Guzmán y Wado de Pedro, ministros de Economía e Interior, acompañaron al Presidente.

Fue almuerzo y durante dos horas comieron fiambres, pollo con papa y ensalada de frutas. Guzmán explicó su plan para enfrentar la suba constante del dólar y atenuar la crisis económica, De Pedro habló de la situación social y Alberto Fernández hizo una descripción de su agenda política y su estrategia para contener el avance del COVID-19.

Alberto Fernández en Vaca Muerta cuando lanzó un plan de subsidio a la producción de gasAlberto Fernández en Vaca Muerta cuando lanzó un plan de subsidio a la producción de gas

Rocca aguardó su oportunidad y entre los fiambres y el pollo avanzó con sus propuestas económicas. El CEO asumió que había un buen clima político en el almuerzo y no dudó en describir al Presidente la situación de su grupo respecto a la producción de gas en Vaca Muerta. Alberto Fernández conocía todos los detalles y apenas se inmutó cuando Rocca mencionó a Mauricio Macri.

El ex presidente de Cambiemos había ordenado una resolución a la medida del Grupo Techint para facilitar las inversiones en Vaca Muerta. Rocca entendió -como siempre- los beneficios de la resolución y produjo más gas que lo previsto por Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren. Cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dispuso bajar el gasto público de la Argentina, Macri recortó los subsidios y Rocca inició una demanda en los tribunales.

Esa demanda multimillonaria corre sus tiempos procesales, pero en esta coyuntura obtura el acceso a los futuros subsidios a la producción de gas que Alberto Fernández anunció hace pocos días. En este contexto, la ecuación política-económica es fácil de explicar: Si Techint quiere acceder al nuevo Plan Gas, tiene que retirar la demanda contra el Estado que empuja en los estrados judiciales.

Rocca y Betnaza llegaron a Olivos para destrabar este deal y lograr que el Grupo Techint (Tecpetrol) no pierda volumen y negocio en Vaca Muerta. Y lo lograron.

A cambio, Grupo Techint (Tecpetrol) dejará de litigar contra el Estado hacia adelante y el Gobierno le reconoce su derecho a reclamar los beneficios que aún devengó y todavía devenga la resolución ordenada por Macri. Desde el día en que el Grupo Techint accede a los nuevos subsidios (se llamaría Plan Gas 4), la demanda cae y ya no hay nada que reclamar.

Es un negocio win-win: Alberto Fernandez y su secretario de Energía, Darío Martínez, logran recuperar para Vaca Muerta a Techint (Tecpetrol), y Rocca cambiará un contrató que vencía en 2021 (resolución 46) por un nuevo acuerdo hasta 2024.

En números simples, implica lo siguiente: Techint (Tecpetrol) tenía el contrato de Macri por un año más, que establecía 6 dólares por 1 millón de BTU, mientras que ahora puede acceder a la propuesta de Alberto Fernández, que fija 3.50 dólares por 1 millón de BTU durante un mínimo de tres años.

Alberto Fernández y su secretario Martínez están ajustando la letra chica del acuerdo para lanzar el Plan Gas 4, ante ciertas inconsistencias legales presentadas por Techint en comparación a lo negociado cuando la ensalada de fruta ya estaba frente de Rocca y Betnaza.

Son detalles que encierran la última milla de negociación.

Wado de Pedro, que participó en el almuerzo secreto, contó a Cristina Fernández la letra chica del probable acuerdo. No news, good news.

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La trama del libro “Hermano”, un relato de la “famiglia” Macri

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El papá Franco admitió sobornos. El hermano acusa al expresidente. ¿Qué dice Mauricio? Las acciones que no quieren pagar.

Mauricio, Gianfranco, Sandra y Mariano. Los hijos de Franco Macri, fruto del amor con Alicia Blanco Villegas, una mujer oriunda de Tandil. Sandra falleció. Ella sufrió el hostigamiento en vida de su propia sangre. Espionaje, por ejemplo. Gianfranco se dedicó al golf, intentando ser handicap 0, no llegó. Mauricio, el elegido para conducir las empresas del grupo SOCMA, no cumplió el mandato del padre. Y el menor tuvo su fama para las revistas a partir de su malogrado matrimonio con Marie France Peña Luque.

Mariano Macri, de él se trata, la fuente del libro “Hermano”. Los ejemplares estarán a la venta el próximo fin de semana. El autor es Santiago O’Donnell. “La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familias detrás de su hermano”, reza en la portada.

El expresidente al ser consultado acerca del libro no dudo en calificar a su hermano como “kirchnerista”.

Desde el fideicomiso ciego anunciado por Macri cuando llegó a la Casa Rosada, hay gente en la Argentina trabajando para saber más del patrimonio familiar. Una incógnita. La repentina muerte de Franco en su morada de Eduardo Costa 3030 aún sigue dando que hablar.

Fuentes bien informadas indican que el enojo de Mariano es por dinero, y que no obedece a desplantes de una mesa familiar de domingo. Ya no está tampoco Jorge Aguado para unir las piezas.

Al parecer, Mariano cuenta con 20% de acciones del grupo y quiere hacerlas líquidas. Su vida entre Brasil y China lo puso en una situación de aventurero. Los hermanos Mauricio y Gianfranco no contemplan en sus programas financieros adquirir el paquete accionario en la evaluación sugerida por su hermano menor. Un error.

El rechazo a la oferta significó que Mariano decidiera sentarse a declarar todo lo que sabe sobre la “famiglia” de quien fue presidente de la Argentina.

