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Economia

La billetera electrónica de los bancos se llamará Dimo y comenzaría a funcionar en septiembre

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Hay 25 bancos que ofrecerán el servicio, que apuntará a pagos con QR y transferencias entre personas vía celular sin necesidad de utilizar la CBU. Para cerrar el proyecto Dimo, abreviatura de dinero móvil, bancos públicos y privados negocian contra reloj

Play Digital, la flamante empresa integrada por bancos públicos y estatales para brindar servicios financieros digitales, ya tiene la marca comercial y el logo de su billetera electrónica. Se llamará Dimo, abreviatura de dinero móvil, y si bien no hay una fecha oficial de lanzamiento, en varios bancos consultados por Infobae aspiran a su lanzamiento esté listo para septiembre.

Dimo se transformará así en la punta de lanza del plan de la banca tradicional para salir a competir con Mercado Libre y al resto del universo fintech, con la billetera electrónica como ingrediente principal. Esta solución digital, que estará disponible en forma gratuita para todos aquellos clientes de los bancos que la integran, apuntará en su comienzo a dos servicios.

El primero de ellos serán los pagos en comercios con código QR, un segmento en donde hoy pisa muy fuerte Mercado Libre. No obstante, en Play Digital aseguran que Dimo será “una solución abierta”, por lo que esperan que el gigante de las fintech tenga un doble rol: será un competidor de la nueva empresa a la hora en la que el cliente tenga que elegir con qué billetera pagar, pero también podría ser un socio en su rol de “adquirente”. La adquirencia es el negocio de venderle a los comercios los medios para que puedan recibir pagos electrónicos. Play Digital aspira a trabajar tanto con Mercado Libre como con Prisma First Data, los líderes en el segmento de la adquirencia.

El segundo servicio de Dimo es el que más entusiasma a sus responsables porque creen que allí residirá su ventaja diferencial y tiene que ver con los pagos entre personas a través del celular. ¿Cuál será la diferencia? Para que una persona le pague a un amigo o familiar y el dinero sea transferido de una cuenta a la otra, no será necesario tener registrado la CBU. Solo alcanzará con que ambos estén registrados mutuamente como contactos telefónicos. El número celular estará vinculado a una cuenta bancaria. Enviar una transferencia será tan rápido como enviar un Whatsapp.

El logo de Dimo, la nueva billetera electrónica con que los bancos quieren competir con Mercado Libre y el universo fintech.

El logo de Dimo, la nueva billetera electrónica con que los bancos quieren competir con Mercado Libre y el universo fintech.

Contrareloj, Play Digital está desarrollando la tecnología de esta app al mismo tiempo que arma su propia constitución como empresa. Según pudo saber Infobae, ya hay 25 bancos que confirmaron su incorporación a la compañía; entre todos ellos, suman el 79% de las operaciones con tarjetas de débito y de crédito del sistema financiero argentino. Claro que el punto clave está en el 21% restante, en manos de los 3 grandes bancos estatales: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad.

Distintos actores del sistema financiero aseguran que no hay dudas de que la banca pública formará parte de Play Digital y su producto Dimo, que las conversaciones están avanzadas y que lo que se negocia es “sintonía fina”. La intención de generar un producto universal, de todo el sistema, no puede dejar afuera a los bancos estatales, por el peso específico que tienen en el mercado. Estos, a su vez, ya tomaron la decisión política de formar parte del proyecto. Pero aún quedan temas por resolver.

Más allá de los 4 bancos que iniciaron el proyecto (Santander, Macro, Galicia y BBVA), puede decirse que la lista de 25 entidades no excluye a ningún banco privado de relevancia. Todos las entidades ya están trabajando en como integrar a Dimo a sus propias apps y plataformas tecnológicas. En ese ámbito, surgió la decisión de que Play Digital, la empresa anunciada en febrero y constituida formalmente en mayo, tuviese una composición accionaria en base a una regla objetiva: cada banco tendría acciones en base a su market share en el negocio de las tarjetas de crédito y de débito.

A la hora de cerrar trato, este punto trajo diferencias con los bancos estatales, que lideran el ranking en cantidad de tarjetas pero no en volumen de consumo, en donde claramente mandan los privados. Con el primer criterio, tendrían mayor participación los bancos públicos; con el segundo, ocurriría lo contrario. Según fuentes cercanas a la negociación, ese punto es la asignatura pendiente para anunciar formalmente la participación de los bancos públicos a Play Digital.

