En mayo del año pasado el Congreso aprobó la ley que promueve las actividades productivas que tengan un uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado. El caso más habitual para ilustrar es la industria del software. “Coincidimos con el espíritu de la norma, de proteger una actividad sustentable, que puede realizarse desde cualquier parte del mundo con personal altamente capacitado. Pero nos encontramos con una reglamentación muy vaga, lo que puede dar lugar a equívocos (en la inscripción)”, explicaron desde la cartera que conduce Matías Kulfas.
La ley otorga un marco tributario para ayudar a las empresas del sector a competir globalmente y que también sirva de empujón para quienes incursionan en esta actividad. La norma, que reemplaza a la antigua Ley de Software que caducó en diciembre, incluye actividades como software, biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionadas con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, nanotecnología y nanociencia y la fabricación bienes 4.0.
Las críticas que recibió el programa estuvieron vinculadas con la posibilidad de que grandes empresas del sector aprovecharan estas ventajas de estímulo pensadas originalmente para las pymes. El esquema de beneficios incluye desde emprendimientos unipersonales hasta gigantes de la actividad como Mercado Libre, IBM, Accenture, Chevron, Neoris, Fox, JP Morgan, Oracle, Microsoft y Mundo Loco, la productora audiovisual que pertenece a Juan José Campanella, entre otros. Esto derivó en el cruce entre el dirigente social Juan Grabois y el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín. “Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, @marcos_galperin. Sos el tipo más rico del país pero Macri te regala el 70 por ciento de las contribuciones y el 60 por ciento del impuesto a las ganancias forzando la ley 25.922”, tuiteó en julio Grabois.
La nueva normativa reduce los costos laborales para el sector y otorga un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias. Además, contempla una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15 por ciento. Por otro lado, la ley estipula que los exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el impuesto a las Ganancias, obteniendo un alivio fiscal. Es decir, cuanto más exporten mayores serán las ventajas impositivas.
El Ministero de Desarrollo Productivo decidió revisar los beneficios y comenzó a trabajar en la reglamentación de la ley. Desde la cámara que nuclea a las firmas del sector señalaron a este diario que colaboran con el Gobierno en la nueva redacción. “Estamos trabajando con las secretarias correspondientes”, dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon.
Si bien no se descarta que se mantengan beneficios para todas las empresas sin importar el tamaño, habrá un escalonamiento para que las más chicas tengan ventajas diferenciadas. Los principales centros donde más crece la actividad están radicados en Tucumán, Resistencia, Bariloche y Posadas. Hasta el momento, la única diferenciación es que para firmas con una antigüedad menor a tres años, y categorizadas como Micro en el Registro Pyme, pueden ser elegibles acreditando solamente el 70 por ciento de su facturación anual, sin necesidad de cumplimentar otros requisitos.
