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Economia

El FMI podría exigir un ajuste extra de 60.000 millones de pesos al previsto en el Presupuesto

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El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto –a pedido del Fondo– sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.

El FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el “escenario adverso” una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso del primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.

Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al “déficit cero”, en términos primarios (antes del pago del intereses).

En el propio Presupuesto 2019 –en un novedoso capítulo llamado “riesgos fiscales”– se aclara que “una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI con relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional”. Luego dice que “un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($36.500 millones). Y concluye: “considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional”. En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit “cero”, sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $68.713 millones.

Pasando en limpio. Si el FMI impone su proyección, entonces habría de mínimo $57.000 millones menos de recaudación ($62.700 millones para ser precisos, con el desvío de 1,1% en relación al pronóstico del FMI) que la prevista para Nación y provincias. Pero el Fondo solo controla los números del gobierno nacional, así que podría exigir de inmediato un ajuste adicional de $32.000 millones en el gasto, para compensar la menor recaudación para el Estado nacional. Y habrá que ver si acepta el desvío de los otros $36.500 millones extra que podrían destinarse para gastos sociales –un plus de Asignación Universal por Hijo– en un año electoral recesivo.

Sea como fuere, esto cambiaría toda la discusión sobre la magnitud del ajuste en el Presupuesto 2019, que todavía se debate en el Congreso. En realidad, si siguieran los nuevos números del FMI el desvío sería todavía mayor. En el FMI creen que por la mayor recesión, la inflación será menor el año próximo: estiman que será de 20,2% en lugar del 23% previsto en el Presupuesto 2019. En el capítulo de riesgos fiscales, se estima que cada punto adicional de inflación achica el déficit fiscal en casi $10.000 millones, porque incrementa la recaudación en mayor medida de lo que aumenta el gasto público. Al revés, si la inflación, como dice el Fondo, fuera casi 3 puntos menor que la proyectada por el Gobierno, entonces el agujero fiscal se incrementaría en otros 28.000 millones, y desde Washington reclamarían también una mayor poda de gastos.

Sin embargo, este puede ser el punto que le permita zafar al Gobierno de tener que revisar ahora todos los números fiscales que hace poco envió para su tratamiento al Congreso. En última instancia, no sería la primera vez que la inflación resulte bastante mayor a la proyectada y que termine jugando a favor de cerrar las cuentas fiscales. De hecho, la mayoría de las consultoras privadas estiman que la inflación el año próximo tendría un piso del 27%.

El Gobierno también podría jugar con que el dólar –que el Presupuesto 2019 supone con un promedio de 40,5 pesos el año próximo—sea otro factor que ayude a compensar la caída de la recaudación por la mayor recesión proyectada por el FMI. En el proyecto de ley se dice que por cada 1% de suba del dólar por arriba de lo proyectado, la reducción del déficit fiscal sería de 1.200 millones de pesos: porque la mejora de la recaudación vía retenciones por la devaluación extra sería mayor que el aumento de gastos por subsidios energéticos principalmente, y en menor medida por subsidios al transporte. Dicho de otro modo: con que el promedio del dólar el año próximo sea 20% superior al proyectado –48 pesos—el déficit fiscal se achicaría en unos 24.000 millones.

En conclusión, si la caída del PBI se perfila como la que pronostica el Fondo para 2019, entonces solo una mayor inflación y un dólar más alto permitirían evitar la exigencia de más ajuste fiscal que tarde o temprano llegará desde Washington. Todas opciones que no son agradables para ningún gobierno, en especial en un año electoral.

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Economia

Economistas al cruce de Guzmán: advierten que el control estatal es insuficiente para bajar la inflación

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El ministro de Economía dijo en una entrevista con Clarín que la intervención del Estado es necesaria “cuando el mercado falla”. Los expertos desconfían de los resultados.

En medio de su gira europea, Martín Guzmán justificó el paquete de medidas que presentó su equipo económico la semana pasada. Para el ministro de Economía, una mayor intervención estatal ayudará a cumplir con la meta de inflación propuesta para este año. “El Estado debe jugar un rol en alinear comportamientos con aquello que macro económicamente es factible en una economía que aún no ha resuelto sus problemas de coordinación. Nosotros estamos llevando a cabo esas acciones para corregir los desvíos que se dieron entre lo que se proyectaba y lo que se realizó; y poder cumplir con los objetivos macroeconómicos del Presupuesto”, dijo Guzmán a este diario.

Sin embargo, los economistas consultados por Clarín coinciden en que la meta del 29% de inflación anual que se trazó Guzmán a fines del año pasado ya quedó distorsionada y que las estrategias que se plantearon la semana pasada de controles de precios e intervención sector por sector difícilmente consigan el efecto deseado. Reclamaron un plan consistente desde el punto de vista monetario y fiscal “para desarmar los efectos de la feroz emisión” del año pasado.

