Empresarios “arrepentidos” y Obra Pública: se convirtieron en un inconveniente para los planes del macrismo

En el Gabinete viene imponiéndose la preocupación por cómo golpeará la causa a la ya complicada economía. Y, particularmente, qué efecto tendrá sobre la obra pública. Como informó este diario, la línea que de momento se impone es no frenar obras hasta que no haya una condena. “Vamos a auditar obra por obra, pero hay una investigación judicial en curso”, señalan que Balcarce 50. “Dijimos que las obras no se paran”, advirtieron. El memo no parece haberle llegado al ministro de Energía. Según publicó el periodista Horacio Verbitsky en El cohete a la luna, Ieasa (ex Enarsa) le ordenó a las empresas Esuco, de Carlos Wagner, BTU, de Carlos Mundín, Víctor Contreras y Cía que suspendan los trabajos en el Gasoducto del Nordeste Argentino “hasta que se esclarezcan los hechos investigados”. En el ministerio de Energía decidieron no responder a las consultas de este diario al respecto.

La línea general, no obstante, sigue siendo que las obras no se paran. “Tenemos que separar a los empresarios de las empresas. Hoy hay 400.000 trabajadores en la construcción”, advierten en el Gobierno. No obstante, el Registro de Constructores, que depende del ministro Rogelio Frigerio, está monitoreando a varias de las empresas involucradas en la causa.

Algunos funcionarios llegaron a deslizarle al periódico Perfil que se le está “recomendando” a los empresarios que renuncien a sus empresas y las dejen en manos de sus hijos, u otros familiares. El caso testigo es el de Aldo Roggio (ver aparte). Esto permitiría continuar las obras sin que la causa termine por llevarlos a anular los contratos, algo que –como vienen señalando en la Rosada– sería pésimo como señal a los inversionistas.

No obstante, hay algunos impedimentos legales que pueden encontrarse las empresas que tienen adjudicados corredores viales en los PPP y quedaron involucradas en la causa de los cuadernos. Son Helport S.A. del Grupo Eurnekian, que tiene los corredores viales E y F, José Castellone Construcciones Civiles, que tiene el C y Vial Agro, con el corredor A. Las dos últimas tienen procesos abiertos en el Registro de Constructores.

Una cláusula del régimen de PPP indica que entre las incompatibilidades para las empresas está el tener un procesamiento firme por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, dádivas, exacciones ilegales y asociación ilícita. Este escenario todavía no se dio, pero tampoco estaría tan lejos.

No obstante, en el Gobierno se muestran optimistas en que esas obras no se perderán: “Estamos trabajando para que los PPP puedan seguir, avanzaremos donde haya alguna cuestión jurídica que deba ser subsanada para poder continuar con los proyectos. La experiencia en Brasil es que se puede seguir adelante. Hay que general algunos cambios para que el financiamiento no esté en riesgo”, le dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a Clarín.

No obstante, el financiamiento del que dependían esos PPP está en manos de bancos internacionales que ya no estarían dispuestos a financiar obras argentinas en este contexto. Cerca de Dujovne dejaron trascender que trabajan en un fideicomiso en manos de BICE y que funcionaría como garantía estatal para esos bancos extranjeros. Esto implica que si el privado no paga, el Estado quedará a cargo de la deuda.