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El Gobierno denunció al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich por el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

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El Ministerio de Seguridad nacional presentó esta mañana una acusación contra Pablo Noceti y dos ex jefes de Gendarmería por irregularidades y encubrimientos

El Ministerio de Seguridad nacional denunció este lunes a primera hora a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017 en la ruta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven Santiago Maldonado.

La acusación fue presentada en sede judicial por un funcionario del ministerio que conduce Sabina Frederic e involucra entre los denunciados, además de Noceti, a los dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex Director Nacional Gerardo Otero y su segundo, el comandante general Ernesto Oscar Robino, ambos retirados en la actualidad.

Casi exactamente tres años después de aquel operativo, que derivó en un hecho político de grandes proporciones y en una investigación penal por lo que se creía que fue la “desaparición forzada” de Maldonado (algo que aún hoy sostiene su familia, ya que el tatuador estuvo desaparecido 78 días, hasta el 17 de octubre de ese año), el Gobierno acusó a estos ex funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia se basó esencialmente en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron apenas unos días atrás a Frederic. La Ministra les había encomendado en enero revisar el manejo de la propia fuerza en aquel hecho y tras una investigación que duró varios meses concluyeron que la acción para interrumpir el corte de ruta que había organizado la comunidad mapuche de Cushamen estuvo repleta de irregularidades.

Pablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió MaldonadoPablo Nocetti fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y quien ordenó el operativo de despeje de la Ruta 40 el día que murió Maldonado

Para el Gobierno actual, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado y además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que los siete hombres mapuches más Maldonado que cortaban el camino levantaran el piquete.

La denuncia, que investigará el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello, pone el foco sobre todo en el rol de Noceti, a quien se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se le dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según se deja constancia en esta acusación, el ex virtual viceministro de Bullrich instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas promovido por la ex ministra, pero que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

“En el caso del Dr. Noceti, dicha actuación, además, comportó una intromisión de las autoridades políticas del Gobierno en la actuación encomendada a la Gendarmería por el magistrado entonces actuante (en referencia a Guido Otranto)”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae.

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

El momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, ChubutEl momento en que se inició el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut

En el caso del comandante general Ernesto Oscar Robino, se lo denunció por su actuación desplegada en la Información Administrativa N° 3/17 del Registro de la Agrupación XIV Chubut, “orientada deliberadamente a obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior en el que pudiera investigarse la actuación de los miembros de la Fuerza”, y especialmente, de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo de despeje en cuestión.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La denuncia, disparada por la “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. “Así, se consagró una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1° de agosto de 2017”, dice la acusación, firmada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, y Edmundo A. Durval Segovia, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el GobiernoGerardo Otero, ex Director Nacional de Gendarmería, otro de los denunciados por el Gobierno

Para la administración de Alberto Fernández, hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Una de las directivas que recibió la ministra Frederic del actual presidente, Alberto Fernández, fue la de revisar las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, a la actual titular de la cartera le interesa ahondar en todo lo que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, quien, según concluyeron las pericias médicas, se ahogó en el río Chubut cuando intentaba escapar de la represión de Gendarmería.

Noceti y los hechos

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic le pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. Esas actuaciones fueron instruidas por Ramón La Cruz Galván, comandante General Oficial Superior Informante de esa fuerza, y registradas bajo la Información Administrativa 1/20.

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. Guido Otranto, titular del Juzgado Federal 1 de Esquel, ordenó al Escuadrón 35 El Bolsón el despeje de la carretera, lo que se concretó cerca de las 3:30 de la madrugada ya del día siguiente.

A la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativoA la izquierda, un gendarme sostiene un manojo de piedras; a la derecha, otro lleva un hacha. Un informe de la propia Gendarmería presentado a Sabina Frederic determinó que el personal no estaba preparado para el operativo

El magistrado pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.

Simultáneamente, según declaró el Comandante Mayor Diego Conrado Héctor Balari, el 31 de julio de 2017, Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Rio Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM.

Noceti pidió que, en caso de un corte de ruta, intervenir para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

El operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en ChubutEl operativo de despeje de Gendarmería se hizo sobre la Ruta Nacional 40, en Chubut

Según se evidencia en el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaron que para el despeje debía emplearse la Unidad Móvil Especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola.

