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Espionaje ILEGAL

La APDH pidió ser querellante en la causa contra Marcelo D’Alessio

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comentó que “existiría una connivencia entre funcionarios de distintos poderes del Estado y determinados medios masivos de comunicación”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó este martes ser querellante en la causa que investiga una red de espionaje ilegal, seguida contra Marcelo D’Alessio en el Juzgado Federal de Dolores a cargo del doctor Alejo Ramos Pandilla.

Desde la APDH comentaron que “existiría una connivencia entre funcionarios de distintos poderes del Estado y determinados medios masivos de comunicación con el propósito de manipular a la opinión pública y extorsionar a personas con el fin de extraerles dinero”.

Cabe destacar que el pasado 13 de marzo el Juez Federal Alejo Ramos Padilla declaró ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación y advirtió sobre la existencia de una red de espionaje paraestatal.

La APDH concluyó que su presentación en la causa obedece a que en ella “se investigan cuestiones que podrían afectar derechos humanos fundamentales e incluso comprometer el Estado de Derecho vigente”. El organismo permanecerá a la espera de la decisión del Juzgado Federal de Dolores.

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Espionaje ILEGAL

Stornelli pidió a la Corte Suprema que anule su estado de rebeldía

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La defensa del fiscal considera que la cuestión es de “gravedad institucional”. Es en el marco de la causa por el espionaje ilegal.

El fiscal Carlos Stornelli pidió a la Corte Suprema de Justicia que anule la declaración de rebeldía en su contra que le fue confirmada en todas las instancias en la causa de Dolores en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal.

En un recurso extraordinario interpuesto contra el fallo de la Cámara de Casación que lo confirmó en rebeldía, el fiscal sostuvo que esa situación “avanza de manera lesiva sobre las inmunidades y la tarea que desempeña”.

El defensor de Stornelli, Ricardo Ribas, presentó un escrito de casi 30 páginas, para que intervenga la Corte y anule el estado de rebeldía dispuesto en primera instancia por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y que fue confirmado por todas las instancias.

El recurso fue interpuesto días antes de la fecha fijada para su nueva indagatoria, ya que el juez Ramos Padilla citó al fiscal por sexta vez para el jueves 18 de julio en Dolores.

“La rebeldía dictada implica sin más el mandato de una medida restrictiva de la libertad -o bien la amenaza de una-, cuestión inadmisible y que vulnera derechos constitucionales fundamentales en orden a la libertad ambulatoria de quien actualmente desempeña en el cargo de Magistrado del Ministerio Público Fiscal, como así una clara afectación de la independencia y autonomía del funcional del Órgano al que pertenece”, dice la presentación del fiscal federal ante la Corte.

Para el abogado, la libertad e inmunidad de Stornelli está gravemente afectada por la declaración de rebeldía que se hizo en el caso de Dolores, porque “contempla como inescindible consecuencia el dictado de orden de detención, lo que vulnera flagrantemente la inmunidad de arresto que en este caso le cabe a Stornelli”.

Pero al parecer Stornelli olvida que en las decisiones judiciales se hizo expresa reserva de esta inmunidad de arresto, a pesar de lo cual el fiscal decidió no presentarse.

En abril pasado, uno de los integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, en una entrevista con el programa de En el barro que se emite por You Tube, fue consultado respecto de cuál sería su actitud si fuera citado a declarar en una causa y respondió : “Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo”.

En el escrito, el abogado justificó una vez más la inasistencia del fiscal a los llamados a indagatoria, se refirió a los planteos pendiente de resolución y a las supuestas maniobras para perjudicar el caso de los cuadernos.

“La incomparecencia de mi pupilo a la audiencia fijada no puede considerarse injustificada, pues aún subyacen en autos una serie de planteos que ponen en crisis la condición de juez natural, la validez de ciertos actos del proceso -aún sin resolución por parte del Juez-, posición que se afianza aún más tras las recientes revelaciones periodísticas que dan cuenta de la articulación de ‘una maniobra’, con la posible complacencia y/o intervención del juez de grado, la cual habría tenido por objeto perjudicar en lo personal a mi asistido y su labor en la causa 9608/18, conocida como ‘Causa cuadernos’”, dice uno de los párrafos del escrito.

