La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, declaró ante el juez Canicoba Corral y aportó precisiones sobre los negociados con los peajes.
La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, ratificó en su declaración ante el juez Rodolfo Canicoba Corral la denuncia que anticipó PáginaI12 sobre “la renegociación espúrea” de la prolongación de los contratos de concesión de las autopistas en beneficio de las empresas de la familia presidencial. Para la ex funcionaria, hubo “cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”. En un testimonio cargado de conocimientos técnicos, Ripoli ratificó ante la justicia que hubo “un liso y llano direccionamiento de dos contratos de concesión de obra pública”. Aportó como dato novedoso que a Autopistas del Sol (Ausol) “se le agregaron obras que ya debían estar ejecutadas y pagas o incluidas en los montos no amortizados en el contrato anterior” Los montos de esas obras eran siderales. Según la letrada rondaban los 400 millones de dólares.
Las concesionarias apelaron a una supuesta denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial con sede en Washington, por más de 1200 millones para arreglar una prrórroga de las concesiones y el pago de 500 millones de dólares por supuestas deudas del Estado.
A solo tres días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ganó impulso en Comodoro Py la investigación que tiene en la mira nada menos que a Mauricio Macri. Se trata de la causa que busca determinar si el Presidente de la Nación, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional direccionaron las concesiones de los peajes en favor de las empresas Ausol y GCO, con el objetivo de beneficiar al Grupo Socma. También se investiga un pago de 500 millones de dólares para Autopistas del Sol S.A., cuya principal accionista era, justamente, Sociedades Macri; y el alza de más del 400 por ciento de las acciones de la empresa del Jefe de Estado, provocado por la prórroga ilegal de la concesión y los sucesivos aumentos de las tarifas del peaje.
El juez Rodolfo Canicoba Corral le tomó declaración este jueves a la testigo que es clave para el expediente y ordenó medidas de prueba que habían sido propuestas por el fiscal Carlos Stornelli, quien no estuvo presente durante la testimonial. La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional estuvo más de ocho horas en el juzgado federal número 6, ubicado en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.
Julieta Lucila Ripoli, experta en derecho administrativo y quien trabajó durante catorce años en el organismo hasta que fue desplazada por el macrismo, dio un pormenorizado detalle ante la Justicia de cómo fueron las negociaciones que derivaron en un pago millonario por parte del Estado a las empresas concesionarias y en la renegociación de los contratos hasta 2030, sin llamado a licitación ni intervención del Congreso y con múltiples beneficios.
Antes de recibir a Ripoli, Canicoba Corral confirmó en diálogo con el programa “Mañana es Tarde”, en Somos Radio, algunas de las medidas de prueba ordenadas. Una de ellas es un pedido de información al Ciadi, con sede en Washington y al Procurador del Tesoro. “Hay una diligencia ordenada. Las medidas fueron sugeridas en su momento por el fiscal”, dijo el magistrado, quien aclaró que debía ser muy cauteloso para no prejuzgar y porque la investigación ya está en curso. El juez de instrucción también confirmó que ordenó un pedido al Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías. Los denunciantes habían propuesto solicitarle al funcionario toda la documentación vinculada a la demanda ante el tribunal internacional. Esa presentación era por 1.100 millones de dólares y habría sido una suerte de simulacro de Ausol, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020, y el reconocimiento de 499 millones de dólares de inversión.
La declaración de Ripoli significa un paso muy importante para el avance de la investigación. La abogada, que al declarar como testigo estuvo obligada a decir la verdad bajo juramento, fue escuchada por una secretaria del juzgado y por el propio Canicoba Corral, quien se mostró muy activo con preguntas y repreguntas para la ex funcionaria. En su extensa y detallada exposición la mujer ratificó todos y cada uno de sus dichos a Página/12.
El Estado indefenso.
