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Sociedad

Gestación por Sustitución: presentan un proyecto en el Congreso para incorporar esta práctica al Código Civil

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Sostiene que debe ser sin ánimo de lucro, que la gestante debe ser madre, no aportar sus gametos y no hacerlo más de dos veces.

La gestación por sustitución es un tema polémico. En algunos países está permitida y grandes empresas lucran con esta posibilidad que convierten en negocio. En otros países está prohibida. Argentina está en esa zona gris que postula que lo que no está prohibido está permitido. De hecho ya nacieron más de 50 bebés mediante esta práctica, todos en base a acuerdos privados. Este miércoles, y en el día que la Ley de Matrimonio Igualitario cumple 10 años, se presenta en el Congreso un nuevo proyecto de gestación por sustitución.

El proyecto de ley está encabezado por la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos, Córdoba) y cuenta con el acompañamiento de Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.

El proyecto busca modificar el Código Civil y Comercial aprobado en 2015. Cinco años atrás se barajó la posibilidad de incluir la gestación por sustitución, pero se armó tal revuelo que finalmente el tema quedó afuera. La Iglesia se opuso férreamente. Y también parte de la sociedad, que asegura que esta práctica puede llevar a la explotación de las mujeres, sobre todo las más pobres que necesitan alquilar sus cuerpos para comer. También parte del feminismo critica el uso del cuerpo de las mujeres como objeto, con el único fin de reproducir la especie. Y que no es digno regular este uso.

En su momento, la filósofa Diana Maffía, escribió oponiéndose: “El proyecto original orienta sobre lo que puede ser su regulación por ley en el futuro. Llamado ‘alquiler de útero’ o ‘maternidad de alquiler’, revela la ruptura simbólica de la gestación. De pensarla como efecto de un coito heterosexual e incluso un vínculo ya materno en el que se presume instinto, abnegación y amor, pasa a exhibir los rasgos de transformar el vientre materno y la función de gestar en una mercancía y un servicio”.

“El argumento más utilizado para legalizarlo es que de todas maneras se está haciendo sin regulación, con los consiguientes riesgos para la madre gestante, los padres adoptantes y las criaturas. ¿Esas cesiones de útero que se intenta regular, son solidarias? -planteó Maffia-. En su gran mayoría no, son parte de un mercado en que la brecha social marca el lugar de destino: consumidor o mercancía”.

De la vereda de enfrente, muchos especialistas aseguran que la falta de regulación es la que provoca mayores riesgos y desventajas ante una realidad que va por delante de las normas.

De los 52 registros que hay en Argentina, en un 76% se trataría de gestaciones de carácter altruistas, ya que quien gestó era hermana, cuñada, prima, madre, mejores amigas. ¿Y el 24%? “Es posible que haya habido un pago o alguna contraprestación. Lo cierto es que los niños nacieron y no se exige que la gestante sea la madre jurídica porque ello estaría en abierta violación al principio rector del interés superior del niño”, explica a Clarin la abogada Marisa Herrera, que estuvo en la redacción del Código Civil de 2015 y está detrás de este proyecto también.

En los Fundamentos del Proyecto se cita el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de niñas y niños: “Gran parte de estos abusos tienen lugar en contextos no regulados, a menudo en casos en que aspirantes a progenitor de países occidentales emplean intermediarios con ánimo de lucro para contratar a madres de alquiler vulnerables de países en desarrollo”.

“La falta de regulación termina siendo una absoluta desprotección, no sólo a las mujeres gestantes sino a todas las personas que involucra este tipo de técnica de reproducción asistida extraordinaria, porque compromete en el proyecto parental de una persona o pareja el cuerpo de otra -asegura Herrera-. Es deber del Congreso de la Nación animarse a dar debates para dar un marco normativo a una realidad que no se puede silenciar. Por otra parte, la gestación por sustitución es uno de los modos para que un hombre solo o en pareja con otro hombre puedan acceder a la paternidad, con lo que ello significa en clave de igualdad y no discriminación en razón de la orientación sexual en el derecho a formar una familia”.

