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Impuesto a la riqueza: Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio para rechazar el proyecto que impulsa el kirchnerismo

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Los legisladores de la oposición reclamarán “un esfuerzo” al Estado y que se apunte a quienes evaden y no a quienes cumplen con el fisco. El diputado Alejandro Cacace pidió “un debate mucho más amplio

El interbloque de Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría en Diputados para rechazar el impuesto a la riqueza. Sin embargo, a pedido de un grupo de legisladores, no será simplemente la negativa a acompañar el proyecto de ley que establece un Aporte Solidario y Extraordinario a quienes posean bienes por más de $ 200 millones sino un compendio de fundamentos para justificar la postura y reclamar que también el Estado y los funcionarios hagan un “esfuerzo”.

Cinco son los ejes del dictamen que se termina de pulir. El primero es que “el esfuerzo debe empezar por casa” y se plantea que el sector público debe hacer un gesto en el marco de la pandemia. El segundo es que el tributo se superpone con un impuesto al patrimonio y por lo tanto lo que se hace es crear otro “análogo”. El tercero es una demanda de algunos gobernadores: el Aporte Solidario no se coparticipa. “Siempre se planteó como un proyecto para recaudar por la pandemia y para cubrir los gastos extra de salud. Sin embargo ahora vemos que está enteramente con una asignación específica que por más que puedan ser muy nobles los motivos que ahí se han consignado no cumple con la condición de que sea coparticipable. Debemos reconocer que la mayoría de los gastos de salud hoy lo llevan adelante las provincias, debiera ser rediscutido”, pidió en el debate el diputado radical Alejandro Cacace, uno de los impulsores del dictamen.

Por último, se pedirá “ampliar la base” a partir de un cambio en el sentido de la política tributaria, es decir combatiendo la evasión y otras tenencias no declaradas.

Desde hace un tiempo un grupo de diputados viene planteando la presentación de un dictamen propio con una propuesta que permita recaudar en este contexto de crisis y con una visión no regresiva, es decir que aporten más quienes más tienen. Incluso hubo legisladores, de los más jóvenes del radicalismo, que se animaban a presentar una propuesta en soledad. El sábado por la mañana y tras una larguísima charla dentro del bloque de la UCR, se unificaron criterios y se acordó evitar divisiones y que todos votarían en el mismo sentido. Para contener todas las posiciones se empezó a redactar el fin de semana el dictamen que se presentaría el próximo viernes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la que es presidente Carlos Heller, del Frente de Todos, y vice Luciano Laspina, del PRO.

Uno de los que fogoneó el dictamen de minoría es el puntano Cacace, quien en la reunión de comisión de ayer, vía teleconferencia, reclamó “un debate mucho más amplio” sobre el financiamiento del Estado. “Tenemos hoy un déficit de 3 billones de pesos y que va a continuar en 1,8 billones de pesos en 2021”, remarcó el puntano que junto con la diputada de Evolución-UCR Carla Carrizo presentó hace tiempo un proyecto de Ley de Tope salarial en la administración pública. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo”, consideró como también se explicitará en el dictamen de minoría sin especificar si debe ser a través del congelamiento de sueldos, la rebaja de los mismos o si el Estado debería achicar gastos. Lo que sí coinciden en el interbloque es en pedir “austeridad”.

Cacace cuestionó algunos argumentos del oficialismo: “Es cierto que el departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional dijo que en tiempos de pandemia hay que buscar incrementar algunos de los tributos directos a la propiedad o a las rentas”, le dijo a Heller sobre su exposición en la presentación de esta semana y en la anterior pero, agregó, “en ningún momento ha hablado de la creación de nuevos impuestos. Por más que usted busque llamarlo aporte es un impuesto, aunque se pague por única vez. No es lo mismo retocar sobre un impuesto existente y establecer una tasa de solidaridad que directamente crear un nuevo impuesto”, retrucó. Y advirtió que “también es cierto que ese mismo informe del FMI dice que no hay que producir recortes sobre ganancias de capital o dividendos y acá se hizo una reforma disminuyendo y eliminando el impuesto a la renta financiera entonces tenemos que ser coherentes con los planteos que hacemos”.

