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Economia

El Gobierno insiste con una ley de alquileres que permitirá indexar los contratos más altos

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A poco más de un mes de las elecciones, y aunque los pronósticos de todas las encuestas marcan que la posibilidad de revertir el resultado de las PASO y forzar un balotaje asoma complicada, el Gobierno busca mostrar iniciativa en temas que eventualmente pueden tener un impacto en la clase media.

En las próximas horas, enviará al Congreso la Ley de Alquileres, un proyecto que había anunciado Mauricio Macri meses atrás, como parte del paquete de medidas con el que se proponía cambiar el humor en la previa al inicio de la campaña, pero que finalmente fue desactivado por el rechazo de distintos sectores inmobiliarios y algunos cuestionamientos de sectores de la oposición.

En la elaboración del proyecto, que ya tiene el visto bueno del Presidente, trabajaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda, Iván Kerr; y un grupo de legisladores, encabezados por el diputado Daniel Lipovetzky, quien a pesar del contexto intentará darle impulso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.

Al igual que el proyecto presentado en abril, la iniciativa prevé que los honorarios inmobiliarios no pueden ser a cargo del inquilino en las propiedades con destino habitacional.

También, se elimina la prohibición de indexar contratos -una de los pocos artículos que queda vigente de la Ley de Convertibilidad 23.928, sancionada en 1991- para alquileres que superen el equivalente a 650 UVAs. A precio de este martes, unos 26.676 pesos.

En tanto, para alquileres inferiores a esa cifra, se establece que deberán aplicarse índices de actualización oficiales. Se determina uno conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), que será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.

Asimismo, en el artículo 2 del proyecto al que accedió Clarín en exclusiva, se aclara que el depósito de garantía que se le cobrará al inquilino “no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler”.

La duración de los contratos fue uno de los puntos que más polémica y rechazo de distintos sectores generó en la iniciativa presentada en abril. Para zanjar diferencias, el Gobierno decidió que en su texto se mantenga la vigencia de dos años; pero con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más si hay acuerdo entre el inquilino y el propietario.

Para ello, incorpora en el artículo 1218 del Código Civil y Comercial, una aclaración, que le da la posibilidad a ambas partes de dar por finalizado el vínculo: “La duración del contrato se extenderá por un año con las mismas condiciones, si llegado el día del vencimiento el locador o el locatario no hubieran notificado fehacientemente su intención de no prorrogarlo y el locatario renovara o prorrogara las garantías presentadas”, estipula. De esta manera, buscan evitar gastos, como comisiones e impuestos a los sellos.

Se trata de una salida intermedia, ya que el plazo mínimo de tres años que fijaba el anterior contemplaba el reclamo de los inquilinos y el pedido de algunos legisladores -incluso, oficialistas como Lipovetzky- pero era rechazado por inmobiliarias y propietarios.

Otro capítulo importante es el de las garantías. El proyecto fija que puede ser: una garantía de otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se podrá documentar con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

De ese universo, el locatario propondrá al menos dos opciones y el locador deberá aceptar alguna, siempre que la misma cubra eventualmente las obligaciones del contrato.

Por otra parte, la ley establece que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, en un plazo máximo que dispondrá el organismo.

El proyecto también avanza con la creación del Programa Nacional de “Alquiler Social”, focalizado en darles solución a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de violencia de género. “Es una herramienta más que incluimos para combatir el déficit habitacional”, dijo Iván Kerr, a cargo de la Secretaría de Viviendas, que será el organismo rector y encargado del diseño de las políticas públicas. Entre otras cuestiones, el programa contempla subsidios o líneas de créditos blandos, y medidas para incentivar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a las viviendas.

Este es el segundo intento del Gobierno por avanzar con una Ley de Alquileres. En abril, Macri se había puesto al frente de la presentación del proyecto, con un anuncio en la Quinta de Olivos con el que buscó generar expectativa. Ahora, acorde al cambio de escenario político, por el momento no está previsto que haya un acto de lanzamiento: a priori, sólo se prevé una movida en las próximas horas, a través de las redes sociales del Presidente y de la Casa Rosada. “Este proyecto de ley no es únicamente para esta coyuntura sino que también buscan proponer o sentar las bases de la política pública a largo plazo como la que se necesita para las soluciones de los problemas de la vivienda”, dijo el ministro Frigerio a Clarín.

El funcionario expuso que “se trata de una ley justa y que equilibra las relaciones entre ambas partes” y sobre la que “se escuchó y trabajó en conjunto con todos los actores del sistema inmobiliario”.

No obstante, en el oficialismo en el Congreso conceden que va a ser difícil que llegue a tratarse con Macri como Presidente. “Depende de la oposición. Nosotros conversamos con todos los sectores y tenemos la intención de que se debata; y buscamos consensuarlo con otros sectores, pero la llave para destrabarlo, la tienen ellos“, admiten.

