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Politica

Ernesto Clarens: “Hasta el 2010 le entregué a Muñoz no menos de 30 millones de dólares”

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A lo largo de cinco declaraciones en busca de ser arrepentido, Ernesto Clarens detalló cómo era la operatoria de recaudación implementada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Parte de esas declaraciones ya habían sido publicadas por este medio pero ahora Infobae accedió al legajo reservado completo  de 167 páginas con todos sus dichos. Para poder convertirse en imputado colaborador, brindó detalles del esquema de cobro de coimas pagadas por las empresas de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En su primera declaración ante el fiscal Carlos Stornelli, el 17 de agosto, Clarens señaló que le llevó “alrededor de 20 o 25 millones de dólares de la recaudación” de las coimas al ex secretario privado del matrimonio, el hoy fallecido Daniel Muñoz. Esa cifra fue su cálculo hasta el 2010, cuando murió Néstor Kirchner. Sin embargo, fue rectificada por Clarens en sus sucesivas declaraciones, en las que aseguró que no habían sido “menos de 30 millones de dólares” que le había entregado al entonces secretario de los ex presidentes.

Este monto mencionado por Clarens no incluye la recaudación de las coimas en el área de energía y de transporte.

Las entregas fueron en el departamento de la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta. “La dejaban ahí y, según escuché, los viernes con la recaudación de la semana, subían el dinero en un avión y lo llevaban a Río Gallegos, y luego a la casa en El Calafate donde vivían los Kirchner. Me refirió asimismo (por Muñoz) que en la casa de El Calafate había un escondite en el sótano donde guardaban las cosas. Asimismo me manifestó que en ese lugar no se podía estar por el fuerte olor a tinta“, afirmó ante Stornelli el financista. Pero esa primera declaración fue considerada insuficiente por el juez Claudio Bonadio y el acuerdo no fue homologado en esa oportunidad.

También precisó que “Muñoz iba en avión, no sé si en el Tango o dónde, pero vía aérea seguro. Normalmente se iban los viernes, el destino final era El Calafate, debajo de la casa guardaban el grueso del dinero. Muñoz se quejaba a veces por los montos que llegaba a recaudar por lo escaso de los montos, eran menores porque Vialidad había dejado de pagar en tiempo y forma”.

Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, uno de los responsables de llevar el dinero al sur.

Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, uno de los responsables de llevar el dinero al sur.

Rico Mc Pato y la araña

A lo largo de sus declaraciones, el financista insistió en que “el dinero era enviado al sur“. También destacó que  Baez lo consultó sobre qué hacer con el dinero. “Yo le dije que comprara activos. De repente supe que compró, a modo de ejemplo, restaurantes, estaciones de servicio, agencia de turismo, campos, estas compras no las registraba en la contabilidad, y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio sino con dinero del matrimonio Kirchner.

En otra de las oportunidades frente al juez y el fiscal, abundó que, según entendía, “el dinero de la obra pública no era suficiente para esas adquisiciones y que podría haber tenido otro origen“, y “Báez haber actuado como prestanombres presidencial”. En ese sentido, aseguró: “Las compras en el sur eran siempre en efectivo. El dinero físicamente se encontraba en Santa Cruz“.

También se explayó sobre los apodos de los ex presidentes. “Se decía que los billetes de Báez con los que pagaba Báez estaban húmedos. Báez decía que Néstor Kirchner era como Rico Mc Pato, por lo mucho que le gustaba el dinero en efectivo“.

También se explayó sobre el trato del ex presidente con quien fuera su “sombra” durante su paso por la Casa Rosada: “A modo de anécdota quiero agregar que un día Muñoz me pidió ir a la cancha de Boca, comenzamos a charlar y ahí me contó que Néstor Kirchner era mala persona y que la esposa era peor, que era una araña. Eso fue al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner. Me contó también que le pegaba, me relató que en una oportunidad estando en el despacho presidencial,  Muñoz cerró la puerta y lo llamó para ordenarle que la vuelva a cerrar pero con suavidad, lo volvió a hacer y aparentemente no fue lo suficientemente suave, para lo cual lo llamó a su presencia y  le dio una trompada“.

