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El Gobierno denunció al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich por el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

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El Ministerio de Seguridad nacional presentó esta mañana una acusación contra Pablo Noceti y dos ex jefes de Gendarmería por irregularidades y encubrimientos

El Ministerio de Seguridad nacional denunció este lunes a primera hora a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017 en la ruta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven Santiago Maldonado.

La acusación fue presentada en sede judicial por un funcionario del ministerio que conduce Sabina Frederic e involucra entre los denunciados, además de Noceti, a los dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex Director Nacional Gerardo Otero y su segundo, el comandante general Ernesto Oscar Robino, ambos retirados en la actualidad.

Casi exactamente tres años después de aquel operativo, que derivó en un hecho político de grandes proporciones y en una investigación penal por lo que se creía que fue la “desaparición forzada” de Maldonado (algo que aún hoy sostiene su familia, ya que el tatuador estuvo desaparecido 78 días, hasta el 17 de octubre de ese año), el Gobierno acusó a estos ex funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia se basó esencialmente en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron apenas unos días atrás a Frederic. La Ministra les había encomendado en enero revisar el manejo de la propia fuerza en aquel hecho y tras una investigación que duró varios meses concluyeron que la acción para interrumpir el corte de ruta que había organizado la comunidad mapuche de Cushamen estuvo repleta de irregularidades.

Pablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió MaldonadoPablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió Maldonado

Para el Gobierno actual, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado y además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que los siete hombres mapuches más Maldonado que cortaban el camino levantaran el piquete.

La denuncia, que investigará el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello, pone el foco sobre todo en el rol de Noceti, a quien se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se le dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según se deja constancia en esta acusación, el ex virtual viceministro de Bullrich instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas promovido por la ex ministra, pero que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

“En el caso del Dr. Noceti, dicha actuación, además, comportó una intromisión de las autoridades políticas del Gobierno en la actuación encomendada a la Gendarmería por el magistrado entonces actuante (en referencia a Guido Otranto)”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae.

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

El momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, ChubutEl momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut

En el caso del comandante general Ernesto Oscar Robino, se lo denunció por su actuación desplegada en la Información Administrativa N° 3/17 del Registro de la Agrupación XIV Chubut, “orientada deliberadamente a obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior en el que pudiera investigarse la actuación de los miembros de la Fuerza”, y especialmente, de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo de despeje en cuestión.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La denuncia, disparada por la “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. “Así, se consagró una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1° de agosto de 2017”, dice la acusación, firmada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, y Edmundo A. Durval Segovia, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el GobiernoGerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el Gobierno

Para la administración de Alberto Fernández, hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Una de las directivas que recibió la ministra Frederic del actual presidente, Alberto Fernández, fue la de revisar las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, a la actual titular de la cartera le interesa ahondar en todo lo que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, quien, según concluyeron las pericias médicas, se ahogó en el río Chubut cuando intentaba escapar de la represión de Gendarmería.

Noceti y los hechos

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. Esas actuaciones fueron instruidas por Ramón La Cruz Galván, comandante General Oficial Superior Informante de esa fuerza, y registradas bajo la Información Administrativa 1/20.

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. Guido Otranto, titular del Juzgado Federal 1 de Esquel, ordenó al Escuadrón 35 El Bolsón el despeje de la carretera, lo que se concretó cerca de las 3:30 de la madrugada ya del día siguiente.

A la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativoA la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativo

El magistrado pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.

Simultáneamente, según declaró el Comandante Mayor Diego Conrado Héctor Balari, el 31 de julio de 2017, Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Rio Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM.

Noceti pidió que, en caso de un corte de ruta, intervenir para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

El operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en ChubutEl operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en Chubut

Según se evidencia en el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaron que para el despeje debía emplearse la Unidad Móvil Especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola.

Cuando se acercaron al grupo que del corte, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los gendarmes. Eso habilitó, según el informe de Gendarmería a Frederic, a que, en los términos de las órdenes que habían recibido de Noceti, al personal de la Fuerza usar las escopetas.

“Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, fue de inexorable relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional”, dice la denuncia, y agrega: “Su accionar configuró una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impedía involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta estaba actuando como órgano auxiliar de la Justicia”.

Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)

Por eso, para el Gobierno, el operativo que derivó en la muerte de Maldonado obedeció a “una cuestión de voluntad política”.

