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Sociedad

En Mendoza, aplicaron multas de hasta $57.000 a padres de menores alcoholizados en “previas” y fiestas privadas

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Por la aplicación del nuevo Código de Faltas, la Justicia mendocina sancionó este fin de semana a 16 padres de menores que se alcoholizaron en “previas” o fiestas privadas. En los casos más graves, las multas pueden llegar hasta los 57.000 pesos.

Los controles de baresboliches y festejos clandestinos son realizados por la Subdirección de Diversión Nocturna. El organismo tiene la potestad de aplicar controles de alcoholemia a menores. Si observa una infracción, puede llamar al padre para que venga a buscarlo o llevar al chico en la comisaría del Menor, hasta que el adulto responsable se haga presente.

Una vez registrada la inconducta, quien se encarga de definir la severidad de la sanción son los jueces de Paz.

“Anteriormente, el código establecía que el padre iba a tener la sanción en caso de mostrarse falta de cuidado o protección. En esos casos, los padres siempre presentaban recursos de que los dejaban en casas de amigos. No sabían que ellos ingresaban a lugares prohibidos para menores”, indicó Mauricio Pinti, titular de la subdirección de Diversion Nocturna.

El nuevo Código de Faltas mendocino establece que los padres que suministren o permitan el consumo de alcohol o sustancias a sus hijos serán sancionados con arresto de 15 a 60 días, trabajo comunitario de hasta 20 días o una multa de entre 14.250 y 57.000 pesos.

También puede implicar la obligación de realizar una terapia de familia o la asistencia a un curso de responsabilidad parental para los chicos que incurran en contravenciones.

“La sanción la hace el juez de falta. Va de 2000 a 4000 unidades fijas de Mendoza, que hoy sería entre $20000 y $40000 pesos, además de trabajos comunitarios en ámbitos del gobierno. En caso de reincidir se elevaría al doble”, aclaró Pinti.

Para el caso de bares o boliches que permitan el ingreso de menores, las sanciones van hasta los 38.500 pesos de multa o trabajo comunitario entre 20 y 40 días.

Postal del debate de la sanción del Código Contrevencional. (@senadomendoza)

Postal del debate de la sanción del Código Contrevencional. (@senadomendoza)

La normativa está en vigencia desde el 1 de diciembre. Hasta ahora, al menos serían 16 los padres que deberán rendir cuentas antes los jueces de Paz, informó el diario El Sol.

Con la nueva legislación, se apunta a que los adultos no puedan desentenderse si son permisivos con el exceso de alcohol de sus hijos. Y menos aún, afirmar que no sabían dónde estaban los chicos por las noches.  “Era difícil sancionar con ese gris en la ley. Ahora se presume que si el chico está ahí, es una falta de cuidado”, sostuvo Pinti según el diario Crónica.

Antes de efectuar una multa, el procedimiento judicial consiste en una audiencia donde el acusado podrá ofrecer como resarcimiento un pago, una conductora reparadora, pedido de disculpas o la promesa de no volver a hacerlo. Si no hay acuerdo, habrá debate judicial y el juez tendrá que resolver.

Si llega a haber arresto, los detenidos deberán estar recluidos en celdas especiales, correspondientes con la gravedad de la infracción.

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Sociedad

Una obra social deberá indemnizar a una afiliada por el tiempo perdido en trámites

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En un fallo poco común, la Cámara Federal de Rosario reconoció las “horas de vida” que perdió una de sus afiliadas haciendo trámites para que su hija, una paciente con discapacidad, pudiera acceder a su tratamiento. La Cámara convalidó un fallo de primera instancia y ordenó a la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) indemnizar a la madre con 100.000 pesos por haber dilatado de forma “innecesaria” la cobertura médica y por haberla expuesto a ella a un “daño moral”.

El fallo de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Lorenzo Barbará responsabiliza a la aseguradora de retardar “injustificadamente la efectivización de las prestaciones e incluso negándolas sin motivo alguno” a pesar de que un fallo anterior había ordenado que lo hiciera, por lo que también advirtió que la obra social “tuvo una conducta reticente y dilatoria” en incumplimiento de la sentencia previa.