Si esa diferencia no pudiese limarse, hay más puertas abiertas. En Play Digital existe una visión dinámica, por la cual un banco que no cerrara su ingreso como accionista desde el lanzamiento podrá incorporarse en el futuro. Y también contemplan la opción de que alguna entidad sea “banco cliente”; eso significa que formará parte de la red de la billetera Dimo pero no será accionista de Play Digital S.A.

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Economia

Qué dice la ley de 1974 que el Presidente aplicará a quienes acopien materiales de construcción

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Alberto Fernández dijo que será inflexible. La norma autoriza al Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos

El presidente Alberto Fernández anunció ayer en un acto por el Día de la Construcción que aplicará la ley de abastecimiento a quienes especulan con una suba de precios y retienen materiales.

Siempre consideré despreciable la conducta del especulador, pero especular en pandemia es mucho más que despreciable y no voy a permitir que eso ocurra. El ministro Kulfas tiene instrucciones para caer con todo el peso de la ley allí donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida de la Argentina solo para buscar un mejor precio o un mejor resultado el día de mañana. No lo vamos a permitir. Es un acto de miserabilidad profundo hacer esto en medio de una pandemia”, aseguró.

El mandatario no dio nombres ni señaló a ningún sector concreto por esta actitud. Dijo que detectaron que hay “alguien” que tiene la “nefasta actitud” de comprar la producción de materiales de construcción y retenerla, lo que genera dificultades no sólo en la cadena de comercialización, sino también en la obra pública, uno de los motores de la economía.

Efectivamente, en las últimas semanas hubo desabastecimiento en diferentes ramas de la producción en medio de la escalada del dólar libre. La ley citada por Fernández fue sancionada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Ya en 2019, el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a aplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles.

Perón había aplicado medidas similares

A continuación el texto completo:

Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios.

Ley Nº 20.680

Sancionada: 20 de junio de 1974

Promulgada: 24 de junio de 1974

ARTICULO 1º — La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la ley 25.156.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)ARTICULO 2º — En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4°, la autoridad de aplicación podrá:

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.

II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;

d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;

f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;

g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;

h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;

i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contario quedará sin efecto la medida.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 3º — Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°.

Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 4º — Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;

c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;

f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;

g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;

i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;

j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3º de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 5º — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($500) a pesos diez millones ($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;

b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;

c) Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;

d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

e) Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública;

f) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;

g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 6º — En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5° y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 7º — Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:

a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro;

b) La posición en el mercado del infractor;

c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción;

d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;

e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 8º — Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 9º — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un millón ($ 1.000.000).

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 10.— La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:

a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;

d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 11. — Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.

ARTICULO 12. — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;

b) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;

c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;

d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;

e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;

f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

g) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 13. — En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 14. — Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.

Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.

A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las primeras.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 16. — La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 17. — En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 18. — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

ARTICULO 19. — La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. — El término de la clausura se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días. (Montos sustituidos por art. 3º del Decreto Nº 496/2002 B.O. 13/03/2001)

ARTICULO 20. — La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

ARTICULO 21. — Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 22. — Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 23. — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al Fisco Nacional o Provincial, según el Organo que hubiera dictado la resolución condenatoria.

Los gobiernos locales dispondrán el destinos de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley Nº 23.110 B.O. 09/11/1984. Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)

ARTICULO 24. — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.

ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 27. — Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.

(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 28. — Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 29. — La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.

ARTICULO 30. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta y cuatro.

—Registrada bajo el Nº 20.680—

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Euforia bursátil: las principales bolsas del mundo recuperaron los precios anteriores a la pandemia

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El Dow Jones escaló 62% en ocho meses. El Índice MSCI World, que pondera el desempeño de las acciones a nivel global, recuperó un 50% desde el mínimo de marzo. Y el Merval en dólares progresó 47%

La expectativa por una pronta normalización de la economía global empuja a nuevas ganancias bursátiles que consiguieron, en un plazo de ocho meses, borrar las pérdidas por el avance del coronavirus.

Para ilustrar esta dinámica, el proveedor de índices bursátiles MSCI (anteriormente Morgan Stanley Capital Internacional) elabora un indicador que refleja el desempeño de las empresas con mayor capitalización bursátil de 23 países desarrollados, que representan aproximadamente el 88% de la capitalización bursátil a nivel mundial.

El MSCI World Index –excluido Estados Unidos– rebotó un 50% desde los mínimos de 2020 y superó los 2.000 puntos en los que cotizaba antes del derrumbe bursátil. Esa caída, iniciada a partir del 24 de febrero –en coincidencia con la escalda de casos y decesos por Covid-19 en Europa, durante la primera ola– recortó un 33% del valor de este índice, que alcanzó niveles no vistos desde junio de 2012.

