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Sociedad

El duro relato de un matrimonio que quiere adoptar: “Para poder ser padres tenemos que tener 240 mil pesos”

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Tras lograr la guardia provisoria de Alexis, que ahora tiene 8 años, tuvieron que solicitar un guarda pre-adoptiva que costó $102 mil, en agosto de 2020, y ahora deben pagar $138 mil para cerrar el juicio de adopción. Como no cuentan con ese dinero, Stella Maris y Rubén iniciaron una campaña solidaria en la redes con la ayuda de la ONG Acunar Familias

Stella Maris Rodríguez Sorichetti y Rubén Ramos están desesperados. Luego de sortear todos los trámites administrativos y legales para adoptar a su hijo Alexis, que ya tiene 8 años, se encontraron un inesperado impedimento: la justicia exige $240 mil para cerrar el juicio de adopción y que el nene pueda tener el nuevo DNI con el apellido de sus padres adoptivos.

La sentencia, que fue emitida el 20 de diciembre por la jueza Amalia Dorado, titular del Juzgado Nº3 de Familia de Mar del Plata, le solicita al matrimonio pagar 40 JUS (que es la unidad arancelaria de la Corte Suprema, equivalente a $2.180 por cada JUS ), más un 20% de aportes a la sede judicial, unos $12 mil al Registro de Adopción e Ingresos Brutos, entre otros impuestos, para que Alexis tenga legalmente una nueva familia. Esa cifra da aproximadamente $138 mil, que se suman a los $102 mil ya abonados por el matrimonio en instancias previas.

“Yo entiendo que haya que pagarle al abogado por el trabajo que hizo pero estamos hablando de una adopción y el Estado debería hacerse cargo de las costas de un juicio de estas características”, relató a Infobae Stella, a quien le negaron un abogado de oficio porque tanto ella como su marido tienen un empleo en blanco. “Hay que ser prácticamente indigente para que te asignen uno, pero si no acreditás que tenés trabajo automáticamente te dan de bajo en el proceso de adopción por no ser solvente para mantener al chico”, se lamentó.

Este es el segundo fallo judicial donde le exigen al matrimonio abonar unos $138 mil, sumados a los $102 mil que ya habían abonado en agosto de 2020Este es el segundo fallo judicial donde le exigen al matrimonio abonar unos $138 mil, sumados a los $102 mil que ya habían abonado en agosto de 2020

“Sentimos que estamos atrapados en una trampa legal porque cuando participamos de las charlas pre-adoptivas en el Juzgado nadie nos dijo que íbamos a tener que pagar. Eso lo tendrían que rever de antemano. Te hablan de que tenés que pasar por pericias psicológicas, revisaciones médicas e informes ambientales y socioeconómicos pero nunca nos hablaron de plata”, aseguró Rubén, invadido por la bronca e impotencia, al entender que “les quitan a las familias el derecho a decidir si desean continuar con el proceso de adopción”. De hechoen la web oficial Adopción Simple no dicen nada de los gastos que deben enfrentar las familias.

Stella y Rubén iniciaron el proceso de vinculación con Alexis en septiembre de 2018 y seis meses después, cuando se venció la guarda provisoria, se enteraron de que en la etapa de la solicitud de la guarda pre-adoptiva debían estar asesorados por un abogado y pagar todas las costas legales que surgieran del expediente.

“Hay una realidad que la justicia no tiene en cuenta, que es que ya habíamos compartido mucho tiempo con el nene y ya nos sentíamos sus padres y él nuestro hijo. Era imposible dar marcha atrás”, recordó la mujer, quien en agosto de 2020 tuvo que desembolsar los primeros $102 mil para poder iniciar el juicio de adopción.

Stella pide que el Estado se haga cargo de los gastos de los juicios de adopciónStella pide que el Estado se haga cargo de los gastos de los juicios de adopción

En ese momento, usaron los ahorros que tenían y el resto lo pidieron prestado. Pero lo que nunca imaginaron fue que en menos de tres meses iba a salir la sentencia definitiva y tener que desembolsar otros $138 mil para cerrar el caso.

“En la sentencia anterior el JUS estaba $1.800 pesos, y como justo en noviembre su valor aumentó ahora tenemos que pagar $2.120 cada JUS. Encima el abogado nos dijo que en marzo volvería a aumentar y estamos contra reloj buscando de donde sacar la plata”, contó el matrimonio.