Pero el protocolo que decidió usar Noceti no estaba vigente. El que sí tenía competencia, firmado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, decía que “las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Algo que evidentemente no se respetó aquel mediodía helado de agosto tres años atrás.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia.

Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)

Y ese argumento que desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. Eso, dedujeron en la denuncia las autoridades actuales del Gobierno, habilitó a Noceti y al Director de Gendarmería a reprimir.

Según el informe administrativo presentado por Gendarmería días atrás a Frederic, Otero y Noceti expusieron al personal de la fuerza de seguridad “a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de protección necesarios”.

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado: “Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Politica

Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo del senador José Alperovich

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Forman parte de los 3.500 animales desaparecidos durante 2020 en campos de Santiago del Estero.

Al menos 240 vacunos de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional kirchnerista José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán. Por la causa ya había sido detenido un empresario ganadero.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron enviados por Luis Magliano, dueño de la concursada firma Oleos del Centro S.A (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., en las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en Santiago del Estero.

Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

El hallazgo se dio luego de que, por disposición de la Justicia santiagueña, se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe.

El primero de ellos tuvo lugar el lunes pasado en la localidad de Amstrong, al sur de Santa Fe, sin resultados positivos, aunque, según la investigación, se identificaron constancias del paso por ese establecimiento de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte firmadas por el hijo de Magliano con ese destino.

Entre martes y miércoles continuaron los allanamientos en campos de Salta y Santiago del Estero, donde finalmente se halló parte de ese ganado. El lugar en el que aparecieron las 240 vacas fue en el establecimiento ganadero “La Galesa” propiedad de Alperovich, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Fuentes de la investigación afirmaron también que se prevé más operativos ante la presunción de que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano y ahora por Alperovich.

Pese al hallazgo, el exgobernador tucumano aún no está ni siquiera como imputado en el expediente. Tampoco hubo una respuesta oficial de parte del senador o su equipo.

Según precisó a Clarín el apoderado de las firmas denunciantes, Hernán González, que siguen contando los animales que se encuentran en el lugar, que son alrededor de 9.000 vacunos.

Y advirtió que la hacienda encontrada estaba con la marca de la firma que denunció el faltante de los animales mientras que otros vacunos estaban sobremarcadas.

Además, informó que a Alperovich le inhabilitaron el movimiento de hacienda en las 100.000 hectáreas que posee en el noreste del país.

De todas formas, con este importante descubrimiento, la investigación penal llevada adelante por la Justicia santiagueña tendrá nuevas aristas para continuar. La nueva trama, ahora, vincula los negocios ganaderos de empresarios y políticos.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

La Justicia tendrá que dilucidar si el senador Alperovich forma parte de la presunta asociación ilícita que se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19 que impidieron la realización de auditorías y controles presenciales.

La fiscalía de Santiago del Estero declaró el sábado pasado depositario judicial de la hacienda recuperada al apoderado de las firmas San Eugenio S.A, El Tránsito S.A, El 38 S.A, Hernán González, presente durante los allanamientos y actuaciones judiciales.

Alperovich, por su parte, suma un nuevo problema en su contra, luego de la denuncia de una sobrina por supuesto abuso sexual, lo que provocó un pedido de licencia a su cargo de senador, avalado por la Cámara Alta.

El caso de los más de 150 millones de pesos

Las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. denunciaron a principios de este año que habían enviado desde el 30 de enero al 15 de diciembre de 2020 unas 3.530 cabezas desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro S.A (ODC), propiedad de Luis Magliano, en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Pero según relatan fuentes de la firma Haciendas San Eugenio, el 28 de diciembre se dieron cuenta del faltante de los animales y realizaron la denuncia policial correspondiente.

En este contexto, los denunciantes iniciaron una investigación privada de amplios alcances, con el objetivo de establecer cómo fue realizada la maniobra, la logística pública y privada utilizada para concretar la operación e identificar las personas que participaron.

También buscaron obtener la mayor certeza sobre las rutas de circulación empleadas y sobre el destino final de los animales, ubicando con mayor precisión los campos o frigoríficos clandestinos. Luego, la investigación pasó a manos de la Justicia santiagueña, a cargo de las fiscales Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini.

Al momento de la denuncia, Magliano era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, pero decidió renunciar a su cargo en enero último. Se dijo en ese momento que era por cuestiones personales. La causa gira sobre los supuestos siguientes delitos: asociación ilícita, estafa y hurto.

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