Desde el punto de vista legal, cualquier presentación parece tener poca chances. Como bien explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, un diputado sólo deja de serlo cuando su renuncia es aceptada por el cuerpo. En este caso, Daniel Scioli tiene el acuerdo del Senado para ser embajador en Brasil, todavía no se publicó el decreto de su designación, no presentó la renuncia y, obviamente, no fue aceptada por el pleno. Cuando esto último ocurra, jurará en su lugar Claudia Bernazza, quien por supuesto habría dado quorum este jueves, como ella misma lo dijo públicamente.
La discusión entre los opositores
Aún así, integrantes de la Coalición Cívica insistían en que había que hacer una denuncia penal contra Scioli y contra Massa, azuzados por los sectores duros de Juntos por el Cambio . Sin embargo, los dos hombres claves del bloque, Mario Negri y Cristian Ritondo, están rotundamente en contra. De manera que no habrá ninguna presentación unificada en la justicia, pero sí puede haber integrantes sueltos que den semejante paso.
En Juntos por el Cambio, de todos modos, no dan el brazo a torcer. Afirman que Scioli dijo que va a asumir como embajador el 3 de marzo, o sea el martes próximo, y que presentará la renuncia el lunes. La oposición alega que siguiendo el razonamiento del propio Scioli, entonces estará en funciones de embajador siendo diputado porque el martes no se habrá producido la sesión de aceptación de esa renuncia. Además, insisten en que el ex gobernador bonaerense viajó a Brasil con los gastos pagos por la Cancillería, de manera que ya estaba en funciones. De todos modos, admiten que desde el punto de vista legal los argumentos tienen poca entidad: la Constitución es taxativa, Scioli sigue siendo diputado y está habilitado para debatir y votar.
El camino intermedio
Hay una posición intermedia en el bloque opositor que consiste en hacer un planteo de nulidad –no una denuncia penal– en el fuero contencioso administrativo, que es el que se ocupa de los litigios en el Estado. Tiene el condimento de judicializar la política, pero no pone sobre la mesa una acusación violenta como sería encuadrar el caso en algo así como un fraude o una estafa.
De todas maneras, la postura mayoritaria pasaba este viernes por hacer un planteo de nulidad en la propia Cámara de Diputados. Requerir que se pronuncie el Comité de Ética o que se establezca una comisión reglamentaria que revise la cuestión. Está claro que este camino consiste en amortiguar el conflicto y reconocer que la media sanción es un hecho.
Lo fundamental de la posición mayoritaria es que sentaría, al menos en este caso, un principio de importancia: que los conflictos de la política los debe arreglar la política. Parece grotesco que los diputados tengan que recurrir a los jueces para algo tan elemental como una polémica reglamentaria en una de las cámaras. Lo que sucede es que, según parece, el ritmo de la confrontación lo marcan los grandes medios que, en forma permanente, le reclaman a los opositores que vayan por todo, en absolutamente todos los terrenos.