Ripoli relató que ella era la “encargada del asesoramiento jurídico previo y obligatorio al dictado de los actos administrativos, en todo lo atinente a las concesiones viales” y que, como tal, fue marginada por los funcionarios macristas que coparon Vialidad a escribir lo que los abogados de las empresas le dictaban durante la redacción de las condiciones de los nuevos contratos. “Quiero dejar asentado que en las reuniones en las que yo participé el Estado estaba totalmente acéfalo. Excepto por mí, no había defensa alguna de los intereses del Estado. Por el contrario, la base del acuerdo era el proyecto aportado por el doctor Enrique Veramendi, de Ausol, y en el seno de estas reuniones él seguía disponiendo los términos del Acuerdo dictándome a mí, como abogada del Estado, lo que tenía que escribir. Ricardo Stoddart, mi superior jerárquico y titular político del servicio jurídico, observaba silente y sin oponer objeción alguna”. “Me sentí intimidada. Sentí que estaba sola en mi posición. Cuando yo quería poner alguna objeción Stoddart no me lo permitía y me miraba mal”, expresó.
En el rol de testigo pero sin dejar su tono técnico y de abogada, Ripoli aseguró ante el juez que el plan del gobierno de Macri fue copar Vialidad para beneficiar a los holdings, socios del Presidente. En ese sentido relató cómo todos los nuevos directores nombrados por Cambiemos –unos quince, a pesar de que por ley sólo podían nombrar dos cargos políticos– “estaban o estuvieron vinculados a Socma, Sideco Amerciana, Iecsa y Ausol”. Por lo que dejaron de ser empresarios del sector para pasar a ser funcionarios a partir del mismo 10 de diciembre de 2016, día en que asumió Mauricio Macri. Ripoli puntualizó como responsable a Javier Iguacel de “designar a personas afines, de confianza o aquellas por ambición, conveniencia o estrecha vinculación con los grupos concesionarios”. Todas ellas “fueron funcionales a mi entender para concretar estas maniobras que se investigan”, afirmó. Para la abogada Iguacel “fue también responsable de conceder tratos diferenciales y preferentes a Ausol S.A. y GCO S.A. aprobando lo que entiendo son injustificados aumentos tarifarios e instruyendo a sus inferiores jerárquicos a cerrar las renegociaciones de los accesos en condiciones extraordinariamente favorables a las empresas y en contra de los intereses del Estado Nacional”. Y, por si fuera poco, afirmó que las múltiples multas y penalidades millonarias que pesaban contra Ausol fueron “condonadas en forma encubierta” con la renegociación del nuevo contrato.
De los dos lados del mostrador
Durante su declaración Ripoli nombró a todos los directores que arribaron con la nueva gestión y cuyos ingresos significaron el desplazamientos de los técnicos de carrera de Vialidad. Entre los que se encuentran Roger Emmanuel Botto; Alejandro Caviglia; Ricardo José Stoddart; Juan Manuel Campana; Marta Arancibia; Federico Heineke; Alejandro Bicio y Mariano López y cuyos antecedentes en las empresas ligadas a la familia Macri ya fueron detallados por este diario.
Con sólo algunas interrupciones por preguntas concretas, en su relato la letrada hizo hincapié en el fuerte perjuicio que significaron las maniobras para los usuarios y el Estado: “Fue una renegociación con cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”, señaló. Y remató que, a su entender, por su experiencia en el área y como abogada, la negociación fue “espúrea”.
Explicó, además, el “tratamiento abiertamente diferencial” que hubo por parte de los funcionarios macristas entre las empresas Ausol y GCO por un lado y Aecsa (autopista Ricchieri) por el otro, a la que ahogaron financieramente hasta quitarle la concesión. Aecsa era del empresario hoy detenido Cristóbal López.
El dato novedoso que aportó Ripoli a la causa es que, además, a Ausol “se le agregaron obras que ya debían estar ejecutadas y pagas o incluidas en los montos no amortizados en el contrato anterior” Los montos de esas obras eran siderales. Según la letrada rondaban los 400 millones de dólares. Aunque con sólo buscar la documentación correspondiente pueden encontrarse las firmas de los responsables y los puntos contractuales detallados por Ripoli, la mujer quiso dejar en claro que “todo esto quedó asentado en los términos del acuerdo que firmó Guillermo Dietrich y aprobó por decreto la presidencia”.
