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Economia

El FMI podría exigir un ajuste extra de 60.000 millones de pesos al previsto en el Presupuesto

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El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto –a pedido del Fondo– sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.

El FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el “escenario adverso” una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso del primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.

Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al “déficit cero”, en términos primarios (antes del pago del intereses).

En el propio Presupuesto 2019 –en un novedoso capítulo llamado “riesgos fiscales”– se aclara que “una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI con relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional”. Luego dice que “un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($36.500 millones). Y concluye: “considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional”. En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit “cero”, sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $68.713 millones.

Pasando en limpio. Si el FMI impone su proyección, entonces habría de mínimo $57.000 millones menos de recaudación ($62.700 millones para ser precisos, con el desvío de 1,1% en relación al pronóstico del FMI) que la prevista para Nación y provincias. Pero el Fondo solo controla los números del gobierno nacional, así que podría exigir de inmediato un ajuste adicional de $32.000 millones en el gasto, para compensar la menor recaudación para el Estado nacional. Y habrá que ver si acepta el desvío de los otros $36.500 millones extra que podrían destinarse para gastos sociales –un plus de Asignación Universal por Hijo– en un año electoral recesivo.

Sea como fuere, esto cambiaría toda la discusión sobre la magnitud del ajuste en el Presupuesto 2019, que todavía se debate en el Congreso. En realidad, si siguieran los nuevos números del FMI el desvío sería todavía mayor. En el FMI creen que por la mayor recesión, la inflación será menor el año próximo: estiman que será de 20,2% en lugar del 23% previsto en el Presupuesto 2019. En el capítulo de riesgos fiscales, se estima que cada punto adicional de inflación achica el déficit fiscal en casi $10.000 millones, porque incrementa la recaudación en mayor medida de lo que aumenta el gasto público. Al revés, si la inflación, como dice el Fondo, fuera casi 3 puntos menor que la proyectada por el Gobierno, entonces el agujero fiscal se incrementaría en otros 28.000 millones, y desde Washington reclamarían también una mayor poda de gastos.

Sin embargo, este puede ser el punto que le permita zafar al Gobierno de tener que revisar ahora todos los números fiscales que hace poco envió para su tratamiento al Congreso. En última instancia, no sería la primera vez que la inflación resulte bastante mayor a la proyectada y que termine jugando a favor de cerrar las cuentas fiscales. De hecho, la mayoría de las consultoras privadas estiman que la inflación el año próximo tendría un piso del 27%.

El Gobierno también podría jugar con que el dólar –que el Presupuesto 2019 supone con un promedio de 40,5 pesos el año próximo—sea otro factor que ayude a compensar la caída de la recaudación por la mayor recesión proyectada por el FMI. En el proyecto de ley se dice que por cada 1% de suba del dólar por arriba de lo proyectado, la reducción del déficit fiscal sería de 1.200 millones de pesos: porque la mejora de la recaudación vía retenciones por la devaluación extra sería mayor que el aumento de gastos por subsidios energéticos principalmente, y en menor medida por subsidios al transporte. Dicho de otro modo: con que el promedio del dólar el año próximo sea 20% superior al proyectado –48 pesos—el déficit fiscal se achicaría en unos 24.000 millones.

En conclusión, si la caída del PBI se perfila como la que pronostica el Fondo para 2019, entonces solo una mayor inflación y un dólar más alto permitirían evitar la exigencia de más ajuste fiscal que tarde o temprano llegará desde Washington. Todas opciones que no son agradables para ningún gobierno, en especial en un año electoral.

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Seis de cada diez argentinos temen perder el empleo

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Un informe de la Universidad de San Martín advierte que la percepción de “empleabilidad” se viene deteriorando de manera sostenida desde 2017.

A horas de que el INDEC informe el nuevo índice de desocupación, el Monitor Sociolaboral elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad de San Martín, advirtió que todos los indicadores vinculados a la percepción de la población sobre el presente y el futuro de la situación laboral (tanto personal como general) se derrumbaron.

