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Jubilados

El peor final: el Gobierno va a terminar el 23 de Julio con las jubilaciones para amas de casa

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El 86 por ciento de los beneficiarios de la moratoria previsional del 2014 fueron mujeres. Por eso fue una política que benefició más a quienes realizaron tareas de cuidado o fueron trabajadoras informales como empleadas domésticas o en la cosecha. Se la conoció como jubilación de amas de casa, aunque no llegó a ser una ley y es una demanda urgente que se garantice como política pública. Pero el Gobierno va a terminar el 23 de julio con la moratoria previsional y distintas economistas y diputadas advierten del riesgo para el futuro de las adultas mayores.

América puso sus manos para cortar uvas y puso sus brazos para juntar aceitunas. Cargó en sus hombros el peso de la cosecha para acarrear los cajones que llegarían a las picadas o el postre de las mesas que no reconocían sus dedos en la trama de producción de la tierra fértil y el trabajo ingrato. Trabajaba desde las plantaciones hasta los camiones que transportaban la cosecha. Salía a la mañana y volvía a la noche. Al final de la jornada le quedaba el cansancio, los 8 pesos por día, pero no los aportes para pensar en el futuro. América nació sin conocer el amparo. Se quedó huérfana a los diez años y vivió con sus tíos. A los diez años empezó a limpiar casas, cuidar niños y hacer mandados. A los veinte ya sus manos eran verdes y violetas entre las líneas que no son adivinadas sino trazadas por la informalidad no como excepción, sino como la precarización en las venas de las mujeres. América Ramona Ontivero se quedó embarazada. Y trabajó igual con su panza a cuestas, sin licencia por maternidad. No una, sino ocho veces. Tuvo ocho hijos. Seis hijos vivieron y dos murieron. Ella así lo cuenta y los cuenta. América Ramona Ontivera nació en 1948, en Chilecito, La Rioja y todo su trabajo no era visto por nadie, ni estaba anotado en los registros oficiales. No hubiera tenido jubilación, pero en marzo del 2015 accedió a la moratoria previsional que le permitió tener la mesa con comida y el botiquín con sus remedios.

“Yo trabajé toda mi vida juntando aceitunas y cortando uvas, un trabajo muy bruto, muy pesado” le contó América a Las12, el 18 de marzo del 2016, en la nota “Sin resguardo”. El caso de América no es excepcional, sino emblemático. Ella es una de las más de 2.700.000 personas que pudieron jubilarse a pesar de no tener el total de aportes registrados. El 86 por ciento -casi nueve de cada diez- beneficiarias/os de la mora previsional dictada en 2014 fueron mujeres y el 14 por ciento varones. Igual que América –antes de la moratoria– el 37 por ciento de las trabajadoras, no tiene asegurada su jubilación y obra social. Además, las mujeres son las que dejan de trabajar, son despedidas, no consiguen empleo o aceptan changas porque no encuentran jardines maternales o tienen que correr para la llegada de la salida de los chicos del colegio. Pero eso no consta en el boletín en el que el Estado garantiza una vejez digna.

La jubilación para amas de casa, en realidad, fue una moratoria previsional que benefició más a las mujeres y que adquirió su nombre por aclamación popular. Bueno, no de todo el mundo, ni de todo el arco político. El actual Senador (PJ) y candidato (en la fórmula de Mauricio Macri) a Vicepresidente Miguel Angel Pichetto subestimó: “Mucha gente de la clase media argentina se pudo jubilar, pagando abogados: mujeres que toman el té a la tarde fueron y se jubilaron con el sistema ama de casa, qué se yo”, lanzó en la discusión del Presupuesto 2019, el 16 de noviembre del 2018, desde su banca en la Cámara Alta.

La moratoria previsional no tendría que ir de luto a su propio funeral. Pero tampoco debería ser una moratoria, como una condonación de deuda o un perdón y gracias. Falta que no sea como un cheque a morosas incobrables, sino un derecho para trabajadoras no reconocidas y que sea ley, para que no dependa de los vientos oficialistas que el derecho llegue cuando ya las piernas y los brazos no llegan a todos lados. Sin embargo, la jubilación para las acuerpadoras de cuidados, empleadas domésticas o cosecheras (en su mayoría no registradas) tiene fecha de entierro. El 23 de julio el gobierno de Mauricio Macri termina con la moratoria previsional. Las más perjudicadas van a ser no solo quienes lavan los platos de su casa, sino quienes lavan los platos de las casas en donde trabajan. “Hoy en la Argentina una de cada cinco trabajadoras se desempeña en el servicio doméstico. Este es el trabajo peor pago y con mayor nivel de informalidad del país. En términos generales, el 37 por ciento de las asalariadas tiene un empleo informal. Las mujeres menores de 29 años enfrentan las tasas más altas de desocupación superando el 20 por ciento. En este contexto, el acceso a una jubilación para las personas que hoy no pueden hacer sus aportes es un problema no solo del presente sino también del futuro. La alternativa vigente, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) otorga un monto que no alcanza para cubrir la mera subsistencia y que además impide tener otros ingresos. El finalizar la moratoria sin alternativas dignas es solo condenar a la pobreza a miles de trabajadores y sobre todo trabajadoras a lo largo del país”, advierte la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro e integrante de Economía femini(s)ta. Ella también señala que el empobrecimiento de los adultos mayores genera mayores cargas en sus hijas e hijos: “Es también un problema para quienes ayudamos a nuestros padres y madres que pudieron acceder a una mínima y que no llegan a cubrir sus medicamentos. Nos hace más pobres a todos”. Por eso, convoca: “Pensar un sistema previsional en un contexto de desempleo y precarización como el de Argentina es un desafío urgente”.

