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Economia

El Gobierno flexibiliza los requisitos y suma a las empresas de más de 800 empleados al plan para el pago del 50% de salarios

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Además, a partir de ahora, podrán pedir el beneficio empresas cuya facturación creció no más del 5% entre el 12 de marzo al 12 de abril de 2020 en comparación con mismo período 2019, es decir que sufrieron una caída real del 30%

El Gobierno incorporó más empresas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, por el cual el Estado paga el 50% del salarios de los trabajadores del sector privado. A través de una Decisión Administrativa publicada este jueves en el Boletín Oficial, se suman nuevos rubros que pueden solicitar el beneficio, se flexibilizan los requisitos de caída de facturación y incluye también a las empresas de más de 800 empleados.

De acuerdo con el texto oficial, el programa de asistencia al trabajo se focalizó en asistir a las empresas y los trabajadores de sectores altamente afectados por la pandemia del coronavirus. Por eso, para acceder al beneficio las empresas debían cumplir con dos requisitos: pertenecer a un rubro afectado y una caída en la facturación en el período del 12 de marzo al 12 de abril, en comparación con el mismo período del año anterior.

 Hasta el momento, un total de 660 sectores fueron identificados como elegibles para ser beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno decidió sumar nuevos rubros

Hasta el momento, un total de 660 sectores fueron identificados como elegibles para ser beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno decidió sumar nuevos rubros que hasta ahora no habían sido incluidos y que también están afectados por las medidas de aislamiento.

Un ejemplo es el sector de tostado, torrado y molienda de café, donde se encuentran registradas decenas de cafeterías que resultaron severamente afectadas. Lo mismo ocurre con el rubro elaboración de cervezas, bebidas malteadas y malta, donde hay desde grandes compañías industriales productoras de cerveza hasta pequeñas cervecerías artesanales.

El rubro de cervercerías artesanales también se suma al programa ATP

El rubro de cervercerías artesanales también se suma al programa ATP

Otro sector que se suma es el de servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros derechos, donde se encuentran concesionarias de terminales de autobuses que están totalmente paralizadas. También hay empresas similares que estaban en distintos rubros, lo que implicaba un tratamiento desigual, como algunas concesionarias de peajes.

“Se constató que al interior de un sector supuestamente poco afectado existen situaciones disímiles”, explicó el texto oficial. También se sumó el rubro de venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros, donde muchas firmas experimentaron caídas. Y sectores exceptuados de la cuarentena —que hasta el momento se consideraban poco afectados por las medidas de aislamiento— pero que experimentaron caídas generalizadas, como la elaboración de aluminio o la producción de galletitas y bizcochos, pastas frescas o quesos, donde más del 30% de las firmas experimentó caídas reales superiores al 29,4%. o el caso de la producción de vinos.

Según datos de la Corporación Vitivinícola Argentina, la caída del consumo de vino estimada en marzo de 2020 respecto al mismo mes del año anterior rondaría el 30%, debido a la reducción de un 5% aproximadamente en la venta en los canales tradicionales (supermercados, almacenes, autoservicios) que representan aproximadamente el 70% del consumo, a lo que se suma la disminución a cero en el canal “botella abierta” (restaurantes, bares, hoteles) junto con el canal “enoturismo” y vinotecas, las cuales también se han visto ampliamente afectadas en la comercialización. Estos últimos representa el 30% restante del consumo.

 El Gobierno también flexibilizó el requisito de caída en la facturación para acceder al programa, lo que permitirá que se incorporen unas 140.000 empresas

“Si bien se trata actividades exceptuadas, las medidas de aislamiento han generado una contracción de la demanda tanto por la merma de las exportaciones como por la parálisis de las actividades ligadas al esparcimiento, que representan factores importantes en la demanda”, detalló el texto oficial.

Aunque no hubo una definición, el Gobierno realizó un pedido de informes a los ministerios de Educación, Transporte y Salud para realizar una evaluación pormenorizada de estos sectores para su inclusión en el programa.

Por otro lado, el Gobierno también flexibilizó el requisito de caída en la facturación para acceder al programa, lo que permitirá que se incorporen unas 140.000 empresas, que se anotaron en el segundo llamado de inscripción. A partir de ahora, podrán pedir el beneficio empresas que presentan una variación en su facturación de hasta 5% nominal positivo —en el período del 12 de marzo al 12 de abril de 2020 en comparación con 2019— que equivale a una caída real del 30% aproximadamente.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas

El ministro de Trabajo Claudio Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas

“El criterio de corte en 5% en lugar de en 0% permite incrementar el potencial de trabajadoras y trabajadores que percibirán el salario complementario contemplado en el Programa en alrededor de 125.000”, detalló el informe oficial.