“Es cierto que hay una falta de coordinación entre las expectativas de los formadores de precios y lo que está ocurriendo… Pero no sabemos quién está equivocado. La gente no está siguiendo las pautas de inflación puestas en el Presupuesto porque hay un contexto que el Gobierno no previó en su diagnóstico: la caída de la demanda de dinero“, afirmó el economista Daniel Marx, de Quantum, quien añadió: “Esto ocurre en parte debido a la desconfianza hacia adelante. pero también porque las tasas de interés están muy por debajo del aumento de los precios. Al mismo tiempo, es cierto que hay un tema de oferta, pero el Gobierno tiene dificultades para entender cuáles son los incentivos necesarios para aumentarla”.

En este punto, Gabriel Zelpo advirtió: “En esta situación, una mayor intervención estatal solo disminuirá la oferta y agravará aún más el problema de los precios. Las anclas planteadas no están surtiendo efecto: el Gobierno disminuyó su tasa de depreciación del tipo de cambio y aún así los precios no se mutaron”.

El economista Pablo Goldin remarcó: “La historia argentina está llena de este tipo de iniciativas: con medidas puntuales, sectoriales, micro para bajar la inflación precio por precio, mercado por mercado. Pueden servir transitoriamente, dentro de un programa macro más integrado”, dijo y enfatizó: “La inflación es un problema macroeconómico. El control de precios puede ser un capitulito más dentro de un esquema general con foco en los problemas macro”.

Para Hernán Hirsch, el diagnóstico oficial falla justamente debido a la poca coordinación de las variables macro: “Salvando las distancias, la situación económica resulta similar a lo que ocurría en el gobierno de Macri. No estaban dadas las condiciones macro para cumplir con una meta demasiado exigente. El Gobierno ahora tiene que recurrir a otros instrumentos, como el control de precios, porque tanto su política monetaria como su política fiscal no son consecuentes con los objetivos propuestos”.

Amilcar Collante coincidió: “Parece que Guzmán no va a ir a la raíz del problema, sino que que insistirán con más controles. Eso está probado que fracasó. Debería anunciar alguna señal fiscal ( achicar meta de déficit fiscal de 4,5%) y consecuentemente la emisión monetaria futura del BCRA. De fondo, no hay un ancla de expectativas .Porque que no hay un plan macroeconómico ( fiscal y monetario) de mediano plazo a la vista”, explicó.

A pesar de las dudas que genera el programa propuesto por el Gobierno, los analistas coinciden con Guzmán en que a partir del mes que viene podrían comenzar a bajar los precios, aunque muy lejos del ritmo esperado.”Si el dólar aumenta en torno al 1,3% mensual, los salarios cerca de 2,5% y las tarifas menos del 1% por mes, debería garantizarse que la inflación baje sin necesidad de un control de precios“, dijo Gabriel Rubinstein, que prevé que para fin de año la tasa de inflación sea de 40% anual.

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Economia

Carne, pollo, frutas: el Gobierno decidió imponer fuertes controles para darle pelea a la inflación

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Lo decidió el Gabinete económico esta tarde, al mismo tiempo que se conocía la inflación de marzo. Restringirán las exportaciones de carne.

Para intentar detener la suba de los precios, luego del salto inflacionario del mes pasado,  el Gobierno anunció un paquete de medidas, que básicamente hacen foco en dos estrategias: el acuerdo de precios con los empresarios que se extendería hasta fin de año y una mayor fiscalización por parte del Estado.

Según definió este jueves el Gabinete Económico, estas acciones “tienen el objetivo de garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento y la competencia del sector; lograr acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de los precios en los próximos meses y garantizar precios accesibles para los alimentos”.

La justificación oficial acerca del salto inflacionario del primer trimestre del año, sobre todo el pico de 4,8% alcanzado en marzo, radica en el incremento de los precios internacionales de los productos agropecuarios. “Se trata de uno de los mayores aumentos de precios de los últimos años”, dijeron y señalaron que si bien la mejora de los términos de intercambio es positiva para el país porque permite aumentar el ingreso de divisas vía exportaciones, tiene un costado negativo, ya que genera más presión sobre los precios en el mercado interno. “Vamos adaptando las medidas a cuenta de que un shock que es positivo para la economía no sea regresivo”, aseguró una fuente oficial.

Según detallaron, el precio de las carnes fue uno de los más afectados por este doble juego de mayor exportación. Por eso, las medidas anunciadas en conjunto con el Ministerio de Producción, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio y la supervisión a la distancia del MInistro de Economía, Martín Guzmán, ponen su atención en la producción y comercialización de carne vacuna como uno de los principales frentes a atacar, tanto a nivel interno como internacional.

Por un lado, se le pedirán a los productores y exportadores mayores requisitos a la hora de exportar. Además, se creará un nuevo registro donde deberán dejar asentadas estas operaciones para que la Secretaría de Comercio Interior controle y administre que las ventas al exterior no generen desabastecimiento en las góndolas.