De acuerdo con el informe del CETyD el 74% de las personas consultadas aseguró contar con menos probabilidades de encontrar un trabajo que hace un año. El 18% de ellas aseguró que no cambió la situación y las posibilidades de conseguir un trabajo son las mismas que tenían hace un año. Apenas el 6% aseguró que la situación mejoró.

La percepción de “empleabilidad” viene deteriorándose de manera sostenida desde septiembre de 2017 cuando comenzó a medirse. En cada una de las cinco mediciones realizadas desde entonces el indicador evidenció un empeoramiento. Entre septiembre de 2017 y mayo de 2019, la proporción de la opinión pública que considera que tiene menos posibilidades de encontrar trabajo que un año atrás se incrementó 27 puntos porcentuales.

En tanto el 71% de quienes participaron del sondeo aseguraron tener amigos o familiares cercanos que perdieron el empleo en los último tres meses.

Este indicador, conocido como el “fantasma del desempleo”, alcanzó en mayo pasado el nivel más alto de toda la serie.

En tando sigue en alza el miedo a perder el empleo. De acuerdo con el estudio del CETyD el 58% de los ocupados teme perder su trabajo. Se trata del valor más alto de la serie iniciada a fines de 2016.

Desde septiembre de 2017, la proporción de personas que tienen temor a perder su empleo se subió 18 puntos porcentuales. Esta proporción crece aún más cuando se habla de los trabajadores menos calificados. El 71% de quienes poseen el nivel secundario incompleto declaró estar muy o bastante preocupado por perder su empleo.

A este esencario se suma que el 75% de los ocupados admitió haber sufrido una fuerte reducción en el poder adquisitivo de sus salarios, al tiempo que una proporción similar espera que el deterioro de sus ingresos se mantenga a lo largo de este año.

Frente a este escenario creció la legitimidad social de las protestas y se espera una mayor conflictividad en las calles en los próximos meses.

En este sentido el 71% de las personas está convencida que los conflictos irán en alza en los próximos 3 meses al tiempo que el 60% de los encuestados aseguró que las distintas expresiones de conflictividad obdecen a reclamos legítimos por necesidades y derechos insatisfechos. Apenas el 27% atribuye el aumento de la conflictividad a cuestiones políticas no relacionadas con necesidades reales.

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El gas vuelve a subir en junio y acumula 29% de aumento este año: qué pasará en diciembre

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El Gobierno anunció en abril que congelaba los incrementos de las tarifas, pero en el caso del gas, lo que estaban pautados se aplicarán con un esquema diferencial. En un año, el precio del servicio se duplicó, según CIPE.

Con la intención de intentar morigerar el impacto de la crisis en el bolsillo del trabajador argentino, que en el último año la pérdida del poder adquisitivo fue de 20 puntos respecto de la inflación, el Gobierno anunció a mediados de abril que frenaba los aumentos que estaba ya pautados en electricidad, gas y transporte para lo que resta del año.

En el caso de la luz, suspendió las dos alzas del 4% cada una prevista para mayo y agosto, y en materia de transporte público dio marcha atrás con el último aumento del subte, que se iba a ir a $21 en abril y aseguró que al menos hasta después de las elecciones de octubre, no habrá cambios en el valor de los pasajes de tren y colectivo.

Para el gas, el esquema es distinto. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, había dispuesto dos aumentos por año: abril y octubre, que se basan en el valor del dólar al momento de las negociaciones con las empresas y la inflación de precios.

La suba de octubre quedó suspendida, pero el aumento de abril del 29%, que este año se aplica en 3 partes -abril, mayo y junio, sigue en pie. Así las cosas, este mes aumenta un 7,5% el gas para completar ese 29% fijado.

AUMENTA JUNIO PERO SE PAGA EN DICIEMBRE

Al igual que el año pasado, la gestión de Cambiemos resolvió en este año electoral “planchar” la tarifa del gas durante los meses de invierno, que es cuando más se consume y pagar la diferencia durante el verano.

