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En medio del conflicto mapuche, el Gobierno reconoció la ocupación actual de tierras de distintos pueblos aborígenes en Argentina

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Ayer la ministra de Seguridad Sabina Frederic había asegurando que la toma de tierras no es un tema de su cartera y que responde a problemáticas habitacionales que requieren la intervención de otras áreas del Gobierno. Este martes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tras realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral en las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de distintas comunidades aborígenes

“La toma de tierras no es un tema de Seguridad”, declaró Sabina Frederic asegurando que el recrudecimiento de la conflictividad con las comunidades mapuches en las inmediaciones del Lago Mascardi, en San Carlos de Bariloche, responde a problemáticas habitacionales y que requiere la intervención de otras áreas del Gobierno. Mientras la Ministra de Seguridad quedó en el foco de las críticas además por haber denunciado ante la Justicia Federal a los organizadores de una movilización contra la toma de predios y la violencia engendrada por miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el Poder Ejecutivo reconoció la ocupación actual de tierras de otros pueblos aborígenes distintos puntos de la Argentina.

A través de las Resoluciones 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tras realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral en las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de distintas comunidades aborígenes.

“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, justificó el Gobierno amparando la decisión en el Artículo 75 -inciso 17- de la Constitución Nacional.

En Salta, el INAI reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Kaa Puku-Campo Largo, perteneciente al Pueblo Guaraní, respecto de una superficie de 2.015 hectáreas en la localidad Aguaray del departamento de General San Martín. En el mismo departamento, pero en la localidad de General Mosconi, el organismo validó la ocupación territorial de un terreno de 1.228 hectáreas a la Comunidad Aborígen Misión Nueva Esperanza, perteneciente al Pueblo Wichi.

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También en Salta se le reconoció la ocupación de un territorio de 46 hectáreas en General Mosconi a la Comunidad Indígena Tres Paraísos perteneciente al Pueblo Wichi.

En Jujuy, el INAI reconoció un “territorio comunitario de ocupación actual, tradicional y pública” de 21.132 hectáreas a la Comunidad Aborigen de Santo Domingo, perteneciente al Pueblo Coya. El lugar en cuestión pertenece a la localidad de Santo Domingo, en el Departamento Rinconada.

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En Santiago del Estero, el organismo que preside Magdalena Odarda resolvió el reconocimiento de la ocupación de un territorio de 1.971 hectáreas en la localidad de Tío Pozo, del Departamento Loreto, a la Comunidad Ayllu Cacan Turus Kayku, perteneciente al Pueblo Diaguita Cacano.

A la Comunidad Tonokoté Breáyoj del Pueblo Tonokoté se le reconoció también en Santiago del Estero, pero en la localidad Breayoj del Departamento Avellaneda, un territorio de 8.257 hectáreas.

La decisión fue tomada con el objeto de manifestar “la íntima relación” de las distintas comunidades “con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos”.

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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas presidido por Magdalena Odarda es un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su función es la de “coordinar políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas”.

Las Resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial surgieron luego de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestara con respecto a las violentas tomas de tierras que se agravaron en Río Negro y la Provincia de Buenos Aires que no es un tema de la cartera que conduce, sino una cuestión a atender por otras áreas del Poder Ejecutivo.

En declaraciones a Radio Con Vos, la funcionaria explicó que “la salida de la cuarentena” provocó situaciones que el Poder Ejecutivo no había previsto. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, analizó.

Y justificó: “Si no estamos poniendo la solución del problema solo en los desalojos que si la Justicia los ordenó, habrá que hacerlos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo“.

Villa Mascardi, Bariloche. (Infobae)Villa Mascardi, Bariloche. (Infobae)

Desde hace tiempo Villa Mascardi se convirtió en la zona caliente de la pulseada por la propiedad de tierras sobre las que grupos violentos identificados como mapuches afirman tener derechos ancestrales. “Siguen saqueando. Están en convivencia con el Estado chileno, tiene que ver con hacer una nueva nación mapuche RAM apoderándose del Parque Nacional Nahuel Huapi del lado argentino”, denuncian los pocos vecinos que viven en la emblemática zona de la patagonia argentina.

Cansados del vandalismo y de las amenazas de los grupos violentos, el sábado pasado un grupo de personas de Bariloche organizó una movilización en las afueras de la ciudad “en apoyo a los vecinos de Villa Mascardi”. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sumaron tensión al conflicto denunciando penalmente a los manifestantes ya que según argumentó Frederic, tenían indicios de que algunas personas acudirían armadas a la marcha y tenían la intención de disparar contra miembros de la comunidad que está ocupando tierras.

A Frederic y a la titular del INAI, Odarda, se las denunció penalmente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad, así como respecto de la comisión de todo otro delito que pudiera surgir de las probanzas de la investigación.

Ayer al mediodía la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y con Frederic.

Desde Nación se comprometieron con Carreras a sentarse a dialogar cuanto antes con los vecinos afectados de Villa Mascardi para encontrar “una solución pacífica” al conflicto que ya lleva tres años.