La idea es que funcione como hoy en día se hace con las exportaciones de granos y así, garantizar la correcta liquidación de las divisas producto de esa venta al exterior y evitar la subfacturación y otras maniobras fraudulentas. “Vimos que los precios de exportación declarados muchas veces no coincidían con los del mercado internacional. Esa subfacturación mucha veces estaba vinculada a una fuga de dólares, que vía el contado con liquidación o las criptomonedas volvían a generar nuevas exportaciones y así más presión sobre los precios locales”, explicaron.

En lo que respecta al comercio interno, los Ministros de Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca y Trabajo, decidieron establecer el “troceo” como forma de comercialización obligatoria. Esto comenzará a ser la regla en todo el país desde 2022, y se les ofrecerá un financiamiento a tasas subsidiadas para aquellos productores que necesiten hacer inversiones para poder cambiar la forma de comercializar las reses.

Otro de los puntos que se priorizarán para contener la inflación en lo que queda del año se basa en mayores acuerdos de precios. Por un lado, el Gobierno plantea un pacto con la línea de producción avícola, a la cual también se le otorgará un financiamiento especial en caso de necesitar invertir en mejoras. Pero también se firmará un acuerdo, tanto con los productores de insumos industriales como los relacionados con la construcción para mantener los precios vigentes en marzo en los próximos meses de 2021.

En esta misma línea, también se anunció un acuerdo de precios con los fabricantes y comercializadores de tecnología y electrodomésticos. Acá también se propone mantener los precios actuales sin cambios hasta octubre.

El tercer punto del paquete de medidas anunciado pone el foco en hacer llegar a las familias productos frescos a precios accesibles, Por un lado, explicaron el rol que cumplirá el Programa Mercado Federal Móvil, que en una primera etapa funcionará en el Gran Buenos Aires, pero que planea llevarse a distintos puntos del país. Estas ferias ofrecerán bolsones de frutas y verduras a valores de entre $120 y $250. También se prevé sumar cortes de carnes a precios accesibles y un nuevo acuerdo con alimenticias.

El cuarto de los puntos planteados apunta a profundizar la aplicación de la Ley de Góndolas y permitir que pequeños y medianos productores aumenten la oferta en los supermercados. Para esto, el Gobierno prepara cinco líneas de financiamiento por $4.800 millones.

El último de los objetivos planteados apunta a un mayor control estatal sobre los precios y las normas de abastecimiento. Se sumarán 500 nuevas personas que fiscalizarán en las góndolas que se cumpla lo que las empresas debieron informar previamente en el SIPRE, que entró en vigencia este mes. Además habrá control de rotulados y se pondrá en marcha el observatorio de precios

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Economia

Con aumentos del 4,8%, el Gobierno extendió Precios Cuidados por tres meses

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Se prorrogó hasta el 12 de julio. El programa abarca a 680 productos de consumo masivo.

Con la inflación aun en la zona del 4% mensual, el Gobierno resolvió extender hasta el 12 de julio el programa Precios Cuidados, con un incremento promedio de 4,8% en los valores de los que ya estaban incluidos en el esquema, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así, la canasta de productos representativos del consumo masivo local pasará desde hoy a contener 670 productos, diez más que en la versión anterior. Esta vez se incorporaron más artículos para protegerse del Covid, como una máscara protectora de plástico. El programa ya incluía productos como alcohol en gel, jabones, limpiadores antibacteriales y guantes.

Además, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas. De este modo, el programa queda con un total de 670 productos que se comercializan a nivel nacional en todas las sucursales de las principales cadenas.

La Secretaría, que conduce Paula Español, destacó que desde el relanzamiento en enero de este año, el programa aumentó más del 65% la cantidad de referencias y cuenta con más del doble de productos de los que tenía a comienzos de 2020.

Más controles

La prórroga de este programa llega en medio de un incremento de la tensión entre el sector privado y el Gobierno por los mecanismos usados para controlar los precios.

La semana pasada la secretaría de Comercio Interior aplicó varias sanciones por incumplimiento y determinó que las empresas están obligadas a trabajar al 100% de su capacidad.

Además renovó otro programa, Precios Máximos, que a diferencia de Precios Cuidados que es consensuado, es definido por el Gobierno de manera unilateral. En esa extensión que será hasta el 31 de mayo no se autorizó ningún tipo de aumento.

En las últimas semanas también se estableció que las grandes empresas de consumo masivo están obligadas a detallar los precios de sus productos y el stock con el que cuentan. La medida fue resistida por la COPAL, que agrupa a las empresas de alimentos, y por la Amcham, que reúne a las compañías norteamericanas con intereses en el país.

Estas medidas llegan a pocas horas de que el próximo jueves se anuncie la inflación de marzo, que habría superado el 4%. Para este mes se espera un resultado unas décimas inferior.

El programa Precios Cuidados está presente en 54 cadenas de supermercados, que cuentan con un total de 2.800 bocas de expendio de todo el país.

Según relevamientos de oficinas nacionales y provinciales, el programa cuenta con un nivel de cumplimiento del abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80% y un 99,9% en el caso de los precios acordados.

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