“Queridos compatriotas: nadie se rinde, nadie se cansa; estoy muy orgullosa de esta ley”, afirmó Añez luego de estampar su firma en la normativa. Uno de los primeros puntos de esta norma es la anulación de la votación en la que Morales se alzó como ganador.
La nueva ley suspende además a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y le da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevas autoridades. El tribunal electoral terminó con muchos de sus miembros con prisión preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre.
Los nuevos vocales electorales deberán asumir al día siguiente de ser designados por el Congreso. En un período no mayor a dos días, sus nuevos miembros deberán convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral.
Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, y con todos los partidos habilitados para participar. Eso significa que podrá hacerlo el MAS, aunque ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo, límite permitido por la Constitución y uno de los puntos centrales del articulado de la nueva ley.
Mientras la Cámara de Diputados terminaba de aprobar el sábado por la noche la nueva convocatoria electoral, Añez encabezaba en el Palacio Quemado una reunión con organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Iglesia Católica. El objetivo es llegar a un “acuerdo de pacificación”, en momentos en que el partido de Morales continúa denunciando la violencia desmedida de las fuerzas de seguridad frente a la protesta y la detención arbitraria de dirigentes.
El diálogo duró hasta entrada la madrugada, cuando el gobierno de facto decidió declarar cuarto intermedio para evitar el estancamiento. Durante la tarde del domingo se tenían que desarrollar sesiones de la Cámara de Senadores y de Diputados para tratar el proyecto de ley de pacificación. Sin embargo, se suspendieron porque las negociaciones entre el gobierno y los sectores sociales aún no terminan.
Solamente se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que garantice el respeto al fuero sindical, y una indemnización para las familias de los fallecidos durante los últimos conflictos. Pero no se avanzó en garantizar la vuelta de Morales y García Linera, ni en la liberación de los cientos de detenidos hasta el momento.