Durante dos años, la mujer tuvo que encontrar maneras alternativas de costear la atención médica que su hija necesitaba. Al mismo tiempo, debió abonar también numerosas cartas de documento enviadas a la obra social. De acuerdo a los testigos, la odisea de la mujer llegó al extremo de que compañeros de trabajo de la mujer juntaron dinero para ayudarla, y que también solicitó asistencia a la municipalidad de Pérez, distrito en el que vive.

A pesar de que había logrado que la Justicia fallara a favor de su reclamo, la obra social siguió empecinada en no cumplir con sus obligaciones, por lo que la mujer tuvo que recurrir a una instancia superior. Al comprobar la inacción de la obra social, los jueces concluyeron que la mujer “no encontró una respuesta satisfactoria en la atención recibida”, sino que por el contrario, “la situación por ella vivida durante muchos años, la pérdida de horas de su vida en las tramitaciones que se vio obligada a realizar, le han significado un padecimiento espiritual digno de ser indemnizado a título de daño moral”.

Los letrados tuvieron en cuenta testimonios de los médicos que atendieron a la niña, quienes contaron que su madre había tenido “muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones”. Además, había tenido muchas dificultades “para que le autorizaran la medicación en tiempo y forma”, de acuerdo a una acompañante terapéutica que atendió a la niña entre 2011 y 2014. En coincidencia, una psiquiatra que también declaró en la causa subrayó que “la madre de la menor tenía muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones”.

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Economia

Una familia tipo necesitó en abril casi $29.500 para no ser pobre, $11.235 más que hace un año

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Según el Indec, la canasta básica total (CBT), que se utiliza para determinar el límite de pobreza, aumentó 2,6% en abril. La suba se mantiene por debajo de la inflación, que registró 3,4% también en base a los datos del mes pasado que difundió el instituto de estadísticas local.

De esa manera, un hogar promedio –matrimonio y dos hijos– necesitó $29.493,65 para no ser clasificado como pobre. La cifra es $11.235,58 más que hace un año.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia de la población, subió un 1,8 por ciento. En términos interanuales, la CBT creció un 61,5% y la CBA un 66,1%, por encima del 55,8% que arrojó el IPC de abril, en la medición interanual.

Según datos del Indec de fines del 2018, la pobreza alcanzó 32% en el año de la crisis cambiaria, la devaluación, el préstamos del FMI y los saltos del dólar una cifra similar a la de 2015, cuando Mauricio Macri llegó al poder.

Son 14,3 millones de personas en el país, casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. Por su parte, la indigencia subió a 6,7% (4,8% había sido en 2017).

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Sociedad

Condena para el “ciudadano ilustre” en Gualeguaychú, por uno de los once casos de “corrupción y promoción de la prostitución”

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La justicia de Gualeguaychú condenó al abogado Gustavo Rivas , de 73 años, a ocho años de prisión por haber abusado de manera reiterada de un chico menor de edad, en un fallo que consideró acreditado el delito de “corrupción y promoción de la prostitución” en un caso pero desestimó las acusaciones de otros nueve casos, en ocho de ellos por entender que habían prescripto los delitos y en el restante porque la fiscalía no pudo presentar pruebas suficientes para la acusación.

En la lectura del fallo, la presidenta del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Alicia Vivian, detalló además que Rivas no deberá cumplir prisión domiciliaria –la pena de privación de la libertad sólo se aplicará cuando quede firme la condena–, aunque sí debe dar a la Justicia una caución de dos millones de pesos.

Sobre el ahora condenado, además, pesa la prohibición de salir de Gualeguachú y de Entre Ríos sin previa autorización judicial, y dos veces por semana deberá presentarse en la Jefatura de policía “para dar cuenta de su comportamiento”.

Rivas también tiene prohibido “mantener por sí mismo y por interpósita persona, a través de cualquier vía o medio, cualquier contacto con las víctimas”, al igual que realizar “cualquier acto molesto o perturbador de la tranquilidad” de sus denunciantes.

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