Dar una jubilación o una curita no es igual. La diferencia es tan tajante como ser pobre o no serlo. “Desde inicio de 2017 y hasta marzo de 2018 se han incrementado en 122.487 los casos de personas mayores que perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). De haberse mantenido la moratoria previsional esas personas se encontrarían por encima de la línea de pobreza, mientras que al reemplazar la moratoria por la PUAM y como resultado del aumento de la Canasta Básica Total medida por INDEC estas personas hoy se consideran pobres por ingresos”, apunta la Doctora en Desarrollo Económico Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), periodista económica de C5N y Futurock. Los datos del CEPA indican que al menos 100 mil personas han quedado debajo de la línea de pobreza medida por ingresos (INDEC) por haber recibido PUAM en lugar de la jubilación mínima a través de las moratorias previsionales.

La moratoria previsional implicaba una jubilación. En cambio, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es similar a un subsidio. No es lo mismo un parche o un regalo que una política para dar derechos donde había falta de reconocimiento o incumplimiento de derechos laborales. “En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de pobre que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional”, diferencia Strada y sentencia: “El fin de la moratoria previsional constituye un castigo patriarcal”.

“Sacar la moratoria de las amas de casa, la moratoria de ‘Néstor’ cómo la llaman las mujeres en los barrios populares, es terminar con la política pública con perspectiva de género más importante de la última década”, crítica Pamela Ares, especialista en políticas públicas de género, Presidenta de Fundación Contemporánea, una ONG que promueve el desarrollo local con perspectiva de género y referente social de Salta. Ella enmarca: “Es dejar de reconocer el trabajo invisible y no reconocido de las mujeres adentro de sus familias, pero también el de esa enorme cantidad de mujeres trabajadoras de casas particulares que lo habían hecho toda su vida en condiciones informales”.

Llegar sin jubilación a la madurez no es casualidad. Las mujeres dedican de 3 a 6 horas por día a tareas domésticas y cuidado de los hijos e hijas y los varones 1,9 horas, según una investigación de la consultora Inmediata, de Rosario. Esa diferencia entre el tiempo que lleva rasguñar con virulana las cacerolas, levantar la ropa tendida cuando se anuncia tormenta, ir a buscar a cumpleaños a los hijos o esperar en la sala del dentista u oftalmólogo de la nieta tiene un precio en tiempo. En tiempo presente y en futuro. Porque si alguien lo hace no es gratis. Pero no se paga. Y el tiempo que se dedica a cuidar en muchos casos se tiene que quitar al trabajo pago o aceptarlo en peores condiciones. Por eso, aunque el polvo vuelve después de barrer, no se pude barrer con los derechos de mujeres y disidencias sexuales (ya que la ANSES también reconoció a personastrans en la moratoria previsional) como si fueran un polvo que se olvida.

En ese sentido, la economista y docente Candelaria Botto, e integrante de “Economía femini(s)ta” también subraya: “La no renovación de la moratoria este 23 de julio imposibilitará a las mujeres que no cumplen con los años de aportes acceder a una jubilación mínima, dejando únicamente la opción de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que es el 80 por ciento de una jubilación mínima y para la cual deben cumplir requisitos que básicamente muestren que son pobres. No es una jubilación, es una pensión. Más que nunca es necesario avanzar en un proyecto de ley de Jubilación para amas de casa para garantizar el derecho de estas mujeres que trabajaron dentro de los hogares sin pago ni reconocimiento, sin que deban pagar los aportes que deben en forma de moratoria”.

Hacer un parche o un favor no es lo mismo que reconocer derechos. Y hacer una política temporaria no es igual que garantizar una decisión pública por ley como se hizo con la Asignación Universal por Hijo (AUH). La movilidad de la AUH se aprobó, el 16 de julio del 2015, por unanimidad (sin ningún voto en contra) en el Congreso de la Nación para que se actualice cada seis meses. La AUH perdió contra la inflación y se deterioro de su valor de compra y su efectividad como política social contra el hambre. Pero, al menos, no se pudo quitar o enterrar como la moratoria previsional. En ese momento, probablemente, se tendría que haber garantizado también que el reconocimiento de las mujeres que realizan tareas de cuidado no sea tan volátil como el voto o los mandatos políticos, sino un pacto sellado y cerrado por las políticas públicas.