Su relación con los empresarios

Sobre su rol, Clarens insistió en que no era él quien definía a quién cobrarle. La recaudación dependía de las obras que le habían sido asignadas a las distintas constructoras de obras viales, mediante el sistema de cartelización coordinado por el empresario por Carlos Wagner, a pedido del ex ministro Julio de Vido.

Asimismo, negó haber “extorsionado” a empresarios para que le paguen. “Jamás me puse yo del lado del gobierno en apretar empresas, con ninguna, todo lo contrario. Venían y me decían ‘no puedo pagar porque no me pagan bien”, yo les respondía ‘pagá lo que puedas’, mientras  había flujo de caja, para estos no iba a pasar nada”.

Se refirió puntualmente a “las manifestaciones de (Juan) Chediak y (Luis) Losi en los medios”.  sobre ellas, dijo: “Me atribuyen haberlos presionado para el pago de sobornos acordados en la camarilla (la Cámara de Empresas Viales), vuelvo a negar que eso haya ocurrido. Por el contrario estaban muy conformesNo fue extorsiva, sino beneficiosa para ellos. Al punto que Chediak me invitó con mi esposa a cenar a su casa en una reunión social, en la que cantó y tocó la guitarra”.

Clarens se refirió, a su vez, a los aportes electorales en negro hechos por los hombres de negocios en 2013. “Fuera de la operatoria referida a la obra pública vial, ese año López me dijo que algunas empresas llevarían dinero para la campaña electroal del kirchnerismo. Por ejemplo, recuerdo en particular: Esuco, Cartellone, Losi, Chediack, Roggio, entre otras. En esa operatoria, le levaban directamente el dinero a (José) López a un departamento cerca del Hotel Faena, en Puerto Madero”. Esas contribuciones por fuera de la ley, según relató, se repitieron en la campaña del 2015.

Cambio de dólares

El financista sostuvo que el dinero que recibía de los empresarios lo cambiaba por dólares  y “se lo entregaba a Muñoz, en el Hotel Panamericano si el monto era chico.  Pero si era un millón de dólares, por ejemplo, me decía ‘llevalo a Juncal, al departamento'”, precisó.

Sobre la operatoria de cambio de divisas, detalló: “(Los empresarios) me pagaban en pesos a partir del cobro de certificiados (de obra). Después salía al mercado a comprar dólares. Mi negocio era el cambio, al principio era cuidadoso pero después conseguía obtener más margen”.

También nombró el corredor con el que operaba. “Generalmente hablaba con un corredor, (Jorge Marcelo) Vallarino, normalmente era en cuevas, y en algunas ocasiones con la mesa de dinero del banco Finansur que hacía de nexo con alguna casa de cambio. En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar“.

Tras caerse el acuerdo que había firmado con Stornelli el 7 de agosto, Clarens declaró nuevamente el 23 y el 31 de ese mes. También presentó escritos ampliatorios donde fue aportando detalles que dijo ir “recordando”. Recién su declaración del 8 de septiembre logró ser homologada por Bonadio y así se convirtió en arrepentido, lo que le garantizó su libertad durante el proceso. Eso no le valió, sin embargo, evitar ser procesado como miembro de una asociación ilícita comandada por los ex presidentes.

La Rosadita y los euros

El financista negó cualquier vinculación con SGI, la financiera de Federico Elaskar, que pasó a estar controlada en 2011 por gente de Lázaro Báez. “Cuando me dicen que  tengo algo que ver con La Rosadita es mentira, no tenga nada que ver con la Rosadita. De hecho quedó demostrado en todos lados que Báez eligió otra persona. Ni a Fariña ni a ninguno de esos muchachos los conozco”, señaló en relación al sindicado como “valijero” del empresario, al contador Daniel Pérez Gadin, el abogado Jorge Chueco y el ex marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi.

“En esa época Báez conmigo estaba enojado. Nunca tuve manejo de las cuentas de Lázaro Báez, de todas las operatorias que hizo. El euro afuera estaba a 1.20 y acá estaba a 1.10, ellos vendían euros y pedían transferencias en dólares para girar afuera. No hay mercado grande en la Argentina para vender tantos euros, para vender en cantidad tenés que esperar un par de días. Acá se cambiaron 60 millones de euros que se dice que hizo la Rosadita, y el mercado argentino no podía soportarlo. A lo sumo puede soportar el cambio de un millón de euros diarios. Esos euros que se cambiaron, no sé de quién eran, no me consta”.

