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Economia

IFE, ATP y aguinaldos: el Gobierno pisa el freno y achica los programas de asistencia

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El alto costo fiscal obliga a reducir las partidas después de tres meses de cuarentena.

De camino a los cien días de cuarentena el gobierno pisa el freno y empieza a achicar los programas de asistencia armados para contener la emergencia social en medio de la pandemia del coronavirus. Ya con menos restricciones para circular y trabajar los funcionarios buscan ponerle coto al agujero fiscal al que se enfrenta el país este año, cercano al 7% del PBI según estimaciones privadas.

La piedra angular de la ayuda social en este período es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se puso en marcha junto con la primera fase de la cuarentena, a fines de marzo. La radiografía de la pobreza que el gobierno tenía hasta ese momento estaba llena de baches. A tal punto que arrancaron estimando que el bono de $ 10.000 alcanzaría a 3,6 millones de personas y se encontraron con una demanda de 12 millones de argentinos. Al organizar el padrón quedaron adentro casi 9 millones de beneficiarios. Así, lo que en las planillas iba a ser una partida de $ 36.000 millones se transformó en pocos días en un gasto de $ 90.000 millones. Y eso solo fue la primera fase. Con la extensión de la cuarentena y ya con la pobreza escalando, el gobierno tuvo que sumar una segunda ronda. Para junio el gasto ya era de $ 180.000 millones.

A punto de terminar el primer semestre el pico del coronavirus en Argentina aún no aparece. El gobierno se enfrenta ahora a la definición de una tercera fase del IFE y la restricción presupuestaria empieza a hacer efecto. A diferencia de otros países de la región que también implementan paquetes de ayuda, Argentina no puede endeudarse para enfrentar la pandemia. Mientras Chile toma deuda al 2,5% anual y Paraguay al 5%, Argentina tiene los mercados cerrados y una única alternativa: la emisión monetaria. La maquinita del Banco Central volcó a la calle $ 250.000 millones por mes, una situación potencialmente explosiva en una economía que va por su tercer año seguido de inflación por encima del 40% anual.

Desde el gobierno prometen que cuando llegue la reactivación en el segundo semestre irán esterilizando los pesos que abundan en el mercado para bajar la presión sobre los precios y a la vez ajustarán el gasto público. Pero el pronóstico oficial de cerrar 2020 con un déficit primario del 3,1% parece ilusorio. Las consultoras privadas están llevando ese cálculo al 7% del PBI.

Lo que viene

“Aún no sabemos si habrá un nuevo pago del IFE. No hay ninguna precisión”, indican desde Anses. Sin embargo, tanto desde esa repartición como desde otras vinculadas a la atención social admiten que cuando la cuarentena termine la pobreza habrá subido y que esto requerirá mantener algún tipo de asistencia al menos para los sectores más sumergidos.

De las 9 millones de personas que cobran IFE la mitad está en la economía informal y apenas 500.000 son monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Con ese escenario, Anses avanza para que con IFE o sin IFE dejar armada la estructura para que quienes estaban fuera del radar del estado ahora sean incorporados a las estadísticas y así sea más fácil implementar otro tipo de ayuda en la fase que viene. Por eso empujan la bancarización de los beneficiarios que hasta ahora no tenían cuentas. El plan es que dentro de un mes todos tengan CBU.

Por lo que se sabe hasta ahora habría una tercera fase del IFE pero sería más acotada que la actual. En principio lo que se maneja es mantener la prestación en el AMBA, donde la cuarentena es más rígida, y acotarla en las provincias que tiene ya la actividad en marcha, al menos en las familias que no están golpeadas por la pobreza profunda. Pero aun no hay una decisión final. Tienen tiempo para resolverlo hasta fin de mes y utilizarán este período para evaluar cómo viene funcionando el IFE. Desde las oficinas públicas manejan datos claves: sostienen que la primera tanda del bono de $ 10.000 evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos de clase media baja cayeran en al pobreza.

De este modo, lo que viene para la tercera fase del IFE sería en la misma tónica de lo que ya se resolvió para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la otra pata central de la ayuda en la emergencia.

Se trata del programa a través del cual el estado paga hasta el 50% de los sueldos del sector privado. Alcanza a 2 millones de trabajadores de 245.000 empresas. Y demanda $ 59.000  millones al mes. Ya hubo cubrió el pago de sueldos de abril y mayo. Y se confirmó que habrá una tercera, pero con cambios. Se achicarán los desembolsos públicos de modo que con el sueldo de junio el porcentaje del salario que solventa el estado sea menor al 50% que hubo en los meses previos. Y se buscará reemplazar esa ayuda por créditos blandos para las empresas que por la flexibilización de la cuarentena volvieron a producir y necesitan pagar cuentas atrasadas o invertir en insumos.