Cuando se acercaron al grupo que del corte, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los gendarmes. Eso habilitó, según el informe de Gendarmería a Frederic, a que, en los términos de las órdenes que habían recibido de Noceti, al personal de la Fuerza usar las escopetas.

“Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, fue de inexorable relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional”, dice la denuncia, y agrega: “Su accionar configuró una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impedía involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta estaba actuando como órgano auxiliar de la Justicia”.

Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)Patricia Bullrich, jefa de Nocetti, junto a Otero (Adrián Escandar)

Por eso, para el Gobierno, el operativo que derivó en la muerte de Maldonado obedeció a “una cuestión de voluntad política”.

Pero el protocolo que decidió usar Noceti no estaba vigente. El que sí tenía competencia, firmado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, decía que “las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Algo que evidentemente no se respetó aquel mediodía helado de agosto tres años atrás.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia.

Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)Entrada a la Pu Lof, territorio mapuche donde se vio a Maldonado por última vez (Nicolás Stulberg)

Y ese argumento que desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. Eso, dedujeron en la denuncia las autoridades actuales del Gobierno, habilitó a Noceti y al Director de Gendarmería a reprimir.

Según el informe administrativo presentado por Gendarmería días atrás a Frederic, Otero y Noceti expusieron al personal de la fuerza de seguridad “a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de protección necesarios”.

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado: “Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

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Empresarios contra el “triple cepo”: aseguraron que la continuidad de la prohibición de despedir y la doble indemnización sólo suman más desconfianza

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Los hombres de negocios cuestionaron la medida por considerar que atenta contra la generación de empleo en un momento de leve recuperación de la actividad económica

El Gobierno confirmó este jueves que prorrogará la prohibición de despidos por 90 días y mantendrá la doble indemnización por todo el 2021. De esta manera, las empresas no podrán despedir sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

En ese marco, empresarios y dirigentes empresariales consultados por Infobae cuestionaron la medida por considerar que atenta contra la generación de empleo en un momento de leve recuperación de la actividad económica tras el golpe que asestó la pandemia de coronavirus en 2020 y que amenaza con continuar.

Por estas horas se trata de un tema que preocupa al sector industrial pese a la leve recuperación de la actividad que se registró en los últimos meses.

En mi opinión mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, aseguró Daniel Funes de Rioja, titular de Copal e integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El Gobierno debe pasar de una agenda defensiva a una agenda ofensiva, con estímulos para la generación de puestos de trabajo (UIA)

“Las pymes podrían ya empezar a contratar en la medida que algunas actividades están mejorando y las cifras negativas de suspensiones se han ido aminorando y se empezó lentamente a crear empleo, pero prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, destacó.

"Mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, aseguró el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.“Mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, aseguró el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Los industriales están convencidos de que estas medidas no tienen justificación y que complica los planes de las empresas de contratar personal.

Desde la entidad fabril destacan que los propios datos oficiales señalan que si bien en octubre cayó levemente el número de asalariados registrados del sector privado (-0,1%; -4.244 puestos), para la industria, el décimo mes del año fue el quinto período consecutivo de aumento del empleo registrado industrial (+0,3%; +3.672 puestos). Por lo tanto, dicen, desde septiembre están por sobre el nivel pre pandemia y actualmente lo supera en 4,5 mil trabajadores (+0,4%), como destacó Infobae el martes pasado.

Prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas (Funes de Rioja)

En un reciente informe, la UIA aseveró: “Si bien la recuperación mantiene todavía comportamientos heterogéneos entre sectores, partiendo de niveles muy bajos tras la crisis provocada por la pandemia y la recesión de los dos años previos, ya hay empresas con mayor demanda de empleo que comienzan a mostrar subas en las contrataciones. Esta tendencia se manifiesta en las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses, que se ubicaron en terreno positivo por segundo mes consecutivo en noviembre”.

Y agregaron que el empleo industrial crece, pero aún hay mucho para recuperar. “El Gobierno debe pasar de una agenda defensiva a una agenda ofensiva, con estímulos para la generación de puestos de trabajo”, explicaron antes de la medida de extensión que se conoció ayer.