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Casación dejó al D’Alessiogate en manos del juez Ramos Padilla y rechazó los argumentos de Stornelli que se niega a declarar.

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La Cámara de Casación Penal Federal era ayer un hervidero . Después de desplazar a su colega Alejandro Slokar e impedirle intervenir en la causa sobre espionaje a pedido de Elisa Carrió, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci decidieron equilibrar esa drástica decisión con otras dos: en un caso confirmaron que la investigación seguirá tramitando en el juzgado federal de Dolores de manera provisoria y en otra dejaron en pie la declaración de rebeldía del fiscal Carlos Stornelli , que faltó ya cinco veces a la indagatoria. El argumento técnico para mantener la causa en manos al juez Alejo Ramos Padilla es que lo que se debía revisar no era una sentencia definitiva, por lo tanto no es asunto de la Casación. En el caso de Stornelli dijeron que estaba mal concedido el recurso donde el fiscal cuestionó su declaración como rebelde. Esto último debería tener alguna consecuencia sobre el lento sumario administrativo que tramita en la Procuración General ante el pedido de desafuero y juicio político.

La pelea por sacarle a Ramos Padilla la causa también conocida como “D’Alessio Gate” y mandarla a Comodoro Py marcó la historia de este expediente desde sus comienzos con distintos tipos de maniobras, lo que incluyó una denuncia del Gobierno contra el propio juez en el Consejo de la Magistratura, así como la apertura de causas con las controvertidas escuchas tomadas en el penal de Ezeiza que Carrió y su equipo utilizaron para decir que había una conspiración contra Stornelli y debilitar la investigación de Dolores, que como es conocido incluye no sólo al falso abogado D’Alessio sino a ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, fiscales y jueces, pero también apunta a funcionarios de Gobierno, así como a la propia diputada de la Coalición Cívica y sus compañeras Paula Oliveto y Mariana Zuvic. Otra parte de la ofensiva estaba en la Cámara de Casación. Esta semana se habían presentado ahí, en forma masiva, varios imputados de la causa de Dolores, adhiriendo a un planteo del fiscal Juan Pettigiani de Mar del Plata, que pedían declarar la incompetencia de Ramos Padilla. Fueron Stornelli, D’Alessio, Carlos Liñani, Rodrigo González y Leonardo Fariña, entre otros, con el mismo pedido de correr al juez. Carrió se presentó en el mismo incidente donde se discutía la competencia cuando se dio por notificada de su imputación por presunta vinculación con la banda de D’Alessio.

La respuesta de la Casación ayer fue que la causa seguirá en el juzgado federal de Dolores de manera provisoria. “No se verifica supuesto alguno que (…) permita hacer excepción a la regla según la cual los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, en principio sentencia definitiva”, argumentó Ledesma. La jueza a la vez criticó a la Cámara de Mar del Plata por haber concedido el recurso con el argumento de la “gravedad institucional” del caso. Dijo que es una “inferencia meramente dogmática”. Yacobucci, argumentó lo mismo en otras palabras e insistió con el carácter provisorio de la competencia. Al comienzo del fallo está llamativamente resaltada en negritas una frase del tribunal de alzada de Mar del Plata que señalaba que “continúe provisoriamente a cargo” el juez de Dolores. Yacobucci, además, insiste en poner en primer plano lo que opine el fiscal Juan Pablo Curi, al delimitar la investigación. Vale recordar que Curi en un comienzo se pronunció por enviar la causa a Comodoro Py.

En la misma resolución sobre la competencia, los camaristas decidieron apartar a Slokar ante el pedido de Carrió que alegaba que había pedido su juicio político en el año 2016. Dijeron que correspondía la recusación ante la sola existencia de una denuncia previa contra el juez de parte de una de las imputadas (Carrió en este caso). Lo más increíble fue que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo acababa de desestimar el pedido de juicio político en cuestión, sólo faltaba su paso por el plenario (ver nota aparte).

