Connect with us

Politica

El fin de una era: ordenan rematar la estancia en la que Lázaro Báez se reunía con Néstor Kirchner

Publicado

on

Se llama Cruz Aike y es una de las cinco vinculadas a su constructora que serán valuadas por los síndicos de la quiebra.

Pese a que Lázaro Báez busca evitarlo, la Justicia avanza sobre sus propiedades. El ex socio comercial de Cristina Kirchner pidió ingresar con Austral Construcciones a la moratoria que implementó el Gobierno. La empresa tuvo como único cliente al Estado y adeuda más de $ 2.200 millones al fisco. Con ese pedido, pretende frenar la liquidación de la firma, en el marco de la quiebra. Pero esta última semana, hubo malas noticias para Báez: la jueza en lo Civil y Comercial María José Gigy Traynor, que lleva adelante su caso, ordenó a los síndicos avanzar con el proceso que concluirá en el remate de algunas de sus estancias emblemáticas. Incluye la conocida como Cruz Aike, donde solían reunirse con Néstor Kirchner.

La decisión judicial marca el fin de una era para uno de los hombres más cercanos al mundo de negocios K, quien tras varias denuncias de corrupción terminó preso -ahora con arresto domiciliario- y enfrenta múltiples juicios. Aún sin condena en las investigaciones penales, ve afectado su patrimonio por las investigaciones civiles y comerciales.

Lázaro Báez en el mausoleo que le construyó a Néstor Kirchner.

Lázaro Báez en el mausoleo que le construyó a Néstor Kirchner.

El imperio de propiedades de Báez incluye más de 600.000 hectáreas distribuidas por el suelo santacruceño, con un valor, según determinó la Justicia, de 205 millones de dólares. Entre las 1.412 propiedades que adquirió entre 2005 y 2015, el empresario K cuenta con una importante cantidad de estancias: la justicia contabilizó más de 50.

Todo ese universo de inmuebles tuvo un común denominador: Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, que, según la justicia, fue favorecida por Néstor y Cristina Kirchner con la adjudicación de 51 licitaciones viales desde 2004 a 2015. Antes de esa fecha, el empresario era monotributista y nunca se había desenvuelto en el rubro de la construcción. En 12 años, facturó $ 46.000 millones.

La constructora fue la piedra angular, dijo en su oportunidad el juez Sebastián Casanello, para que Lázaro Báez pudiera realizar operaciones de lavado de activos por U$S 60 millones. Asimismo, fue la empresa que construyó propiedades para el matrimonio Kirchner, que después alquiló. Uno de los hoteles de Cristina Kirchner se amplió sobre un terreno de Austral. Incluso la ex Presidenta y su hijo Máximo Kirchner, por años, declararon deudas con la empresa.

En septiembre, vecinos de  un country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Lo bloquearon durante cuatro oportunidades. Foto: Rafael Mario Quinteros.

En septiembre, vecinos de un country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Lo bloquearon durante cuatro oportunidades. Foto: Rafael Mario Quinteros.

A ese rompecabezas de negocios cruzados, Austral Construcciones garantizó el dinero que Valle Mitre SRL -propiedad de Báez-, necesitaba para hacerse cargo del alquiler y explotación de tres hoteles de los Kirchner. Mientras, según la acusación judicial, se convirtió en la principal empresa en Santa Cruz, recepcionando el 86% de los contratos licitados: tenían sobreprecios del 65% promedio, la mitad de las obras quedaron inconclusas y las licitaciones fueron señaladas como direccionadas y “plagadas de irregularidades”.

Así es como Austral Construcciones manejó un importante caudal de fondos desde su reactivación, el 12 de mayo de 2003, días antes de que Néstor Kirchner llegue a la Casa Rosada. Desde entonces, fue la empresa utilizada para la adquisición de una importante cantidad de propiedades: en el marco de la quiebra declaró tener más de 90 inmuebles y el dinero no figura en las cuentas de la empresa.

Lázaro Báez, junto a su hijo Martín, durante el juicio por la ruta del dinero K. Foto David Fernández.

Lázaro Báez, junto a su hijo Martín, durante el juicio por la ruta del dinero K. Foto David Fernández.

La compañía manejó una gran masa de dinero que se volcó a la adquisición de bienes. La justicia determinó que el origen del dinero que incrementó el patrimonio de Báez en un 12.127% era ilícito. Por eso, el contratista está siendo juzgado desde octubre de 2018.

En este variado listado se encuentran sus estancias. Sólo a 11 campos de Báez el Tribunal de Tasaciones le otorgó un valor de 466,6 millones de pesos. Entre las más valiosas se encuentran: Cruz Aike (46 millones), La Julia (27,6 millones), Río Bote (16 millones), El Campamento (19 millones), La Santafesina (20 millones), Ana (15,8 millones), El Rincón (21,8 millones), La Porteña (17,9 millones), Lagunas Asador (10 millones) y Alquinta (101,1 millones de pesos).

Parte de estas propiedades se encuentran vinculadas a Austral Construcciones, por ello, en el marco de la quiebra de la firma integran la lista de bienes que serán rematados para hacer frente a los acreedores. Entre ellos se encuentran la AFIP y el Banco Nación, que reclaman más de 3.000 millones de pesos.

Esta semana los síndicos y un martillero público, pidieron iniciar las tareas de inspección, con la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), para ingresar a un conjunto de campos a nombre de Austral Construcciones y así avanzar hacia el remate.

El avión de Lázaro Báez entregado a la Policía Federal en septiembre de 2017.

El avión de Lázaro Báez entregado a la Policía Federal en septiembre de 2017.

Este pedido de la Sindicatura abarca cinco estancias cercanas al Lago Argentino que juntas valen unos 110 millones de pesos. Una de esas estancias, Cruz Aike, era en la que solía reunirse Báez con Néstor Kirchner y donde el fiscal Marijuan con retroexcavadoras, buscó dinero enterrado sin resultados positivos.

Sin una respuesta aún sobre si se lo autorizará a ingresar a la moratoria fiscal, la jueza María José Gigy Traynor ordenó a los síndicos que avancen con las tareas encomendadas, teniendo en cuenta el factor climático que posibilitará una mejor recorrida en los campos santacruceños.

Es una de las tantas medidas judiciales que afectan el cuantioso patrimonio de Lázaro Báez. En la quiebra ya se remataron departamentos, cocheras y edificios. En el fuero federal, el Tribunal que juzga a Lázaro Báez por lavado de dinero, le concedió maquinaria pesada a Vialidad Nacional, también ordenó que la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) remate dos aviones propiedad del empresario K.

A cuentagotas, la fortuna que supo construir -para la Justicia- bajo el amparo políticos de sus socios comerciales, Néstor y Cristina Kirchner, va perdiendo valor. El empresario K sigue el día a día de estas medidas desde una propiedad prestada, cuyo domicilio permanece bajo resguardo, donde cumple el arresto domiciliario.

Desde allí, a principios de febrero, se estima que escuchará la sentencia en el caso donde se dijo que usó Austral Construcciones para lavar 60 millones de dólares y, con en esas operaciones, adquirir miles de propiedades, entre ellas, las estancias que se rematarán.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Politica

La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

Publicado

on

Por

El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

(Visited 3 times, 3 visits today)
Seguir leyendo

Politica

Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

Publicado

on

Por

Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

(Visited 3 times, 3 visits today)
Seguir leyendo

Politica

Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

Publicado

on

Por

En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Seguir leyendo

Más Visitadas