El dictamen que seguramente presentará como vicepresidente de la comisión Luciano Laspina, tiene los fundamentos de propuesta pero no un articulado como es habitual. El ‘espíritu’ de la redacción apunta a “compartir el esfuerzo”, sobretodo pensando en una gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, de clase media, como comerciantes, monotributistas y autónomos que ven licuar sus esfuerzos, caer sus ingresos (en algunos casos a 0) mientras aún en el marco de crisis en la pandemia ven al sector público con ingresos garantizados.

Entre las críticas del dictamen al Aporte Solidario, y tal como lo expresó el misionero radical Luis Pastori, la principal bancada opositora señala que se trata de un “impuesto” por ser de pago obligatorio y no voluntario. Y sostienen que es “análogo con Bienes Personales, tributo con el que tienen bases imponibles similares”.

Por su parte Laspina pidió no plantear el debate como “a favor de los pobres y en contra de los ricos” y cuestionó que se grave a quienes pueden generar empleo. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, reprochó mientras que la porteña Carmen Polleo se molestó con la peronista Fernanda Vallejos: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”, salió al cruce de anteriores declaraciones de la economista.

Otro cuestionamiento central para el frente opositor es que los impuestos directos siempre son coparticipables con las provincias. No es el caso del aporte solidario que aunque tiene fines específicos será administrado por Nación. “Hoy los gastos de salud los hacen fundamentalmente las provincias”, advirtió a Infobae el diputado Cacace que había propuesto una alícuota sobre Bienes Personales para recaudar una cifra similar a los 300 mil millones de pesos que la AFIP estima para este aporte puntual.

Otro capítulo del dictamen apunta al diseño del aporte. “Sería más justo hacerlo sobre el patrimonio neto ya que se puede estar endeudado y esa deuda habría que deducirla”, dijeron fuentes del interbloque que de todos modos admitieron que también Bienes Personales está diseñado de esa manera.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller
Un ítem para volver a analizar es la retroactividad. Juntos por el Cambio cuestionó que se fijara la declaración de bienes con fecha 31 de diciembre para calcular quiénes deben pagar el aporte. Heller anunció que la observación fue contemplada y se modificó en el texto original de la ley que redactó junto a Máximo Kirchner. Ahora dirá que su vigencia será a partir de la vigencia de la ley. El jefe del bloque del Frente de Todos no participó de la comisión de Presupuesto ni del debate. Tampoco participa en otras comisiones.

Entre los argumentos más desarrollados del dictamen se apunta al “esfuerzo compartido” y se critica que se recargue la presión tributaria sobre los que ya están en el sistema y no sobre quienes evaden o no declaran sus bienes.

No falta tampoco quien cite a Cristina Kirchner como ejemplo de los gestos que debería hacer el poder. “Cobra como vicepresidenta, cobra pensión por su marido ex presidente y no quiere pagar Ganancias”, la cuestionó un importante legislador.

El dictamen del oficialismo que implica un aporte por única vez a quienes hayan declarado bienes por más de $ 200 millones, con alícuotas de 2 a 2,5%, sería firmado recién el próximo viernes. Heller presentó este lunes una serie de modificaciones y un informe AFIP en el que se estima que pagarán unas 9.298 personas. De ese total, 253 aportarían el 49,2% de la recaudación total que se proyecta en 307.000 millones.

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Alberto Fernández y Paolo Rocca firmaron la paz y negociaron inversiones durante un almuerzo secreto en Olivos

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El Presidente estaba enfrentado al CEO del Grupo Techint por haber despedido a 1450 empleados cuando inició la cuarentena

Alberto Fernandez cuestionó a Paolo Rocca cuando la cuarentena recién empezaba y el barbijo era un accesorio ajeno a la vida cotidiana. “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, dijo el Presidente a los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase al conocer que Techint había despedido 1.450 empleados en plena pandemia.

Semanas más tarde, cuando aún había frío entre Alberto Fernández y Rocca, el periodista Alfredo Zaiat escribió en Página/12 una nota que cuestionaba la estrategia de negocios globales de Techint. “El modelo desarrollista le fue favorable para la evolución inicial, pero ahora ya no le resulta útil. Por eso despide trabajadores desafiando al presidente Fernández. Para Techint el salario es un costo y no un factor dinámico del mercado interno”, opinó Zaiat.

