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Justicia

El informe que la Comisión Provincial de la Memoria le entregó al juez Ramos Padilla

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El informe que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) le entregó al juez Alejo Ramos Padilla se limita a enumerar las carpetas, documentos y mensajes de texto encontrados en la computadora y los celulares del falso abogado Marcelo D’Alessio.

El trabajo principal consistió en vincular, por las fechas, los temas y los contenidos, lo que se detectó en los distintos soportes. El informe no tiene la menor relación con lo que los medios oficialistas tratan de instalar como la “criminalización del periodismo”. Por ejemplo, la CPM detectó la manera en que D’Alessio armó, con membretes falsos de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Israel, documentos apócrifos sobre lo que se llamó “la mafia de los contenedores”. En las computadoras están los archivos originales. Luego, aparecen los mensajes de texto y fotos con los que D’Alessio le propuso a varios periodistas que hagan programas o notas escritas sobre ese tema y les ofreció el material falso, así como elementos que acumuló con espionaje ilegal: entradas al sistema de Migraciones, fotos tomadas por él de las casas de los protagonistas o planillas de llamadas de los celulares, todo conseguido de manera fraudulenta. Lo que no aparece en computadoras y celulares es el paso siguiente: la extorsión. Por ejemplo en el caso llamado “la mafia de los contenedores”, D’Alessio pidió centenares de miles de dólares a un despachante llamado Gabriel Traficante, antes y después de las notas en los diarios y televisión. La CPM no evalúa de ninguna manera el trabajo de los periodistas que se nutrieron de lo que les pasó D’Alessio, además de que tuvieron otras fuentes.

Las 200 páginas del informe de la CPM se concentran en lo que se le encontró a D’Alessio en el allanamiento a su vivienda. De manera que todo tiene como eje al falso abogado, no a los medios de prensa. Lo que sucede es que D’Alessio se aprovechó de sus vínculos con periodistas para incentivar la publicación de una parte de lo conseguido por espionaje ilegal o directamente falsificando documentos.

Los objetivos fueron tres:

*Extorsionar a los supuestos imputados.

*Influenciar a la opinión pública en contra de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

*Incidir en las causas judiciales presionando a “arrepentidos” o direccionando sus declaraciones.

En la denuncia original que investiga Ramos Padilla, la extorsión del empresario Pedro Etchebest, el falso abogado concretó su pedido de dinero –300.000 dólares– diciendo que podía arreglarle, a través de Carlos Stornelli, que no lo involucren en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Para exhibirle su poder, D’Alessio le mostró que tenía todas las entradas y salidas del país de Etchebest y su familia, las llamadas telefónicas y otros datos económicos. Y al mismo tiempo alardeó que podía hacer caer a un integrante de la Auditoría General de la Nación –“la semana que viene me lo cargo”–, algo que demostraba con su supuesto poder para que se publicaran notas periodísticas sobre ese tema. La CPM de ninguna manera dice que eso involucra en un delito a los periodistas: sólo transcribe los mensajes y las notas que luego D’Alessio usaba para sus operaciones, en este caso sacarle dinero a Etchebest.

Un ejemplo claro es lo ocurrido con la llamada Mafia de los Contenedores. El ahora detenido D’Alessio hizo un gran despliegue de espionaje ilegal: en su computadora se encontraron datos sobre un aduanero, Gabriel Traficante, obtenidos de archivos confidenciales de la Anses, de Migraciones, de las telefónicas. También produjo informes truchos con el membrete de la Embajada de Estados Unidos y del Israel Ministry of Defense. Hay algún documento con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que la CPM no puede certificar que es original, pero señala que el formato es típico de la ex SIDE. A esto se agregan fotos y más fotos de la casa, los vehículos y la familia de Traficante.

En el material analizado por la CPM hay diálogos de D’Alessio con varios periodistas “ofreciéndoles” que hagan notas escritas y en televisión involucrando a Traficante como una especie de gran jefe de la mafia de los contenedores. Y, por supuesto, vinculando al aduanero con el kirchnerismo. La realidad es que Traficante nunca fue procesado y ni siquiera la fiscalía o las querellas le pidieron la indagatoria al juez Marcelo Aguinsky. En la escena hay una aduanera, también señalada por D’Alessio en su material, Gladys Fernández, que habría participado en sacar ilegalmente de la Aduana un contenedor. Sin embargo, la mafia de los contenedores era otra cosa, se habla de unos mil contenedores, pero Fernández era, supuestamente, kirchnerista.

