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Politica

El Gobierno finalmente dispondrá que el distanciamiento social se extienda por cuatro semanas

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La decisión se tomó luego de una reunión del Presidente con Santiago Cafiero y Vilma Ibarra. Será oficializado en las próximas horas

Si bien esta mañana trascendió que el Gobierno extendería por dos semanas el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), pero finalmente decidirá prorrogarlo por cuatro semanas. La decisión la tomó el presidente Alberto Fernández luego de reunirse en el primer piso de la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El decreto que se vence el 31 de enero había sido publicado el 21 de diciembre y fue el primero en el que el Gobierno, en un acuerdo con los gobernadores, decidió disponer la implementación de la DISPO en todo el país.

Luego, el 8 de octubre, el Gobierno publicó un decreto reglamentario que le brindó a los mandatarios provinciales nuevos criterios epidemiológicos y les dio herramientas para restringir la circulación nocturna frente al aumento de casos de coronavirus.

El Presidente mantuvo una reunión con Santiago Cafiero y Vilma Ibarra en el primer piso de la Casa Rosada El Presidente mantuvo una reunión con Santiago Cafiero y Vilma Ibarra en el primer piso de la Casa Rosada

En esta nueva etapa cada provincia seguirá controlando las medidas restrictivas de acuerdo a la situación epidemiológica que tenga y cumpliendo, en base a la reglamentación del artículo 4 del 1033/2020 que deja en manos de los gobernadores la potestad de limitar los horarios de circulación, con los cierres nocturnos.

Luego de que los casos de coronavirus aumentaron como consecuencia de las fiestas, el Presidente aprobó el 8 de enero un decreto reglamentario que estableció indicadores técnicos para argumentar la restricción en la circulación. El decreto estableció dos indicadores diseñados por el Ministerio de Salud: un coeficiente de contagiados que se debe comparar con los contagios actuales con los de la última quincena, y la prohibición de circulación nocturnas en las ciudades con más de 150 contagios cada 100.000 habitantes.

Si la suba de afectados por COVID-19 superaba el coeficiente elaborado por Salud, y hay más de 150 contagiados en una localidad con más de 100.000 habitantes, el gobernador respectivo debería “dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas”. Hasta el momento, esa reglamentación seguirá vigente. Cada mandatario deberá seguir ajustando las medidas según su contexto sanitario

Las medidas sanitarias seguirán siendo la mismas que hasta el momento Las medidas sanitarias seguirán siendo la mismas que hasta el momento

Después de las fiestas los casos de coronavirus comenzaron a crecer a gran velocidad. Ese movimiento de la curva de contagios llevó al Presidente a tener que plantearle a los gobernadores la necesitad de restringir la circulación con el fin de bajar el nivel de movimiento del virus. En la Casa Rosada entienden que decisión de cerrar la circulación durante la noche en algunas provincias dio un buen resultado. Los números de contagios empezaron a bajar, aunque en la actualidad la meseta de contagios esté muy alta.

Durante el mes de febrero el gobierno nacional irá midiendo la situación del escenario epidemiológico y, en paralelo, avanzar en el diseño de protocolos para concretar el retorno de las clases presenciales a los colegios, uno de los temas claves que tiene el Presidente en la agenda del próximo mes. La definición sobre el regreso a las aulas no solo es parte de una de las prioridades de gestión, sino también de la discusión política con la oposición.

La intención oficial es avanzar en un esquema de presencialidad y que la mayor cantidad de chicos puedan volver a las aulas. El método y los protocolos dependerán de cada provincia. Para que eso ocurra las autoridades de educativas están trabajando en un acuerdo con los gobernadores de todo el país para poder implementar el regreso de los chicos a las aulas en el mayor porcentaje posible.

La presencialidad será uno de los temas centrales de la agenda de Alberto Fernández en el mes de febrero La presencialidad será uno de los temas centrales de la agenda de Alberto Fernández en el mes de febrero

El acuerdo entre el ministerio de Educación y los gobernadores implica que cada mandatario acuerde con sus intendentes la aplicación de los protocolos de presencialidad. “La idea es que la unidad territorial sea lo más chica posible”, explicaron a Infobae desde el Palacio Pizzurno. Es decir, que sean los intendentes quienes definan que porcentaje de presencialidad puede aplicarse en cada una de las escuelas de sus municipios y que luego reporten la situación a sus gobernadores.

