Entre Hacienda y la Fiscalía existe aún una discrepancia de criterio respecto a la sustitución de la condena penal por una multa, pues la Agencia Tributaria rechaza ese cambio, es decir, desea la condena a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo.