El Gobierno tiene que pagar casi 75.000 juicios por reajuste de haberes a los jubilados

Se estima que esa cifra anual es insuficiente para abonar la totalidad de las sentencias firmes. En la confección de los pagos se priorizan a los jubilados de mayor edad o con enfermedades crónicas o terminales.

El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial. Luego se agregó el fallo de la Corte (caso Lucio Blanco) que ratificó el indice ISBIC –que arroja un aumento más alto– para los reajustes de haberes (abarca a los que se jubilaron o cesaron la actividad antes de febrero de 2018) uniformando los criterios judiciales a la hora de resolver las demandas de los jubilados.

Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ahora suspendida ley de movilidad. La Cámara ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo y se espera el pronunciamiento de la Corte.