Zaiat escribe para iniciados, pero Cristina Fernández avaló su pluma a través de un posteo en Twitter. Y así fue como las críticas de Zaiat a Techint se multiplicaron al infinito, poniendo bajo cero las relaciones de poder entre el Grupo que lidera Rocca y el Gobierno del Frente de Todos.

“La conducción política del poder económico”. Zaiat hoy en @pagina12. El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, dijo la Vicepresidente sobre la nota del periodista con sólida formación económica.

Paolo Rocca y Mauricio Macri amigos desde hace décadasPaolo Rocca y Mauricio Macri amigos desde hace décadas

Los cuestionamientos sucesivos de Alberto Fernández y Cristina Fernández preocuparon a Rocca que está habituado a visitar la Casa Rosada y la quinta de Olivos. El CEO siempre tuvo buena relación con el Presidente y una cercanía en zigzag con la Vicepresidente, expresidente, exsenadora, exdiputada y viuda de Néstor Kirchner.

Rocca aún recuerda cuando Kirchner y Fernández de Kirchner lo tuvieron sentado en una mesita del hotel Hermitage de Mar del Plata a la espera de un encuentro fugaz con Hugo Chávez, que se había apropiado de una de sus empresas en Venezuela. Ocurrió durante la Cumbre de las Américas y antes de que George Bush abandonara la Argentina molesto por el trato dispensado por el Presidente y su esposa legisladora.

El CEO de Techint tiene múltiples contactos y buscó la manera de encauzar las relaciones institucionales con el Gobierno. Alberto Fernández avaló el pedido y armó la mesa de Olivos para recibir a Rocca y Luis Betnaza, director corporativo del Grupo Techint. Martín Guzmán y Wado de Pedro, ministros de Economía e Interior, acompañaron al Presidente.

Fue almuerzo y durante dos horas comieron fiambres, pollo con papa y ensalada de frutas. Guzmán explicó su plan para enfrentar la suba constante del dólar y atenuar la crisis económica, De Pedro habló de la situación social y Alberto Fernández hizo una descripción de su agenda política y su estrategia para contener el avance del COVID-19.

Alberto Fernández en Vaca Muerta cuando lanzó un plan de subsidio a la producción de gasAlberto Fernández en Vaca Muerta cuando lanzó un plan de subsidio a la producción de gas

Rocca aguardó su oportunidad y entre los fiambres y el pollo avanzó con sus propuestas económicas. El CEO asumió que había un buen clima político en el almuerzo y no dudó en describir al Presidente la situación de su grupo respecto a la producción de gas en Vaca Muerta. Alberto Fernández conocía todos los detalles y apenas se inmutó cuando Rocca mencionó a Mauricio Macri.

El ex presidente de Cambiemos había ordenado una resolución a la medida del Grupo Techint para facilitar las inversiones en Vaca Muerta. Rocca entendió -como siempre- los beneficios de la resolución y produjo más gas que lo previsto por Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren. Cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dispuso bajar el gasto público de la Argentina, Macri recortó los subsidios y Rocca inició una demanda en los tribunales.

Esa demanda multimillonaria corre sus tiempos procesales, pero en esta coyuntura obtura el acceso a los futuros subsidios a la producción de gas que Alberto Fernández anunció hace pocos días. En este contexto, la ecuación política-económica es fácil de explicar: Si Techint quiere acceder al nuevo Plan Gas, tiene que retirar la demanda contra el Estado que empuja en los estrados judiciales.

Rocca y Betnaza llegaron a Olivos para destrabar este deal y lograr que el Grupo Techint (Tecpetrol) no pierda volumen y negocio en Vaca Muerta. Y lo lograron.

A cambio, Grupo Techint (Tecpetrol) dejará de litigar contra el Estado hacia adelante y el Gobierno le reconoce su derecho a reclamar los beneficios que aún devengó y todavía devenga la resolución ordenada por Macri. Desde el día en que el Grupo Techint accede a los nuevos subsidios (se llamaría Plan Gas 4), la demanda cae y ya no hay nada que reclamar.

Es un negocio win-win: Alberto Fernandez y su secretario de Energía, Darío Martínez, logran recuperar para Vaca Muerta a Techint (Tecpetrol), y Rocca cambiará un contrató que vencía en 2021 (resolución 46) por un nuevo acuerdo hasta 2024.