El proyecto “Incorporación de la Gestación por Sustitución al Código Civil y Comercial de la Nación”, modifica partes de los artículos ya existentes relacionados con las técnicas de reproducción asistida, la voluntad procreacional, la información de la filiación y agrega específicamente la gestación.

Artículo 4°. Incorpórese el art. 562 bis al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente texto: Determinación de la filiación en la técnica de reproducción asistida de gestación por sustitución. La gestación por sustitución constituye un procedimiento de técnicas de reproducción médicamente asistida por medio del cual una persona denominada gestante, sin ánimo de lucro, lleva adelante un embarazo con el fin de que la persona nacida tenga vínculos de filiación con una persona o pareja, pretenso/s progenitores, con quien/es la gestante posee lazos afectivos. Este procedimiento debe ser autorizado por autoridad judicial de conformidad con las pautas que se establecen en el artículo siguiente, de lo contrario, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza.

Artículo 5°. Incorpórese el art. 562 ter al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente texto: Para la autorización judicial de gestación por sustitución se debe cumplir con los siguientes requisitos: a) La persona gestante y el o los pretensos progenitores: tener plena capacidad civil; acreditar aptitud física; tener cinco (5) años de residencia ininterrumpida en el país excepto se trate de personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país; contar con el debido asesoramiento y evaluación psicosocial.

b) La persona gestante: no aportar sus gametos; no haberse sometido a un procedimiento de gestación por sustitución más de dos (2) veces para lo cual debe crearse un registro en el ámbito de la autoridad de aplicación prevista por la ley 26.862; haber dado a luz y tener un (1) hijo propio.

c) El o los pretensos progenitores: imposibilidad de gestar y/o llevar a término un embarazo por razones de salud, sexo, género, identidad de género u orientación sexual; contratar un seguro de vida, a su costo y a favor de la gestante que cubra las contingencias que puedan derivarse de la gestación por sustitución y el deber a su cargo de una compensación económica en beneficio de la gestante para la cobertura de gastos médicos, traslados, asesoramiento legal y psicológico, sin perjuicio de la cobertura prevista en la ley 26.862. Esta compensación económica debe ser establecida por la Autoridad de Aplicación de la ley 26.862.

“El silencio termina siendo una postura incómoda y cada vez más insostenible”, opina Herrera, que asegura que en comparación con los demás proyectos que tienen estado parlamentario o el que acaba de presentar hace unos días el Senador Cobos, “este es el único proyecto en el que el Estado tiene una fuerte presencia a través de la Justicia para evitar, precisamente, los abusos y la explotación a la que aluden algunas voces feministas,en especial las que son abolicionistas, ya que la regulación de la gestación por sustitución comparte algunos argumentos que se esgrimen en el marco del debate entre prostitución versus trabajo sexual”.

“Un proyecto de ley que prevé un proceso judicial para otorgar autorización previa constituye una solución jurídica equilibrada de conformidad con todos los derechos que están en juego, en especial, establecer un límite de dos veces a la posibilidad de ser gestante”, explica la especialista. Y concluye: “Si algo está claro a esta altura de la lucha feminista es que el silencio legislativo siempre perjudica a las personas más vulnerables. Es hora de debatir un tema tan complejo como necesario. En todo caso deberíamos avanzar y animarnos a profundizar sobre el cómo”.

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Coronavirus

Coronavirus: la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre el uso de barbijos de tela

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El organismo aconseja usar los de tres capas y sin válvulas. Las desventajas de ponerse dos a la vez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles varios consejos sobre el uso de barbijos de tela durante la pandemia de coronavirus, en los que, entre otras cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y sin válvulas.

De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno, y la exterior podría ser también de polipropileno o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe epidemiológico semanal.

La organización también recomienda examinar el envase del barbijo para comprobar si ha sido probado en laboratorio, si garantiza al menos un 70 por ciento de filtración de pequeñas gotas, y si conserva sus propiedades durante al menos cinco lavados.

Por otro lado, la OMS subraya que no solo debe tenerse en cuenta la capacidad de filtración de las mascarillas, sino su adaptación a la cara: deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla sin dejar aberturas y a la vez permitir respirar bien.