Detrás de escena, por supuesto, D’Alessio extorsionó a Traficante y le pidió medio millón de dólares para esquivar una causa penal en la que nunca estuvo involucrado y para frenar la ofensiva periodística que igual no podría haber frenado porque no tenía semejante dominio de los periodistas. Lo que hizo la CPM es simplemente transcribir cómo el falso abogado hizo las operaciones, lo que surge de lo que la Comisión encontró en las computadoras y celulares de D’Alessio.

Las carpetas y documentos exhiben los mismos mecanismos en varios otros casos, lo que incluye las jugadas para que Leonardo Fariña involucre a Ricardo Echegaray en una causa judicial; la propuesta de hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; la manipulación de la causa por la compra del Gas Natural Licuado y, una de las más graves, la extorsión al empresario Mario Cifuentes.

La histeria mostrada por los grandes diarios y algunas organizaciones periodísticas sólo se explica como defensa del procesado Daniel Santoro. Sucede que en el caso de Cifuentes, dueño de la empresa de servicios petroleros, OPS, Santoro aparece involucrado –según la mirada del juez– en la extorsión protagonizada por D’Alessio. El falso abogado le pedía 1.200.000 dólares a Cifuentes para “arreglarle” su situación en la Afip y en la quiebra de su empresa y le dijo: “¿no querés pagar? Mirá Animales Sueltos esta noche”. Las grabaciones que están en la causa demuestran que Santoro salió al aire dos veces, en dos días consecutivos, en el programa Animales Sueltos mencionando la sigla OPS, la empresa de Cifuentes. El periodista en realidad hablaba de la constructora del departamento que falsamente se le atribuyó a Lula en Brasil. En la indagatoria, Santoro dijo que se equivocó, que quería mencionar la empresa brasileña OAS, pero que en un programa en vivo “uno se equivoca”. También Santoro erró con una cifra y justito mencionó 1.200.000 dólares, el dinero que estaba exigiendo D’Alessio, y no de los 650.000 dólares en los que Clarín valuó el departamento de Lula ese mismo día. Al juez Ramos Padilla las explicaciones de Santoro le parecieron carentes de solidez y lo procesó.

Pero el informe de la CPM no se ocupó para nada de calificar o de evaluar a los periodistas ni de señalar si alguno incurrió en un delito. La CPM se limitó a analizar lo que se encontró en la casa de un detenido que espió ilegalmente, que extorsionó y que armó operaciones para influir en la opinión pública, direccionándola contra los gobiernos kirchneristas. El juez y el fiscal evaluaron y evaluarán después si hay motivos para imputar. Tal vez lo que molesta es que queda expuesta la conducta de varios periodistas, fanatizados en su alineamiento con el macrismo, y a los que les importó poco recibir el material de dónde sea. La clave, lo decisivo para ellos, fue que sirviera para su cruzada anti-K.

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Justicia

Marcelo D’Alessio y la jugarreta del arresto domiciliario

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El falso abogado argumenta que en el penal de Ezeiza corre riesgo a su vida. Pide volver a su casa del lujoso country Saint Thomas, donde al momento de ser detenido ya intentó quedarse a cambio de “contar todo”.

En una nueva jugarreta, el falso abogado Marcelo D’Alessio pidió que le otorguen el beneficio del arresto domiciliario con el argumento de que tiene miedo de que lo maten en prisión ahora que pretende declarar como arrepentido. El razonamiento es que en la cárcel de Ezeiza corre más peligro que en su vivienda del lujoso country Saint Thomas de la localidad de Canning. En verdad este pedido ya lo hizo, a los gritos, en el momento en que el juez Alejo Ramos Padilla allanó su mansión y le dijo, en persona, que ordenaría su detención: “Dejame acá, yo te cuento todo”, intentó negociar D’Alessio. Hoy por hoy, el falso abogado está a la expectativa de su cita del 3 de diciembre con el fiscal Juan Pablo Curi.

La realidad es que hasta el momento no hubo ningún tipo de incidente ni agresión ni mucho menos muerte relacionada con los arrepentidos o con los que se pasaron de bando. Pero se caía de maduro que D’Alessio iba a usar la oportunidad de pedir el arresto domiciliario.

