Según dijo Pablo Saccone, fiscal de Estado de Santa Fe, las cautelares, presentadas en forma individual por cada distrito, piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales “por la fuerte defracción de recursos” y porque “el Presidente no puede disponer en materia tributaria”.
De las 13 provincias, cinco no corresponden al peronismo: Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero y Misiones. Una es Salta, ofensiva que lidera Juan Manuel Urtubey, gobernador que es candidato a vicepresidente por Consenso Federal, junto a Roberto Lavagna. La decena restante son los gobernadores que arman estrategia en línea directa con Alberto Fernández: Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y San Juan.
En el listado faltan Chaco, Córdoba y Entre Ríos. De las tres, Gustavo Bordet está elaborando un recurso similar para presentar el próximo miércoles, mientras que Juan Schiaretti ya había adelantado que hoy no compartiría la estrategia de sus colegas.
En Chaco, fuentes oficiales indicaron a Infobae que el gobernador Domingo Peppo prefirió esperar y no sumarse al tándem opositor. “Preferimos no tener que hacerlo, seguimos conversando”, respondieron sobre la pausa que se tomó el mandatario que el miércoles pasado estuvo en el CFI y luego acordó con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, deponer su candidatura a gobernador y conformar la unidad con el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.
El escrito presentado en la Corte Suprema va el línea con el documento que 18 gobernadores y un ministro de Economía (el de Córdoba) firmaron el miércoles pasado en la cumbre del CFI contra los decretos 561 y 567 que disponen modificaciones en los impuestos IVA y Ganancias.
En el máximo tribunal anticipan que, como en el caso del reclamo de las provincias productoras de hidrocarburos que protestaron por el congelamiento de los combustibles, se dará vista al procurador antes de resolver.
El planteo, para el que los gobernadores esperan una resolución “urgente”, indica que aunque se busca “paliar la grave situación económica que atraviesa el país”, el paquete de medidas “afecta intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las Provincias, de modo inconsulto”.
Se afecta, sostienen los fiscales de cada provincia, “el principio de legalidad (por el que el Congreso de la Nación debe modificar las leyes -como en el caso del IVA-), cuanto el sistema de coparticipación que impone la necesidad de abiertos entre Nación y Provincias para modificar recursos coparticipables -como ocurre con ganancias-“ al tiempo que se “violentan” los acuerdos establecidos en el Consenso Fiscal en 2018.
Los mandatarios están en una encrucijada: defender sus partidas frente al beneficio que implica para los bolsillos la devolución de dinero en concepto de adelantos ya pagados de Ganancias o la quita del IVA de la canasta básica.
Por eso repiten en sintonía en su defensa y ante las críticas que genera su reclamo: “Nación dictó medidas que dispone de fondos provinciales”. Y alegan que esa quita dificulta el cumplimiento de las funciones propias de la provincia, que en algunos casos hasta pondría en riesgo el pago de la segunda cuota del aguinaldo.