En este sentido, el organismo advierte que usar dos mascarillas de tela a la vez puede conllevar ciertos riesgos, ya que podría dificultar tanto la respiración del usuario que lo obligaría a quitársela cada determinado tiempo para recobrar el aliento.

Las mascarillas de tela, no médicas, deben ser guardadas en bolsas de plástico u otros envoltorios seguros antes o después de su uso, y lavarse con jabón o detergente, preferiblemente a 60 grados.

Como alternativa, se puede lavar con agua a temperatura ambiente y jabón, aunque a continuación la OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo durante un minuto.

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Sociedad

Nuevos audios del entorno de Maradona: “Voy a armar una historia clínica porque si se muere harán una autopsia para ver qué pasó”

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El médico y los colaboradores del Diez sabían que el consumo de esas sustancias podía llevarlo al fatal desenlace del 25 de noviembre. Mensajes a los que accedió en exclusiva Infobae confirman que, tres meses antes, empezaron a preparar el terreno para evitar consecuencias penales

El temor del staff médico de Diego Armando Maradona por la posible muerte del ídolo se plasmó mucho antes de aquel fatídico 25 de noviembre de 2020 en el que finalmente el Diez falleció. Varios meses antes, y en reiteradas oportunidades, en el entorno conversaron sobre lo que podía llegar a pasar en el caso de que Diego muriera y cómo una autopsia forense desenmascararía el consumo de marihuana facilitado por parte del entorno. Incluso el propio Leopoldo Luque, neurocirujano a cargo del tratamiento del ídolo, envió un audio en el que habla de armar una historia clínica, incluyendo la estadía de Diego en México, porque “la puede quedar en cualquier momento”.

Por si acaso “las hijas se quieren tirar en mi contra, los papeles tienen que estar bien ordenados”, se cubrió insólitamente el médico, en un audio al que accedió Infobae.

El 14 de agosto, tres meses antes de su muerte, se registró una conversación de este tono entre Maximiliano Pomargo, asistente de Diego, que según testigos se encargaba de controlar sus teléfonos y filtrar llamados de familiares o amigos, y el neurocirujano Luque. El chat generó dos preguntas en los investigadores: ¿por qué los médicos y el entorno no podían evitar que “Charly” Ibáñez, primo de Rocío Oliva, prófugo por robo, le diera marihuana a Diego? Y segundo, ¿qué los llevó a conversar sobre una autopsia en un paciente que estaba vivo y, según ellos, en plena recuperación?

La conversación comienza así:

“Que le siga dando porro Charly que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos”, le escribió Pomargo a Luque en relación a Ibáñez. “Hay que rajarlo. Esta semana tiene que volar”, le responde el médico, y remata la charla con un anticipo de lo que ellos creían que podía pasar y formaba parte de sus preocupaciones: “Eso autopsia si muere. Sabelo”.

Chats sobre una eventual autopsia a MaradonaChats sobre una eventual autopsia a Maradona

No era la primera vez que Luque se alarmaba por el uso de marihuana y sus posibles consecuencias legales en el caso de que Maradona muriese. Ese temor lo invadió en reiteradas oportunidades. Incluso se lo expresó a Maradona, como quedó plasmado en el audio revelado por el documental de Infobae “La muerte de Maradona: sus últimos días”, donde el médico cuenta una conversación que tuvo con el Diez:

“Lo agarré y le dije: “Escuchame, no podés mezclar boludeces, te podés morir. Si vos mezclás faso, alcohol y pastillas, te morís”.

El 25 de abril de 2020, exactamente siete meses antes del trágico final de Diego, Leopoldo Luque le envía un audio a Vanesa Morla, quien se encargaba de las finanzas en la casa de Diego, contándole que iba a preparar una historia clínica con todos los papeles bien ordenados porque, según expresa, “Diego la puede quedar en cualquier momento”.

“Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, qué sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea… los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo”, dijo el neurocirujano.

Entorno: Maximiliano Pomargo y "Charly" Ibáñez, el supuesto nexo entre el Diez y el consumo de marihuana.Entorno: Maximiliano Pomargo y “Charly” Ibáñez, el supuesto nexo entre el Diez y el consumo de marihuana.

