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Sociedad

El plan de Kicillof para legalizar el autocultivo y la industria del cannabis medicinal en la provincia de Buenos Aires

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El gobernador bonaerense presentó un proyecto de ley que propicia la producción pública y privada y habilita al cultivo personal controlado. Esperan aprobar la ley antes de fin de año.

Para el gobernador Axel Kicillof, la marihuana medicinal legal “será incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”

Un mes después del decreto presidencial que actualizó la reglamentación de la ley nacional de cannabis medicinal, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó al boom global de la marihuana legal. A principios de semana presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial con el fin de regular la producción y el cultivo personal de la planta de marihuana para aplicaciones medicinales, terapéuticas e industriales.

“El mundo entero está acompañando el avance científico que el cannabis medicinal otorga para el beneficio de los ciudadanos que lo consumen como parte de un tratamiento médico y/o paliativo del dolor, y es así que la Provincia debe acompañar esa apertura hacia nuevas formas de beneficiar a la comunidad”, escribió Kicillof en el documento de 85 páginas al que tuvo acceso Infobae a partir del cual el Poder Ejecutivo argumenta, con contexto de actualidad y un repaso a la historia de la planta, la necesidad de una nueva legislación.

El gobierno bonaerense difundió el interés en avanzar con este proyecto pocos días después de que el secretario de Seguridad provincial, Sergio Berni, celebrara la detención de un cultivador de cannabis que planta para proveer de aceite para su esposa con epilepsia.

Brotes de plantas de cannabis en Jujuy (Foto: Franco Fafasuli)Brotes de plantas de cannabis en Jujuy (Foto: Franco Fafasuli)

Garantizar la salud pública es el objetivo principal del gobernador pero no el único ni el exclusivo. Interesa mucho en La Plata el potencial económico de esta industria incipiente y lo que la Provincia podría experimentar –en términos financieros y de creación de fuentes de trabajo– si se suma a la investigación y el desarrollo de productos elaborados con esta planta ancestral, que el humano usa de forma terapéutica, sacramental y hasta como alimento desde hace al menos 10.000 años.

Kicillof lo dejó claro en el texto elevado a Diputados: ve en la marihuana legal un “incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”, especialmente en el contexto de crisis global post pandemia.

La Cámara de Diputados trataría el proyecto de ley en el recinto el próximo martes 22, según comentaron fuentes legislativas a este medio. El Frente de Todos trabaja desde hace días para obtener el consenso del resto de los partidos y el tema del cannabis medicinal legal estuvo incluido en las discusiones de las comisiones durante todo 2020.

“Estamos viendo con Juntos por el Cambio si están para apoyarlo, es imprescindible para tratarlo sobre tablas y que salga. La idea es poder sacarlo antes de fin de año”, admitió un referente del bloque oficialista. Como el proyecto llegó del Ejecutivo y no tiene dictamen de comisiones, para que se dé el debate en el recinto se necesita el acuerdo de dos tercios de Labor parlamentaria. Los diputados del FdT confían en que lo tendrán. Luego, podría ser ley por mayoría simple.

El proyecto del Poder Ejecutivo bonaerense contempla la adhesión a la ley nacional 27.350 (la reglamentada por segunda vez por Alberto Fernández) y se concentra en el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.

Para darle acción y cumplir con las reglas de la nueva ley, el gobierno bonaerense propone en el decreto presentado a la Legislatura la creación la Agencia Provincial del Cannabis (APC), que será una entidad autárquica con sede en La Plata y dependerá del Ministerio de Gobierno, conducido por Teresa García.

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La APC estará a cargo de las políticas públicas sobre esta industria incipiente. Y será la que regulará, ordenará y dará cumplimiento a las acciones de la ley de cannabis medicinal provincial, además del nexo con el Estado nacional para el desarrollo de acciones conjuntas y la firma de convenios para investigar, producir, importar y exportar productos cannábicos.

“Es prioritario que la APC promueva las tareas investigativas pertinentes, a los fines de contar con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados”, sugiere Kicillof en el documento, como base para lo que será el punto de partida de la producción industrial y comercialización en la Provincia de productos no sólo para el uso humano sino también animal.

El proyecto contempla la distribución de productos en hospitales y centros de salud de PBA, en la obra social IOMA, e incluso la comercialización a otras provincias argentinas de lo producido en territorio bonaerense. Y exige la incorporación al Sistema de Salud Pública el “medicamento paliativo aceite de cannabis”.

