En el país hay casi 4 millones de chicos y adolescentes que reciben esta asignación, destinada a los hijos menores de 18 años de trabajadores informales, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares.
En los últimos dos años, la pérdida de ingresos (que entre los trabajadores informales, como lo son la mayoría de las trabajadoras domésticas, fue más alta que entre los que están en blanco), combinada con los aumentos de los productos de la canasta básica y de las tarifas, prácticamente todas las mujeres que cobran una AUH terminaron endeudándose la Anses, que bajo la gestión PRO lanzó una línea préstamos “para reactivar el consumo”, destinados a familias que en los hechos están en la indigencia. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, de 2018 a 2019 el número de tomadoras de estos créditos se duplicó y actualmente el 92 por ciento por ciento de las asignaciones tiene un préstamo vinculado. En promedio, las beneficiarias están endeudadas en 4,5 veces lo que cobran.
“Ninguna de las medidas apunta a solucionar los graves problemas de base que tenemos, como políticas de precios o políticas para generar trabajo genuino. Los anuncios son parches para llegar a octubre sin perder más votos”, dijo Gildo Onorato (de la CTEP) en una de las primeras repercusiones desde los movimientos sociales luego de los anuncios.
En cuanto a las jubilaciones mínimas, en septiembre les toca el reajuste previsto por la ley de movilidad. La Anses oficializó a principios de agosto que el aumento será del 12,22 por ciento, con lo que el haber mínimo quedará en 12.937 pesos y la Pensión Universal al Adulto Mayor en 10.349 pesos.
En una conferencia de prensa posterior al mensaje presidencial, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que por esto el gobierno no considera necesario subir las jubilaciones. Según la funcionaria, con el reajuste por movilidad en septiembre, el haber mínimo “estaba llegando a superar el aumento de la inflación”.