Cuando ya promediaban unas siete horas de declaración, Ripoli buscó una frase para resumir lo que quiso demostrar con su pormenorizada descripción de lo ocurrido con los peajes en la era Macri: “observo un marcado desajuste de la legalidad y de las buenas prácticas de ética y transparencia de la administración pública. Esto es para mí un liso y llano direccionamiento de dos contratos de concesión de obra pública por peaje”.
Al menos una decena de dirigentes recibió dosis de Sputnik. La mayoría responde localmente al Frente de Todos. Ninguno tenía un criterio para ser vacunado, pero fueron incluidos como personal sanitario.
El escándalo en torno al Vacunatorio VIP que se instaló en el Ministerio de Salud y que derivó en la salida de Ginés González García tiene diferentes capítulos abiertos en ciudades de todo el país. Luego de conocerse irregularidades en las inmunizaciones en San Nicolás, es Mar del Plata donde se posaron los ojos de la Justicia, que investiga una denuncia sobre la aplicación de dosis sin criterio a funcionarios, familiares de altos cargos nacionales, sindicalistas e incluso representantes del propio Poder Judicial.
A los tribunales marplatenses llegó una denuncia penal iniciada por el ayudante fiscal Javier Pettigiani el último 22 de febrero. Según consignó el sitio web local El Observador, Pettigiani solicitó ante la Fiscalía de Delitos Económicos un listado de todas las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus y quiénes fueron los inmunizados.
Denuncia realizada por el fiscal Javier Pettigiani.
Clarín accedió a esa lista, con datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino y más de 6.000 inoculados en enero y febrero, entre los que sobresalen 10 nombres conocidos en la política marplatense, todos menores de 70 años y que fueron vacunados en su mayoría como “personal de salud”.
En la lista de Vacunados VIP locales aparece Fernando Mogni , el director de UGL PAMI de Mar del Plata, de 39 años, quien se aplicó la primera dosis el 2 de febrero. Mogni es dirigente del Frente de Todos y desde PAMI, el organismo que conduce a nivel nacional Luana Volnovich, representa precisamente al sector más afectado por la pandemia: los jubilados, muchos de los cuales todavía no han sido vacunados.
También fue inmunizado Santiago González , de 53 años, director regional de la obra social bonaerense IOMA, que fue vacunado por completo el 18 de enero y el 13 de febrero en el Hospital Interzonal, también como personal de salud. En los listados no figuran los datos de los centros de vacunación de IOMA ni de PAMI, de donde provienen varios de los inmunizados.
Otro funcionario vacunado fue Marcelo Gastón Vargas , director ejecutivo de Región Sanitaria VIII, de 50 años, e inmunizado el 5 de febrero con la segunda dosis.
La militancia también tuvo su vacuna en Mar del Plata. Milagros Bensa, de 18 años, recibió la primera dosis en el Interzonal el 18 de febrero por ser considerado “personal de salud”. Pertenece a la filial marplatense de La Cámpora. Otro joven vacunado fue Tobías Balcedo , de 19 años, quien el 11 de febrero ya había recibido las dos dosis en el Hospital Bernardo Houssay. Caso idéntico es el de Milagros Ramírez Armani , de 21 años, vacunada con ambas dosis en el Houssay el 11 de febrero por su condición de “personal de salud”
El padre de Balcedo también fue vacunado. Se trata de Luis, de 50 años, quien el 29 de enero había sido inmunizado por completo con las dos dosis de Sputnik V en el Hospital Materno. Es delegado gremial de ATE y del Movimiento de articulación de militancia emancipadora (Marme).
Otros dos sindicalistas figuran en la lista VIP. Uno de ellos es Facundo “Apache” Villalba , de 32 años y representante de ATE y CTA, quien se retrató en Twitter y Facebook cuando fue vacunado. La primera dosis la recibió el 14 de enero y la segunda el 5 de febrero. El otro fue Diego Lencinas, de la CTA, de 44 años, vacunado el 18 de enero y el 12 de febrero en el interzonal.