Esto es tapar el sol con las manos”, resumió Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Mario Grinman, presidente de la CACMario Grinman, presidente de la CAC

“Una empresa con problemas va a cerrar igual. Este tipo de medidas no ayuda para generar nuevos puestos de trabajo. Si hoy hay un comercio que comenzó a repuntar las ventas, no va a contratar más empleados. Son medidas que se tomaron históricamente en distintos gobiernos, acá a nadie se le ocurre nada nuevo y son medidas que llevan al fracaso. La única manera de salir de las décadas de estancamiento es generando nuevas fuentes de trabajo y se tienen que generar a través del sector privado, no del Estado que provoca déficit”, aseguró el dirigente.

Una empresa con problemas va a cerrar igual. Este tipo de medidas no ayuda para generar nuevos puestos de trabajo (Grinman)

Y añadió que es menester incentivar a que el sector privado confíe en el país y en las autoridades de turno. “Los Gobiernos hacen todo lo contrario. Si no hay tranquilidad ni confianza no se genera clima de negocios y no se puede generar trabajo”, destacó.

Para Martín Cabrales, dueño de la empresa cafetera que tiene su nombre, esta medida “impacta y mucho”. En ese sentido, remarcó: “Supongo que aún más en las pymes. Antes de contratar lo van a pensar dos o tres veces y hay muchas empresas muy comprometidas. Si no pueden despedir y tienen que pagar doble es tremendo”.

Para Martín Cabrales, la prórroga del decreto que prohíbe despidos “impacta y mucho” (Prensa Martín Cabrales)Para Martín Cabrales, la prórroga del decreto que prohíbe despidos “impacta y mucho” (Prensa Martín Cabrales)

De acuerdo al empresario, la gran mayoría no tienen plata para indemnizar. “Nadie piensa en despedir porque no podrían pagarle a nadie, eso las que están en pie aún, porque muchas ya no existen. Si bien esto no es para nuevas contrataciones, tomar empleados en este contexto es algo casi impensado para estas compañías”, destacó.

En tanto, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que la situación que la prórroga plantea es que muchas empresas que no pueden pagar los sueldos van a terminar informatizándose o cerrando, porque hay muchas empresas que están en una situación límite.

“Las empresas que no puedan afrontar esto van a terminar cerrando. Realmente, es una situación compleja. Cuando una cierra la puerta de salida también cierra la de entrada. Por más que esto no aplica a nuevos empleados desalienta la generación de nuevos empleos porque hay miedo de que esto siga prorrogándose”, aseguraron.

A su turno, el especialista en derecho laboral, Julián De Diego, dijo que para recuperar la confianza hay que salir del cepo laboral, aunque sea de forma gradual.

Para eso, consideró necesario “ir bajando primero el 100% de aumento de indemnización a 80 o 75 por ciento, después a 50 por ciento, y así. Y la prohibición podría levantarse y permitirlas bajo el esquema de doble indemnización”.

En estos meses en que estuvo vigente la doble indemnización y la prohibición de despidos, en los casos de empresas que inexorablemente no podían seguir, los despidos se realizaron igual (De Diego)

Según De Diego, para sostener un esquema de ese tipo el Gobierno tiene que mantener el Programa ATP. “Si a un empleado que está suspendido el Estado le paga 34.000 pesos, cubre gran parte del costo al empleador. El programa Repro son chirolas en comparación. En estos meses en que estuvo vigente la doble indemnización y la prohibición de despidos, en los casos de empresas que inexorablemente no podían seguir, los despidos se realizaron igual. Nadie pagó la doble o llegaron a un acuerdo con los empleados para pagar menos o cerraron la cortina y no pagaron nada”, detalló.

Nadie piensa en despedir porque no podrían pagarle a nadie, eso las que están en pie aún, porque muchas ya no existen (Martín Cabrales)

Por su parte, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) le pidió al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, poner en marcha herramientas para “incentivar el consumo” y reclamó también la finalización de la prohibición de despidos y la doble indemnización.

Dentro de las propuestas de reactivación inmediata solicitadas por la entidad se encuentran las de “activar un plan de fomento a la producción, la creación de un fondo de ayuda para las pymes, y la continuación del programa de Aporte al Trabajo y la Producción (ATP)”, indicó la federación que representa a 230 entidades.