Con los cambios realizados al programa, también se incorporan las empresas de más de 800 trabajadores, que hasta ahora estaban excluidas, y que tuvieron caídas drásticas en su facturación, como compañías de las industrias automotriz, siderurgia, grandes tiendas de venta minorista o cadenas de comida. “La relación entre las empresas de mayor tamaño y el entramado pyme indica que el cuidado de las primeras beneficia a las segundas, muchas de las cuales son sus proveedoras”, analizó el Gobierno.

 Unas 450 empresas de más de 800 empleados se inscribieron para recibir el beneficio, pero son 195 las que tuvieron una facturación inferior al 5% nominal

Unas 450 empresas de más de 800 empleados se inscribieron para recibir el beneficio, pero son 195 las que tuvieron una facturación inferior al 5% nominal (o -29,4% real). Estas 195 empresas emplean a 394.000 trabajadores.

También se incorpora a partir de ahora a las empresas más nuevas, que no tuvieron facturación en marzo del año pasado, lo que hasta ahora impedía analizar su caída en la facturación, según los criterios que se habían establecido.

La publicación de la Decisión Administrativa, también resolvió la ampliación de quienes pueden tramitar el crédito tasa cero, ya que se incluye a los trabajadores autónomos que no realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino pero que se encuentran afiliados a las cajas profesionales provinciales y a los que iniciaron actividad después de marzo de 2019.

Los nuevos rubros que se suman

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Alquileres: ya es obligatorio para los dueños registrar los contratos en la AFIP

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Este lunes comenzó a regir el RELI dentro de la página del organismo recaudador, donde se deben inscribir los contratos. Es obligatorio para el locador y también podrá ser informado por los inquilinos.

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este lunes a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se deberán registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, entre otros.

Solo queda excluida la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Si bien los locatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

“Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, dijo Hernán Cruells, jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, a la agencia de noticias Télam.

Según explicó Cruells, el inquilino “no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio”.

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que “en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta”.

¿Cómo hacerlo?

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

En relación a las sanciones por no registración, Cruells indicó que “es un incumplimiento a deberes formales y les cabe las multas previstas en la ley de procedimiento fiscal“.

Además, alertó el funcionario, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.

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Por la brecha cambiaria, los productores guardan soja por 4.700 millones de dólares

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Pese al buen precio del cultivo, el ritmo de comercialización es similar al año pasado. El “dólar soja” cotiza a 60 pesos, muy lejos del dólar blue o dólar MEP.

Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.

Hasta el momento, los chacareros se desprendieron de 40,6 millones de toneladas de soja de las 49 millones de toneladas que se produjeron en 2020, según los últimos datos oficiales actualizados al 27 de febrero. De ese total, 32 millones de toneladas fueron compradas por la industria para procesar el grano y luego exportar como subproducto (harina y aceite) mientras que los exportadores se quedaron con 8,6 millones de toneladas para enviar al exterior como poroto.

De esa manera, los productores tienen en su poder 8,4 millones de toneladas del cultivo, lo que representa unos 4.700 millones de dólares, teniendo en cuenta la cotización del viernes del Valor FOB del poroto (el valor de la mercadería puesta en el puerto) que era de 562 dólares por tonelada, una cifra que aliviará las cuentas del Gobierno una vez que ingresen las divisas.

El ritmo de comercialización de la soja sigue resultando similar a lo que sucedió en el ciclo 2018/19 pesar del alto valor del poroto en el mercado de Chicago (mercado de referencia del mundo) donde este viernes cerró la jornada con 516 dólares, un 60% más que lo que cotizaba a igual fecha de febrero de 2020.

A esta altura de 2019, los chacareros habían vendido 46 millones de toneladas de las 55 millones de soja que se había cosechado. O sea, les faltaba vender un 17%, similar guarismo de lo que sucede en la actualidad.

El principal motivo por el cual los productores no quieren vender los granos, pese al buen precio, pasa principalmente por la brecha cambiaria. A precios de hoy, el dólar soja, como lo denominan al dólar que recibe cada productor luego del descuento del 33% de las retenciones que tributa el cultivo del dólar oficial, es de 60 pesos, muy lejos de los 145 pesos que cotiza el dólar blue o los 140 pesos del dólar MEP.

“En una situación donde el productor pudiera comprar dólares sin límites, como fueron años anteriores, habría mayor cantidad de ventas”, explicó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En este sentido, algunos productores, que tienen espalda financiera, venden la soja a medida que necesitan comprar insumos para la siguiente campaña y otros directamente lo utilizan como “moneda”, ya que cada vez más empresas agropecuarias se aggiornaron a la venta de bienes con el plan canje de granos, sobre todo las automotrices, marcas de maquinaria agrícola y empresas de insumos agrícolas.

“Si no necesitás la plata proveniente de la soja, los productores no la venden. Sólo lo hace si llega sin liquidez y venden cuando debe afrontar el pago de insumos para la próxima campaña, que es desde marzo en adelante”, remarcó Miazzo.

