El Sumo Pontífice se refirió al rol que tienen las fuerzas de seguridad, cuando en la Argentina la polémica quedó instalada a partir del protocolo firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que regula el uso de armas de fuego por parte de los efectivos
El papa Francisco advirtió hoy de los posibles excesos de la legítima defensa al afirmar que “todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado“.
El Sumo Pontífice realizó estas afirmaciones en un documento entregado a los miembros de la Comisión Internacional contra la pena de muerte con quienes mantuvo hoy una reunión privada en el Vaticano, en el día de su cumpleaños número 82, mientras en la Argentina la polémica quedó instalada a partir del protocolo firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que regula el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales.
Francisco, además, subrayó en el texto que “la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio”, por lo que “los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado”.
El Papa agregó que “toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada”, al tiempo que advirtió de que “un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin“.
En este sentido, agregó que “si uno, para defender su propia vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito”. “Si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada”, analizó.
Por otro lado, Francisco les pidió a todos los Estados que continúan aplicando la pena de muerte “que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma cruel de castigo”.
“La suspensión de las ejecuciones y la reducción de los delitos conminados con la pena capital, así como la prohibición de esta forma de castigo para menores, embarazadas o personas con discapacidad mental o intelectual, son objetivos mínimos con los que los líderes de todo el mundo deben comprometerse”, argumentó.
Así, el pontífice recordó que en la nueva redacción del Catecismo de la Iglesia Católica se declara “inadmisible” en cualquier caso la aplicación de la pena de muerte. “A nadie puede quitársele la vida ni la esperanza de su redención y reconciliación con la comunidad”, insistió.