En los últimos ocho meses, el Dow Jones subió 61% y el S&P Merval, medido en dólares, recuperó 41%

El Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó niveles máximos desde 1991 y ya está 9% por encima del valor que marcaba antes de la propagación de los contagios de coronavirus.

El FTSE de la Bolsa de Londres recuperó un 21% desde el piso de precios de este año, el pasado 11 de marzo, aunque todavía está 15% debajo de la puntuación de cierre de 2019. El DAX de Fráncfort está -1% en 2020, aunque desde el 18 de marzo –su mínimo anual– recuperó un 36 por ciento.

El MSCI World Index es un referente de renta variable global amplio que representa el rendimiento de acciones de mediana y alta capitalización en los 23 países con mercados de capitales desarrollados.

Hoy el índice Dow Jones de Industriales alcanzó por primera vez a los 30.000 puntos, un récord histórico

En Wall Street, el índice Dow Jones de Industriales alcanzó este martes por primera vez los 30.000 puntos. El referente de las bolsas de Nueva York gana este martes más de un 1% a un nuevo máximo histórico. En ocho meses transcurridos desde el “piso” de precios de 2020, el pasado 23 de marzo, el Dow Jones acumuló una ganancia de 62 por ciento.

En 2020, el Dow Jones está un 6% positivo, mientras que el tecnológico Nasdaq conserva una extraordinaria mejora del 38% en el año, una ganancia que impide ver los efectos recesivos de la pandemia.

José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, advirtió que en las últimas semanas “están virando los sectores. Los ganadores al principio del año fueron los títulos tecnológicos, mientras que con la irrupción de la vacuna y el cambio de presidente en los EEUU reactivó al sector financiero, y el de consumo básico o discrecional ahora se está recuperando. El Dow Jones viene ahora ‘performando’ mejor, por encima del S&P 500, y el Nasdaq está tranquilo”.

Ramiro Marra, director en Bull Market Brokers, acotó que “se aceleraron muchos procesos con la tecnología. Hay que ver si las tecnológicas van a poder seguir creciendo con la ‘post-nueva normalidad’ pasado el coronavirus. La gran discusión es qué pasa cuando un proceso se acelera tanto, si se puede mantener en el tiempo o va a venir un ajuste. Es una cuestión más sociológica que de mercado”.

La Bolsa argentina se acopla a los movimientos en el exterior, pero con sus particularidades, pues la economía nacional atraviesa su tercer año consecutivo de caída –que en 2020 superaría el 10%– y el peso reincide en un permanente sendero de depreciación. El panel S&P Merval gana en el año un 28% en pesos, mientras que medido en dólares –contado con liqui– aún está un 35% debajo de los valores del cierre de 2019. No obstante, desde el piso del 18 de marzo, el Merval en dólares experimentó un rebote del 47 por ciento.

En la jornada de hoy, el S&P Merval subió un 5,3% en una rueda con alzas generalizadas entre las que se destacó la acción de YPF, que creció un 11,6%. En el mes, el papel de la petrolera estatal se elevó un 59%.

En el mundo las acciones y el crudo subían, mientras que el dólar de EEUU caía frente a otras divisas, ya que los inversores ponían sus esperanzas de una recuperación económica en las vacunas contra el coronavirus, aun con el creciente número de contagios a nivel global y los retrasos en la aprobación de nuevos estímulos en Estados Unidos.

La transición presidencial en EEUU y el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 despejaron las principales incógnitas que llevaban incertidumbre a los inversores

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el tercer gran ensayo que reporta datos exitosos después de la estadounidense Moderna y la asociación de Pfizer con la alemana BioNTech, lo que llevó a los inversores a buscar activos de mayor riesgo debido a las esperanzas de una rápida recuperación económica.

Por el otro, la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro por parte de Biden da indicios de que planea actuar agresivamente para reactivar la economía más grande del mundo, al poner al mando de su política económica a una ex presidente de la Reserva Federal que se caracterizó por dar curso a los estímulos monetarios.

Los mercados financieros prevén que, con Yellen a cargo, el Departamento del Tesoro de Biden estará preparado para unirse a las políticas del presidente de la Fed, Jerome Powell, de bajas tasas de interés por más tiempo, con un gasto gubernamental ampliado y expansivo.