Un niño en una movilización para reclamar por la legalización del cannabis (Foto: Gustavo Gavotti)Un niño en una movilización para reclamar por la legalización del cannabis (Foto: Gustavo Gavotti)

Las farmacias que expendan los productos derivados del cannabis deberán estar habilitadas por la Provincia y tendrán la obligación de entregar la sustancia solo a pacientes con indicación médica.

Si la ley se aprueba, se creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial del Cannabis para facilitarle el acceso a la sustancia a los usuarios con indicación médica que se inscriban en una base de datos que “deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales”.

También deberá fiscalizar los cultivos de las personas en sus casas, las entidades públicas, los productores, las agrupaciones cannábicas que cultiven para terceros y los laboratorios. Todos deberán estar incluidos y registrados en la Agencia Provincial.

El registro se crea, explican en Provincia, para garantizar la calidad y trazabilidad de lo producido no solo en emprendimientos públicos y privados sino también en los hogareños. “El objetivo es evitar la existencia de cultivos clandestinos y la comercialización de productos de calidad no verificada o nociva para la salud humana”, dice el proyecto enviado por el gobernador.

Jujuy es pionera en este apartado (Foto: Franco Fafasuli)Jujuy es pionera en este apartado (Foto: Franco Fafasuli)

El decreto aclara que todo el que no esté incluido en el registro quedará expuesto a las sanciones de la vetusta ley de drogas nacional, que castiga con entre cuatro y 15 años de prisión por el mero hecho de tener plantas o semillas de cannabis.

El gobernador abre el juego a “todos los municipios” que quieran producir cannabis y también a la participación de “pequeños y medianos productores bajo requisitos de calidad”. El desarrollo de los proyectos públicos y privados es clave para el gobernador, para quien “conlleva un incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”.

En la Provincia quieren que la APC articule acciones de desarrollo investigación con entidades nacionales, como el INTA y el Conicet, y que promueva la elaboración de productos en laboratorios públicos privados y de las universidades bonaerenses.

Otro aspecto positivo del proyecto es la idea de que la Agencia cree un banco de semillas y de genéticas (hay cientos de cepas) público similar a los que proyecta la empresa Cannava, propiedad del Estado de Jujuy.

(Gustavo Gavotti)(Gustavo Gavotti)

Sin embargo, el proyecto exhibe en un párrafo una crítica tácita al emprendimiento del gobernador Gerardo Morales y de su hijo Gastón, presidente de Cananva: “La Provincia de Buenos Aires debe marcar una diferencia con el resto de las provincias que se han encaminado solo a constituir Sociedades del Estado netamente comerciales, las cuales son un obstáculo para la fijación de políticas públicas concretas”.

El artículo 10 del proyecto de ley de Kicillof establece también la creación del Programa de Cultivo Solidario, que se trabajará con las organizaciones sociales cannábicas con el fin de dictar talleres de capacitación y cursos de cultivo y producción de aceites a los cultivadores inscriptos en el Registro.

La iniciativa le imprime a la Agencia Provincial de Cannabis el desarrollo de productos y aplicaciones veterinarias y la nutrición animal. Es cada vez más extendido el uso de la molécula CBD del cannabis en mascotas por sus beneficios en dolores, problemas de hueso y otras dolencias. Países como Canadá, o estados como California, en EEUU, discuten hace años los beneficios y la legalidad del uso.

El proyecto de ley también establece los castigos para quienes no cumplan con la normativa: primero un apercibimiento, luego una multa económica, y más tarde las clausuras de plantaciones y el secuestro de materia vegetal o aceite que deberá ser “entregado a un establecimiento hospitalario para su farmacia en forma gratuita, previa verificación de su calidad”.

La ley que propone Kicillof es una propuesta superadora de la adhesión que hizo la Provincia en 2017 a la ley nacional –la 27.350–, que nunca se reglamentó ni ofreció marco necesario para implementarla en el territorio bonaerense. Por eso el actual gobierno propone un nuevo marco regulatorio para propiciar “la investigación, el desarrollo y la producción de cannabis para su uso terapéuticomedicinal industrial”.

La Provincia debe afrontar acciones concretas, que permitan garantizar la provisión de cannabis y sus derivados, con el objeto de asegurar el acceso de calidad verificada, y evitar situaciones de ilegalidad y riesgo, que conlleva el mercado paralelo de aceites”, dice el texto firmado por el gobernador, donde se considera al cannabis un medicamento de “bien social”.