“Y lo que vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no. Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”, cerró el diálogo Luque.

Exactamente un mes después, el 25 de mayo, el propio Luque intercambia mensajes con el supuesto kinesiólogo de Maradona, Nicolás Taffarel, que era el encargado de informarle al neurocirujano lo que pasaba en la casa: “El otro día le dije a Charly (Ibáñez) que era un peligro la mezcla (de alcohol, marihuana y pastillas) y que si le pasaba algo quién se hacía cargo. Porque si se muere le van a hacer una autopsia para ver qué le pasó”, escribió Taffarel. “Yo le voy a decir lo mismo”, cierra Luque.

Chats sobre el consumo de drogas en la casa donde estaba MaradonaChats sobre el consumo de drogas en la casa donde estaba Maradona

Uno de los investigadores de la causa razona ante la evidencia: “Por algún motivo que desconocemos todos estaban preocupados por la mala influencia de este personaje Charly, prófugo de la Justicia desde 2017 por robo a mano armada, pero nadie podía hacer nada para alejarlo de Diego. Todos estaban al tanto de que el cocktail que ingería Diego podía llevarlo a la muerte pero parecen solo comentarlo y no accionar inmediatamente”.

Finalmente, las pericias toxicológicas revelaron que Maradona no tenía rastros de alcohol o marihuana en el cuerpo al momento de su muerte.

Tanto los chats como los audios, incluidos en el expediente, formarán parte de las pruebas que los médicos especialistas en distintas disciplinas evaluarán en la junta médica que comenzará el próximo lunes 8 de marzo y que se extenderá, se estima, por unos 15 días.

Si bien esas conclusiones serán una prueba más dentro de la causa, serán fundamentales para avanzar en distintas cuestiones como los pedidos de declaraciones indagatorias y posibles pedidos de detención. Las próximas semanas serán claves en una causa que avanza velozmente: 400 páginas de los 17 cuerpos del expediente corresponden a conversaciones desgrabadas.

Enemigo íntimo: Luque y Maradona en una foto íntima.Enemigo íntimo: Luque y Maradona en una foto íntima.
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Un informe de la Fundación LED reveló que en 2020 hubo 141 casos de limitaciones a la libertad de expresión

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Se trata de casos por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública

La Fundación LED publicó su informe anual titulado “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, y en la edición 2020 se reveló que el año pasado se registraron al menos 141 casos en los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

“La pandemia de Covid-19 no ha sido solo un fenómeno epidemiológico, sino que por sus dimensiones se ha constituido en un factor disruptivo en las relaciones sociales, culturales y económicas, con impacto en la salud física y psicológica de las personas, cuyo alcance todavía es imposible de calcular”, comienza el informe al que accedió este medio.

En esa línea, la organización aseguró que “la comunicación social experimentó un cambio trascendental en la vida cotidiana sobre todo en los inicios de la pandemia. Los medios y plataformas digitales nunca han tenido como en la primera mitad del año 2020 un rol tan relevante en la articulación de las relaciones humanas; difundiendo la evolución de la crisis, las políticas sanitarias adoptadas, las medidas de prevención y las instrucciones para organizar a la sociedad fomentando estrategias compartidas por la comunidad internacional, intercambiando experiencias y acelerando la cooperación científica en busca de una cura”.

Respecto de los casos en los que se afectó la libertad de expresión, la Fundación los divide en siete categorías: 1 – Ataques, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación; 2 – Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente; 3 – Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas; 4 – Amenazas o intimidaciones a Periodistas; 5 – Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura; 6 – Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación; 7 – Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina.

Los ataques a la libertad de expresión de las Categorías 1 y 4 son los que más se reiteranLos ataques a la libertad de expresión de las Categorías 1 y 4 son los que más se reiteran

El informe reveló que en 2020 hubo 34 casos de Categoría 1; 27 de Categoría 2; 13 de Categoría 3; 32 de Categoría 4; 17 de Categoría 5; 5 de Categoría 6; y 13 de Categoría 7.