Medidas en dólares, las acciones argentinas aún están -en promedio- un 38% debajo de los precios de fines de 2019

Ezequiel Zambaglione, Head of Strategy de Balanz Capital, subrayó que “toda esta expansión monetaria es un desafío para el mundo, para ver cómo se van a reacomodar las tasas de interés y la inflación. Algunos prevén que las tasas en cero llegaron para quedarse y otros prevén una aceleración de la inflación”.

Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal Inversiones, recordó que “este 2020 fue atípico, con muchísima volatilidad por un evento disruptivo que nadie esperaba, pero el paradigma del mercado viene cambiando hace tiempo: desde el 2008 que las tasas siguen bajas y tenemos que pensar en cómo adaptarnos a tasas de inflación y de rentabilidad muy bajas. Ir contra la corriente es dejar pasar muchas oportunidades”.

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Economia

El cierre del acuerdo con el FMI se posterga para febrero

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La prórroga obedece a una cuestión política central: la asunción de Joe Biden y la designación de un nuevo jefe del Tesoro de los Estados Unidos.

El acuerdo con el FMI se posterga y ahora Washington y Buenos Aires trabajan con un nuevo cronograma: firmar un convenio recién en febrero.

El nuevo calendario lo definirá este viernes Martín Guzmán, con los enviados del FMI, Julie Kozak y Luis Cubeddu. Ambos emisarios terminan su misión y este mismo viernes a la noche vuelan para Washington. El plan original se postergó – por lo menos– un mes y medio y ahora se trabaja para cerrar el crucial convenio a fines de febrero.

Clarín confirmó la información al máximo nivel del Gobierno. La postergación estaba dentro de lo previsto y no es calificada como dramática por los voceros de la Quinta de Olivos. Habría información oficial. Pero está claro que obliga a la Casa Rosada a ampliar el “puente” de acciones transitorias, hasta buscar un aval internacional y, a la vez, reducir la incertidumbre que existe sobre Argentina.

La prórroga obedece a una cuestión política central: Kristalina Georgieva no quiere decidir nada sobre el controvertido “caso” argentino hasta que sea nombrado el nuevo jefe del Tesoro de los EE.UU.

Joe Biden asume el 20 de enero y los funcionarios del Fondo tienen pánico de que las futuras autoridades hagan una revisión y castigo de lo hecho en el FMI durante los cuatro años de Donald Trump.

El “caso argentino” generó una auditoría interna en el FMI. Ya fue eclipsado Alejandro Werner y desplazado Roberto Cardarelli: ambos le dieron luz verde al extraordinario auxilio que decidió Trump para Mauricio Macri. Pero los banqueros también dicen que todo se posterga por dos cuestiones propias de la negociación.

Primero, la conducción del FMI quiere ganar tiempo, para saber cómo va a evolucionar la encarnizada interna del Frente de Todos y el mercado cambiario.

El FMI posterga su decisión sobre Argentina: la tomará luego de que asuma Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Foto AFP

El FMI posterga su decisión sobre Argentina: la tomará luego de que asuma Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Foto AFP

También aún hay diferencias fuertes sobre la magnitud del ajuste fiscal que debe hacer Argentina. Guzmán defiende sus números y Washington quiere un recorte fuerte en el déficit fiscal. El tema no está zanjado y las diferencias equivalen a un recorte de unos 4.000 millones de dólares.

El cronograma original tentativo de la Casa Rosada era cerrar el acuerdo técnico con el FMI el 15 de diciembre. Y que el convenio sea aprobado por el “board” en la primera reunión, después de la fiesta de Reyes. Ahora todo se prorrogó: sería para cuando termine febrero.

A fin de enero, el Tesoro nombrará sus delegados en el FMI. Clarín confirmó que después volverá –en febrero– a Buenos Aires una nueva misión de Washington para intentar cerrar el convenio. Hasta ahora, Guzmán acordó con Cubeddu dos puntos clave: Argentina se compromete a lograr un déficit cero. Habrá una tablita descendente y el equilibrio se lograría en el 2025.

Ambos negociadores cerraron un convenio central: el acuerdo con el FMI deberá tener la aprobación del Congreso y el aval de la oposición. Guzmán informó del tema al Presidente. Fue en dos reuniones: el sábado pasado y este jueves, en Olivos. El ministro sorprendió, el fin de semana, al Presidente con una afirmación: le dijo que el FMI no quiere devaluar.

Se trató de una respuesta a la versión que existe entre hombres de negocios: esa información dice que el FMI prefiere que Argentina devalúe su moneda antes de cerrar un convenio. Pero Guzmán fue categórico: Washington no busca devaluar el peso y el FMI comprende el impacto social de la medida.

