El analista Sebastián Maril, autor del informe y especialista en deuda pública y privada, explicó a Infobae que en estos casos se incluyen las demandas irresueltas por bonos soberanos en cesación de pagos, la pesificación de los contratos y también por la nacionalización de empresas, como el caso de YPF en 2012. Pero no se incluyen demandas contra los Estados provinciales y las empresas privadas.