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El primo de Mauricio Macri: El paso de coimero a víctima de extorsión

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En la misma estrategia que otros empresarios vinculados al macrismo, Angelo Calcaterra aseguró en Comodoro Py que aportó para la campaña del peronismo porque lo obligaron, pese a que Daniel Scioli competía contra su primo.

No fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales del kirchnerismo. O sea que no cometieron una estafa al estado sino que fueron víctimas de una extorsión. Estos son los nuevos ingredientes de la causa de la fotocopia de los cuadernos que no deja de producir sorpresas, algunas casi humorísticas. Ayer, a primera hora, se presentó a declarar Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El empresario era titular de Iecsa a la que de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en cuatro pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales de 2013 y 2015.

Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado–colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada, la semana pasada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En el edificio de Retiro parece que nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.

Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo “arrepentido”. Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales. Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho. En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.

El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad. El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La “confesión” de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.

Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.

El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli–Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca. Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto. Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.

En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.

El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos. En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda. En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle. Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le  hacía bullying. Por esa razón estuvo preso. Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.

Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras. El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero. Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.

Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado. El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli  –era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize–  porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas. Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping. Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.

El panorama es el de la ofensiva judicial–política–mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama “el populismo”. Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

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En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

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