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El kirchnerismo avanza en la Cámara Federal: nombrará a un abogado de CFK y a un juez denunciado por la Corte

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El Consejo de la Magistratura -controlado por la Casa Rosada- aprobará el regreso de Eduardo Farah, que ordenó la libertad de Cristobal López, y la designación de Roberto Boico, defensor de la vicepresidente en la causa del memorándum con Irán

El Consejo de la Magistratura de la Nación comenzará hoy a reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, uno de los tribunales más importantes para el poder. El Consejo aprobará esta mañana el regreso del juez Eduardo Farah a la Cámara y el jueves hará lo mismo con el concurso público para cubrir una de las vacantes que hay en el tribunal. El elegido es Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una de sus causas penales.

Por la Cámara Federal pasan todas las causas que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Allí se resuelven procesamientos, sobreseimientos y detenciones. Sus jueces definen qué causas pasan a juicio y cuáles se cierran. Es un lugar con poder que mira todo el poder.

El kirchnerismo ha sido crítico con ese tribunal. Allí se confirmaron todos los procesamientos de Cristina Kirchner y las detenciones de varios ex funcionarios, con la denominada “doctrina Irurzun” de por medio. Tres de sus actuales cuatro jueces fueron el centro de esas críticas: Martín Irurzun -reelecto hace un mes por decimoprimera vez de manera consecutiva como presidente de la Cámara-, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y cuyos lugares por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están bajo concurso. El cuarto juez es Mariano Llorens, designado durante el macrismo por concurso público.

Bruglia, Llorens, Irurzun y Bertuzzi, los actuales jueces de la Cámara Federal (Adrián Escandar)Bruglia, Llorens, Irurzun y Bertuzzi, los actuales jueces de la Cámara Federal (Adrián Escandar)

Quedan dos lugares en la Cámara. Si no pasa nada extraño serán ocupados por Farah y Boico.

La Comisión de Selección del Consejo se reunirá hoy en sesión virtual para tratar el pedido de Farah de regresar a la Cámara Federal. El juez ya estuvo allí desde 2008 hasta 2018. Se fue tras una fuerte embestida del macrismo. Farah confirmó el procesamiento y liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa “Oil Combustible”. Por ese fallo fue denunciado por la Corte Suprema en el Consejo y penalmente por el macrismo. La salida que se encontró para descomprimir fue su traslado primero a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, donde está actualmente.

Pero la Corte dijo en su fallo de principios de noviembre que los traslados no son permanentes, sino momentáneos y que esos lugares deben ir a concurso público. Farah dijo en su nota ante el Consejo que no va a concursar para seguir en el tribunal de San Martín y que quiere volver a la Cámara. También que fue víctima de un “ataque virulento e injusto” para que deje Comodoro Py y que todas las denuncias que recibió fueron desestimadas.

La comisión de Selección aprobará -con un dictamen que presentó Diego Molea, representante en el Consejo de las universidades y un aliado del oficialismo- y lo remitirá al Poder Ejecutivo para que con un decreto devuelva a Farah a Comodoro Py. Lo hará con los votos del oficialismo y también se espera que el de los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, que suelen estar más cerca de la oposición. Luego pasará al plenario del cuerpo. Así Farah volverá a la Sala II de la Cámara y la compartirá con Irurzun y Bruglia.

Quien se opone al regreso de Farah es el macrismo. El diputado del PRO ante el Consejo Pablo Tonelli presentó una nota para que se desestime el pedido. Dijo que para que Farah vuelva a la Cámara Federal primero debe cubrirse por concurso el cargo que deja. Además de lo jurídico, el macrismo tiene, sobre todo, motivos políticos para no querer que Farah vuelva.

Eduardo FarahEduardo Farah

Por la Cámara Federal deben pasar muchas investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno anterior. El Correo Argentino, la mesa judicial, concesiones viales, peajes, parque eólicos. Y todos recuerdan que Farah fue empujado por ese gobierno a irse. Su regreso era inesperado por todos. El macrismo no solo sacó a Farah de la Cámara. También a Eduardo Freiler, por juicio político, y a Jorge Ballestero que renunció. Ballestero firmó con Farah el fallo “Oil Combustible”. El entonces oficialismo los consideraba jueces K.

El sexto lugar de la Cámara -también en la Sala II- está destinado a Boico. El plenario del Consejo se reunirá el jueves y entre los temas que tiene para tratar está el concurso público para cubrir una vacante en el tribunal. Ya están los votos para aprobar la terna conformada por: 1) el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, 2) Boico, 3) el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla -el gobierno ya lo propuso para ser juez federal y electoral de La Plata- y en la lista complementaria el también magistrado en lo Penal Económico Pablo Yadarola, el defensor oficial Federico Feldtmann y la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quinteros. Eso pasa al Poder Ejecutivo donde se elige a uno de los postulantes y envía su nombre al Senado para su aprobación.

Ese nombre será el de Boico. Es el abogado de Cristina Kichner desde febrero de 2018 en la causa por la firma del memorándum con Irán. También es el defensor de Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y actual senador nacional. Boico ya conoce Comodoro Py. En julio de 2015 la mayoría del kirchnerismo en el Consejo lo designó conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal -una instancia superior a la de la Cámara Federal-, lo que generó una disputa política con la oposición.

“Boico dio un muy buen examen, salió segundo en el concurso que se hizo todo durante el macrismo por lo nadie puede decir que se lo ayudó. Puede gustar o no pero se ganó el derecho de estar en la terna. Después lo que elija el Poder Ejecutivo ya es otra cosa y con una sola vacante no hay más lugares para negociar con la oposición”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo que no es del oficialismo.

Roberto BoicoRoberto Boico

En el organismo también recuerdan que no es la primera vez que Boico queda en terna. Ya lo hizo en otros cinco concursos, en los cuáles en dos estuvo primero, y actualmente está en los primeros lugares en otros cuatro concursos. Pero nunca lo designaron. Eso ocurrió durante el macrismo que lo relegó -el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir a cualquiera de la terna- por ser el abogado de Cristina Kirchner. En el Consejo rememoran pero lo mismo pero al revés ocurrió con Ignacio Rodríguez Varela. Ex secretario del fiscal José María Campagnoli e hijo de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia del genocida Jorge Videla, Rodríguez Varela quedó durante el kirchnerismo en muchas ternas para ser juez y fiscal. Pero por ideología y por trabajar con Campagnoli nunca lo eligieron. Cuando llegó Macri al gobierno que lo nombró juez de la Cámara del Crimen.

Cuando la terna de la Cámara Federal llegue al Poder Ejecutivo deberá enviar el nombre de Boico del Senado. La expectativa es si su designación tendrá un trámite rápido porque el Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta fines de febrero y uno de los temas que habilitó fue el nombramiento de jueces.

La de Farah y Boico serán las primeras llegadas a la Cámara Federal. Pero para más adelante -difícil aventurar tiempos en un año electoral pero el oficialismo seguro le imprimirá ritmo- se espera que ocurra lo mismo con los lugares de Bruglia y Bertuzzi. El concurso ya se abrió y si bien los jueces adelantaron que se inscribirán nadie apuesta a que si quedan en la terna el gobierno de Alberto Fernández los elija. Por lo que habrá nuevas caras en la Cámara.

El concurso para cubrir los traslados de Bruglia y Bertuzzi es el 461 y la inscripción para los que quieran participar es desde el 2 al 8 de febrero próximo. El Consejo ya fijó que el examen escrito será el 26 de febrero.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

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En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

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