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Justicia

El informe que la Comisión Provincial de la Memoria le entregó al juez Ramos Padilla

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El informe que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) le entregó al juez Alejo Ramos Padilla se limita a enumerar las carpetas, documentos y mensajes de texto encontrados en la computadora y los celulares del falso abogado Marcelo D’Alessio.

El trabajo principal consistió en vincular, por las fechas, los temas y los contenidos, lo que se detectó en los distintos soportes. El informe no tiene la menor relación con lo que los medios oficialistas tratan de instalar como la “criminalización del periodismo”. Por ejemplo, la CPM detectó la manera en que D’Alessio armó, con membretes falsos de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Israel, documentos apócrifos sobre lo que se llamó “la mafia de los contenedores”. En las computadoras están los archivos originales. Luego, aparecen los mensajes de texto y fotos con los que D’Alessio le propuso a varios periodistas que hagan programas o notas escritas sobre ese tema y les ofreció el material falso, así como elementos que acumuló con espionaje ilegal: entradas al sistema de Migraciones, fotos tomadas por él de las casas de los protagonistas o planillas de llamadas de los celulares, todo conseguido de manera fraudulenta. Lo que no aparece en computadoras y celulares es el paso siguiente: la extorsión. Por ejemplo en el caso llamado “la mafia de los contenedores”, D’Alessio pidió centenares de miles de dólares a un despachante llamado Gabriel Traficante, antes y después de las notas en los diarios y televisión. La CPM no evalúa de ninguna manera el trabajo de los periodistas que se nutrieron de lo que les pasó D’Alessio, además de que tuvieron otras fuentes.

Las 200 páginas del informe de la CPM se concentran en lo que se le encontró a D’Alessio en el allanamiento a su vivienda. De manera que todo tiene como eje al falso abogado, no a los medios de prensa. Lo que sucede es que D’Alessio se aprovechó de sus vínculos con periodistas para incentivar la publicación de una parte de lo conseguido por espionaje ilegal o directamente falsificando documentos.

Los objetivos fueron tres:

*Extorsionar a los supuestos imputados.

*Influenciar a la opinión pública en contra de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

*Incidir en las causas judiciales presionando a “arrepentidos” o direccionando sus declaraciones.

En la denuncia original que investiga Ramos Padilla, la extorsión del empresario Pedro Etchebest, el falso abogado concretó su pedido de dinero –300.000 dólares– diciendo que podía arreglarle, a través de Carlos Stornelli, que no lo involucren en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Para exhibirle su poder, D’Alessio le mostró que tenía todas las entradas y salidas del país de Etchebest y su familia, las llamadas telefónicas y otros datos económicos. Y al mismo tiempo alardeó que podía hacer caer a un integrante de la Auditoría General de la Nación –“la semana que viene me lo cargo”–, algo que demostraba con su supuesto poder para que se publicaran notas periodísticas sobre ese tema. La CPM de ninguna manera dice que eso involucra en un delito a los periodistas: sólo transcribe los mensajes y las notas que luego D’Alessio usaba para sus operaciones, en este caso sacarle dinero a Etchebest.

Un ejemplo claro es lo ocurrido con la llamada Mafia de los Contenedores. El ahora detenido D’Alessio hizo un gran despliegue de espionaje ilegal: en su computadora se encontraron datos sobre un aduanero, Gabriel Traficante, obtenidos de archivos confidenciales de la Anses, de Migraciones, de las telefónicas. También produjo informes truchos con el membrete de la Embajada de Estados Unidos y del Israel Ministry of Defense. Hay algún documento con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que la CPM no puede certificar que es original, pero señala que el formato es típico de la ex SIDE. A esto se agregan fotos y más fotos de la casa, los vehículos y la familia de Traficante.

En el material analizado por la CPM hay diálogos de D’Alessio con varios periodistas “ofreciéndoles” que hagan notas escritas y en televisión involucrando a Traficante como una especie de gran jefe de la mafia de los contenedores. Y, por supuesto, vinculando al aduanero con el kirchnerismo. La realidad es que Traficante nunca fue procesado y ni siquiera la fiscalía o las querellas le pidieron la indagatoria al juez Marcelo Aguinsky. En la escena hay una aduanera, también señalada por D’Alessio en su material, Gladys Fernández, que habría participado en sacar ilegalmente de la Aduana un contenedor. Sin embargo, la mafia de los contenedores era otra cosa, se habla de unos mil contenedores, pero Fernández era, supuestamente, kirchnerista.

Detrás de escena, por supuesto, D’Alessio extorsionó a Traficante y le pidió medio millón de dólares para esquivar una causa penal en la que nunca estuvo involucrado y para frenar la ofensiva periodística que igual no podría haber frenado porque no tenía semejante dominio de los periodistas. Lo que hizo la CPM es simplemente transcribir cómo el falso abogado hizo las operaciones, lo que surge de lo que la Comisión encontró en las computadoras y celulares de D’Alessio.

Las carpetas y documentos exhiben los mismos mecanismos en varios otros casos, lo que incluye las jugadas para que Leonardo Fariña involucre a Ricardo Echegaray en una causa judicial; la propuesta de hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; la manipulación de la causa por la compra del Gas Natural Licuado y, una de las más graves, la extorsión al empresario Mario Cifuentes.

La histeria mostrada por los grandes diarios y algunas organizaciones periodísticas sólo se explica como defensa del procesado Daniel Santoro. Sucede que en el caso de Cifuentes, dueño de la empresa de servicios petroleros, OPS, Santoro aparece involucrado –según la mirada del juez– en la extorsión protagonizada por D’Alessio. El falso abogado le pedía 1.200.000 dólares a Cifuentes para “arreglarle” su situación en la Afip y en la quiebra de su empresa y le dijo: “¿no querés pagar? Mirá Animales Sueltos esta noche”. Las grabaciones que están en la causa demuestran que Santoro salió al aire dos veces, en dos días consecutivos, en el programa Animales Sueltos mencionando la sigla OPS, la empresa de Cifuentes. El periodista en realidad hablaba de la constructora del departamento que falsamente se le atribuyó a Lula en Brasil. En la indagatoria, Santoro dijo que se equivocó, que quería mencionar la empresa brasileña OAS, pero que en un programa en vivo “uno se equivoca”. También Santoro erró con una cifra y justito mencionó 1.200.000 dólares, el dinero que estaba exigiendo D’Alessio, y no de los 650.000 dólares en los que Clarín valuó el departamento de Lula ese mismo día. Al juez Ramos Padilla las explicaciones de Santoro le parecieron carentes de solidez y lo procesó.

Pero el informe de la CPM no se ocupó para nada de calificar o de evaluar a los periodistas ni de señalar si alguno incurrió en un delito. La CPM se limitó a analizar lo que se encontró en la casa de un detenido que espió ilegalmente, que extorsionó y que armó operaciones para influir en la opinión pública, direccionándola contra los gobiernos kirchneristas. El juez y el fiscal evaluaron y evaluarán después si hay motivos para imputar. Tal vez lo que molesta es que queda expuesta la conducta de varios periodistas, fanatizados en su alineamiento con el macrismo, y a los que les importó poco recibir el material de dónde sea. La clave, lo decisivo para ellos, fue que sirviera para su cruzada anti-K.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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