“Están un poquito descolocados”, fue la frase lanzada por un importante funcionario de llegada directa con el Presidente Alberto Fernández. Se refería concretamente a la Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Gallo Tagle y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (Affun), a cargo de Carlos Rívolo. Ambas organizaciones emitieron un comunicado en el que aseguran que el cambio propuesto es inconstitucional y afectaría la intangibilidad de los sueldos y, por lo tanto, la independencia judicial.
“No estamos atacando a nadie con esto. Un Camarista cobra hasta 600 mil pesos de jubilación. Con los cambios que proponemos pasaría a percibir 560 mil. La verdad, el problema acá es que no les gusta que les toquen nada”, se quejó el interlocutor, quien reveló que hubo un estudio pormenorizado de todos los casos y los montos a los que llega cada uno.
En concreto, el proyecto sube la edad jubilatoria de manera escalonada a los 65 años, eleva los aportes y también modifica el cálculo del 82% móvil. Además, toma los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general. A lo que apunta es a “reducir las inequidades existentes en el sistema previsional” con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional. “Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos”, dice el texto que ya está en el Congreso Nacional.
Para el Gobierno, los cambios en la forma de computar el haber son correctos. Como se dijo, la iniciativa propone hacer un promedio de los últimos diez años de servicio, por lo que “si alguien fue camarista ocho años y dos años estuvo en primera instancia se tendrán en cuenta los salarios de esos dos cargos”, explican.
Las voces de rechazo dentro del Poder Judicial son, hasta ahora, unánimes. Incluso, en las antípodas ideológicas de la tradicional Asociación de Magistrados, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, integrante de Justicia Legítima, advirtió que hay dudas sobre el porcentaje de movilidad que van a tener las jubilaciones futuras. Por Radio Diez, además, puso en duda el nivel de ahorro que podría significar para el Estado, teniendo en cuenta que involucra a un universo bajo de beneficiarios. Según la estimación oficial, el régimen de privilegio genera un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales, con una proyección que se incrementa hasta 2040.
Cláusula transitoria
Algunas voces gubernamentales indicaron que una posible vía de negociación sería la incorporación de una cláusula transitoria, es decir, que el proyecto incluya una ventana de seis meses para permitir que jueces/as y fiscales se jubilen antes de la modificación del sistema. Sin embargo, en un sector del Gobierno opinan que sería contraproducente, ya que podría ser interpretado como un intento del Poder ejecutivo de hacerse de nuevas vacantes en el Poder Judicial. “Nos van a decir que queremos abrir una suerte de retiro voluntario para cubrir vacantes. Nos van a acusar de querer limpiar la Justicia, y no es así”, advierten.
Por su parte, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni ratificó las modificaciones y buscó bajar a tierra la discusión, al afirmar que se mantendrá el régimen especial pero “en base a parámetros normales”.
Teniendo en cuenta los antecedentes, en los que el Poder Judicial consiguió siempre abroquelarse en contra de medidas semejantes, incluso a través de fallos de la Corte Suprema, en el Gobierno señalan que el Presidente “está firme” a pesar de las resistencias que crecen. Sin embargo, en Casa Rosada confían en que, esta vez, por la “racionalidad” de la medida, eventualmente el máximo tribunal no fallaría en contra.