En rigor, fue el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien bloqueó el proyecto en abril, con motivos poco claros. Se impuso, increíblemente, a la voluntad del propio Presidente, que había lanzado personalmente la medida. El costo interno de ese desaire, sin embargo, no lo pagó Dujovne, por entonces aliado estratégico del jefe de Gabinete, Marcos Peña; sino el ala política del Gobierno y algunos diputados, como el propio Lipovetzky, quien tras el episodio fue eyectado de la lista de candidatos y dejará el Congreso de la Nación en diciembre.

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En febrero, la producción y las exportaciones de autos cayeron casi un 17% en relación a un año atrás

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Los datos reflejan la variación con respecto a febrero de 2020, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En el segundo mes del año se fabricaron 21.809 vehículos, un 10,3% menos respecto a enero de este año. No obstante, las terminales dicen haber regresado a sus niveles de actividad pre-pandemia

La industria automotriz tuvo en febrero un fuerte descenso interanual en su producción. Así lo confirmaron las cifras dadas a conocer esta tarde por la Asociación de Fábricas de Automotores Argentina (Adefa), que destacó que en el segundo mes del año, las terminales automotrices produjeron 21.809 vehículos, que equivalen a un 16,5% menos que en febrero de 2020 y un 10,3 por debajo del mes pasado.

“Con 12 días hábiles de actividad, 6 días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada de cuatro empresas por vacaciones y la adecuación de sus líneas de producción”, destacó Adefa.

Fuente: AdefaFuente: Adefa

En tanto, indicó que en el acumulado del primer bimestre el sector produjo un total de 46.117 vehículos, es decir, un 1,5% menos respecto de las 46.816 unidades que produjo en el mismo período de 2020.

Pasados los meses con vacaciones en las distintas plantas, estamos viendo valores de producción, ventas y exportaciones similares a los del mismo bimestre de 2020, es decir que ya recuperamos a niveles pre-pandemia (Daniel Herrero, titular de Adefa)

En ese marco, la entidad informó que el sector exportó 15.055 vehículos, es decir que registró un aumento de 26,3% en su comparación con el mes anterior, y se contrajo 16,9% respecto del volumen que se contabilizó en febrero de 2020.

Fuente: AdefaFuente: Adefa

En el acumulado enero-febrero, las terminales exportaron 26.979 unidades, un 0,6% más respecto de los envíos registrados en el mismo periodo del año pasado.

Con 12 días hábiles de actividad, seis días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada de cuatro empresas por vacaciones y la adecuación de sus líneas de producción

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 26.676 unidades en febrero, volumen 2,3% menor respecto del desempeño del mes anterior, y 1,9% por debajo de los volúmenes de febrero del año pasado.

Entre enero y febrero se comercializaron a la red de concesionarias un total de 53.979 unidades, un 2% por sobre las 52.918 unidades del primer bimestre del año anterior.

“Pasados los meses con vacaciones en las distintas plantas, estamos viendo valores de producción, ventas y exportaciones similares a los del mismo bimestre de 2020, es decir que ya recuperamos a niveles pre-pandemia y con expectativa de mejora para el resto del año”, destacó Daniel Herrero, presidente de Adefa.

En el acumulado del primer bimestre el sector produjo un total de 46.117 vehículos, es decir, un 1,5% menos respecto de las 46.816 unidades que produjo en el mismo período de 2020 (Asociación de Fábricas de Automotores Argentina)

Agregó que el sector “continúa trabajando con los distintos actores de la cadena de valor en relación a los proyectos de ley para enviar al Congreso que permita generar las condiciones necesarias para tener un sector sostenible en tiempo”.

De esta manera los números de febrero no pudieron ir alineados a los de enero, mes en que la producción nacional de vehículos fue de 24.308 unidades, lo que representó un incremento del 17,5% respecto a igual mes de 2020, en tanto las exportaciones crecieron un 37% en el mismo período.

Cabe recordar que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante febrero ascendió a 30.141 unidades, lo que representa una suba del 8,9% interanual, ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 27.679 unidades.

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 79.866 unidades, lo que significa una suba de 9,9% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 72.651.

El “top tres” de vehículos patentados en enero lo encabezó, al igual que en enero, el Fiat Cronos con 5.709 unidades vendidas (+11,1%). El podio lo completaron la Toyota Hilux con 2.194 unidades comercializadas (+7,7%) y el Volkswagen Gol con 1.684 unidades (+5,9 por ciento).

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Alquileres: ya es obligatorio para los dueños registrar los contratos en la AFIP

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Este lunes comenzó a regir el RELI dentro de la página del organismo recaudador, donde se deben inscribir los contratos. Es obligatorio para el locador y también podrá ser informado por los inquilinos.

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este lunes a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se deberán registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, entre otros.