En números simples, implica lo siguiente: Techint (Tecpetrol) tenía el contrato de Macri por un año más, que establecía 6 dólares por 1 millón de BTU, mientras que ahora puede acceder a la propuesta de Alberto Fernández, que fija 3.50 dólares por 1 millón de BTU durante un mínimo de tres años.

Alberto Fernández y su secretario Martínez están ajustando la letra chica del acuerdo para lanzar el Plan Gas 4, ante ciertas inconsistencias legales presentadas por Techint en comparación a lo negociado cuando la ensalada de fruta ya estaba frente de Rocca y Betnaza.

Son detalles que encierran la última milla de negociación.

Wado de Pedro, que participó en el almuerzo secreto, contó a Cristina Fernández la letra chica del probable acuerdo. No news, good news.

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La trama del libro “Hermano”, un relato de la “famiglia” Macri

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El papá Franco admitió sobornos. El hermano acusa al expresidente. ¿Qué dice Mauricio? Las acciones que no quieren pagar.

Mauricio, Gianfranco, Sandra y Mariano. Los hijos de Franco Macri, fruto del amor con Alicia Blanco Villegas, una mujer oriunda de Tandil. Sandra falleció. Ella sufrió el hostigamiento en vida de su propia sangre. Espionaje, por ejemplo. Gianfranco se dedicó al golf, intentando ser handicap 0, no llegó. Mauricio, el elegido para conducir las empresas del grupo SOCMA, no cumplió el mandato del padre. Y el menor tuvo su fama para las revistas a partir de su malogrado matrimonio con Marie France Peña Luque.

Mariano Macri, de él se trata, la fuente del libro “Hermano”. Los ejemplares estarán a la venta el próximo fin de semana. El autor es Santiago O’Donnell. “La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familias detrás de su hermano”, reza en la portada.

El expresidente al ser consultado acerca del libro no dudo en calificar a su hermano como “kirchnerista”.

Desde el fideicomiso ciego anunciado por Macri cuando llegó a la Casa Rosada, hay gente en la Argentina trabajando para saber más del patrimonio familiar. Una incógnita. La repentina muerte de Franco en su morada de Eduardo Costa 3030 aún sigue dando que hablar.

Fuentes bien informadas indican que el enojo de Mariano es por dinero, y que no obedece a desplantes de una mesa familiar de domingo. Ya no está tampoco Jorge Aguado para unir las piezas.

Al parecer, Mariano cuenta con 20% de acciones del grupo y quiere hacerlas líquidas. Su vida entre Brasil y China lo puso en una situación de aventurero. Los hermanos Mauricio y Gianfranco no contemplan en sus programas financieros adquirir el paquete accionario en la evaluación sugerida por su hermano menor. Un error.

El rechazo a la oferta significó que Mariano decidiera sentarse a declarar todo lo que sabe sobre la “famiglia” de quien fue presidente de la Argentina.

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Cristina Kirchner, Amado Boudou y Lázaro Báez encabezan la lista de imputados que ya no serán investigados por la Oficina Anticorrupción

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El titular de la OA, Felix Crous, resolvió que la dependencia a su cargo solo se mantendrá como querellante en las causas que ya están en juicio oral y público

La Oficina Anticorrupción (OA) del gobierno de Alberto Fernández dejará de ser querellante en varias causas de corrupción que fueron impulsadas por la administración Mauricio Macri. El actual director, Félix Crous, alegó ausencia de personal calificado y argumentos técnicos procesales para justificar una medida institucional con fuerte contenido político.

A través de una resolución administrativa, el director Crous comunicó que: “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.

Crous disolvió la oficina de Litigios y señaló que la falta de personal es la causa por la cual la OA dejará de ser querellante. Al salir de su rol de querellante en los casos, la OA -si es que no hubiera otro querellante como la AFIP o la UIF- dejará el impulso de la acción penal en mano de los fiscales.

Cuando Laura Alonso terminó sus funciones al frente de la OA en 2019 publicó un balance de gestión en el que explicaba en cuántas causas era querellante. “Actualmente, la OA querella en 38 causas, 3 de las cuales se encuentran en instancia de juicio oral por hechos de corrupción (Ruta del Dinero, Trenes Chatarra y Obra Pública). Asimismo, en 2019 se elevó a juicio la causa Hotesur (19 procesados), la segunda parte de Obra Pública en Santa Cruz (10 procesados), la causa de Río Turbio (19 procesados) y seis tramos de la causa de Cuadernos (47, 6, 13, 7, 53 y 10 procesados). Por otra parte, durante el primer semestre de 2019 fue condenado el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito donde la OA ejerció el rol de querellante. La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y bienes incautados al ex funcionario”.

