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El fin de una era: ordenan rematar la estancia en la que Lázaro Báez se reunía con Néstor Kirchner

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Se llama Cruz Aike y es una de las cinco vinculadas a su constructora que serán valuadas por los síndicos de la quiebra.

Pese a que Lázaro Báez busca evitarlo, la Justicia avanza sobre sus propiedades. El ex socio comercial de Cristina Kirchner pidió ingresar con Austral Construcciones a la moratoria que implementó el Gobierno. La empresa tuvo como único cliente al Estado y adeuda más de $ 2.200 millones al fisco. Con ese pedido, pretende frenar la liquidación de la firma, en el marco de la quiebra. Pero esta última semana, hubo malas noticias para Báez: la jueza en lo Civil y Comercial María José Gigy Traynor, que lleva adelante su caso, ordenó a los síndicos avanzar con el proceso que concluirá en el remate de algunas de sus estancias emblemáticas. Incluye la conocida como Cruz Aike, donde solían reunirse con Néstor Kirchner.

La decisión judicial marca el fin de una era para uno de los hombres más cercanos al mundo de negocios K, quien tras varias denuncias de corrupción terminó preso -ahora con arresto domiciliario- y enfrenta múltiples juicios. Aún sin condena en las investigaciones penales, ve afectado su patrimonio por las investigaciones civiles y comerciales.

Lázaro Báez en el mausoleo que le construyó a Néstor Kirchner.

Lázaro Báez en el mausoleo que le construyó a Néstor Kirchner.

El imperio de propiedades de Báez incluye más de 600.000 hectáreas distribuidas por el suelo santacruceño, con un valor, según determinó la Justicia, de 205 millones de dólares. Entre las 1.412 propiedades que adquirió entre 2005 y 2015, el empresario K cuenta con una importante cantidad de estancias: la justicia contabilizó más de 50.

Todo ese universo de inmuebles tuvo un común denominador: Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, que, según la justicia, fue favorecida por Néstor y Cristina Kirchner con la adjudicación de 51 licitaciones viales desde 2004 a 2015. Antes de esa fecha, el empresario era monotributista y nunca se había desenvuelto en el rubro de la construcción. En 12 años, facturó $ 46.000 millones.

La constructora fue la piedra angular, dijo en su oportunidad el juez Sebastián Casanello, para que Lázaro Báez pudiera realizar operaciones de lavado de activos por U$S 60 millones. Asimismo, fue la empresa que construyó propiedades para el matrimonio Kirchner, que después alquiló. Uno de los hoteles de Cristina Kirchner se amplió sobre un terreno de Austral. Incluso la ex Presidenta y su hijo Máximo Kirchner, por años, declararon deudas con la empresa.

En septiembre, vecinos de  un country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Lo bloquearon durante cuatro oportunidades. Foto: Rafael Mario Quinteros.

En septiembre, vecinos de un country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Lo bloquearon durante cuatro oportunidades. Foto: Rafael Mario Quinteros.

A ese rompecabezas de negocios cruzados, Austral Construcciones garantizó el dinero que Valle Mitre SRL -propiedad de Báez-, necesitaba para hacerse cargo del alquiler y explotación de tres hoteles de los Kirchner. Mientras, según la acusación judicial, se convirtió en la principal empresa en Santa Cruz, recepcionando el 86% de los contratos licitados: tenían sobreprecios del 65% promedio, la mitad de las obras quedaron inconclusas y las licitaciones fueron señaladas como direccionadas y “plagadas de irregularidades”.

Así es como Austral Construcciones manejó un importante caudal de fondos desde su reactivación, el 12 de mayo de 2003, días antes de que Néstor Kirchner llegue a la Casa Rosada. Desde entonces, fue la empresa utilizada para la adquisición de una importante cantidad de propiedades: en el marco de la quiebra declaró tener más de 90 inmuebles y el dinero no figura en las cuentas de la empresa.

Lázaro Báez, junto a su hijo Martín, durante el juicio por la ruta del dinero K. Foto David Fernández.

Lázaro Báez, junto a su hijo Martín, durante el juicio por la ruta del dinero K. Foto David Fernández.

La compañía manejó una gran masa de dinero que se volcó a la adquisición de bienes. La justicia determinó que el origen del dinero que incrementó el patrimonio de Báez en un 12.127% era ilícito. Por eso, el contratista está siendo juzgado desde octubre de 2018.