Lo cierto es que en Ezeiza la pasa muy mal: está alojado en el hospital penitenciario y prácticamente no sale al patio. Las autoridades del penal alegan que no lo pueden poner en el pabellón donde están los detenidos a los que les armó causas judiciales y tampoco lo pueden alojar donde están los presos comunes con antecedentes de violencia.

Una idea que surgió fue mandarlo al pabellón de los presos por delitos de lesa humanidad. Sucedió que los ex uniformados no lo admitieron: “No aceptamos a tipos que no tienen códigos”, fue la insólita respuesta de quienes tienen en sus espaldas asesinatos, torturas y robos de bebés.

La alternativa fue el hospital, pero las condiciones en las que está son malas. Casi no sale al patio interno que tiene el pabellón sanitario y, cuando lo hace, le gritan de todo desde los otros pabellones. El remedio que encontró fue ponerse auriculares y trotar sin escuchar lo que le gritan.

En principio, parece difícil que el juez Alejo Ramos Padilla acepte el pedido de prisión domiciliaria, con pulsera electrónica, formulado por Claudio Fogar, abogado de D’Alessio. De todas maneras le pidió al Servicio Penitenciario Federal que informe de las condiciones de detención del abogado trucho. También está la posibilidad de que D’Alessio sea alojado en Dolores después de su declaración de diciembre, según reportó la periodista de Tribunales, Vanesa Petrillo.

En principio Ramos Padilla no querrá mover nada al menos antes de que se complete el trámite que se inició con el pedido de D’Alessio de declarar como arrepentido. El fiscal Juan Pablo Curi, que es quien tiene que aceptar como valiosa la declaración de D’Alessio, ha sido más bien renuente a aceptar arrepentidos. Es un expediente en el que Curi jugó a favor de Comodoro Py y puso obstáculos en buena parte de los avances de la causa. En forma reiterada el fiscal pidió que Ramos Padilla deje la investigación en manos de un juez de Comodoro Py, pero su pretensión fue rechazada por el magistrado y por la Cámara de Mar del Plata, que supervisa el caso.

El 3 de diciembre, D’Alessio será trasladado desde Ezeiza a Dolores y ahí declarará ante Curi. Como se sabe, Ramos Padilla fue exigente en que se cumpla con la ley que obliga a grabar esas declaraciones de manera que no haya margen para negociaciones espúreas del estilo de “decime tal cosa o tal otra y a cambio te doy tal beneficio”.

Lo decisivo serán las pruebas que pueda aportar D’Alessio para respaldar sus dichos. En su casa se encontraron membretes falsos de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel, así como placas falsas de la DEA y sirenas apócrifas de las que se ponen arriba de los patrulleros. O sea que D’Alessio tiene un largo historial del truchadas, combinado con reales extorsiones, causas armadas, espionaje ilegal y vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia.

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Justicia

Postergaron el cierre de tres denuncias contra el juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura

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El oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación no pudo esta mañana lograr la desestimación de tres denuncias por presunto mal desempeño contra el juez federal Claudio Bonadio por cómo instruyó diferentes causas a su cargo. Entre otros expedientes, este magistrado llevó adelante la causa de los cuadernos de las coimas, la de “Los Sauces”, la llamada “dólar futuro” y la del Memorándum de Entendimiento con Irán, en las cuales procesó a la vicepresidente electa Cristina Kircher, e incluso pidió su prisión preventiva, medida que no se concretó porque cuenta con fueros como senadora.

Dos de esas denuncias fueron presentadas en 2017 por dos de los hombres que le cuidan las espaldas a la ex presidenta: Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta, y por Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y senador electo del Frente de Todos. Ambos habían pedido el enjuiciamiento y destitución del magistrado por mal desempeño.

La desestimación de esos dos expedientes contra el juez más cuestionado por el kirchnerismo ya había sido impulsada en septiembre por el entonces consejero del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, quien actuó como instructor de la investigación. Mahiques dejó el Consejo el pasado 29 de octubre al jurar como fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado por Facundo Bargalló Benegas, quien hizo suyos esos dictámenes desestimatorios.