“Esta reforma legislativa representa una concreta adaptación de la Provincia a la realidad actual de sus habitantes, atendiendo necesidades que aún no están cubiertas, y que resulta responsabilidad del Estado”, remarcó Kicillof en el documento.

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Sociedad

Les pagó a 20 empleados durante un año con su restaurante cerrado y cuando reabrió, 14 ya tenían otro empleo, pero seguían cobrando

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El emprendedor Tito Loizeau debió mantener cerrado su local temático y abonó puntualmente los salarios con el aporte del Programa ATP. Pero la mayoría de sus empleados ya había conseguido otro trabajo en el mismo horario. “Me estafaron a mí y al Gobierno”, se lamentó

Tras casi un año del cierre que les impuso la pandemia por coronavirus, los cines de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad reabrieron en marzo con burbujas sociales, servicio gastronómico, y un protocolo específico que apela a la responsabilidad individual para evitar contagios, según dos disposiciones oficiales.

En ese marco, el emprendedor Tito Loizeau, dueño del restaurante temático de cine El Capitán, que funciona pegado al cine Showcase dentro del centro comercial Norcenter, en la localidad de Vicente López, se llevó una sorpresa inesperada cuando se aprestaba a reabrir su negocio tras casi un año de tenerlo cerrado como consecuencia de las restricciones dispuestas por la pandemia.

De los 20 empleados con los que contaba desde que abrió el restaurante en junio de 2019, registró que en marzo de este año, 14 se encuentran trabajando para otro empleador, pero siguieron cobrando el salario que les pagaba desde 2020 con la ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP).

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!”, publicó Loizeau en la red social Twitter.

“Nosotros abrimos en junio de 2019. Es un restaurante temático de cine como si fuese Hollywood de los años ´30. Está ambientado como si fuera el teatro El Capitán de Los Ángeles, donde se entregaban los premios Oscar antiguamente”, dijo Loizeau a Infobae.

En ese marco, señaló que hasta el 10 de marzo de 2020 y le iba muy bien pero que ya lleva un año cerrado por las restricciones que estableció el Gobierno con respecto a la actividad del cine.

Tito LoizeauTito Loizeau

“En 10 días vamos a llegar a un año cerrados. En ese momento teníamos 20 empleados. El que más antigüedad tenía llevaba cinco meses trabajando. El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado que el gobierno dejó de pagar el ATP”, detalló.

Y agregó: “Ahora se anuncia la apertura de los cines y entonces decidí convocar a los empleados a través del grupo de whatss app que tenemos. Los convoco y la sorpresa fue que de 20 empleados que teníamos, 14 están trabajando en otro lado. Y yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares, en el horario en el que yo les pagaba el sueldo”.

Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina (Tito Loizeau, dueño del restaurante El Capitán)

Para el empresario, lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia. “Nadie me mandó nada y me entero porque no quieren venir a trabajar porque ya están trabajando en otros lugares”, cuestionó.

Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, insistió Loizeau.

Y detalló: “A algunos empleados que laburaron uno o dos meses les pagué once meses de sueldo y hacía cinco meses que estaban laburando en otro lado. Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”.

Con respecto a la decisión que tomará en relación a la apertura o no del restaurante en este contexto, dijo que aún no lo tiene decidido.

“Tenemos muchas disyuntivas respecto a si conviene abrir o no ahora. Los cines abrieron la semana pasada y fue muy poca gente. Fue el 3% de los que iban habitualmente. También está el miedo de volver a abrir y tener que cerrar en invierno nuevamente por la pandemia”, remarcó.

El titular de El Capitán aún no sabe si reabrirá su restaurante dada la baja de su personal y una posible segunda ola de Covid-19.El titular de El Capitán aún no sabe si reabrirá su restaurante dada la baja de su personal y una posible segunda ola de Covid-19.

“Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina”, se quejó. Y agregó que en el restaurante hay mucho de capacitación del personal que hace difícil poder reabrir el negocio en el corto plazo cuando al mismo tiempo existe la posibilidad de tener que cerrarlo en algunos meses por una nueva ola de Covid-19.

