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En un trámite exprés, la Legislatura de Mendoza sepultó la reforma de la ley minera
El amplio rechazo obligó al gobierno de Rodolfo Suárez a dar marcha atrás. Senadores y Diputados lo votaron por amplia mayoría.
En un trámite exprés, la Legislatura de Mendoza derogó este lunes la ley 9.209 que pretendía reactivar la minería metalífera. La resistencia de miles de mendocinos que salieron a la calle y continúan movilizados en “defensa del agua pura” y en contra del uso de de cianuro y ácido sulfúrico en la minería, más la oposición de varios intendentes y el arrepentimiento del peronismo que acompañó la reforma, obligó al gobierno del radical Rodolfo Suarez a dar marcha atrás.
Primero fue la Cámara de senadores la que votó el proyecto de derogación enviado por el gobernador con un amplio apoyo: 34 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención.
Más tarde, Diputados también refrendó la marcha atrás de la polémica norma con 44 votos afirmativos y 3 en contra.
La resistencia de miles de mendocinos que salieron a la calle y continúan movilizados en “defensa del agua pura” y en contra del uso de de cianuro y ácido sulfúrico en la minería, más la oposición de varios intendentes y el arrepentimiento del peronismo que acompañó la reforma, obligó al gobierno del radical Rodolfo Suarez a dar marcha atrás. El resultado: 34 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención en la Cámara alta.
El banderazo de ayer en Mendoza.
“Hoy diputados y senadores votarán la derogación de la ley 9.209 y vuelve a tener plena vigencia la ley 7722. El debate minero quedará para otro momento”, dijo en declaraciones a radio Nihuil, el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibañez. La Ley 7.722 es el emblema de la lucha ambientalista en Mendoza, fue sancionada en 2007 durante el gobierno de Julio Cobos y prohíbe el uso de sustancias químicas para la explotación minera.
El único municipio que resiste la marcha atrás es Malargüe, en el sur provincial. Con gran potencial minero, tenía en carpeta varios proyectos mineros que ahora quedan frenados.
El costo político para el gobernador Suarez ha sido muy grande, a quince días de asumir, avanzó con la reforma minera y tuvo que reconocer: “No hay licencia social, vamos a derogarla”. Más claro fue el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), quien dijo: “Es imposible volver a tocar el tema minero en esta generación”. Y sobre la preocupación acerca de la ampliación de la matriz productiva de la provincia, aclaró que podrá ser con el turismo, la innovación tecnológica o las energías renovables pero “no será a través de la minería metalífera”.
A lo largo de una semana, la respuesta de ambientalistas y vecinos fue marchar y protestar con sus cacerolas en las calles y, con mayor convocatoria, en las zonas productivas, como el oasis del Valle de Uco. El lunes 23 de diciembre, lo que se había anunciado como “la marcha ambientalista más grande”, que unió un corredor productivo de 120 kilómetros, terminó en represión policial en la Casa de Gobierno. En Nochebuena y los días siguientes, las protestas no cesaron y hasta el gobernador fue amenazado de muerte por teléfono por habilitar una actividad que “envenena el agua”.
Hubo cambios de postura en la oposición: el kirchnerismo que aportó votos para conseguir la reforma, luego se arrepintió; más allá de que la minería tiene aval del propio presidente Alberto Fernández. “Desde el Frente de Todos Mendoza solicitamos la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero. Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria”, planteó la mesa de conducción y tres de los legisladores que votaron a favor de la reforma minera.
La semana pasada, siete comunas anunciaron que suspendían sus fiestas departamentales de la vendimia hasta que no se derogara la ley, mientras las principales abanderadas de la protestas fueron las reinas de la celebración de la fiesta de la cosecha. También la Iglesia Católica se sumó a la embestida contra la ley pro minera y, tanta presión social, obligó al gobierno a dar marcha atrás. “Atento a los reclamos que con se han incrementado, no obstante la convocatoria del diálogo que hicimos desde el Gobierno provincial y con el deber de conservar la paz social, proponemos la derogación de la Ley 9209 y el pleno restablecimiento de la ley 7.722″, según reza el proyecto firmado por Suarez que ingresó a la Legislatura mendocina.
“Los guardianes del agua”, como se autodenominan los ambientalistas que defienden la ley 7722, hicieron un “banderazo provincial” la noche del domingo y permanecieron en una vigilia frente a la Legislatura provincial hasta que la reforma minera quede sepultada.
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