Además para reducir el costo, se dejó fuera a las empresas de más de 800 empleados que representan el 0,1% del total pero engloban al 12,7% de los trabajadores registrados.

Junto con esto viene la tercera pata en la que el gobierno pisó el freno. Pese a la demanda recurrente de las asociaciones empresarias, la administración de Alberto Fernández se plantó y anunció que no habrá ayudas para el pago de los aguinaldos, que deberían empezar a liquidarse la semana próxima. Desde el sector privado dicen que sin asistencia estatal la única alternativa es negociar el pago en cuotas. En las discusiones con el sector empresario, los sindicatos están más focalizados en mantener los puestos de trabajo que en negociar paritarias. Por lo pronto, el gobierno ya avanzó sobre el fraccionamiento de los aguinaldos públicos más altos sin que los gremios opusieran resistencia.

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Alquileres: ya es obligatorio para los dueños registrar los contratos en la AFIP

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Este lunes comenzó a regir el RELI dentro de la página del organismo recaudador, donde se deben inscribir los contratos. Es obligatorio para el locador y también podrá ser informado por los inquilinos.

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este lunes a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se deberán registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, entre otros.

Solo queda excluida la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Si bien los locatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

“Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, dijo Hernán Cruells, jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, a la agencia de noticias Télam.

Según explicó Cruells, el inquilino “no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio”.

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que “en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta”.

¿Cómo hacerlo?

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

En relación a las sanciones por no registración, Cruells indicó que “es un incumplimiento a deberes formales y les cabe las multas previstas en la ley de procedimiento fiscal“.

Además, alertó el funcionario, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.

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Por la brecha cambiaria, los productores guardan soja por 4.700 millones de dólares

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Pese al buen precio del cultivo, el ritmo de comercialización es similar al año pasado. El “dólar soja” cotiza a 60 pesos, muy lejos del dólar blue o dólar MEP.

Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.

Hasta el momento, los chacareros se desprendieron de 40,6 millones de toneladas de soja de las 49 millones de toneladas que se produjeron en 2020, según los últimos datos oficiales actualizados al 27 de febrero. De ese total, 32 millones de toneladas fueron compradas por la industria para procesar el grano y luego exportar como subproducto (harina y aceite) mientras que los exportadores se quedaron con 8,6 millones de toneladas para enviar al exterior como poroto.

De esa manera, los productores tienen en su poder 8,4 millones de toneladas del cultivo, lo que representa unos 4.700 millones de dólares, teniendo en cuenta la cotización del viernes del Valor FOB del poroto (el valor de la mercadería puesta en el puerto) que era de 562 dólares por tonelada, una cifra que aliviará las cuentas del Gobierno una vez que ingresen las divisas.

El ritmo de comercialización de la soja sigue resultando similar a lo que sucedió en el ciclo 2018/19 pesar del alto valor del poroto en el mercado de Chicago (mercado de referencia del mundo) donde este viernes cerró la jornada con 516 dólares, un 60% más que lo que cotizaba a igual fecha de febrero de 2020.

A esta altura de 2019, los chacareros habían vendido 46 millones de toneladas de las 55 millones de soja que se había cosechado. O sea, les faltaba vender un 17%, similar guarismo de lo que sucede en la actualidad.

El principal motivo por el cual los productores no quieren vender los granos, pese al buen precio, pasa principalmente por la brecha cambiaria. A precios de hoy, el dólar soja, como lo denominan al dólar que recibe cada productor luego del descuento del 33% de las retenciones que tributa el cultivo del dólar oficial, es de 60 pesos, muy lejos de los 145 pesos que cotiza el dólar blue o los 140 pesos del dólar MEP.

“En una situación donde el productor pudiera comprar dólares sin límites, como fueron años anteriores, habría mayor cantidad de ventas”, explicó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En este sentido, algunos productores, que tienen espalda financiera, venden la soja a medida que necesitan comprar insumos para la siguiente campaña y otros directamente lo utilizan como “moneda”, ya que cada vez más empresas agropecuarias se aggiornaron a la venta de bienes con el plan canje de granos, sobre todo las automotrices, marcas de maquinaria agrícola y empresas de insumos agrícolas.

“Si no necesitás la plata proveniente de la soja, los productores no la venden. Sólo lo hace si llega sin liquidez y venden cuando debe afrontar el pago de insumos para la próxima campaña, que es desde marzo en adelante”, remarcó Miazzo.

