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Impuesto a la riqueza: Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio para rechazar el proyecto que impulsa el kirchnerismo

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Los legisladores de la oposición reclamarán “un esfuerzo” al Estado y que se apunte a quienes evaden y no a quienes cumplen con el fisco. El diputado Alejandro Cacace pidió “un debate mucho más amplio

El interbloque de Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría en Diputados para rechazar el impuesto a la riqueza. Sin embargo, a pedido de un grupo de legisladores, no será simplemente la negativa a acompañar el proyecto de ley que establece un Aporte Solidario y Extraordinario a quienes posean bienes por más de $ 200 millones sino un compendio de fundamentos para justificar la postura y reclamar que también el Estado y los funcionarios hagan un “esfuerzo”.

Cinco son los ejes del dictamen que se termina de pulir. El primero es que “el esfuerzo debe empezar por casa” y se plantea que el sector público debe hacer un gesto en el marco de la pandemia. El segundo es que el tributo se superpone con un impuesto al patrimonio y por lo tanto lo que se hace es crear otro “análogo”. El tercero es una demanda de algunos gobernadores: el Aporte Solidario no se coparticipa. “Siempre se planteó como un proyecto para recaudar por la pandemia y para cubrir los gastos extra de salud. Sin embargo ahora vemos que está enteramente con una asignación específica que por más que puedan ser muy nobles los motivos que ahí se han consignado no cumple con la condición de que sea coparticipable. Debemos reconocer que la mayoría de los gastos de salud hoy lo llevan adelante las provincias, debiera ser rediscutido”, pidió en el debate el diputado radical Alejandro Cacace, uno de los impulsores del dictamen.

Por último, se pedirá “ampliar la base” a partir de un cambio en el sentido de la política tributaria, es decir combatiendo la evasión y otras tenencias no declaradas.

Desde hace un tiempo un grupo de diputados viene planteando la presentación de un dictamen propio con una propuesta que permita recaudar en este contexto de crisis y con una visión no regresiva, es decir que aporten más quienes más tienen. Incluso hubo legisladores, de los más jóvenes del radicalismo, que se animaban a presentar una propuesta en soledad. El sábado por la mañana y tras una larguísima charla dentro del bloque de la UCR, se unificaron criterios y se acordó evitar divisiones y que todos votarían en el mismo sentido. Para contener todas las posiciones se empezó a redactar el fin de semana el dictamen que se presentaría el próximo viernes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la que es presidente Carlos Heller, del Frente de Todos, y vice Luciano Laspina, del PRO.

Uno de los que fogoneó el dictamen de minoría es el puntano Cacace, quien en la reunión de comisión de ayer, vía teleconferencia, reclamó “un debate mucho más amplio” sobre el financiamiento del Estado. “Tenemos hoy un déficit de 3 billones de pesos y que va a continuar en 1,8 billones de pesos en 2021”, remarcó el puntano que junto con la diputada de Evolución-UCR Carla Carrizo presentó hace tiempo un proyecto de Ley de Tope salarial en la administración pública. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo”, consideró como también se explicitará en el dictamen de minoría sin especificar si debe ser a través del congelamiento de sueldos, la rebaja de los mismos o si el Estado debería achicar gastos. Lo que sí coinciden en el interbloque es en pedir “austeridad”.

Cacace cuestionó algunos argumentos del oficialismo: “Es cierto que el departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional dijo que en tiempos de pandemia hay que buscar incrementar algunos de los tributos directos a la propiedad o a las rentas”, le dijo a Heller sobre su exposición en la presentación de esta semana y en la anterior pero, agregó, “en ningún momento ha hablado de la creación de nuevos impuestos. Por más que usted busque llamarlo aporte es un impuesto, aunque se pague por única vez. No es lo mismo retocar sobre un impuesto existente y establecer una tasa de solidaridad que directamente crear un nuevo impuesto”, retrucó. Y advirtió que “también es cierto que ese mismo informe del FMI dice que no hay que producir recortes sobre ganancias de capital o dividendos y acá se hizo una reforma disminuyendo y eliminando el impuesto a la renta financiera entonces tenemos que ser coherentes con los planteos que hacemos”.

El dictamen que seguramente presentará como vicepresidente de la comisión Luciano Laspina, tiene los fundamentos de propuesta pero no un articulado como es habitual. El ‘espíritu’ de la redacción apunta a “compartir el esfuerzo”, sobretodo pensando en una gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, de clase media, como comerciantes, monotributistas y autónomos que ven licuar sus esfuerzos, caer sus ingresos (en algunos casos a 0) mientras aún en el marco de crisis en la pandemia ven al sector público con ingresos garantizados.

Entre las críticas del dictamen al Aporte Solidario, y tal como lo expresó el misionero radical Luis Pastori, la principal bancada opositora señala que se trata de un “impuesto” por ser de pago obligatorio y no voluntario. Y sostienen que es “análogo con Bienes Personales, tributo con el que tienen bases imponibles similares”.

Por su parte Laspina pidió no plantear el debate como “a favor de los pobres y en contra de los ricos” y cuestionó que se grave a quienes pueden generar empleo. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, reprochó mientras que la porteña Carmen Polleo se molestó con la peronista Fernanda Vallejos: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”, salió al cruce de anteriores declaraciones de la economista.

Otro cuestionamiento central para el frente opositor es que los impuestos directos siempre son coparticipables con las provincias. No es el caso del aporte solidario que aunque tiene fines específicos será administrado por Nación. “Hoy los gastos de salud los hacen fundamentalmente las provincias”, advirtió a Infobae el diputado Cacace que había propuesto una alícuota sobre Bienes Personales para recaudar una cifra similar a los 300 mil millones de pesos que la AFIP estima para este aporte puntual.

Otro capítulo del dictamen apunta al diseño del aporte. “Sería más justo hacerlo sobre el patrimonio neto ya que se puede estar endeudado y esa deuda habría que deducirla”, dijeron fuentes del interbloque que de todos modos admitieron que también Bienes Personales está diseñado de esa manera.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller
Un ítem para volver a analizar es la retroactividad. Juntos por el Cambio cuestionó que se fijara la declaración de bienes con fecha 31 de diciembre para calcular quiénes deben pagar el aporte. Heller anunció que la observación fue contemplada y se modificó en el texto original de la ley que redactó junto a Máximo Kirchner. Ahora dirá que su vigencia será a partir de la vigencia de la ley. El jefe del bloque del Frente de Todos no participó de la comisión de Presupuesto ni del debate. Tampoco participa en otras comisiones.

Entre los argumentos más desarrollados del dictamen se apunta al “esfuerzo compartido” y se critica que se recargue la presión tributaria sobre los que ya están en el sistema y no sobre quienes evaden o no declaran sus bienes.

No falta tampoco quien cite a Cristina Kirchner como ejemplo de los gestos que debería hacer el poder. “Cobra como vicepresidenta, cobra pensión por su marido ex presidente y no quiere pagar Ganancias”, la cuestionó un importante legislador.

El dictamen del oficialismo que implica un aporte por única vez a quienes hayan declarado bienes por más de $ 200 millones, con alícuotas de 2 a 2,5%, sería firmado recién el próximo viernes. Heller presentó este lunes una serie de modificaciones y un informe AFIP en el que se estima que pagarán unas 9.298 personas. De ese total, 253 aportarían el 49,2% de la recaudación total que se proyecta en 307.000 millones.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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