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El Senado debatirá esta tarde el proyecto kirchnerista para ocupar la Procuración General

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La iniciativa flexibiliza el mecanismo para designar al jefe de los fiscales. Propone que el puesto deje de ser vitalicio, dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez y que sea electo por una mayoría simple. La sesión espacial comenzará a las 14

El Senado Nacional debatirá esta tarde, en sesión especial desde las 14 horas, la propuesta del kirchnerismo para ocupar la Procuración a través de una reformar a la ley orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

En caso de obtener la media sanción, será el prime paso para cumplir con el deseo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de despojar de su cargo al Procurador interino, Eduardo Casal, al que acusa de ser parte de la guerra judicial en su contra.

Entre los cambios aprobados por la Comisión de Justicia figuran que al Procurador se lo designa con una mayoría simple de votos del Senado y no con una agravada de dos tercios, que su mandato no es más vitalicio, sino que dura cinco años renovable por otro período consecutivo y que no podrá ser designado en un año de elecciones presidenciales.

Todo se da cuando se discute por la designación como titular de la Procuración General del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández y cuyo tratamiento en el Senado no fue impulsado en el medio de la puja por los cambios a la ley.

El presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel RafecasEl presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel Rafecas

Esas modificaciones sobre el Procurador están plasmados en el artículo 4 del proyecto que reemplaza al artículo 11 de la ley, donde se establece la designación del jefe de los fiscales. El proyecto agrega dos párrafos al final del artículo que regulan que ocurre en caso que el procurador no esté en su cargo. “En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del/la Procurador/a General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, seleccionado/a por sorteo público de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto”, sostiene la iniciativa a la que accedió Infobae.

Y el último párrafo de ese artículo establece: “En caso de vacancia o licencia prolongada superior a los treinta (30) días las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal o un/a fiscal coordinador/a de distrito, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de designación interina, intervendrá el/la procurador/a fiscal que tenga más antigüedad en tal cargo.”

El debate se dará mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández afirmó que la “Argentina necesita, de una vez por todas, tener un Procurador”, y destacó que “los que se oponen a la designación de (Daniel) Rafecas son los mismos que echaron a (Alejandra) Gils Carbó”.

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Rafecas “no va a asumir para ser el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”, dicen en su entorno

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El candidato de Alberto Fernández para ese cargo se negaría a aceptarlo si prospera el proyecto K de reducir la mayoría agravada del Senado para designarlo.

El cargo de Procurador General de la Nación es uno de los máximo a los cuales se aspirar en la carrera judicial. Ese pensamiento lo comparte Daniel Rafecas, juez federal porteño desde hace 16 años. Pero llegar a cubrir el puesto para el que lo eligió el presidente Alberto Fernández en febrero se convirtió para él en un desafío que por el momento tiene más interrogantes que certezas. El kirchnerismo quiere modificar las condiciones bajo las cuales se elige al jefe de todos los fiscales, y dejar de lado la mayoría especial de dos tercios del Senado, que obliga a un acuerdo político. Los que conocen a Rafecas dicen en estos días que aceptar la procuración bajo esas circunstancias sería “asumir debilitando al Ministerio Público Fiscal. Y él no va a ser ese Procurador”. El mismo juez había declarado eso en agosto.

El juzgado federal 3 es el que tiene como titular a Daniel Rafecas hace 16 años. Se había ilusionado en el verano,  cuando Alberto Fernández hizo circular la foto de ambos en el despacho presidencial para mostrarlo como el candidato para asumir el cargo de Procurador. El puesto se encuentra vacante hace tres años, por falta de un acuerdo en la política. Eduardo Casal está frente al Ministerio Público Fiscal en carácter de interino.

Poco querido por los radicales por haber impulsado la causa de las coimas en el Senado que avanzó sobre Fernando De la Rúa y gran parte de su gabinete, Rafecas sabe que tampoco es uno de los favoritos del kirchnerismo, pese a que fue quien en pocos días rechazó investigar la denuncia del malogrado fiscal Alberto  Nisman contra Cristina. Le bastaba, sin embargo, el respaldo de Alberto Fernández que por estos días parece no ser suficiente. El mayor temor cerca de Rafecas es que la Casa Rosada ceda ante el proyecto K que avanza en el Congreso, para que se modifique la ley que rige cómo debe elegirse al Procurador.

El debate se centra en la cantidad de votos que deben respaldar a quien asuma como jefe de los fiscales. Hasta ahora se requiere de una mayoría agravada de dos tercios del Senado, lo mismo que se necesita para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa cobra celeridad después del informe del comité de juristas que el Presidente designó, integrado entre otros por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.