En tanto, también los productores guardan 7 millones de toneladas de maíz, continuando con los datos del Ministerio de Agricultura, valuados en casi 1.700 millones de dólares (el Valor Fob del viernes fue de 262 dólares) . De las 51 millones de toneladas que se produjeron en 2020, 38,8 millones de toneladas fueron compradas por la exportación y 5,1 millones por la industria.

Así, entre soja y maíz, los dos principales cultivos de Argentina, quedan sin comercializar 6.400 millones de dólares de la campaña pasada que seguramente en los próximos días se irán liquidando para solventar la compra de insumos para la campaña de trigo que se viene ya que como sucede todos los años, tanto la soja como el maíz, se termina vendiendo en su totalidad.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Con respecto a la nueva campaña de soja que empieza con la cosecha de fines de marzo, se encendieron las alarmas por el deterioro del cultivo en los últimos 15 días por la falta de lluvias y altas temperaturas. Por lo que la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que volvió a subir la condición regular y mala del cultivo de primera a un 30% y muchos cuadros buenos pueden derrumbarse.

En febrero solamente llovió el 23% de lo histórico y no hay pronósticos a favor en los próximos días. La media mensual de los últimos 30 años en la principal zona agrícola es de 100 a 120 milímetros en este mes. Pero a la fecha tan sólo el acumulado llegó a 25 milímetros, siendo el oeste cordobés y noroeste bonaerense las zonas más beneficiadas.

Ante esta situación adversa, en principio, la soja de primera puede bajar el rendimiento de 200 a 1000 kilos por hectárea el rinde, por lo que haría caer la producción total de soja, que fue estimada recientemente en 49 millones de toneladas.

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Suben los biocombustibles y empujarán otro aumento en los precios de las naftas

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El 12 también sube el componente impositivo. Hasta ahora, las petroleras siempre lo trasladaron a los importes que pagan los consumidores.

A partir de este lunes, las petroleras deberán pagar más por los biocombustibles con los que cortan sus productos. Ese importe -decidido por el Poder Ejecutivo- se reflejará en el precio de los combustibles, que aumentarán desde el lunes. La duda es si el incremento comprenderá solo el traslado por los biocombustibles o también será aprovechado para una mejora de márgenes de las compañías.

El biodiesel que deben utilizar las petroleras sube un 3,6%. Como se lo utiliza en un 10% de la mezcla, eso impactaría en un 0,36% del precio del gasoil. En el caso del alcohol para la nafta sube un 1,9% y se lo utiliza en un 12% de la mezcla. El aumento final al consumidor es de 0,2%.

En el Gobierno no quieren más aumentos en el precio de los combustibles. Pero además de la corrección por los biocombustibles, también hay una suba en los impuestos que pagan estos productos, que será desde el 12 de marzo.

Hasta ahora, las petroleras -encabezadas por YPF– nunca dejaron de trasladar los incrementos de sus costos a precios finales. De esa forma, el lunes ya debería darse una primera remarcación, para ajustar por biocombustibles.

La duda del sector es si YPF aprovechará esa suba para realizar una mejora en sus márgenes de refinación. El precio del barril de petróleo crudo Brent está en ascenso y eso impactará en los importes al consumidor, ya que es uno de los principales costos.

La combinación de la suba de dos costos (biocombustibles e impuestos) obligará a las petroleras a realizar algún ajuste. Se espera que el lunes los surtidores ya reflejen una parte de eso.

“Lo lógico sería un aumento del 2%, chico, que refleje el peso de biocombustibles, sirva un poco de mejora de margen y ya vaya corrigiendo el tema impuestos”, sugieren estacioneros consultados.

YPF es el principal jugador del sector y sus pasos marcan el ritmo de sus competidores. “Aun sin trasladar el precio del Brent, no hay posibilidad de no traspasar a precios los mayores costos. Los márgenes son muy finitos y las cuentas de YPF no le permiten mucho relajarse al respecto”, cuenta un competidor.

YPF también podria hacer un solo aumento ahora, que junte bicombustibles, impuestos y mejora de márgenes. Pero, en ese caso, el incremento podría estar por arriba del 2%.

La discusión llega en plena negociación del Gobierno para que las empresas no suban sus precios más allá de la pauta anual (del 29%), y que los salarios le ganen a la inflación. En una reunión del jueves pasado, las compañías de consumo masivo acusaron a la logística, el transporte y el encarecimiento del gasoil como uno de los principales factores que presionaban sobre sus costos.

En la industria dicen que YPF estará condicionada por el calendario electoral. Durante los meses de elecciones, la petrolera congelará sus precios. Para ello, debería aplicar aumentos anteriores para no llegar presionada a esa instancia.

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