El financista se ocupó de destacar que su relación con el empresario patagónico detenido no era buena. “Tenía diferencias con Lazaro Báez, era desprolijo. No me gustaba el trato que tenía con (el empresario de la construcción santacruceño ya fallecido) Gotti. Yo no quería ser su socio, pensaba que podía obtener cualquier cosa para obtener poder“.

En las posteriores declaraciones, Clarens amplió los detalles sobre el dinero trasladado hacia la provincia de Santa Cruz. Dijo que, incluso, había un custodio que resguardaba lo que los Kirchner ocultaban en el subsuelo de su casa en Calafate. “La plata estaba guardada en archivos de oficina. Me parecía una locura pero a Kirchner le gustaba el efectivo, por eso cuando hablan de cuentas en el exterior, me resulta extraño”, agregó.

Cuentas en el exterior

El financista negó haberle abierto cuentas en el exterior a Néstor y Cristina Kirchner, o a Muñoz. “Si fuera así,  yo se lo diría porque a mí no me suma ni me resta nada. Una sola vez, Muñoz me consultó sobre cómo eran las cuentas afuera, yo le conté pero no me dijo nada más. Yo estaba en Buenos Aires, tenía que recibir la plata de las empresas y convertirlas en dólares, esa era mi función, me tenían ahí, haciendo lo que tenía que hacer y punto. Sí hay una persona que manejaba esas cuestiones. Cuando llegué a Santa Cruz en el año 1995, el que manejaba eso era Eduardo Caffaro, con Aldo Ducler. Nunca supe si Caffaro era empleado de la Gobernación o de Ducler, pero la persona que a Kirchner le manejaba los fondos de afuera era Caffaro. Para hacer algo en el exterior, la persona que Kirchner consultaba era Caffaro. A tal punto, yo voy un día con Merry Lynch a ver a De Vido en Santa Cruz, a ofrecerle los servicios para poder asesorarlo en el manejo de fondos de la provincia, que eran 600 millones de dólares, que para mí era una comisión espectacular. Entonces yo pregunté qué pasaba y Lázaro Báez me dijo: ‘esto lo maneja Caffaro'”.

En su defensa, descartó las versiones periodísticas que lo señalaban llevando dinero en su “novelesca lancha rápida” y sin controles a Uruguay, donde tenía una casa de fin de semana en Carmelo. Para Clarens, esta idea era descabellada ya que siempre iba los fines de semana con su familia desde hace diez años, y que Buenos Aires era una mejor plaza para operar con efectivo que Montevideo.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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El Gobierno promulgó la ley que establece que los próximos acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso

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La norma fija límites y controles a la emisión de deuda. Frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández calificó como el mayor fraude de la historia el crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El Gobierno promulgó este miércoles la ley que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 131/2021 que promulga la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada por la Cámara de Diputados semanas atrás.

La norma fija que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso. En efecto, el artículo 1° de la Ley 27.612 explica que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, determinó.

Mientras que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, también requerirá del aval de los legisladores nacionales.

Tanto la emisión de deuda en moneda extranjera como los programas firmados con el FMI “no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)

Alberto Fernández firmó la promulgación de la ley luego de su enérgico discurso frente a la Asamblea Legislativa en el que criticó la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri. Dentro de las casi dos horas que duró su exposición, dedicó un capítulo de la apertura de sesiones ordinarias a la relación del gobierno de Cambiemos con el FMI. En ese sentido, adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

El Presidente sostuvo que “debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”. Y graficó: “A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado“, concluyó su cuestionamiento hacia la gestión de Macri y precisó que las negociaciones con el FMI “seguirán adelante en un macro de respeto”. Si bien aclaró que desde el Gobierno no pretenden apresurarse en cerrar un acuerdo con el Fondo, el mismo será tratado por las ambas cámaras para su aprobación.

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, expresó el Jefe de Estado.

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