“Puedo conseguir un reemplazo de estos empleados pero me lleva tiempo, me obliga a abrir más tarde y mi terror es que llegue el invierno y nos vuelvan a obligar a cerrar. Vamos a ver estos días que hacemos. La intención nuestra es abrir y la gente que está acá y se quedó tiene ganas de trabajar. Pero si en tres meses me cierran de nuevo puede ser un golpe fatal. Esta es la situación para nosotros hoy”, concluyó.

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La ANMAT prohibió la comercialización de una marca de aceite de girasol

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La disposición fue publicada este lunes en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este lunes a través de su publicación en el Boletín Oficial, la comercialización de una marca de aceite de girasol.

La disposición 1532/2021 establece la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de Girasol, marca Ybarra, RNPA 02-146234 Elaborado por RNE 02-0007188”, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Además prohíbe “la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el registro sanitario de RNE N° 02-0007188 por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNE inexistente, resultando ser en consecuencia ilegales”.

En el considerando publicado en la disposición, se explica que “las actuaciones se iniciaron a raíz de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) informó las acciones realizadas derivadas de un programa de monitoreo en relación a la comercialización del producto que no cumple la normativa alimentaria vigente”.

Frente a ello, “la ASSAl en el marco del citado procedimiento tomó muestra oficial reglamentaria por Acta Toma de Muestra N° 011858 del producto investigado y del análisis de la misma el informe arrojó como resultado, en lo que respecta a la rotulación, “No conforme” por no declarar el nombre y domicilio de la razón social” y está en infracción”.

Es por eso que “la ASSAl realiza a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos), las Consultas Federales a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires a fin de verificar si los registros de establecimiento y producto que se exhiben en el rotulo del producto investigado se encuentran autorizados, a lo que informó que el RNE y el RNPA son inexistentes”.

En consecuencia, “la ASSAl por Disposición N° 05/2021 estableció el alerta alimentaria y ordenó la prohibición de la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe” y “notificó el Incidente Federal N° 2611 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – Red SIVA”.

Asimismo “el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL verificó la promoción y venta en línea del mencionado producto, por ello, notificó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que proceda a evaluar las medidas que considere adoptar”.

Se determina entonces que “el producto se halla en infracción por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Ante ello, y “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República” y que “en atención a las circunstancias detalladas”.

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Coronavirus

La OMS le bajó el pulgar a la hidroxicloroquina: desaconsejó “fuertemente” su uso contra el coronavirus

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Un grupo de expertos del organismo concluyó que “no tuvo un efecto significativo” en la prevención ni el tratamiento de la enfermedad.

El uso de la hidroxicloroquina como medida de profilaxis para prevenir el coronavirus ha sido “fuertemente” desaconsejado por un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud.

Ese fármaco ha dejado de ser “una prioridad de investigación” y los recursos deberían centrarse en otros más prometedores para prevenir la enfermedad, según un artículo que publica este lunes British Medical Journal (BMJ) y elaborado por expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Directrices de la OMS.

La “firme recomendación” emitida por los expertos se basa en “pruebas de alta certeza” procedentes de seis ensayos controlados aleatorios con más de 6.000 participantes, con y sin exposición conocida a una persona infectada por el SARS-Cov-2.

La hidroxicloroquina, según lo que los expertos califican pruebas de alta certeza, “no tuvo un efecto significativo sobre la muerte y el ingreso en el hospital”.

Además, las pruebas de certeza moderada mostraron que este fármaco “no tuvo un efecto significativo” sobre la infección por covid-19 confirmada en el laboratorio y “probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos“.

Esta directriz se aplica a todos los individuos que no tienen Covid-19, independientemente de su exposición a una persona con infección por la enfermedad.

La recomendación de hoy es la primera versión de una “directriz viva” sobre los medicamentos para prevenir la Covid-19, desarrollada por la OMS, con el objetivo de proporcionar “una orientación fiable” sobre la gestión de la enfermedad y ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones con sus pacientes.

Las directrices vivas son útiles en áreas de investigación que evolucionan rápidamente, como la Covid-19, porque permiten a los investigadores actualizar los resúmenes de evidencia previamente examinados y revisados por otros científicos, explica el BMJ.

El uso de la hidroxicloroquina fue propuesto al inicio de la pandemia para tratar a pacientes de coronavirus, pero el pasado junio la OMS anunció el fin definitivo de los ensayos clínicos, tras demostrar varias investigaciones que no reducía la mortalidad. Ahora desaconseja también su uso para prevenirla.

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