Pero su aprobación en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se postergó una vez más por pedido del consejero académico Diego Molea, que suele ser crítico de posiciones del oficialismo en el Consejo. Molea advirtió que había “medidas de prueba en curso, pedidas y aprobadas por la propia Comisión”. Puntualmente dijo que no habían llegado copia de los expedientes en los que se cuestionaba la actuación de Bonadio.

El vicepresidente de la Comisión de Acusación, el diputado del PRO Pablo Tonelli, defendió el cierre de las causas ya que Bonadio había informado que “no contaba con copia de los expedientes”, por haber sido elevados a juicio, y que esos dictámenes desestimatorios ya habían sido postergados en una reunión anterior.

Por su parte, Bargalló Benegas destacó que los cuestionamientos a Bonadio “se refieren a decisiones del juez ya revisadas por el tribunal de alzada”, en referencia a la Cámara Federal, lo que era “suficiente” para avanzar en la votación de la desestimación.

Diego Molea (Consejo de la Magistratura)

Diego Molea (Consejo de la Magistratura)

Pero al planteo de Molea de esperar a poder analizar los expedientes en cuestión, se sumaron el consejero juez Alberto Lugones y el senador peronista Mario Pais. “Si votamos como Comisión una medida de prueba, debemos agotar los medios para conseguirla”, advirtió el legislador opositor. Este reclamo forzó a Tonelli a aceptar una nueva postergación.

La de hoy fue probablemente la última reunión de la Comisión de Acusación con la actual composición del Consejoen la que el actual oficialismo logró mantener una ajustada mayoría de 7 votos sobre 6 en las votaciones en el plenario. A partir del 10 de diciembre, se invertirán los números, ya que cambiará el representante del Poder Ejecutivo con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Ninguno de los dos expedientes tuvo casi movimientos y se apuran a proponer su desestimación cuando se están yendo”, se quejaron por lo bajo desde el bloque “opositor” en el Consejo. “Solo en ese apuro –analizaron- se entiende la protección que busca garantizarle el Gobierno a Bonadio”, el magistrado a cargo de la causa que reveló una práctica institucionalizada durante el kirchnerismo de cobro de coimas a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

La tercera denuncia contra Bonadio que no fue cerrada en la reunión de Comisión de esta mañana la formuló el año pasado la mujer y el hijo de Gerardo Ferreyra, titular de Electroingeniería, Myriam Cohen y Luis Sebastián Ferreyra. Su desestimación había sido pedida por el consejero juez Juan Manuel Culotta, cercano a las posiciones del actual oficialismo.

El empresario kirchnerista fue procesado por Bonadio y estuvo detenido con prisión preventiva en la causa de los cuadernos por 14 meses. Fue excarcelado el mes pasado por la Cámara Federal, con la causa de los cuadernos ya elevada a juicio oral.

La denuncia la formularon su mujer e hijo por presunta “privación ilegal de la libertad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “prevaricato” por parte de Bonadio, por el tiempo que el empresario estuvo detenido con prisión preventiva “sin auto de mérito alguno, y a las resultas de una investigación errática y ficcional”. La misma denuncia presentaron ante sede penal, pero fue desestimada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, decisión confirmada por la Cámara Federal y la de Casación.

La causa que sí se cerró

A esas dos presentaciones de Beraldi y Parrilli, y la de la familia de Ferreira, se agregó un pedido de cerrar una cuarta denuncia formulada contra Bonadio por los abogados Federico Paurolo, Lisandro Teszkiewicz y Adrián Albor también en 2017. Su desestimación fue pedida por Tonelli, y esta sí fue aprobada hoy en la Comisión.

Los letrados lo había acusado de “persecución política” y “avasallamiento de la privacidad de las personas” – en el marco de los allanamientos dispuestos por Bonadio por los incidentes que tuvieron lugar cuando se trató en el Congreso la reforma previsional en diciembre de 2017-, por haber ordenado secuestrar, entre otras cosas, “panfletos… banderías y propagandas políticas (ropa, papeles, etc.), elementos cortantes, llaves falsas o ganzúas y todos los elementos útiles para la pesquisa, debiéndose obtener fotografías de los mismos”.

