Connect with us

Politica

El Gobierno autorizó el regreso de las clases presenciales y habilitó a cada provincia a definir la fecha

Publicado

on

Aprobaron los nuevos indicadores epidemiológicos, pero la mayoría de los distritos no piensa en una vuelta a las aulas. La Ciudad de Buenos Aires avanzará con actividades de revinculación

Tras varios días de discusión, el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó por unanimidad los nuevos indicadores que regirán para definir la vuelta a las clases presenciales, suspendidas en casi todo el país desde el 16 de marzo. Pese al avance, según supo Infobae, aún no hay fecha de retorno en ningún distrito.

El nuevo semáforo epidemiológico flexibiliza las condiciones para reabrir las escuelas. De acuerdo al primer protocolo, solo podían pensar en un regreso aquellos distritos con nula baja circulación del virus. Ahora, las grandes ciudades, aquellas de más de 500 mil habitantes, podrán ajustar el modelo del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) para medir el riesgo de una apertura.

El modelo sigue tres indicadores: la cantidad de casos diarios de acuerdo a la población en los últimos 14 días, la disponibilidad de camas, y si la infraestructura educativa está en condiciones de aplicar los protocolos de higiene y distanciamiento. En otras palabras, mide la capacidad de una jurisdicción de contener un brote. De ese entrecruce de variables surge un indicador que determina si el riesgo es bajo, moderado o alto. Solo en los casos de bajo riesgo, los distritos pueden emprender el regreso a clases.

infobae-image infobae-image

El arribo a un acuerdo fue complejo. Entre el martes y este jueves, hubo largas horas de discusión, de revisión de artículos y cuestionamientos. Los funcionarios provinciales elevaron la voz y le cuestionaron al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, la postura de avanzar en el peor momento de la pandemia, cuando durante meses casi todo el Interior estuvo exento del virus.

La firma de resolución no implica que se vaya a dar un regreso a las clases en los próximos días. De hecho, la mayoría de las provincias ni siquiera se plantea volver a las aulas antes de fin de año. “Acompañamos la resolución, pero no hay ninguna posibilidad de inicio de clases. Tanto nosotros como muchas provincias estamos en el peor momento de contagios, fallecimientos y ocupación de camas críticas. Sería una locura volver ahora. Pareciera que porque se amesetó el AMBA ya no hay Covid en el país”, se quejaron en una de las provincias grandes del Interior.

El texto indica taxativamente que solo podrán volver a clases las ciudades con “bajo riesgo” y enumera nueve condiciones que deben cumplirse. Entre ellas, evaluar la forma de transporte de estudiantes y docentes, para que no haya traslado interprovincial, la capacitación al personal docente y no docente y dar una alternativa a los chicos que sufren enfermedades preexistentes.

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, encabezó la reunión del CFEEl ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, encabezó la reunión del CFE

Pero también la resolución abre una puerta para lo que llaman “actividades educativas no escolares”. En ese apartado, incluso los distritos que obtengan riesgo moderado en el semáforo podrán avanzar. Se trata de actividades presenciales de revinculación, que tienen como foco a los chicos que perdieron contacto con la escuela y a los alumnos de los últimos años de cada nivel. Claro, de eso dependerá de la voluntad de los gobernadores, que en general prefieren postergar la educación presencial.

Esas actividades socioeducativas son las que desde el lunes lleva adelante en polideportivos la Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo un nivel de riesgo medio. En tandas de a 100 chicos por día, pretenden revincular con el sistema a los 6.500 alumnos que identificaron como aquellos que perdieron contacto con la escuela. A ese esquema sumarán a los chicos de séptimo grado y quinto año de establecimientos públicos desde el próximo martes, con actividades en los patios escolares. La intención es que también se sumen los colegios privados.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires plantea un regreso a las aulas en los distritos del Interior que tienen menos casos, los que están en las fases 4 y 5 de la cuarentena. Es decir, ningún partido del AMBA está incluido. Si bien todavía no hay precisiones en cuanto a la fecha, el gobierno bonaerense pretende recuperar el vínculo con los mismos grupos objetivos que la Ciudad: los chicos que perdieron y los alumnos que terminan primaria y secundaria. El protocolo establece un máximo de 10 alumnos por división, con asistencia alternada de no más de tres veces por día.

Al margen, el otro distrito que presentó un protocolo en los últimos días fue Chaco. El documento se encuentra en evaluación y la reapertura escolar, todavía sin fecha, no será antes del 19 de octubre. En un principio, apuntará solo a alumnos de escuelas rurales en localidades libres de coronavirus, priorizando los últimos años de cada nivel educativo.

Hasta el momento, a dos meses del cierre del ciclo lectivo, en el país solo el 0,2% de la matrícula total tiene clases presenciales. San Luis se sumó el lunes con doce escuelas a Formosa La Pampa, las otras dos provincias que pudieron sostener la apertura educativa en las zonas rurales. Catamarca, San Juan y Santiago del Estero debieron dar marcha atrás por las restricciones a la circulación que dispusieron sus gobernadores, por brotes de contagios que no tuvieron relación con la actividad escolar.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Politica

La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

Publicado

on

Por

El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

(Visited 2 times, 2 visits today)
Seguir leyendo

Politica

Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

Publicado

on

Por

Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

(Visited 3 times, 3 visits today)
Seguir leyendo

Politica

Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

Publicado

on

Por

En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Seguir leyendo

Más Visitadas