En este variado listado se encuentran sus estancias. Sólo a 11 campos de Báez el Tribunal de Tasaciones le otorgó un valor de 466,6 millones de pesos. Entre las más valiosas se encuentran: Cruz Aike (46 millones), La Julia (27,6 millones), Río Bote (16 millones), El Campamento (19 millones), La Santafesina (20 millones), Ana (15,8 millones), El Rincón (21,8 millones), La Porteña (17,9 millones), Lagunas Asador (10 millones) y Alquinta (101,1 millones de pesos).

Parte de estas propiedades se encuentran vinculadas a Austral Construcciones, por ello, en el marco de la quiebra de la firma integran la lista de bienes que serán rematados para hacer frente a los acreedores. Entre ellos se encuentran la AFIP y el Banco Nación, que reclaman más de 3.000 millones de pesos.

Esta semana los síndicos y un martillero público, pidieron iniciar las tareas de inspección, con la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), para ingresar a un conjunto de campos a nombre de Austral Construcciones y así avanzar hacia el remate.

El avión de Lázaro Báez entregado a la Policía Federal en septiembre de 2017.

El avión de Lázaro Báez entregado a la Policía Federal en septiembre de 2017.

Este pedido de la Sindicatura abarca cinco estancias cercanas al Lago Argentino que juntas valen unos 110 millones de pesos. Una de esas estancias, Cruz Aike, era en la que solía reunirse Báez con Néstor Kirchner y donde el fiscal Marijuan con retroexcavadoras, buscó dinero enterrado sin resultados positivos.

Sin una respuesta aún sobre si se lo autorizará a ingresar a la moratoria fiscal, la jueza María José Gigy Traynor ordenó a los síndicos que avancen con las tareas encomendadas, teniendo en cuenta el factor climático que posibilitará una mejor recorrida en los campos santacruceños.

Es una de las tantas medidas judiciales que afectan el cuantioso patrimonio de Lázaro Báez. En la quiebra ya se remataron departamentos, cocheras y edificios. En el fuero federal, el Tribunal que juzga a Lázaro Báez por lavado de dinero, le concedió maquinaria pesada a Vialidad Nacional, también ordenó que la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) remate dos aviones propiedad del empresario K.

A cuentagotas, la fortuna que supo construir -para la Justicia- bajo el amparo políticos de sus socios comerciales, Néstor y Cristina Kirchner, va perdiendo valor. El empresario K sigue el día a día de estas medidas desde una propiedad prestada, cuyo domicilio permanece bajo resguardo, donde cumple el arresto domiciliario.

Desde allí, a principios de febrero, se estima que escuchará la sentencia en el caso donde se dijo que usó Austral Construcciones para lavar 60 millones de dólares y, con en esas operaciones, adquirir miles de propiedades, entre ellas, las estancias que se rematarán.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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El Gobierno promulgó la ley que establece que los próximos acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso

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La norma fija límites y controles a la emisión de deuda. Frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández calificó como el mayor fraude de la historia el crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El Gobierno promulgó este miércoles la ley que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 131/2021 que promulga la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada por la Cámara de Diputados semanas atrás.

La norma fija que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso. En efecto, el artículo 1° de la Ley 27.612 explica que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, determinó.

Mientras que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, también requerirá del aval de los legisladores nacionales.

Tanto la emisión de deuda en moneda extranjera como los programas firmados con el FMI “no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)

Alberto Fernández firmó la promulgación de la ley luego de su enérgico discurso frente a la Asamblea Legislativa en el que criticó la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri. Dentro de las casi dos horas que duró su exposición, dedicó un capítulo de la apertura de sesiones ordinarias a la relación del gobierno de Cambiemos con el FMI. En ese sentido, adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

El Presidente sostuvo que “debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”. Y graficó: “A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado“, concluyó su cuestionamiento hacia la gestión de Macri y precisó que las negociaciones con el FMI “seguirán adelante en un macro de respeto”. Si bien aclaró que desde el Gobierno no pretenden apresurarse en cerrar un acuerdo con el Fondo, el mismo será tratado por las ambas cámaras para su aprobación.

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, expresó el Jefe de Estado.

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