Solo queda excluida la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Si bien los locatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

“Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, dijo Hernán Cruells, jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, a la agencia de noticias Télam.

Según explicó Cruells, el inquilino “no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio”.

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que “en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta”.

¿Cómo hacerlo?

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

En relación a las sanciones por no registración, Cruells indicó que “es un incumplimiento a deberes formales y les cabe las multas previstas en la ley de procedimiento fiscal“.

Además, alertó el funcionario, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.

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Por la brecha cambiaria, los productores guardan soja por 4.700 millones de dólares

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Pese al buen precio del cultivo, el ritmo de comercialización es similar al año pasado. El “dólar soja” cotiza a 60 pesos, muy lejos del dólar blue o dólar MEP.

Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.

Hasta el momento, los chacareros se desprendieron de 40,6 millones de toneladas de soja de las 49 millones de toneladas que se produjeron en 2020, según los últimos datos oficiales actualizados al 27 de febrero. De ese total, 32 millones de toneladas fueron compradas por la industria para procesar el grano y luego exportar como subproducto (harina y aceite) mientras que los exportadores se quedaron con 8,6 millones de toneladas para enviar al exterior como poroto.

De esa manera, los productores tienen en su poder 8,4 millones de toneladas del cultivo, lo que representa unos 4.700 millones de dólares, teniendo en cuenta la cotización del viernes del Valor FOB del poroto (el valor de la mercadería puesta en el puerto) que era de 562 dólares por tonelada, una cifra que aliviará las cuentas del Gobierno una vez que ingresen las divisas.

El ritmo de comercialización de la soja sigue resultando similar a lo que sucedió en el ciclo 2018/19 pesar del alto valor del poroto en el mercado de Chicago (mercado de referencia del mundo) donde este viernes cerró la jornada con 516 dólares, un 60% más que lo que cotizaba a igual fecha de febrero de 2020.

A esta altura de 2019, los chacareros habían vendido 46 millones de toneladas de las 55 millones de soja que se había cosechado. O sea, les faltaba vender un 17%, similar guarismo de lo que sucede en la actualidad.

El principal motivo por el cual los productores no quieren vender los granos, pese al buen precio, pasa principalmente por la brecha cambiaria. A precios de hoy, el dólar soja, como lo denominan al dólar que recibe cada productor luego del descuento del 33% de las retenciones que tributa el cultivo del dólar oficial, es de 60 pesos, muy lejos de los 145 pesos que cotiza el dólar blue o los 140 pesos del dólar MEP.

“En una situación donde el productor pudiera comprar dólares sin límites, como fueron años anteriores, habría mayor cantidad de ventas”, explicó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En este sentido, algunos productores, que tienen espalda financiera, venden la soja a medida que necesitan comprar insumos para la siguiente campaña y otros directamente lo utilizan como “moneda”, ya que cada vez más empresas agropecuarias se aggiornaron a la venta de bienes con el plan canje de granos, sobre todo las automotrices, marcas de maquinaria agrícola y empresas de insumos agrícolas.

“Si no necesitás la plata proveniente de la soja, los productores no la venden. Sólo lo hace si llega sin liquidez y venden cuando debe afrontar el pago de insumos para la próxima campaña, que es desde marzo en adelante”, remarcó Miazzo.

En tanto, también los productores guardan 7 millones de toneladas de maíz, continuando con los datos del Ministerio de Agricultura, valuados en casi 1.700 millones de dólares (el Valor Fob del viernes fue de 262 dólares) . De las 51 millones de toneladas que se produjeron en 2020, 38,8 millones de toneladas fueron compradas por la exportación y 5,1 millones por la industria.

Así, entre soja y maíz, los dos principales cultivos de Argentina, quedan sin comercializar 6.400 millones de dólares de la campaña pasada que seguramente en los próximos días se irán liquidando para solventar la compra de insumos para la campaña de trigo que se viene ya que como sucede todos los años, tanto la soja como el maíz, se termina vendiendo en su totalidad.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Con respecto a la nueva campaña de soja que empieza con la cosecha de fines de marzo, se encendieron las alarmas por el deterioro del cultivo en los últimos 15 días por la falta de lluvias y altas temperaturas. Por lo que la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que volvió a subir la condición regular y mala del cultivo de primera a un 30% y muchos cuadros buenos pueden derrumbarse.

En febrero solamente llovió el 23% de lo histórico y no hay pronósticos a favor en los próximos días. La media mensual de los últimos 30 años en la principal zona agrícola es de 100 a 120 milímetros en este mes. Pero a la fecha tan sólo el acumulado llegó a 25 milímetros, siendo el oeste cordobés y noroeste bonaerense las zonas más beneficiadas.

Ante esta situación adversa, en principio, la soja de primera puede bajar el rendimiento de 200 a 1000 kilos por hectárea el rinde, por lo que haría caer la producción total de soja, que fue estimada recientemente en 49 millones de toneladas.

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