Con sólo algunas interrupciones por preguntas concretas, en su relato la letrada hizo hincapié en el fuerte perjuicio que significaron las maniobras para los usuarios y el Estado: “Fue una renegociación con cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”, señaló. Y remató que, a su entender, por su experiencia en el área y como abogada, la negociación fue “espúrea”.

Explicó, además, el “tratamiento abiertamente diferencial” que hubo por parte de los funcionarios macristas entre las empresas Ausol y GCO por un lado y Aecsa (autopista Ricchieri) por el otro, a la que ahogaron financieramente hasta quitarle la concesión. Aecsa era del empresario hoy detenido Cristóbal López.

El dato novedoso que aportó Ripoli a la causa es que, además, a Ausol “se le agregaron obras que ya debían estar ejecutadas y pagas o incluidas en los montos no amortizados en el contrato anterior” Los montos de esas obras eran siderales. Según la letrada rondaban los 400 millones de dólares. Aunque con sólo buscar la documentación correspondiente pueden encontrarse las firmas de los responsables y los puntos contractuales detallados por Ripoli, la mujer quiso dejar en claro que “todo esto quedó asentado en los términos del acuerdo que firmó Guillermo Dietrich y aprobó por decreto la presidencia”.

Cuando ya promediaban unas siete horas de declaración, Ripoli buscó una frase para resumir lo que quiso demostrar con su pormenorizada descripción de lo ocurrido con los peajes en la era Macri: “observo un marcado desajuste de la legalidad y de las buenas prácticas de ética y transparencia de la administración pública. Esto es para mí un liso y llano direccionamiento de dos contratos de concesión de obra pública por peaje”.