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La agenda de género en el Congreso: ¿cuáles son los desafíos legislativos de este 2019?

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El movimiento de mujeres busca conquistar nuevos derechos y que las desigualdades de género vuelve a ponerse en discusión en el ámbito institucional. Una nueva ley del aborto, modificación de la ESI y el cupo laboral trans son algunos de los nuevos retos.

En 2018 el feminismo puso en discusión los derechos de las mujeres y la desigualdad de género en la agenda pública. Las mujeres tomaron la calle y el debate llegó hasta el Congreso Nacional con el histórico tratamiento de la ley de la legalización del aborto y aprobación de otras como la Ley Micaela que obliga a los funcionarios del Estado a una capacitación obligatoria en género. Pese a los avances aún quedan nuevos derechos por conquistar y ya se plantean nuevos desafíos legislativos para este 2019.

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

En 2018 por primera vez en la historia la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El mismo proyecto no puede ser tratado en el recinto en los próximos dos años, pero sí puede plantearse otro con modificaciones.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito adelantó el pasado 18 de febrero, durante el primer “pañuelazo verde” en el que participaron miles de mujeres, que volverá a presentar un proyecto.

Será la octava vez que las impulsoras de la iniciativa vayan al Congreso, en donde intentarán buscar un mayor consenso tras el rechazo del Senado en agosto de 2018. Si bien la composición de las dos cámaras será la misma, por lo menos hasta diciembre, se intentará conseguir más apoyos haciendo algunas concesiones.

Antes de introducir la nueva norma a discusión, las más de 300 organizaciones que componen la campaña la votarán en un Plenario. “La redacción mantendrá la premisa de la IVE en instituciones de salud de todo el país”, aseguraron desde el frente a minutouno.com.

MODIFICACIÓN DE LA ESI

La Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en 2006 y aún espera su aplicación total en las instituciones educativas del país. Determina la enseñanza de educación sexual en establecimientos públicos y privados pero admite una cuota de discrecionalidad.

El proyecto de reforma busca que los contenidos deben sean laicos y científicos. Además se actualiza e incluye la perspectiva de género tomando definiciones de leyes posteriores como la de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género. Ya obtuvo un dictamen en las comisiones de Educación y Familia de Diputados y aguarda ser tratado en ambas cámaras.

CUPO LABORAL TRANS

En agosto de 2018 ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Diana Sacayán.Inspirada en la vigente de en la Provincia de Buenos Aires desde 2015, establece que el 1% de los cargos públicos en la gobernación deben estar ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.

“La provincia ha ido marcando un camino por sí sola por la clara necesida de del colectivo travesti-trans. Y la ejemplar sentencia por el travesticidio de Diana Sacayán también nos pone en un lugar de exigir las medidas de reparación a toda una historia de abandono de nuestras compañeras”, dijo Say Sacayán, hermano de Diana y activista.

La Ley presentada por la diputada nacional Mónica Macha, de Unidad Ciudadana, ya tiene el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), Cambiemos, Evolución Radical, Peronismo para la Victoria, Protectora y Unión Cívica Radical.

ESTRENO DE LA LEY DE PARIDAD

Las elecciones de 2019 marcarán el debut de la ley de paridad de género, de 2017, para loscargos legislativos nacionales. La misma obligará a las fuerzas políticas a intercalar en sus listas a las candidatas mujeres con los candidatos varones para asegurar una presencia femenina del 50% en la boletas electorales.

El Poder Ejecutivo debe aún reglamentar la norma para impedir que los partidos no respeten la paridad. Debería aplicarse tanto para las PASO como para las elecciones generales.

Otro punto clave de la norma es que obliga a las fuerzas políticas a incluir un 50% de mujeres en las listas de renovación de sus autoridades partidarias.

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