También de haber desconocido “la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos, la creación de los partidos políticos y el ejercicio de sus actividades, su organización y funcionamiento democrático“ y hacer “un uso ilegal e indiscriminado de los allanamientos, que tienen un carácter restrictivo, de acuerdo con el art. 224 del CPPN, y únicamente se encuentran permitidos ante situaciones graves, excepcionales e indispensables para la investigación de un delito”

Otros expedientes abiertos

Estos expedientes no son las únicos que tiene Bonadio en el Consejo. Hay otros cuatro abiertos en el Consejo contra el magistrado. Uno se abrió por otra denuncia de Beraldi –bajo el número 150/18- que también estaba en manos de Mahiques y ahora la tiene Bargalló Benegas. Otra denuncia la presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y está a cargo de Graciela Camaño, que también tiene la iniciada por la abogada Natalia Salvo en representación del empresario agropecuario denunciante de una trama de espionaje y extorsión Pedro Etchebest.

La última es del juez Juan Ramos Padilla, abogado de su hijo, el magistrado federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por espionaje ilegal y extorsión, que también está en manos de Culotta. Ramos Padilla padre cuestionó a Bonadio por el manejo de las escuchas telefónicas de la “Operación Puff”, que revelaban que presos kirchneristas habrían estado al tanto de la denuncia que haría el empresario Pedro Etchebest en el Juzgado de Dolores para desacreditar la investigación de la causa de los cuadernos e intentar apartar al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadio.

Los argumentos de las denuncias

Beraldi lo denunció a Bonadio por su actuación en la causa conocida como “Los Sauces”, en la que el magistrado procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Lo hizo al acusarla de simular alquileres de propiedades de la familia Kirchner para encubrir retornos de parte de empresarios contratistas del Estado.

El abogado advirtió que el magistrado “removió a quien se desempeñaba como administrador de la sucesión del doctor Néstor Carlos Kirchner y, atribuyéndose facultades exclusivas de un juez con competencia civil, designó un interventor judicial para administrar los bienes del acervo hereditario, pese a que éstos no tendrían vinculación con el objeto procesal de la referida causa penal”.

Cristina Kirchner en Comodoro Py

Cristina Kirchner en Comodoro Py

El abogado de la ex presidenta también objetó que los interventores de la inmobiliaria Los Sauces S.A y de la sucesión de Néstor Kirchner “habrían cometido faltas gravísimas que ameritaban su apartamiento, sin embargo las mismas fueron consentidas y avaladas por el doctor Bonadio, dejando al descubierto que el verdadero propósito de las medidas ordenadas habría sido causar perjuicios a la familia Kirchner“.

Beraldi cuestionó asimismo al juez porque ordenó detener en abril de 2017 a Manzanares, “ignorando por completo la pormenorizada explicación dada por el imputado” e “invocando una supuesta maniobra dirigida a obstruir la labor de la justicia y entorpecer la investigación en curso“.

En opinión del letrado -designado en ese momento por el histórico contador de los Kirchner como su defensor-, su detención en Santa Cruz “estuvo dirigida a producir un alto impacto en la opinión pública”. En ese sentido cuestionó que, pese a “la urgencia con la que se dispuso”, su traslado a la ciudad de Buenos Aires se produjo varios días después.

Beraldi también consignó que denunció a Bonadio en la Justicia penal por su actuación en este expediente, causa que recayó en el Juzgado Federal Nº5, subrogado en ese momento por Marcelo Martínez De Giorgi. Sin embargo, este magistrado desestimó la denuncia ya que se trataba de “cuestiones netamente procesales” que debían en todo caso ser planteadas en la causa original para su revisión por instancias superiores. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

El letrado también cuestionó el accionar del juez en la llamada causa “Dólar futuro”, en la que la ex mandataria fue procesada por defraudación a la administración pública. Beraldi consideró que en ambos expedientes el juez “habría adoptado medidas abusivas y arbitrarias en relación con el patrimonio de la familia Kirchner”.

Parrilli, en tanto, denunció a Bonadio por la causa en el que lo procesó -junto a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura- por defraudación a la administración pública por los fondos destinados a un libro laudatorio de los logros del kirchnerismo que finalmente nunca se publicó, pero el Estado nunca recuperó el dinero.

Los motivos del pedido de la desestimación

En los fundamentos para rechazar las denuncias que finamente hoy no se cerraron, los distintos consejeros coincidieron en la histórica posición del Consejo de no enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, y en destacar que las presentaciones efectuada por los denunciantes, responden a “una mera disconformidad con el criterio sostenido por el magistrado a cargo de la instrucción en el expediente“.

