El juez Bonadio envió a juicio oral y público el Caso Cuadernos y dos derivaciones de esa investigación por corrupción

Receptor primario de los bolsos con las coimas, Muñoz consiguió bienes de manera ilegal por una suma cercana a los 70 millones de dólares; de ese dinero, cerca de 30 terminaron invertidos en Turks and Caicos. En ese marco, irán a juicio oral y público Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y varios de sus testaferros e integrantes del círculo de negocios que ayudó con el lavado de dinero. Entre ellos se encuentra Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, quien como arrepentido confesó haber armado sociedades y escondido dinero en efectivo para Muñoz. También serán enviados a juicio el abogado de Pochetti, Miguel Ángel Plo, su hija y su yerno, porque colaboraron en la operación de lavado que empezó en Estados Unidos y terminó en Turks and Caicos. El primo de Pochetti, Carlos Gellert, arrepentido, también irá a juicio junto con Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, quienes fueron testaferros de Muñoz-Pochetti.

Otro desprendimiento del Caso Cuadernos fue elevado hoy a juicio. Es el que se inició a partir de las confesiones de los empresarios Roggio y Romero, quienes además de admitir haber pagado coimas que cobraba Baratta, señalaron que pagaron sobornos por los subsidios a los ferrocarriles. Ambos empresarios explotaban subte y trenes. Los dos confesaron haber pagado sobornos a Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte del kirchnerismo, y a Juan Pablo Schiavi, su sucesor. En ese caso también fueron procesados la ex presidente y De Vido.

En total, se manda a juicio a 53 personas por los cuadernos del remisero, 14 imputados por el dinero relacionado con Daniel Muñoz y seis por los subsidios al transporte ferroviario, según se desprende de la resolución de 154 páginas firmada hoy.

En el mismo escrito, se dictó el sobreseimiento de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez,  que habían sido llamados a indagatoria el año pasado por el dinero que recibió La Cámpora para financiar campaña y que habrían estado relacionados con esta recaudación ilegal. En este capítulo de la investigación originada en las anotaciones de Centeno, fueron sobreseídos también los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García y  el empresario Sergio Szpolski. La investigación por el uso en campañas electorales de dinero ilegal proveniente de los bolsos que recolectaba Baratta quedó a cargo de la jueza María Servini.

En tanto, el ex jefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina sí fue incluido en la nómina de los enviados a juicio como partícipe secundario en 18 hechos de cohecho pasivo por el uso del dinero ilegal para campañas electorales. Y fue sobreseído como integrante de la asociación ilícita investigada.

Otro de los sobreseídos en esta resolución son Oscar Parrilli, el ex secretario general de la Presidencia, y el empresario Marcelo Mindlin, de la firma Pampa Energía -que había recibido una falta de mérito en la instrucción-. Ambos habían sido indagados a partir de las anotaciones de Centeno.

Con la decisión de Bonadio de elevar el caso a juicio se cierran la investigación original del Caso Cuadernos y dos de sus derivadas. Los ex funcionarios que no se declararon culpables de recibir coimas negaron su participación en los hechos y caracterizaron a la investigación judicial como una persecución política contra el kirchnerismo.

Apenas unos minutos después de que Bonadio firmara la resolución por la que clausuró los tres casos, Casación hizo el sorteo y definió que sea el  Tribunal Oral Federal 7 el encargado de llevar adelante el debate para determinar las responsabilidades en el caso de corrupción que en 2018 conmocionó las estructuras políticas y empresariales del país.