Así, durante junio, julio, agosto y septiembre se pagará un 78% del valor final (que contempla el 29% de aumento) y el 22% restante de cada mes se abonará en 4 cuotas iguales, y con intereses, en diciembre, enero, febrero y marzo, los meses de menor consumo de gas, pero que sube fuerte el gasto de los hogares por el uso de energía eléctrica.

En la factura, el monto a pagar más adelante figurará como “diferimiento estacional”.

La medida le costará al Estado $4500 millones, que deberá compensar con reducción del gasto en otro sector para cumplir a fin de año con la meta de equilibrio fiscal.

El costo adicional se explica porque el Estado se hará cargo de los intereses que implica para las empresas distribuidoras no cobrar el total del pago y salir al mercado a buscar financiamiento para cubrir esa factura. Por allí se irán $2500 millones.

Los restantes $2000 se deben a que las empresas recibirán el aumento del 29% desde abril, pero el usuario tendrá una suba menor.

EL GAS SE DUPLICÓ SOLO EN UN AÑO

De acuerdo a un relevamiento del Centro de Investigaciones de Políticas Energéticas, la tarifa de gas aumentó un 92% entre julio de 2018 y julio de 2019. Un hogar con consumo medio a bajo pagaba el año pasado $1.087 y ahora deberá desembolsar $2.097 por todas las alzas que sufrió el servicio en los últimos 12 meses.

En tanto, en la era Macri, el gas lleva aumentado un 1000%, según un relevamiento de minutouno.com.

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Para los economistas, la unificación del peso y el real es “virtualmente imposible”

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Durante la visita al país del presidente de Brasil Jair Bolsonaro se conoció que ambos gobiernos están avanzando en la creación de una moneda común que reemplazaría al peso y al real.

Luego de que se conocieran las pretensiones de Brasil y Argentina de unificar el peso y el real para crear una moneda en común comenzaron a surgir un montón de interrogantes sobre cómo se implementaría y cómo se podría alcanzar partiendo de la base de que ambos países son muy diferentes.

Según explicó el economista Pablo Bortz a minutouno.com unificar las monedas de Argentina y Brasil es algo “virtualmente imposible” que ya se ha intentado hacer y fracasó.

Hubo un intento de coordinación de pagos que no funcionó y era que Argentina pagara las importaciones de Brasil en pesos y Brasil sus importaciones en reales. Nunca funcionó”, dijo.

“El flujo de comercio y el flujo financiero de eventuales depósitos entre economías tan distintas, Brasil es una economía financiera mucho más desarrollado, y la falta de compensación de los desbalances hace que eso sea virtualmente imposible”, agregó el economista.

En cuanto a la diferencia en la inflación, explica que “en el momento en que congelas un tipo de cambio con tasas de inflación tan distintas es algo que claramente va a influir. A eso agregale la inestabilidad que existe entre ambos países, la falta de perspectivas de reglas expansivas. porque al final va a terminar siendo peor de lo que sufrió Grecia con la crisis de la Eurozona“.

En tanto Joel Rabinovich, economista de la universidad de París XIII y especializado en finanzas, sostiene que hablar de una moneda en común es “poco serio”.

“Decir que se está avanzando hacia una moneda única es un contexto de desintegración comercial intrarregional y abandono del Mercosur es un indicio de la poca seriedad del anuncio. Por otra parte, entrar a una moneda única sin acuerdos de unión y transferencia fiscal sería repetir los errores del euro”, sintetizó.

 

LA DESMENTIDA DEL BANCO CENTRAL DEL BRASIL

El Banco Central del Brasil negó este viernes que “existan proyectos o estudio para una unión monetaria con Argentina”, como anunciaron en Buenos Aires el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, durante un encuentro con empresarios y Nicolás Dujovne desde Japón.

“El Banco Central del Brasil no tiene proyectos o estudio en marcha para una unión monetaria con Argentina”, dice el comunicado emitidio oficialmente por la autoridad monetaria en el primer minuto de este viernes, en forma extraordinaria.

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