En tanto, también los productores guardan 7 millones de toneladas de maíz, continuando con los datos del Ministerio de Agricultura, valuados en casi 1.700 millones de dólares (el Valor Fob del viernes fue de 262 dólares) . De las 51 millones de toneladas que se produjeron en 2020, 38,8 millones de toneladas fueron compradas por la exportación y 5,1 millones por la industria.

Así, entre soja y maíz, los dos principales cultivos de Argentina, quedan sin comercializar 6.400 millones de dólares de la campaña pasada que seguramente en los próximos días se irán liquidando para solventar la compra de insumos para la campaña de trigo que se viene ya que como sucede todos los años, tanto la soja como el maíz, se termina vendiendo en su totalidad.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Con respecto a la nueva campaña de soja que empieza con la cosecha de fines de marzo, se encendieron las alarmas por el deterioro del cultivo en los últimos 15 días por la falta de lluvias y altas temperaturas. Por lo que la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que volvió a subir la condición regular y mala del cultivo de primera a un 30% y muchos cuadros buenos pueden derrumbarse.

En febrero solamente llovió el 23% de lo histórico y no hay pronósticos a favor en los próximos días. La media mensual de los últimos 30 años en la principal zona agrícola es de 100 a 120 milímetros en este mes. Pero a la fecha tan sólo el acumulado llegó a 25 milímetros, siendo el oeste cordobés y noroeste bonaerense las zonas más beneficiadas.

Ante esta situación adversa, en principio, la soja de primera puede bajar el rendimiento de 200 a 1000 kilos por hectárea el rinde, por lo que haría caer la producción total de soja, que fue estimada recientemente en 49 millones de toneladas.

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Suben los biocombustibles y empujarán otro aumento en los precios de las naftas

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El 12 también sube el componente impositivo. Hasta ahora, las petroleras siempre lo trasladaron a los importes que pagan los consumidores.

A partir de este lunes, las petroleras deberán pagar más por los biocombustibles con los que cortan sus productos. Ese importe -decidido por el Poder Ejecutivo- se reflejará en el precio de los combustibles, que aumentarán desde el lunes. La duda es si el incremento comprenderá solo el traslado por los biocombustibles o también será aprovechado para una mejora de márgenes de las compañías.

El biodiesel que deben utilizar las petroleras sube un 3,6%. Como se lo utiliza en un 10% de la mezcla, eso impactaría en un 0,36% del precio del gasoil. En el caso del alcohol para la nafta sube un 1,9% y se lo utiliza en un 12% de la mezcla. El aumento final al consumidor es de 0,2%.

En el Gobierno no quieren más aumentos en el precio de los combustibles. Pero además de la corrección por los biocombustibles, también hay una suba en los impuestos que pagan estos productos, que será desde el 12 de marzo.

Hasta ahora, las petroleras -encabezadas por YPF– nunca dejaron de trasladar los incrementos de sus costos a precios finales. De esa forma, el lunes ya debería darse una primera remarcación, para ajustar por biocombustibles.

La duda del sector es si YPF aprovechará esa suba para realizar una mejora en sus márgenes de refinación. El precio del barril de petróleo crudo Brent está en ascenso y eso impactará en los importes al consumidor, ya que es uno de los principales costos.

La combinación de la suba de dos costos (biocombustibles e impuestos) obligará a las petroleras a realizar algún ajuste. Se espera que el lunes los surtidores ya reflejen una parte de eso.

“Lo lógico sería un aumento del 2%, chico, que refleje el peso de biocombustibles, sirva un poco de mejora de margen y ya vaya corrigiendo el tema impuestos”, sugieren estacioneros consultados.

YPF es el principal jugador del sector y sus pasos marcan el ritmo de sus competidores. “Aun sin trasladar el precio del Brent, no hay posibilidad de no traspasar a precios los mayores costos. Los márgenes son muy finitos y las cuentas de YPF no le permiten mucho relajarse al respecto”, cuenta un competidor.

YPF también podria hacer un solo aumento ahora, que junte bicombustibles, impuestos y mejora de márgenes. Pero, en ese caso, el incremento podría estar por arriba del 2%.

La discusión llega en plena negociación del Gobierno para que las empresas no suban sus precios más allá de la pauta anual (del 29%), y que los salarios le ganen a la inflación. En una reunión del jueves pasado, las compañías de consumo masivo acusaron a la logística, el transporte y el encarecimiento del gasoil como uno de los principales factores que presionaban sobre sus costos.

En la industria dicen que YPF estará condicionada por el calendario electoral. Durante los meses de elecciones, la petrolera congelará sus precios. Para ello, debería aplicar aumentos anteriores para no llegar presionada a esa instancia.

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