En materia laboral, piden la finalización de la prohibición de los despidos y la doble indemnización algo que finalmente no sucederá.

Contexto laboral

Los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, equivalente a 1,9 millones de empleos, por el impacto de la crisis sanitaria y la recesión, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De 20.755.000 puestos que existían en el tercer trimestre de 2019, se bajó a 18.848.000 en el mismo período del 2020.

Los empleos registrados descendieron 3,3%, pero los más golpeados fueron los trabajadores informales o en negro, un sector que cayó 18,8%. En tanto, los monotributistas e independientes descendieron 12,2 por ciento.

Cabe recordad que para limitar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el mercado de trabajo, el Poder Ejecutivo impuso la prohibición de los despidos y la penalidad del pago de doble indemnización a las empresas que dispusieran cesantías sin causa de su personal.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, y prorrogada en dos oportunidades.

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“No voy a dejar mi cargo”, dijo Carolina Píparo tras declarar en la causa que tiene a su marido imputado y detenido

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La diputada bonaerense insistió en que se trató de un accidente y la querella la denunciará por falso testimonio.

“De ninguna manera voy a dejar mi cargo. Yo estoy a disposición, ellos públicamente dijeron que no querían mi llamado, yo estoy a disposición de todos los platenses. Este miércoles tenemos una audiencia clave para nosotros y para definir al situación procesal de mi marido”, dijo la diputada bonaerense Carolina Píparo (44) tras declarar ante la fiscal penal de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo en la causa por la que está detenido su marido, Juan Ignacio Buzali (47), acusado de “tentativa de homicidio” en perjuicio dos motociclistas a los que confundió con ladrones y atropelló con su auto.

Martín de Vargas, abogado de uno de los jóvenes atropellados, explicó que en su declaración la legisladora y funcionaria municipal “incurrió en muchas contradicciones que no coinciden con los elementos aportados a la causa”.

“Las cosas no son como ella las relata y por eso si la fiscal no lo hace de oficio mañana vamos a radicar una denuncia por falso testimonio”, detalló el letrado a la salida de la fiscalía platense.

El abogado precisó que “la forma en la que describe la maniobra de las motos no coincide con los videos e insiste en que es un accidente y que intentaron evitar una emboscada frente a sujetos peligrosos aunque no vieron armas”.

De Vargas dijo que en su declaración la también la funcionaria municipal de La Plata en ningún momento se mostró “arrepentida” de lo que hizo. “Hubiera sido grato que se preocupara por el estado de las víctimas y le pidiera disculpas”, graficó.

En tanto, Matías Píparo, hermano de la legisladora, también fue citado a declarar ante la fiscal Di Lorenzo.

Píparo fue asaltada por motochorros la madrugada del °1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de la capital bonaerense, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Luego, y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos ladrones que los habían asaltado, por lo cual atropellaron a una de las motos en las calles 31 y 28. Por el impacto terminaron heridos Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

El viernes 9 de enero y a pedido de la fiscal Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido como acusado del “doble homicidio en grado de tentativa” de estos motociclistas.

En su declaración indagatoria afirmó que “lo que pasó fue un infortunio y un accidente“, que “jamás” quiso “lastimar a nadie”, y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” pero “no enojado” ni alcoholizado.

Buzali, detenido por tentativa de homicidio. Este miércoles se podría definir su prisión preventiva. Foto: Mauricio Nievas

Buzali, detenido por tentativa de homicidio. Este miércoles se podría definir su prisión preventiva. Foto: Mauricio Nievas

Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a “toda velocidad” y embistió “de lleno” a las víctimas, y que no se advirtió “ninguna maniobra de esquive”.

Por su parte, la jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó el martes de la semana pasada dos pedidos de excarcelación interpuesto por los abogados de Buzali por considerar que existen riesgos procesales si el acusado recupera la libertad.

