Imputaron al último presidente del Banco Nación durante el macrismo por permitir el endeudamiento de la empresa Vicentín

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy a Javier González Fraga, el último presidente del Banco Nación durante el macrismo, en la causa en la que se investiga si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal cometieron delito cuando le permitieron a la cerealera Vicentín acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.

El fiscal Pollicita impulsó la investigación por la posible defraudación no solo contra quien presidió el Banco Nación en los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, sino también contra los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentín. Padoán estuvo involucrado en la causa que se inició a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, donde se determinó que había empresarios que pagaban coimas a ex funcionarios kirchneristas.

El conflicto comenzó cuando a principios de diciembre 2019 Vicentín informó que entró en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”. La noticia mostraba cómo la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país entraba en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones.

Luego se conoció que del total de la deuda, $18.500 millones corresponden a un crédito otorgado por el Banco Nación, lo que se tradujo en fuertes críticas a la conducción de González Fraga en el Banco Nación ya que este crédito superaría los límites establecidos por la normativa bancaria y representan más del 20% del patrimonio computable de la entidad.

La denuncia realizada por un particular se basa en un trabajo hecho por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien fue designado director del Banco Nación por el gobierno de Alberto Fernández. Pollicita explicó en su imputación que había citado a Lozano para que explicara el contenido del informe en su fiscalía antes de realizar el requerimiento que presentó hoy. Y aunque Lozano no concurrió a declarar, tomó el informe hecho por el director del Banco Nación de la página web del partido Unidad Popular.

El informe, fechado el 16 de enero pasado y firmado por Lozano, señala que “según los trascendidos periodísticos, la empresa Vicentín anunció que por “stress financiero” (¿?) no va a pagar los 23.500 millones de pesos que debe a los bancos (18 mil al Banco Nación), ni los USD 350 millones con los productores agropecuarios, más toda la financiación que tomó por Bolsa, ni todo lo que debe a bancos internacionales de crédito en dólares”.

“Vicentín, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Según el periodista de Rosario Germán Mangione en una nota del 11 de octubre del 2019, denuncia que en los registros de aportes de campaña para las PASO que la ley electoral dispone que se haga pública, se observa que la empresa que más aportó para la campaña presidencial de Cambiemos fue la empresa Vicentín, que por diferentes empresas de su grupo realizó una donación total de $13.500.000. De este total se repartieron aportes de $4.500.000 por 3 de las empresas del grupo Vicentín (Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A.). Cabe destacar que el otro grupo económico que más aportes realizó a Cambiemos en las PASO es otra del mismo rubro que Vicentín; en este caso se trata de Aceitera General Deheza, que aportó $10.000.000. Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentín en el mercado financiero domestico representa el 20% de la facturación del 2018 (no de 2019) y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018. No parece ser un caso de stress financiero. El peso de las deudas sobre ventas en muchas otras empresas supera ampliamente sus ventas”, agregó.

La denuncia especifica que el endeudamiento de Vicentín con el Nación no fue autorizado por el directorio, algo que vulnera las normas de la institución. Al respecto, el informe de Lozano sostuvo: “En el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Sin embargo, los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentín para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.

El fiscal realizó las imputaciones y pidió varias medidas de prueba al juez Julián Ercolini quien tiene a su cargo la investigación. Pollicita pidió que tanto Lozano como Eduardo Hecker, actual presidente del Banco Nación, declaren como testigos. Ambos deben aportar la documentación del Banco sobre el Caso Vicentín.

Además pidió que el Banco Nación remita al juzgado los expedientes de los préstamos solicitados por Vicentín desde 2015. Y que la entidad bancaria realice un informe detallado que especifique:

-Cuál es la deuda de Vicentín con el Nación.

-Cómo está compuesta esa deuda.

-Qué porcentaje de la cartera del Nación significa esa deuda.

-Qué parte de la deuda de Vicentín con el Nación es exigible.

-Si la deuda de Vicentín supera el máximo permitido por la normativa.

El fiscal también pidió que tanto el Banco Nación como el Banco Central de la República Argentina envíen al juzgado las normas que rigen los préstamos que se pueden hacer a las grandes empresas.

Pollicita solicitó también que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice un amplio informe sobre la composición del grupo Vicentín a partir del año 2015. Y que aporte un detalle de los créditos declarados por Vicentín y de los casos judiciales en los que la firma cerealera hubiera sido denunciada.

El fiscal que imputó a González Fraga y quienes encabezan Vicentín no cerró la posibilidad de que haya nuevos imputados en la causa. Además pidió una amplia radiografía comercial de la compañía Vicentín. Incluso solicitó que el Juzgado de Primera Instancia Distrito n° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, provincia de Santa Fe envíe a Comodoro Py una copia certificada del expediente en el que se tramita el concurso de la empresa cerealera.

Ante la información acerca de que la compañía fue la principal contribuyente de la campaña presidencial de Macri, Pollicita también quiere saber qué aportes de campaña hicieron las empresas del grupo Vicentín. Para ello le pidió a Ercolini que le solicite a la Cámara Nacional Electoral un informe detallado de los aportes dinerarios hecho por las empresas y a qué partido fueron dirigidos.

El fiscal también solicitó conocer si la Unidad de Información Financiera recibió reportes de operaciones sospechosas sobre la empresa Vicentín y si la Oficina Anticorrupción abrió alguna actuación en relación al caso judicial que se investiga en el juzgado federal 10.

La causa recién comienza. Ahora el juez Ercolini debe hacer lugar o no a los pedidos que hizo Pollicita cuando impulsó la investigación e imputó a González Fraga, Padoán y Nardelli.