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Cristina Kirchner, Amado Boudou y Lázaro Báez encabezan la lista de imputados que ya no serán investigados por la Oficina Anticorrupción

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El titular de la OA, Felix Crous, resolvió que la dependencia a su cargo solo se mantendrá como querellante en las causas que ya están en juicio oral y público

La Oficina Anticorrupción (OA) del gobierno de Alberto Fernández dejará de ser querellante en varias causas de corrupción que fueron impulsadas por la administración Mauricio Macri. El actual director, Félix Crous, alegó ausencia de personal calificado y argumentos técnicos procesales para justificar una medida institucional con fuerte contenido político.

A través de una resolución administrativa, el director Crous comunicó que: “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.

Crous disolvió la oficina de Litigios y señaló que la falta de personal es la causa por la cual la OA dejará de ser querellante. Al salir de su rol de querellante en los casos, la OA -si es que no hubiera otro querellante como la AFIP o la UIF- dejará el impulso de la acción penal en mano de los fiscales.

Cuando Laura Alonso terminó sus funciones al frente de la OA en 2019 publicó un balance de gestión en el que explicaba en cuántas causas era querellante. “Actualmente, la OA querella en 38 causas, 3 de las cuales se encuentran en instancia de juicio oral por hechos de corrupción (Ruta del Dinero, Trenes Chatarra y Obra Pública). Asimismo, en 2019 se elevó a juicio la causa Hotesur (19 procesados), la segunda parte de Obra Pública en Santa Cruz (10 procesados), la causa de Río Turbio (19 procesados) y seis tramos de la causa de Cuadernos (47, 6, 13, 7, 53 y 10 procesados). Por otra parte, durante el primer semestre de 2019 fue condenado el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito donde la OA ejerció el rol de querellante. La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y bienes incautados al ex funcionario”.

La administración Crous ya había mostrado su intención de dejar de ser querellante en casos en los que estuvieran investigados ex funcionarios kirchneristas. Así fue que al principio de su gestión desistió de ser querellante en el caso Hotesur-Los Sauces, entre otros.

En ese caso se investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se s simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de la familia Kirchner.

La causa llamada Ruta del Dinero K está actualmente en juicio oral y público y se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero. El fiscal del caso pidió 12 años de prisión para Báez y la OA solicitó una pena de ocho años y seis meses.

El caso denominado como Obra Pública tiene a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner como imputada. Se investiga el otorgamiento de obra pública vial a Báez en la provincia de Santa Cruz.

El caso llamado Trenes Chatarra tiene a Julio De Vido y a Ricardo Jaime como principales imputados por la compra millonaria de trenes en desuso en España y Portugal. Jaime era secretario de Transporte y De Vido estaba a cargo del ministerio de Planificación del que dependía Transporte.

El Caso Cuadernos donde la OA es querellante aún no llegó a juicio oral y público. Allí la principal imputada es Cristina Kirchner y se investiga el pago de coimas por parte de las más importantes empresas de obra pública-algunos empresarios lo admitieron- para ex funcionarios kirchneristas. El Caso Cuadernos se dividió en varios expedientes de acuerdo a donde trabajaban los ex funcionarios que cobraron coimas. Hubo también ex funcionarios que admitieron haber cobrado coimas.

Según fuentes de la OA de la administración anterior, esa oficina-creada en el año 2000- es aun querellante en casos iniciados contra funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Entre esos casos se hallan el Caso IBM-Banelco, la entrega del espectro radioeléctrico a la empresa Thales y el pago de sobresueldos a funcionarios, entre otros.

La OA también figura como querellante en la causa que ya está elevada a juicio por administración fraudulenta en la que está imputada Romina Picolotti, quien llegó de la mano de Alberto Fernández a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el primer kirchnerismo.

La OA también es querellante en el caso de las coimas en el Soterramiento del SarmientoLa OA también es querellante en el caso de las coimas en el Soterramiento del Sarmiento

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado y detenido por el Caso Ciccone tiene otros expedientes abiertos en los que la OA es querellante. Uno de los expedientes versa sobre el enriquecimiento ilícito del ex vice, y también en la que se conoce como la ruta del dinero del Caso Ciccone. La OA también es querellante en el caso de las coimas cobradas por la sociedad The Old Fund y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. La empresa The Old Fund es la que compró Ciccone y está vinculada con Boudou. Esa causa-en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán– pasó ahora a la justicia ordinaria de Formosa.

La OA también es querellante en el caso denominado Once II en el que el ex ministro Julio De Vido fue condenado por su responsabilidad en la administración fraudulenta de los recursos del Estado que derivaron en la Tragedia de Once. La condena de De Vido se encuentra apelada en la Casación.

La OA es querellante en el caso que ya fue enviado a juicio oral y público en el que el ex Jefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani, quien fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito por no haber podido justificar los ingresos para la compra de su casa.

En otra investigación por enriquecimiento ilícito en la que la OA es querellante es la que implica a Carlos Liuzzi, quien fuera segundo de Carlos Zannini durante los años en los que el actual procurador del Tesoro de la Nación fue secretario Legal y Técnico de Néstor y Cristina Kirchner.

La OA de Alonso se había presentado como querellante en la causa en la que se investigaba a Gustavo Arribas, ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Se lo acusaba y fue sobreseído por una vinculación con un pago hecho por una persona involucrada en el Caso Odebrecht.

En el caso de pago de coimas pagadas por Odebrecht y sus socias argentinas para la realización del Soterramiento del Sarmiento, en el que están imputados De Vido, Jaime y el primo del ex presidente Macri, Angelo Calcaterra, la OA también es querellante. Esa causa aún no pasó a juicio oral y público.

La OA conducida por Laura Alonso desistió de ser querellante-antes de 2019- en causas en las que también estaban acusados ex funcionarios kirchneristas como el conocido como Caso Skanska.

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