¿Quiénes son los gobernadores que habrían sido espiados? Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alfredo Cornejo (Mendoza), según especificaron allegados a la investigación. A esos nombres se agregan los de los diputados Agustín Rossi (Frente de Todos) y Alejandro Ramos (Primero Argentina) y el senador Claudio Poggi (Compromiso Federal). Con ellos todo indica que ocurrió lo mismo que se detectó respecto de jueces (federales penales de distintas instancias, del fuero penal económico y de la Corte Suprema): desde distintos organismos estatales fueron rastreados sus movimientos de entradas y salidas del país. Canicoba había pedido a Migraciones que reporte si existían averiguaciones sobre jefes de bloque. También pidió sobre jueces y juezas federales de provincias, aunque este tramo está pendiente de respuesta por parte del organismo.
La única forma de obtener esos datos es con el uso de una clave que permite acceder a la base informática de Migraciones. Así es que el juzgado estableció que existieron consultas desde Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Procuración General de la Nación. La sospecha es que casi todas serían operaciones ilegales, detrás de las cuales no hay ni causa judicial ni actuación administrativa alguna. La mayoría de los organismos, sus responsables o las personas que introdujeron una clave no logran justificar la búsqueda de información. Por ejemplo, en el último informe que llegó de la Policía Federal sobre el requerimiento de datos migratorios de la jueza de tribunal oral Sabrina Namer, la fuerza reconoció que estaban pedidos pero dijo que nadie sabe a raíz de qué. No pudieron invocar ni una causa judicial ni nada. Esto mismo se repite en las explicaciones recibidas por Canicoba Corral desde el inicio, cuando en Salta un gendarme reconoció el requerimiento de datos sobre Sebastián Casanello y dijo que se debía al que el juez estaría de visita en la provincia y querían atenderlo bien, lo que no tiene asidero.
Hasta ahora, la única excepción fue la UIF, que respondió al juez que sus investigaciones son secretas, pero que de todos modos estaban investigando en relación con causas en trámite al juez Luis Rodríguez y el propio Canicoba, que derivó lo que a él le atañe al juzgado de María Servini. En la Procuración, de manera extraoficial, señalaron que la gestión de datos migratorios desde una fiscalía estaba relacionada con una causa, pero no especificaron nada al juzgado.
No es la primera vez que se conocen maniobras de este tipo, e incluso en tribunales no muchos se sorprenden ante estos hallazgos. En la causa sobre espionaje que tramita el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores, por caso, quedó claro que había un fiscal –Juan Ignacio Bidone– que accedía a información de Migraciones que terminaba en manos del falso abogado Marcelo D’Alessio, quien la utilizaba para extorsionar –a veces haciéndola pública a través de los medios– a personas como los empresarios Mario Cifuentes o Pedro Etchebest. Los viajes de una persona a veces dan cuenta de su nivel de vida, de los gastos que hace, la frecuencia con que sale del país, si se toma licencia o no, con quién viaja. Es información que se puede utilizar para ejercer presión. Lo que no está claro en el expediente aún es si se trata de operaciones coordinadas, al menos algunas de ellas, o anárquicas.
La nueva vertiente del expediente apunta a la AFIP y a por lo menos dos funcionarios, Jaime Mecikovsky y Norberto Sosa, muy cercanos a Carrió. Aquí ya no se trataría de información de Migraciones, sino de acceso a la base de datos del organismo en busca de detalles que se encuentran bajo secreto fiscal y que afectarían a un universo variopinto de personas, desde figuras de la televisión y el espectáculo hasta del mundo empresario. La AFIP ya era investigada por Canicoba Corral por pedidos de datos sobre entradas y salidas del país gestionadas desde sus dependencias, pero ahora el fiscal González quiere saber si se incursionó en otro tipo de operaciones. Se basó en un informe del programa “ADN” del canal C5N, donde se vinculó a Carrió con posible espionaje a través de la búsqueda de información por las bases la AFIP. Entre los posibles espiados estarían Mirtha Legrand, Susana Giménez, Jorge Lanata, Hugo Moyano, el empresario Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y hasta el fallecido Franco Macri.
El juez le dio a Cuccioli 48 horas para que le entregue un informe sobre la actividad de los funcionarios en cuestión y le indicó que preserve todo lo obtenido. No es la primera vez que los nombres de Mecikovksy y Sosa aparecen en Comodoro Py. En su momento, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray los vinculó con causas en su contra. El ex titular de la DGI Angel Toninelli denunció a Sosa por falso testimonio en la causa sobre lavado de dinero que tiene como protagonista a Lázaro Báez, donde lo involucró en su supuesta protección. Sosa presentó abogado ante Canicoba Corral apenas supo sobre las sospechas en el caso de espionaje, pero el juez aún no quiso que declare porque no tiene la certeza sobre los elementos que podrían incriminarlo. Presentarse es la forma de poder acceder al expediente.
En Comodoro Py las miradas sobre este expediente siguen repartidas: están lo que creen que las operaciones de espionaje son graves y pueden estar centralizadas en órganos del Poder Ejecutivo, quienes dicen que se conocen hace mucho –e incluso llegan a otros gobiernos– pero recién ahora son denunciadas, quienes ven maniobras dispersas de apriete con las que agentes sueltos hacen negocios, algunos creen que Canicoba Corral contraataca porque él es investigado, otros creen que la Agencia Federal de Inteligencia está detrás de todo, y también está la teoría de que podría haber un poco de todo.