La administración Crous ya había mostrado su intención de dejar de ser querellante en casos en los que estuvieran investigados ex funcionarios kirchneristas. Así fue que al principio de su gestión desistió de ser querellante en el caso Hotesur-Los Sauces, entre otros.

En ese caso se investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se s simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de la familia Kirchner.

La causa llamada Ruta del Dinero K está actualmente en juicio oral y público y se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero. El fiscal del caso pidió 12 años de prisión para Báez y la OA solicitó una pena de ocho años y seis meses.

El caso denominado como Obra Pública tiene a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner como imputada. Se investiga el otorgamiento de obra pública vial a Báez en la provincia de Santa Cruz.

El caso llamado Trenes Chatarra tiene a Julio De Vido y a Ricardo Jaime como principales imputados por la compra millonaria de trenes en desuso en España y Portugal. Jaime era secretario de Transporte y De Vido estaba a cargo del ministerio de Planificación del que dependía Transporte.

El Caso Cuadernos donde la OA es querellante aún no llegó a juicio oral y público. Allí la principal imputada es Cristina Kirchner y se investiga el pago de coimas por parte de las más importantes empresas de obra pública-algunos empresarios lo admitieron- para ex funcionarios kirchneristas. El Caso Cuadernos se dividió en varios expedientes de acuerdo a donde trabajaban los ex funcionarios que cobraron coimas. Hubo también ex funcionarios que admitieron haber cobrado coimas.

Según fuentes de la OA de la administración anterior, esa oficina-creada en el año 2000- es aun querellante en casos iniciados contra funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Entre esos casos se hallan el Caso IBM-Banelco, la entrega del espectro radioeléctrico a la empresa Thales y el pago de sobresueldos a funcionarios, entre otros.

La OA también figura como querellante en la causa que ya está elevada a juicio por administración fraudulenta en la que está imputada Romina Picolotti, quien llegó de la mano de Alberto Fernández a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el primer kirchnerismo.

La OA también es querellante en el caso de las coimas en el Soterramiento del SarmientoLa OA también es querellante en el caso de las coimas en el Soterramiento del Sarmiento

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado y detenido por el Caso Ciccone tiene otros expedientes abiertos en los que la OA es querellante. Uno de los expedientes versa sobre el enriquecimiento ilícito del ex vice, y también en la que se conoce como la ruta del dinero del Caso Ciccone. La OA también es querellante en el caso de las coimas cobradas por la sociedad The Old Fund y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. La empresa The Old Fund es la que compró Ciccone y está vinculada con Boudou. Esa causa-en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán– pasó ahora a la justicia ordinaria de Formosa.

La OA también es querellante en el caso denominado Once II en el que el ex ministro Julio De Vido fue condenado por su responsabilidad en la administración fraudulenta de los recursos del Estado que derivaron en la Tragedia de Once. La condena de De Vido se encuentra apelada en la Casación.

La OA es querellante en el caso que ya fue enviado a juicio oral y público en el que el ex Jefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani, quien fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito por no haber podido justificar los ingresos para la compra de su casa.

En otra investigación por enriquecimiento ilícito en la que la OA es querellante es la que implica a Carlos Liuzzi, quien fuera segundo de Carlos Zannini durante los años en los que el actual procurador del Tesoro de la Nación fue secretario Legal y Técnico de Néstor y Cristina Kirchner.

La OA de Alonso se había presentado como querellante en la causa en la que se investigaba a Gustavo Arribas, ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Se lo acusaba y fue sobreseído por una vinculación con un pago hecho por una persona involucrada en el Caso Odebrecht.

En el caso de pago de coimas pagadas por Odebrecht y sus socias argentinas para la realización del Soterramiento del Sarmiento, en el que están imputados De Vido, Jaime y el primo del ex presidente Macri, Angelo Calcaterra, la OA también es querellante. Esa causa aún no pasó a juicio oral y público.

La OA conducida por Laura Alonso desistió de ser querellante-antes de 2019- en causas en las que también estaban acusados ex funcionarios kirchneristas como el conocido como Caso Skanska.

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