Por seis votos contra cinco, la Comisión Beraldi recomendó esta semana al presidente bajar la exigencia de los dos tercios del Senado por una mayoría absoluta para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación. La sugerencia se conoció mientras se impulsa en el Congreso el proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y elegir al futuro procurador bajando de dos tercios (48 votos sobre 72) a la mayoría absoluta (37 votos). Oscar Parrilli convocó a la comisión de Justicia para este viernes a las 10, con el fin de dictaminar sobre las modificaciones a la ley que fija la duración del mandato del jefe de los fiscales, como las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

El juez Rafecas ya había anunciado en agosto que de concretarse esa modificación retiraría su candidatura. El mensaje es reiterado ahora. Quienes lo conocen aseguraron que el planteo es aún más explícito, no quiere ser “el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”. Entiende que de asumir con una mayoría simple del Senado recibiría un poder depreciado. Y no está dispuesto a que uno de los requisitos primordiales, que habla de la envergadura del cargo, sea manoseado.

La Procuración es un cargo de significancia, sobre todo en un país que se encamina hacia el sistema acusatorio, en el que los fiscales serán quienes conduzcan las investigaciones e impulsen los procesos. En Comodoro Py no desligan esta modificación con la pelea que está librando el kirchnerismo respecto al cargo. “El futuro procurador deberá decidir sobre causas que involucran a la vicepresidenta, como también en situaciones delicadas del futuro. Es un cargo más que relevante”, indicó un juez federal. El fiscal Carlos Rívolo fue más allá: “En este escenario, el sistema acusatorio antes de alumbrar ya nacería debilitado, máxime si tiene acogida el Proyecto donde el Procurador estará sujeto a que la Comisión Bicameral lo pueda remover”.

Rafecas aguarda que la discusión que libró la dirigencia política se dirima de tal manera que no se afecten los requisitos actuales para la elección del Procurador. Es lo único que lo mantendría en carrera, bajo la absoluta convicción de que tampoco será un camino allanado en el Congreso el debate sobre su pliego.

Como representante de la Asociación de Fiscales, Rívolo coincide en plantear que lo que el kirchnerismo busca concretar terminará por “debilitar al Ministerio Público Fiscal”. Lograr esta reforma en el Congreso “debilita al Procurador y a todos los fiscales. Es inaudito que se piense en la reelección del Procurador, qué contenido de campaña habrá para que el Ejecutivo lo vuelva a elegir, es un disparate”, indicó Rívolo a Clarín.

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Causa Cuadernos: la Cámara Federal de Casación Penal analiza anular las confesiones de los arrepentidos

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Si así resolviera la Sala I, los procesamientos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López quedarían sin efecto pese a la evidencia en contra

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que podría declarar nulas las confesiones de todos los arrepentidos de la causa Cuadernos, alegando que se violó el artículo sexto de la ley 27.304.

El fallo de Figueroa y Petrone iría en linea con los argumentos de la defensa de ciertos imputados -De Vido, por caso-, que sostienen que las confesiones contra sus clientes “deberían caer” porque no se cumplió taxativamente con el registro material del descargo realizado por los arrepentidos.

“Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, sostiene el articulo 6 de la ley del Arrepentido.

Los abogados de los procesados -desde CFK a López- sostuvieron que la justicia de primera instancia violó la ley porque “no hay grabaciones ni filmaciones” de las confesiones. El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la histórica pesquisa, afirmaron en cambio que se cumplió con el requisito normativo y que nada del expediente debería caer.

Es decir: no hay razones para anular los procesamientos alegando ausencia de “medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, como explica el artículo sexto de la ley del Arrepentido.

Para Bonadio y Stornelli las actas que registran las confesiones de los arrepentidos ya son un medio para garantizar su evaluación posterior en las instancias de apelación que tienen las defensas en el sistema jurídico penal. Y por lo tanto, es contrario a derecho descartar las confesiones en la causa Cuadernos aplicando una presunta violación del articulo sexto de la ley de Arrepentido.

Asimismo, Figueroa y Petrone analizan la posible inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido, otro argumento presentado por la defensa de los principales implicados en la causa Cuadernos. Si Figueroa –vinculada a Justicia Legítima– y Petrone –conocido por su manejo de la causa de Antonini Wilson– firman esa controvertida sentencia, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial.

En primer lugar, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso no debería tener procedencia porque los imputados no tienen legitimidad activa,ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento, pero no hay daño legal por la presunta aplicación retroctiva de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado –en causas diferentes– que la ley del arrepentido es constitucional y que, por ende, se puede ofrecer el 2×1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación en el expediente.

En este contexto, si la Sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirma la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder EjecutivoJulio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder Ejecutivo

A su vez, la defensa de los imputados por presunta corrupción también se apalanca en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otra decidía exactamente lo contrario. En efecto: la Sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la Sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.

Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidente. Si se confirmara cualquiera de las dos decisiones de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos correría peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py.

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –desplazados por el actual Gobierno– dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”.

La mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la Sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidente, nunca habrían estado bajo fuego del kirchnerismo que al final resolvió sus traslados.

Ahora, la Sala I –con los posibles votos de Figueroa y Petrone– puede detonar el trabajo procesal del juez Claudio Bonadio –que falleció–, del fiscal Carlos Stornelli –que está bajo fuego del Gobierno–, de Bruglia y Bertuzzi –que ya fueron desplazados– y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López –conocido por sus millones y la ametralladora frente al convento– y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado una coima para recibir a cambio una obra pública.

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