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El pedido del fiscal Picardi involucró a Angelo Calcaterra, primo del Presidente

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El fiscal reclamó los embargos preventivos a empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados en la causa del soterramiento del tren Sarmiento. Al primo del Presidente le reclamaron un embargo de 167 millones por su rol central.

El fiscal federal Franco Picardi le pidió ayer al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga embargos preventivos por un total de mil millones de pesos contra los empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados por pagar y recibir sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de firmas integrado por la constructora brasileña Odebrecht y sus socios locales. Entre los alcanzados por la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal está el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex director de Iecsa SA, para quien reclamó un embargo por 167 millones de pesos por su rol central en la unión transitoria de empresas (UTE) que también integraban Ghella SPA y Comsa SA cuando se negociaron y efectivizaron los presuntos sobornos. Picardi pidió también la intervención de la UTE mediante la designación de un veedor judicial.

Picardi reiteró y amplió ayer el pedido que formuló originalmente en noviembre del año pasado, cuando reclamó embargar a los empresarios (por 54 millones a Calcaterra entonces) y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación como Ricardo Jaime y José López. Martínez de Giorgi no hizo lugar a esa medida. En junio pasado comenzó a recibir las declaraciones indagatorias, que todavía no terminaron. El primo hermano de Macri se presentó como imputado en Comodoro Py el 14 agosto. Presentó un escrito y no aceptó responder preguntas. “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, intentó despegarse, aprovechando que la firma brasileña reconoció haber pagado sobornos millonarios a partir del caso Lava Jato.

A diferencia de la causa por las fotocopias de los cuadernos en la causa por el soterramiento los imputados que optan por guardar silencio entran y salen de tribunales en libertad. El último citado a indagatoria, para dentro de dos semanas, es Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado como intermediario entre Odebrecht y los ex funcionarios.

Picardi desarrolla en el escrito ante el juez la materialización de los sobornos de dos maneras. En una primera etapa, antes de la adjudicación de la licitación, a través de pagos a la empresa Caesa por servicios de consultoría inexistentes y a través de sociedades offshore (entre las que se destacó Pribont Corporation) por parte de Odebrecht. Una vez adjudicada, mediante transferencias y pagos que las firmas integrantes de la UTE, en porcentajes proporcionales a su participación, realizaron desde y hacia cuentas en el exterior a nombres de empresas offshore.

Si bien en marzo de 2017 Calcaterra anunció la venta de Iecsa a Pampa Energía, de la investigación del fiscal surge que la nueva firma (Sacde) mantuvo en sus filas a hombres clave de la familia Macri (como Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone) y que el primo presidencial siguió vinculado a través de una offshore en el paraíso fiscal de Daleware. “Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas seguirían siendo las mismas”, destacó.

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