La declaración de rebeldía había sido apelada por el propio Stornelli, y ratificada por Ramos Padilla y por la Cámara de Mar del Plata. Fue a la Casación igual, y el mismo dúo de camaristas rechazó el planteo. “Los recurrentes limitan la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postulan”, sostuvo Ledesma. “No logran rebatir” los fundamentos de la Cámara, señaló. No está en juego, agregó en respaldo a Ramos Padilla, “ni la limitación del derecho a la libertad ni el derecho de defensa del imputado”. Lo mismo sostuvo Yacobucci. En términos formales sostuvieron que el recurso estaba “mal concedido”. El efecto es que Stornelli sigue declarado rebelde. La lógica sería que se convierta en un elemento de peso en el sumario administrativo contra el fiscal, que tramita en la Procuración, a cargo de Marcelo Retes, que debe definir si pide la apertura del juicio político. Si bien Ramos Padilla le planteó al procurador Eduardo Casal que era una discusión de “puro derecho” sin nada extra que demostrar, se habilitó un sumario de 60 días.

En Tribunales hay quienes creen que la situación da margen a Stornelli para hacer tiempo y que, por ejemplo, intente recurrir ahora a la Corte Suprema. También podría ocurrir lo mismo con la discusión de competencia. Pero mientras tanto la investigación sigue, con declaraciones testimoniales importantes a partir de julio: Aníbal Fernández (ya que la organización habría intentado implicarlo en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, según declaró el fiscal Juan Bidone), Roberto Porcaro (un dirigente de Necochea espiado), el ex titular de aduanas Juan José Gómez Centurión (espiado según hallazgos en el celular de D’Alessio), Julieta Ciarmiello (secretaria del falso abogado D’Alessio) y Daniel Llermanos (abogado de Hugo Moyano, por pistas de que la Agencia Federal de Inteligencia habría armado causas en contra del líder sindical). También está citado por segunda vez a indagatoria el periodista Daniel Santoro.

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D’Alessio ante el juez Ramos Padilla

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Marcelo D´Alessio está nuevamente ante el juez Alejo Ramos Padilla y todo indica que se negará a declarar. El falso abogado, que continúa en prisión preventiva y ya fue procesado por numerosos delitos como jefe de la asociación ilícita, fue llamado a una nueva declaración indagatoria en el tramo del expediente que investiga el presunto delito de lavado de dinero que habría cometido la banda de espionaje ilegal.

La nueva convocatoria a D’Alessio forma parte de la ronda de indagatorias que ordenó Ramos Padilla para determinar si la organización realizó maniobras de lavado de activos por más de 100 millones de dólares. La línea de investigación surgió a partir de un grupo de WhatsApp detectado en el teléfono de D´Alessio, donde el ex comisario Ricardo Bogoliuk figuraba como administrador. Según los chats, la organización realizaba movimientos millonarios en el exterior y para los investigadores ese dinero podría provenir del narcotráfico.

El grupo de WhatsApp estuvo activo por casi un año e incluía a otras dos personas más: Marcelo De Gorriti, un hombre que vive en el exterior y por el que el juzgado ya libró una orden de captura internacional y Pablo Bloise, un presunto financista que ya fue detenido por este hecho el pasado 31 de mayo, por orden de Ramos Padilla.

Bogoliuk ya fue indagado semana pasada. Según dijo, nunca administró ese grupo de chat y fue D’Alessio el que lo armó y lo puso a él como administrador. Pero Bogoliuk dice que nunca se enteró.

Según pudo reconstruir Página/12, todo indica que D´Alessio va a desmentir la acusación y negarse a declarar por recomendación de su defensa, que considera que la prueba es controvertida.

Para Ramos Padilla, la organización “habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”. En la pesquisa se apunta a “la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual”.

Sobre la base del intercambio de mensajes, el juez cree que eran comisiones de entre un 20 y un 25 por ciento del total presuntamente lavado. Restando gastos y otras comisiones, los integrantes de la organización se quedaban con un 0,5 por ciento del dinero lavado.

Según el juez de Dolores, las maniobras para concretar el lavado incluyeron acciones en Africa, América, Asia y Europa, con “viajes de algunos de los integrantes del grupo para concretar operaciones; por ejemplo, en el mes de agosto de 2018, Marcelo De Gorriti viaja a Estambul para supervisar una parte del proceso y en otro momento Pablo Bloise (hoy detenido) viaja a San Pablo”.

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