Ante esta situación, los abogados defensores Fernando Burlando y Fabián Améndola recurrieron el fallo de la magistrada ante la sala de feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

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Diputados definirán cuándo comenzarán las sesiones extraordinarias y planean dejar los debates más conflictivos para el final

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Este miércoles debería comenzar la primera sesión de un largo verano, pero todavía no se resolvió el nuevo protocolo. Cómo están los votos por la reforma a la Justicia y a la Procuración

Todo estaba cocinado para que este miércoles comenzarán las sesiones extraordinarias por primera vez en 2021. De hecho, se había establecido que el temario vaya de menor a mayor en cuanto a factibilidad de sanción de leyes a medida que avancen los días: las menos conflictivas primero, las más ásperas después. Sin embargo, mientas se cierra esta nota, aún no se definió el sistema de sesión mixto, por lo que el reglamento vigente impone el presentismo. Esto, en un país con la extensión de la Argentina, puede llegar a complicar las cosas para algunos diputados que se encuentran en sus respectivas provincias.

“Si no tienen los votos para el protocolo se deberá sesionar a partir del 27 de enero que, de hecho, es lo más probable”, sostiene una fuente legislativa que remarca que Labor Parlamentaria recién se reúne este lunes 18 y que quedan muy pocos días para que los legisladores puedan llegar si no se consigue la prórroga, porque “no es lo mismo viajar desde Córdoba o Santa Fe, que desde Jujuy”. En el Senado el panorama no es muy distinto: Cristina Kirchner, máxima autoridad de la Cámara, regresaría desde El Calafate el lunes próximo.

El largo listado de leyes a tratar fue presentado en la prórroga de sesiones ordinarias a través del Decreto 964/2020 e incluye veinticinco leyes entre las que se encuentran varias que fueron aprobadas –despenalización del aborto, ley de los mil días, movilidad jubilatoria, impuesto a las grandes fortunas, quita de coparticipación porteña–, y otras que cuentan con media sanción.

La intención del Ejecutivo apunta a que se comience a tratar proyectos que no generen demasiado roce con la oposición, para ganar tiempo de negociaciones en los temas que generarán controversias y que podrían frenarse, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así es que el temario comienza con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, algo que no tiene mayores contraindicaciones para la oposición.

Pero el plato fuerte estará servido cuando deban tratarse las dos leyes que reformarían el funcionamiento judicial nacional: Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El primero de estos proyectos era un interés personal de Alberto Fernández y se convirtió en un interés personal de Cristina, al punto de sufrir modificaciones en el Senado hasta el extremo de crearse 1.200 cargos sobre la marcha. El segundo era un interés personal de Cristina y se convirtió en un interés personal de Alberto con tal de que pueda nombrar al actual juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

En cuanto a la necesidad de las leyes, las opiniones son contrapuestas, como corresponde a la relación entre el oficialismo y la oposición. “Se supone que el gobierno necesita leyes, pero esto parece que fue más un acting que otra cosa”, sostiene una fuente de la oposición parlamentaria y justifica que “no hay ninguna ley que no pueda esperar a marzo”. En ese sentido, también un asesor del radicalismo sostuvo que “si nosotros vamos a tratar el fondo hipotecario, es lo mismo hoy que el dos de marzo”, al tiempo que ironizó con el blanqueo de inversiones inmuebles: “Puede que no funcione, puede que sea controversial, pero no veo a la gente haciendo cola para blanquear”.

Cristina Kirchner, presidenta del Senado (REUTERS)Cristina Kirchner, presidenta del Senado (REUTERS)

Voto a voto

En la Cámara de Diputados las cosas no se dan tan fluidas como en el Senado, donde el oficialismo tiene una mayoría prácticamente propia. En el recinto presidido por Sergio Massa, si bien el Frente de Todos cuenta con 119 diputados, esto no conforma la mitad más uno de los 257 escaños de la cámara. Descontado el voto en contra del bloque de Juntos por el Cambio, en la Rosada comenzaron a ajustar las negociaciones para que no se escapen los votos a favor.

En los últimos días se comenzó a especular con la posibilidad de que se pueda convencer a los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, pero el propio ex ministro de Economía dijo estar en desacuerdo con las propuestas del Ejecutivo. Desde la Rosada contestaron con un movimiento de piezas que terminó con un alfil del ministro de Economía Martín Guzmán en el directorio del Banco Central. ¿Quién salió? Un lavagnista.

