Las concesionarias apelaron a una supuesta denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial con sede en Washington, por más de 1200 millones para arreglar una prrórroga de las concesiones y el pago de 500 millones de dólares por supuestas deudas del Estado.
A solo tres días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ganó impulso en Comodoro Py la investigación que tiene en la mira nada menos que a Mauricio Macri. Se trata de la causa que busca determinar si el Presidente de la Nación, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional direccionaron las concesiones de los peajes en favor de las empresas Ausol y GCO, con el objetivo de beneficiar al Grupo Socma. También se investiga un pago de 500 millones de dólares para Autopistas del Sol S.A., cuya principal accionista era, justamente, Sociedades Macri; y el alza de más del 400 por ciento de las acciones de la empresa del Jefe de Estado, provocado por la prórroga ilegal de la concesión y los sucesivos aumentos de las tarifas del peaje.
El juez Rodolfo Canicoba Corral le tomó declaración este jueves a la testigo que es clave para el expediente y ordenó medidas de prueba que habían sido propuestas por el fiscal Carlos Stornelli, quien no estuvo presente durante la testimonial. La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional estuvo más de ocho horas en el juzgado federal número 6, ubicado en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.
Julieta Lucila Ripoli, experta en derecho administrativo y quien trabajó durante catorce años en el organismo hasta que fue desplazada por el macrismo, dio un pormenorizado detalle ante la Justicia de cómo fueron las negociaciones que derivaron en un pago millonario por parte del Estado a las empresas concesionarias y en la renegociación de los contratos hasta 2030, sin llamado a licitación ni intervención del Congreso y con múltiples beneficios.
Antes de recibir a Ripoli, Canicoba Corral confirmó en diálogo con el programa “Mañana es Tarde”, en Somos Radio, algunas de las medidas de prueba ordenadas. Una de ellas es un pedido de información al Ciadi, con sede en Washington y al Procurador del Tesoro. “Hay una diligencia ordenada. Las medidas fueron sugeridas en su momento por el fiscal”, dijo el magistrado, quien aclaró que debía ser muy cauteloso para no prejuzgar y porque la investigación ya está en curso. El juez de instrucción también confirmó que ordenó un pedido al Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías. Los denunciantes habían propuesto solicitarle al funcionario toda la documentación vinculada a la demanda ante el tribunal internacional. Esa presentación era por 1.100 millones de dólares y habría sido una suerte de simulacro de Ausol, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020, y el reconocimiento de 499 millones de dólares de inversión.
La declaración de Ripoli significa un paso muy importante para el avance de la investigación. La abogada, que al declarar como testigo estuvo obligada a decir la verdad bajo juramento, fue escuchada por una secretaria del juzgado y por el propio Canicoba Corral, quien se mostró muy activo con preguntas y repreguntas para la ex funcionaria. En su extensa y detallada exposición la mujer ratificó todos y cada uno de sus dichos a Página/12.
El Estado indefenso.
Ripoli relató que ella era la “encargada del asesoramiento jurídico previo y obligatorio al dictado de los actos administrativos, en todo lo atinente a las concesiones viales” y que, como tal, fue marginada por los funcionarios macristas que coparon Vialidad a escribir lo que los abogados de las empresas le dictaban durante la redacción de las condiciones de los nuevos contratos. “Quiero dejar asentado que en las reuniones en las que yo participé el Estado estaba totalmente acéfalo. Excepto por mí, no había defensa alguna de los intereses del Estado. Por el contrario, la base del acuerdo era el proyecto aportado por el doctor Enrique Veramendi, de Ausol, y en el seno de estas reuniones él seguía disponiendo los términos del Acuerdo dictándome a mí, como abogada del Estado, lo que tenía que escribir. Ricardo Stoddart, mi superior jerárquico y titular político del servicio jurídico, observaba silente y sin oponer objeción alguna”. “Me sentí intimidada. Sentí que estaba sola en mi posición. Cuando yo quería poner alguna objeción Stoddart no me lo permitía y me miraba mal”, expresó.
En el rol de testigo pero sin dejar su tono técnico y de abogada, Ripoli aseguró ante el juez que el plan del gobierno de Macri fue copar Vialidad para beneficiar a los holdings, socios del Presidente. En ese sentido relató cómo todos los nuevos directores nombrados por Cambiemos –unos quince, a pesar de que por ley sólo podían nombrar dos cargos políticos– “estaban o estuvieron vinculados a Socma, Sideco Amerciana, Iecsa y Ausol”. Por lo que dejaron de ser empresarios del sector para pasar a ser funcionarios a partir del mismo 10 de diciembre de 2016, día en que asumió Mauricio Macri. Ripoli puntualizó como responsable a Javier Iguacel de “designar a personas afines, de confianza o aquellas por ambición, conveniencia o estrecha vinculación con los grupos concesionarios”. Todas ellas “fueron funcionales a mi entender para concretar estas maniobras que se investigan”, afirmó. Para la abogada Iguacel “fue también responsable de conceder tratos diferenciales y preferentes a Ausol S.A. y GCO S.A. aprobando lo que entiendo son injustificados aumentos tarifarios e instruyendo a sus inferiores jerárquicos a cerrar las renegociaciones de los accesos en condiciones extraordinariamente favorables a las empresas y en contra de los intereses del Estado Nacional”. Y, por si fuera poco, afirmó que las múltiples multas y penalidades millonarias que pesaban contra Ausol fueron “condonadas en forma encubierta” con la renegociación del nuevo contrato.
De los dos lados del mostrador
Durante su declaración Ripoli nombró a todos los directores que arribaron con la nueva gestión y cuyos ingresos significaron el desplazamientos de los técnicos de carrera de Vialidad. Entre los que se encuentran Roger Emmanuel Botto; Alejandro Caviglia; Ricardo José Stoddart; Juan Manuel Campana; Marta Arancibia; Federico Heineke; Alejandro Bicio y Mariano López y cuyos antecedentes en las empresas ligadas a la familia Macri ya fueron detallados por este diario.
Con sólo algunas interrupciones por preguntas concretas, en su relato la letrada hizo hincapié en el fuerte perjuicio que significaron las maniobras para los usuarios y el Estado: “Fue una renegociación con cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”, señaló. Y remató que, a su entender, por su experiencia en el área y como abogada, la negociación fue “espúrea”.
Explicó, además, el “tratamiento abiertamente diferencial” que hubo por parte de los funcionarios macristas entre las empresas Ausol y GCO por un lado y Aecsa (autopista Ricchieri) por el otro, a la que ahogaron financieramente hasta quitarle la concesión. Aecsa era del empresario hoy detenido Cristóbal López.
El dato novedoso que aportó Ripoli a la causa es que, además, a Ausol “se le agregaron obras que ya debían estar ejecutadas y pagas o incluidas en los montos no amortizados en el contrato anterior” Los montos de esas obras eran siderales. Según la letrada rondaban los 400 millones de dólares. Aunque con sólo buscar la documentación correspondiente pueden encontrarse las firmas de los responsables y los puntos contractuales detallados por Ripoli, la mujer quiso dejar en claro que “todo esto quedó asentado en los términos del acuerdo que firmó Guillermo Dietrich y aprobó por decreto la presidencia”.
Cuando ya promediaban unas siete horas de declaración, Ripoli buscó una frase para resumir lo que quiso demostrar con su pormenorizada descripción de lo ocurrido con los peajes en la era Macri: “observo un marcado desajuste de la legalidad y de las buenas prácticas de ética y transparencia de la administración pública. Esto es para mí un liso y llano direccionamiento de dos contratos de concesión de obra pública por peaje”.