En ese sentido, es central como va a actuar no solo el próximo gobierno, sino también el Poder Legislativo. La diputada nacional Mayra Mendoza (FpV-PJ) define: “La eliminación de las moratorias previsionales no puede sorprender a nadie. Hay un recorrido antiderechos del macrismo que simplemente va cumpliendo etapas. Y sobre todo en materia jubilatoria, donde hay que dedicar grandes recursos para hacer una política de dignidad especialmente a un sector tan castigado como las mujeres que no tuvieron aportes. En un gobierno que siempre tuvo en miras el ajuste, y más desde que el FMI le impuso acelerarlo, era algo obvio que esto iba a pasar. Sirve para terminar de desmentir aquello del feminista menos pensado, que nunca fue cierto porque se veía con los recortes a los programas de combate contra la violencia de género. Sólo con un gobierno que tenga al pueblo como eje y no a los mercados podemos discutir la recuperación, ampliación y garantía de todos estos derechos que estamos perdiendo”.

La diputada nacional Lucila De Ponti (Movimiento Evita) define: “La moratoria previsional es una experiencia inédita de inclusión e igualación de derechos que le permitió a millones de personas acceder al beneficio previsional, especialmente a mujeres amas de casa, reconociendo el valor de esta tarea y la de todos los que forman parte de la economía informal. Es junto a la AUH y el establecimiento del régimen de trabajadoras de casas particulares, una de las políticas públicas fundamentales orientadas a combatir la desigualdad de género y reconocer el aporte económico que hacemos las mujeres con las tareas del hogar y el cuidado de personas. Esta decisión del gobierno nacional de limitar el acceso al beneficio previsional a millones de mujeres porque no cumplen con los aportes es otro eslabón en la cadena de medidas que profundizan  la situación de desventaja que sufrimos y es sin duda un retroceso en materia de derechos y oportunidades”.

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Economia

Las jubilaciones y la AUH subirán un 10,74% a partir del 1° de junio

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La jubilación mínima llegará así a $11.528. En el primer semestre, acumulará una suba del 23%, 3,5 puntos porcentuales menos que el 26,5% de inflación que hubo en el primer trimestre de 2018, sobre el cual se calcula una parte del aumento de los abuelos.

La Admninistración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó este martes que a partir del próximo 1° de junio las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares, entre ellas la AUH, subirán un 10,74%.

Así, a partir de este nuevo aumento la jubilación mínima subirá de los $10.410,37 a 11.528,44 pesos. Un aumento global de 1.118,07 pesos.

En el primer semestre, acumulará una suba del 23%, 3,5 puntos porcentuales menos que el 26,5% de inflación que hubo en el primer trimestre de 2018, sobre el cual se calcula el aumento de los abuelos. Esto es así, porque en el cáculo, se toma 70% de inflación y 30% del índice salarios, que quedó muy rezagado el año pasado respecto de la suba de precios.

En total son 13,2 millones de personas que recibirán este aumento. Más de 6,9 millones de ellas corresponden a jubilaciones y pensiones; más de 1,5 millones a Pensiones No Contributivas y PUAM y mpas de 4,8 millones Asignaciones Familiares (AAFF).

Esta suba del 10,74% se sumó al aumento por movilidad adelantado del 46% de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo anunciado en marzo pasado.

Asimismo, desde el ente nacional informaron que aumentará la Ayuda Escolar Anual a 1.884 pesos por hijo. Dicho monto lo paga el Estado a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la Asignación Universal. Además, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a 7.331 pesos.

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Jubilados

La Corte Suprema ordenó no retener impuesto a las Ganancias a los jubilados

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Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones.

El fallo se dio en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.

Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja.

Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.

Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […] las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.

Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter “integral e irrenunciable”. Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad. En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar general. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de $5.179. Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado. Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”.

Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación”. A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales” (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.

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Jubilados

El Gobierno aumentó las jubilaciones, pensiones y AUH un 11,83%

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El incremento se publicó este jueves en el Boletín Oficial y se percibirá en marzo. La medida cumple con la Ley de Movilidad.

La secretaría de Seguridad Social resolvió aumentar los haberes de los jubiladospensionadosbeneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de marzo. Según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el incremento en las jubilaciones, pesiones y asignaciones será de un 11,83%.

La medida cumple con lo establecido por la Ley de Movilidad y lleva el haber mínimo de $9.309,10 a $10.410. El porcentaje de la suba surge a partir de los datos del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y de la inflación del cuarto trimestre de 2018.

Según la norma, la fórmula de movilidad se determina en un 70% la variación del IPC Nacionaly en un 30% al RIPTE.

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