Lavagna tiene varios funcionarios todavía en el Gobierno, en un listado que finaliza con su propio hijo, Marco, al frente del Indec. Desde el Congreso sostienen que, ante la opinión pública, se pagaría más costo político al ceder a las pretensiones “de Cristina”. En un juego en el que tanto el oficialismo como la primera oposición ya tienen posiciones tomadas, es difícil la libertad de voto para los del medio y más en un año electoral en el que cada voto a favor de un proyecto del Gobierno será señalado por la oposición ante cada micrófono periodístico que se cruce.

En cuanto a quién debería encargarse de conseguir los votos, hay un viejo axioma parlamentario que establece que, cuando faltan pocos votos, los restantes los consigue el presidente de la Cámara. Sergio Massa debería juntar solo diez votos pero la tiene difícil en cuanto a la reforma judicial que tampoco cuenta con el visto bueno de la izquierda.

Quién pidió los temas

El temario es pedido por el Presidente y no se puede incorporar otro tema por fuera del listado, salvo que exista un nuevo decreto presidencial. Fernández había decretado a fines de noviembre la convocatoria a extraordinarias a partir de la primera semana de diciembre, pero luego se modificó el calendario: las sesiones ordinarias fueron prorrogadas hasta el 3 de enero y a partir del 4 del mismo mes comenzaron las reuniones de comisiones con el listado pedido por Casa Rosada.

Pero en un gobierno de coalición todo debe ser consensuado, así que el temario remitido por el Poder Ejecutivo fue pulido luego de conversaciones entre Alberto y Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, presidente del bloque oficialista en Diputados. Y si algo esperaban los gobernadores peronistas del interior, no será de la partida: la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), no entró en consideración del Presidente.

Si hace unos meses se consultaba a las mismas fuentes respecto de la reforma judicial y la modificación al método de elección y remoción del jefe de los fiscales, las respuestas habrían sido totalmente distintas. El proyecto de unificación de fueros federales que salió del ministerio de Justicia dista años luz del que llega a Diputados con la media sanción del Senado. En cuanto a la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, el propio Daniel Rafecas le había pedido al Presidente que quería ser elegido con el sistema actual: dos tercios del Senado.

Hoy las cosas cambiaron y desde la Rosada afirman que, después de más de un año de mandato, “Alberto tiene que mostrar que algo hizo con la Justicia” y que ello llevó a que el Presidente ponga especial atención a que la reforma salga en cualquier estado. Las opciones son pocas: si no sale la reforma judicial se genera un alto costo al liderazgo del Presidente; y si sale se genera un alto costo político pero que confían en poder controlar a pesar de las modificaciones introducidas: “La última palabra está acá”, confía una fuente que transita a diario los despachos de Balcarce 50 y pone como ejemplo que “el impuesto a las grandes fortunas es ley y todavía está en veremos”.

Alberto FernándezAlberto Fernández

Desde la oposición, en cambio, juegan con la ansiedad del Gobierno: “tienen solo cien días para que salga”, sostuvo un asesor parlamentario curtido en plazos electorales que asegura que “más cerca de las elecciones, más lejos de que se diluya un impacto negativo”. A su vez, la oposición tiene en claro que la cuestión judicial “por más que nos disguste, no es un vector que afecte profundamente al voto”, remarca uno de los hombres de mayor experiencia legislativa y asegura que “son muy pocos los que están plantados de un lado o del otro, pero al resto de la gente la cuestión judicial hoy la tiene en el último lugar”.

Sin embargo, a nivel marketing, si la reforma judicial no llegara a salir, tampoco podría ser capitalizada por la oposición desde el marco electoral de captación de votos ya definidos, pero sí en cuanto a los votantes que están disconformes: “No conecta con las angustias de las personas y me la dejás servida en bandeja para que todos los días y en todos los canales cante la canción de que solo te interesa la impunidad judicial”, sostienen desde las filas opositoras.

Mientras tanto, hay un tema que, aunque nadie haya notado, comienza a preocupar a la cúpula del Frente de Todos: ¿Cómo se llevará a cabo la tradicionalmente multitudinaria Asamblea Legislativa del 1 de marzo en medio de una pandemia?

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