El vacunado 11 dentro del VIP marplatense es un fiscal, nada menos. Se trata de Guillermo Nicora , de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, quien fue inmunizado el 26 de enero y el 20 de febrero, como personal de salud. Entre los vacunados también figura la ministra de Salud de Mar del Plata, Viviana Bernabei, aunque con el reparo que significa, como el resto de los funcionarios de esa cartera en cada municipio, de ser personal considerado estratégico.
El listado de inmunizados que se desprende del SISA contempla la inmunización 6858 personas vacunadas. Del total,5.931 son menores de 60 y de ellos 2.887 son menores de 40 años; es decir, el 86% de la población total vacunada.
La denuncia de Pettigiani recayó en el Fiscal General del Distrito, Fabián Fernández Garello. En la misma, el representante del Ministerio Público Fiscal plantea que , de comprobarse la inclusión indebida de personas en la vacunación, “se estaría malversando un recurso público y escaso, impidiendo que las personas consideradas de mayor riesgo puedan vacunarse ”, lo cual resulta violatorio de los artículos 248, 260 y 261 del Código Penal Argentino.
Fue la tercera jornada de manifestaciones después de la represión de la policía provincial. Cruces entre Patricia Bullrich y Sabina Frederic.
Una nueva ola de protestas se desarrolló en la noche de este domingo en Formosa. Se concentraron alrededor de cinco mil personas en el centro de la ciudad capital de la provincia. Se trató de una marcha histórica y sin precedentes.
La convocatoria comenzó a las 18 del domingo, en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano. Tuvo su epicentro a metros de la Casa de Gobierno de Formosa para luego moverse a la zona de la costanera y finalmente culminar hacia las 22 en Plaza San Martín. Pasada esa hora, solo quedó un grupo disperso que desafiaba las restricciones para circular.
El reclamo tuvo consignas variadas, desde los comerciantes que pedían volver al trabajo al reclamo general por una “Formosa libre”. Los jovenes, por su parte, “llaman a la desobediencia civil”.
Fue la tercera jornada de manifestaciones después de la represión de la policía de Gildo Insfrán a los manifestantes que habían salido a rechazar el viernes el endurecimiento de la cuarentena. En esta oportunidad no hubo presencial policial rodeando la marcha, pero sí un vallado puesto en la casa de Gobierno.
La tercera marcha en Formosa tras la represión de Gildo Insfrán. Foto: Marcelo Ferreira
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que dirige Horacio Pietragalla- se había expresado el viernes tras la represión policial que terminó con heridos y más de 90 detenidos y, si bien repudió la violencia, habló de “una campaña de desprestigio” contra el gobernador formoseño.
En la misma tónica, la ministra de Seguridad Sabina Frederic también rechazó la represión en las últimas horas, pero entendió que hay “un ensañamiento con el gobierno de Gildo Insfrán que es inadmisible” y una “provocación sistemática”.
En ese sentido, Frederic calificó a Patricia Bullrich -ex ministra de Seguridad- de “hipócrita” y “cínica” y la cuestionó por hablar de derechos humanos cuando “defendía el protocolo policial de disparar sin dar orden de alto”.
Foto: Marcelo Ferreira
Precisamente, la protesta de este domingo en Formosa tuvo la presencia de Patricia Bullrich, presidente del PRO, y del senador nacional Luis Naidenoff, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.
“Para mi es una emoción inmensa ver cómo después de 25 años Formosa empieza a pedir libertad. Después de haber perdido la democracia, la república y sus instituciones. Hoy hablé con muchos jóvenes que me contaban que ellos creen que esto es el principio de un quiebre, de un sistema que no va a volver a ser lo mismo. Acá se está gestando un grito de libertad“, dijo Bullrich desde la marcha.
La comitiva de la exministra de Seguridad de Cambiemos, que se entremezcló en la multitud, también la integraron los diputados Waldo Wolff y Ricardo Buryaile.