Lo que buscan evitar con ese nuevo sistema es que provincias enteras se queden sin clases frente un posible brote de contagios en las ciudades más grandes. El ministro de Educación le pidió a los gobernadores que en caso de que sea necesario dar marcha atrás con las restricciones epidemiológicas, que lo último que cierren sean las escuelas.

A diferencia de otras oportunidades, Alberto Fernández no se reunirá con los gobernadores para implementar la extensión de la DISPO. No habrá videoconferencia con los mandatarios como había trascendido. En las próximas horas saldrá un decreto y la medida se oficializará. Cuando venza, a fines de febrero, el escenario será otro. El Gobierno espera, para ese entonces, tener una mayor cantidad de vacunas en el país y un calendario de vacunación más preciso.

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Politica

Trasladaron a una sala de terapia intensiva al senador Carlos Alberto Reutemann

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El exgobernador de Santa Fe está internado por un cuadro de anemia desde el miércoles a la tarde.

El ex gobernador santafesino y actual senador, Carlos Alberto Reutemann, fue internado en un sanatorio de Santa Fe luego de que se presentara el miércoles para realizarse una serie de estudios por un cuadro de anemia. Luego de evaluarse su situación, el jueves se decidió derivarlo a una sala de terapia intensiva.

Los médicos pretenden determinar si existe alguna patología o hemorragia que pudiera provocar la anemia. Desde el sanatorio céntrico de la capital santafesina se informó que Reutemann “llegó por sus propios medios a internarse el miércoles por la tarde”.

Clarín consultó a sus allegados, quienes evitaron confirmar mayores detalles sobre su salud, aunque aseguraron que la internación en una sala de mayor complejidad se dispuso sólo para que los médicos pudieran tener un control más exhaustivo de su estado.

La actual internación, de acuerdo a lo que señalan en su entorno, no tiene relación con un posible cuadro de coronavirus. El ex gobernador, de 79 años, fue vacunado a fines de marzo luego de inscribirse en la página oficial de la provincia y aguardar su turno, que le fue otorgado por formar parte de una de las franjas etarias considerada de mayor riesgo.

El ex gobernador cumplió con el trámite sin bajarse de su automóvil, para evitar tomar contacto con la gente. Algunas enfermeras que lo reconocieron, sin embargo, le pidieron tomarse fotos. La imagen de ese momento fue compartida en redes sociales. Fue una de los pocas apariciones públicas del dirigente en los últimos tiempos.

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

Reutemann (79), dos veces gobernador santafesino y senador nacional desde 2003, había sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York en 2017 a causa de un cáncer de hígado.

“Tenía un tumor en el hígado. Tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja porque el tumor estaba encapsulado”, reveló el ex corredor de Fórmula 1 tras aquella intervención.

“Fue una cirugía muy larga de seis o siete horas y estuvo tres meses para cicatrizar. Tuve una recuperación lenta”, contó sobre el proceso de rehabilitación.

Allegados al legislador explicaron en los últimos tiempos que luego de aquella operación su salud quedó “deteriorada” y que le dejó algunas secuelas.

En ese sentido, la exdiputada Alejandra Vucasovich, una de sus más leales aliadas políticas, reveló el año pasado que Reutemann estaba “muy lúcido, pero con muchos impedimentos físicos”, cuando fue consultada sobre el silencio del dirigente en torno al caso Vicentin.

“El cáncer que tuvo en su momento lo ha dejado muy deteriorado”, precisó Vucasovich en declaraciones a Radio 2.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D'Elia.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D’Elia.

Reutemann se inició en la política desde el peronismo, de la mano del fallecido expresidente Carlos Menem, pero luego se diferenció al adherir a la alianza Cambiemos, siendo uno de los principales dirigentes del interior del país en apoyar a Mauricio Macri.

En 1991 alcanzó por primera vez la gobernación de Santa Fe gracias la controvertida Ley de Lemas, que le permitió ser elegido a pesar de tener menos votos que el radical Horacio Usandizaga, pero ayudado por la sumatoria de todos los candidatos del PJ. En 1999 volvería a repetir, pero esta vez alcanzando un aplastante triunfo sobre el mismo adversario de la UCR.

El conflicto que protagonizó el Gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario fue un quiebre en la relación con el oficialismo. Reutemann abandonó en 2009 el bloque K y ese mismo año se impuso para revalidar la banca como parte del espacio Santa Fe Federal, que contaba con el apoyo de un sector del PJ.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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