En detalle, los autores del informe 2020 aseguraron que “el año del Covid-19, generó cambios sociales de gran magnitud que modificaron muchas de nuestras conductas personales, intrafamiliares, comunitarias. La centralidad y omnipresencia de internet para la comunicación brindó excelentes herramientas para morigerar los efectos negativos de la pandemia, pero también ha generado un fuerte debate en casi todas las latitudes sobre la influencia de internet en la profundización de aspectos nocivos como la desinformación o sobre la utilización de censura y monitoreo sobre la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, entre otros aspectos que se plantearon riesgosos para el ejercicio pleno de los derechos civiles y las libertades ciudadanas”.

Fake news, infodemia, aislamiento social, ciberpatrullaje de redes sociales, censura, aplicaciones de trackeo de contagios impuestas desde los estados para el seguimiento de los ciudadanos afectados o en contacto con enfermos de Covid-19, fueron solo algunos de los temas que tomaron relevancia y que caracterizaron el debate público el año que pasó”, se resaltó.

En tanto, el informe explicó que “el impacto y la huella que cada uno de ellos ha dejado sobre la libertad de expresión, la libertad de circulación, el derecho de protesta, la libertad de pensamiento y opinión fue determinante y ha marcado un debate renovado en nuestro país sobre la necesidad de fortalecer la democracia con compromiso de todos y sin excepción”.

Más detalles de los ataques contra la libertad de expresión en los últimos añosMás detalles de los ataques contra la libertad de expresión en los últimos años

En Argentina en particular el ciberpatrullaje implementado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y la creación de distintos organismos estatales destinados a regular contenidos en redes sociales, a través “observatorios de medios”, se constituyeron en los aspectos más negativos dejados por el año de la Pandemia sobre las libertades individuales. La creación de NODIO, un observatorio estatal en el ámbito de la defensoría del público, seguido por la implementación de un observatorio municipal en la Ciudad de Rosario para el seguimiento de contenidos digitales y una ley provincial que dio luz al observatorio de medios en la provincia de Santa Cruz son claros ejemplos de los intentos de regular contenidos de internet y monitorear la opinión ciudadana”, sostiene el trabajo realizado por la Fundación LED.

En ese sentido, los autores del texto destacaron que “en distintas provincias argentinas el ciberpatrullaje culminó con ciudadanos encarcelados por su opinión, como en la provincia de Misiones o periodistas multados por opinar sobre las medidas sanitarias, como en el caso de la localidad de Pichanal en la provincia de Jujuy y el del periodista Diego Masci condenado por publicar un video en su sitio web de una ex ministra provincial en San Luis, entre otros. También en la provincia de Formosa las restricciones para la ciudadanía y la prensa a expresarse fueron fuertemente limitadas. Muchas marchas de reclamo en distintas ciudades de la Patagonia terminaron con ciudadanos intimados, sufriendo maltrato policial o multas abultadas por circular sin permiso cuando expresaban su descontento”.

“Por otra parte, en un contexto particular, donde rigieron severas restricciones para la circulación, los trabajadores de prensa y los ciudadanos en general han visto alteradas y afectadas sus posibilidades de ejercer libremente su labor”, enfatizó el informe

Por otro lado, los autores aclararon que “muchos de los casos que se reportan en el informe, por su gravedad o por su alcance, han sido informados a los ámbitos internacionales correspondientes como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) o la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entrado el presente año, uno de ellos ocupó la atención de la Fundación LED por las restricciones impuestas al ingreso a la provincia de Formosa a periodistas y medios de otros puntos del país y que ameritó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de garantizar la libertad de prensa y restablecer la libertad de circulación e ingreso de los periodistas en dicha provincia”.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que desde 2011 se dedica a proteger y difundir el derecho a la libertad de expresión y al seguimiento de las políticas públicas en materia de pauta publicitaria, acceso a la información y transparencia.

El informe completo:

La edición 2020 del Informe LED “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, está integrada por un breve análisis del contexto que ha influido sobre el ejercicio de este derecho fundamental a lo largo del año. La información detallada de los casos que fueron analizados y registrados como limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2020, se presenta en un capítulo dedicado a detallar de manera cronológica todos los hechos que llegan a conocimiento de la fundación, por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

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