Los “lobos” de Wall Street tienen un mayor escepticismo. En sus “papers” secretos no creen en un acuerdo rápido con el FMI y sugieren atraso del dólar. El crítico contenido de los informes del JP Morgan, Credit Suisse y Morgan Stanley se reflejan en el riesgo país: sigue firme arriba en 1.368 puntos y refleja que Argentina está afuera –a pesar del acuerdo de la deuda- de los mercados.

Martín Guzmán, en el Senado cuando se debatió el Presupuesto 2021.

Martín Guzmán, en el Senado cuando se debatió el Presupuesto 2021.

Cristina Fernández habló estos temas en la secreta y sorpresiva reunión con Martín Redrado. El rencuentro lo propició un empresario de los Estados Unidos, que tiene amistad con ambos y confianza con Cristina.

La vicepresidenta está descontenta con la marcha de la economía y sabe que el desplome productivo afecta sus planes políticos: ganar las elecciones legislativas y salvarse de las múltiples denuncias de corrupción. Redrado le habría dicho que la situación no tiene corrección con los actuales parches. Ponderó los esfuerzos de Guzmán, pero dijo que el ministro no tenía apoyo en Wall Street.

Cristina no le ofreció ningún cargo y menos el BCRA. Redrado cree que para encarrilar la economía debe haber un plan global, un equipo coherente y cinco leyes de fondo que le den respaldo y credibilidad política al plan y a quien lo ejecuta. La vicepresidenta fue muy crítica con la gestión del BCRA. Para Cristina fue la causante inicial de la crisis cambiaria .

La fuerte tensión entre Guzmán y Miguel Pesce continúa. Siguen las diferencias.

Pero la Quinta de Olivos puso paños fríos: los obligó a sacarse una foto conjunta y frenar la escalada. Lisandro Cleri monitorea -todos los días- la mesa de dinero del BCRA. Sus informes tranquilizan a Guzmán: el goteo sigue, pero Economía afirma que cada día la cuestión cambiaria mejora.

La relación con los empresarios esta pésima. Los hombres de negocios sobre-reaccionaron por una cuestión: insisten en que el Presidente en persona se había comprometido a diferir y corregir las distorsiones del impuesto a la riqueza.

Ocurrió en las reuniones privadas –el último mes- que Alberto tuvo con los principales hombres de negocios del Argentina. Fue después de que los empresarios dijeran que el tributo era polémico y además el proyecto mal redactado.

Para los hombres de negocios, Alberto no cumplió. Ese desengaño provocó este jueves una gran decepción: la UIA y AEA se manifestaron durísimas. La AEA disparó contundente: “Hay un profundo desaliento en la comunidad empresaria”.

Alberto Fernández hizo este jueves un sorpresivo viaje a Uruguay y se reunió con Luis Lacalle Pou.

Alberto Fernández hizo este jueves un sorpresivo viaje a Uruguay y se reunió con Luis Lacalle Pou.

El Presidente inició la secreta ronda de contactos en una reunión con Miguel Acevedo, Luis Betnaza, Roberto Urquía y Javier Madanes Quintanilla.

Urquía fue directo: “Alberto: este proyecto afecta a los empresarios nacionales”.

El dueño de Aceitera Deheza agregó: “Nosotros competimos con 7 multinacionales y vamos a ser los únicos que tengamos que pagar”.

Para los hombres de negocios el tributo afecta la inversión nacional y –en términos relativos- beneficia a las “multis”. Sus detractores dicen que -por eso- Máximo Kirchner sería un “Robin Hood” al revés.

Esto se dijo en la última reunión de Copal, que lidera Daniel Funes de Rioja. También en la Unión Industrial –el miércoles– hubo una fuerte discusión: se criticó que el redactor del proyecto, Carlos Heller, dirija un banco cooperativo exento del pago de muchos tributos. Heller contragolpeó: califica a la UIA como “mezquina”.

El diputado tuvo un furioso encontronazo con el banquero Jorge Brito. Ambos compartieron a solas un almuerzo para tratar la cuestión y se dijeron de todo. Terminó muy mal. Hubo reproches mutuos y Brito lo responsabilizó por el daño a la economía. En el fragor del intercambio, Brito acusó a Heller de practicar un “progresismo trasnochado”.

Alfredo Coto, Marcos Bulgheroni y Paolo Rocca estuvieron a solas y escucharon a Alberto. A ninguno los afecta ya las posiciones duales de la Casa Rosada. Pero a todos -como al FMI– les genera una inquietante duda: ¿Quién manda en la Argentina?

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