También hubo protestas en la quinta de Olivos, en Buenos Aires (Marcelo Carroll)
Luis Naidenoff, dirigente formoseño de la oposición que se encontraba al lado de Bullrich, expresó: “El pueblo dice ‘basta’. Esto tiene que ver con reclamos básicos. Exigen sentido común. La sociedad dice ‘hasta acá llegamos’. Piden libertad, como rige en toda la Argentina”. Y a continuación se preguntó: “Hay responsabilidad política provincial, pero ¿dónde está el Estado Nacional?”.
Pasadas las 21 de este domingo, tuiteó Mauricio Macri: “La violencia con la que han respondido a las manifestaciones en Formosa es inaceptable. Quiero expresar mi total apoyo a los formoseños”. “Los acompaño en este difícil momento. Seguimos esperando una respuesta a lo sucedido por parte del gobierno nacional”, agregó el expresidente.
La violencia con la que han respondido a las manifestaciones en Formosa es inaceptable. Quiero expresar mi total apoyo a los formoseños. Los acompaño en este difícil momento. Seguimos esperando una respuesta a lo sucedido por parte del gobierno nacional.
La serie de protestas -inédita en los 25 años de Insfrán en el poder- comenzó como una reacción popular al regreso a fase 1 de los controles sanitarios de la ciudad capital y por la resistencia de comerciantes, que se sumó a las quejas por las violaciones de derechos humanos en los centros de aislamiento por Covid instalados en la provincia.
Este domingo también hubo una pequeña protesta en la quinta de Olivos donde se leyeron carteles como “Formosa Libre ya”, “Fuera Insfrán” y “Gildo Insfrán, dictador”.
La protesta en Formosa se trasladó a la costanera. Foto: Marcelo Ferreira
Viajaban en un gomón que naufragó. La Policía confirmó la muerte de un hombre de 26 años y de una mujer que aún no fue identificada.
Luego que un gomón con 26 personas naufragara en el Río Bermejo cuando intentaba cruzar de manera ilegal la frontera entre Salta y Bolivia, las autoridades encargadas de la búsqueda de desaparecidos informaron que este jueves por la tarde encontraron el cuerpo de una mujer, por lo que ya son dos los fallecidos en el accidente.
Durante la mañana de este jueves desde la Policía de Salta informaron el hallazgo del cadáver de Ángel Damián Quispe Santos (26 años, boliviano). Más tarde, voceros oficiales confirmaron que encontraron un segundo cuerpo,a dos kilómetros del lugar en el que apareció el gomón. Se trata de una mujer que aún no fue identificada.
Fuente de la investigación precisaron que la búsqueda comenzó el miércoles, con la hipótesis de seis desaparecidos en base al testimonio de un hombre que logró ser rescatado ileso del cauce del río por el accionar de personal de Gendarmería Nacional.
Pero más tarde se supo que en la embarcación viajaban 26 personas.El cruce del río es parte de una actividad informal, por lo que no existen registros de quienes viajaban en el bote.
Voceros policiales señalaron que ya se confirmó que 22 personas sobrevivieron a la tragedia. Por esa razón, la búsqueda continúa enfocada en tres personas, una mujer -resta confirmar si se trata del cuerpo hallado este jueves- y dos bebés de uno y tres meses, de los que todavía nada se sabe.
El vocero de la Policía de Salta, Miguel Velardez apuntó que las tareas de búsqueda se suspendieron en los primeros minutos de la madrugada de este jueves debido a las condiciones climáticas. Se retomaron unas horas después, aunque el cauce del río creció considerablemente por las intensas lluvias registradas en Bolivia.
El hecho ocurrió cuando la precaria barcaza, que había partido desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia Bermejo, en Bolivia, a través del cauce del río Bermejo, intentaba cruzar la frontera de manera ilegal.
Al atravesar una palizada, el gomón sufrió una rotura, lo que motivó que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al río para salvar sus vidas, nadando hacia la orilla.