También señalaron en los dictámenes que piden la desestimación que “en el juicio político se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley”.

Y concluyeron que “el Consejo de la Magistratura de la Nación limita sus facultades disciplinarias a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia, no pudiendo ejercer, directa o indirectamente, la jurisdicción”, ya que esto “implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio” adoptado por un juez.

Las denuncias contra Canicoba Corral

En la reunión de hoy, también se postergó el pedido del consejero y abogado radical Juan Pablo Más Vélez de cerrar cuatro expedientes contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presunto enriquecimiento ilícito, su vinculación de inmuebles millonarios, la supuesta recepción de sobresueldos, y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). En este último expediente, el magistrado dispuso el procesamiento y detención de su ex titular del sindicato Omar “Caballo” Suárez, uno de los que luego lo denunció en el Consejo.

Las denuncias fueron presentadas, además, por el consejero Tonelli, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, y el contador forense Alfredo Popritkin. Como Más Vélez consideró que las causas eran conexas, acumuló los cinco expedientes y tomó medidas de prueba en los últimos diez meses. Se libraron oficios a los organismos públicos como la AFIP, el Renaper, al Banco Central y a la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros.

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Abuso Sexual

Pidieron 45 años de cárcel para los curas abusadores del Instituto Próvolo

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Luego de un proceso de tres meses que alcanzó más de 40 audiencias, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza finalmente pidió las penas para los curas del Instituto Antonio Próvolo acusados de abusar y corromper niños sordos: 45 años de prisión para los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; de 22 años y medio para el ex jardinero Armando Gómez.

Poco antes del mediodía, el fiscal Alejandro Iturbide culminó sus alegatos que habían comenzado ayer en el Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza, en la capital provincial. Iturbide se explayó de forma cronológica sobre cada uno de los episodios por los que llegaron al primero de los juicios por los abusos eclesiásticos.

La pena máxima por estos delitos es de 50 años. La Fiscalía solicitó 45 años para los sacerdotes; considerando que -en el caso de Corbacho- contaba con la mayor cantidad de imputaciones. Respecto a Corradi, aunque tiene menos imputaciones en su contra, 6 en total, Iturbide recordó era el regente del instituto y quien comandaba todo lo que acontecía en el instituto religioso.

Familiares de las víctimas en una protesta durante el juicio.

Familiares de las víctimas en una protesta durante el juicio.

Para Gómez, quien es sordo, el pedido de pena fue menor, exactamente la mitad de la que se pidió para los curas: el fiscal tuvo en cuenta entre los atenuantes que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable. Según informó el diario mendocino Los Andes, un joven de 27 años que estuvo en la escuela religiosa entre el 2011 y el 2013, advirtió en el juicio que Gómez, a quien se refirió como “Pilo”, guardaba entre sus pertenencias prendas íntimas de algunos de los estudiantes de la institución. Otro alumno declaró que fue violado al menos 8 veces mientras estuvo en el instituto, en ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques.

Durante su declaración -registrada en 2017, que duró más de 4 horas y media- el joven también relató otra ocasión en que fue violado por el también cura Corbacho.

El ex jardinero Gómez (@NacionalMza)

El ex jardinero Gómez (@NacionalMza)

Corbacho llegó al juicio con 16 imputaciones por abusos sexuales (simples y agravados), mientras que Corradi y Gómez contabilizaban 6 cada uno.

El juicio comenzó el 5 de agosto pasado e involucra a los primeros involucrados de todo el caso (quienes integran la causa inicial). En total, más de 20 ex alumnos denunciaron haber sido abusados y atacados mientras estudiaron en el Próvolo.

El 25 de noviembre se cumple 3 años desde que salieron a la luz las primeras denuncias por abusos sexuales contra chicos y chicas sordos y sordas en el instituto. Esas denuncias terminaron por constituir uno de los escándalos de abuso eclesiástico más importantes de la historia argentina. Es casi un hecho de que el tercer aniversario del Caso Próvolo llegará con sentencia en el primero de los juicios.

Tras culminar los alegatos del fiscal, comenzarán ahora los de los abogados querellantes (divididos en dos grupos); y luego será el turno de la defensa.

La sentencia podría conocerse la semana próxima.

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