Esta situación la llevó a Stella publicar en su cuenta de Facebook el fallo de la jueza y un número de CBU para recibir donaciones. También se contactó con ONG Acunar Familias para recibir asesoramiento del tema y ellos le ofrecieron utilizar la cuenta bancaria de la fundación para darle mayor transparencia a la campaña solidaria.

Stella y Rubén iniciaron una campaña en las redes para recaudar el dinero que les faltaStella y Rubén iniciaron una campaña en las redes para recaudar el dinero que les falta

“Publicamos la historia de Stella y Rubén en nuestras redes sociales para que la gente los conozca. Iniciamos la campaña el 12 de enero y recién pudimos $4500. Es una pena, es prácticamente nada. Somos conscientes de que estamos en una época muy difícil pero vamos a hacer hasta los imposible para ayudarla y que Alexis finalmente pueda tener su nuevo DNI”, contó a Infobae Ariel Vijarra, presidente de Acunar Familias, quien trabaja para impulsar una ley de adopción gratuita a nivel nacional.

Como la ONG tiene domicilio legal en Rosario, lo primero que hizo fue contacta a Amalia Granata, diputada de la provincia de Santa Fe por el partido Somos Vida, quien presentó la iniciativa en el parlamenteo provincial el 13 de julio de 2020.

“El proyecto intenta que las familias puedan litigar gratuitamente en un juicio de adopción o que el Estado pueda costearlo, aunque sea, en un 80%. Y si las familias realmente disponen de ese dinero para pagar una abogado privado que lo destinen a la salud, educación, alimentación y otras necesidades del niño. También habla de fomentar la adopción de niños mayores de 6 años o de niños con discapacidades y que queden exentos de abonar de determinar impuestos y servicios durante los dos primeros años. Es un proyecto muy rico ya que además trata de garantizar derechos de las familias adoptantes”, precisó Vijarra, confiado en que sea tratado en el parlamento santafesino a fines de enero. “Y una vez aprobado en nuestra provincia, el próximo paso es hacer alianzas con partidos nacionales para llevarlo al Congreso”, agregó.

La diputada Amalia Granata presentó en el Parlamento de Santa Fe el proyecto adopción grauito impulsado por la ONG Acunar FamiliasLa diputada Amalia Granata presentó en el Parlamento de Santa Fe el proyecto adopción grauito impulsado por la ONG Acunar Familias

Mientras tanto, la familia marplatense apela a la solidaridad de la gente para poder pagar esa deuda antes de marzo y que Alexis pueda empezar las clases con su nuevo DNI: “Si bien la justicia no nos puso ningún plazo, a medida que pasa el tiempo el JUS va a aumentando y el monto se hace más inaccesible para nosotros”.

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Sociedad

Les pagó a 20 empleados durante un año con su restaurante cerrado y cuando reabrió, 14 ya tenían otro empleo, pero seguían cobrando

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El emprendedor Tito Loizeau debió mantener cerrado su local temático y abonó puntualmente los salarios con el aporte del Programa ATP. Pero la mayoría de sus empleados ya había conseguido otro trabajo en el mismo horario. “Me estafaron a mí y al Gobierno”, se lamentó

Tras casi un año del cierre que les impuso la pandemia por coronavirus, los cines de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad reabrieron en marzo con burbujas sociales, servicio gastronómico, y un protocolo específico que apela a la responsabilidad individual para evitar contagios, según dos disposiciones oficiales.

En ese marco, el emprendedor Tito Loizeau, dueño del restaurante temático de cine El Capitán, que funciona pegado al cine Showcase dentro del centro comercial Norcenter, en la localidad de Vicente López, se llevó una sorpresa inesperada cuando se aprestaba a reabrir su negocio tras casi un año de tenerlo cerrado como consecuencia de las restricciones dispuestas por la pandemia.

De los 20 empleados con los que contaba desde que abrió el restaurante en junio de 2019, registró que en marzo de este año, 14 se encuentran trabajando para otro empleador, pero siguieron cobrando el salario que les pagaba desde 2020 con la ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP).

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!”, publicó Loizeau en la red social Twitter.

“Nosotros abrimos en junio de 2019. Es un restaurante temático de cine como si fuese Hollywood de los años ´30. Está ambientado como si fuera el teatro El Capitán de Los Ángeles, donde se entregaban los premios Oscar antiguamente”, dijo Loizeau a Infobae.

En ese marco, señaló que hasta el 10 de marzo de 2020 y le iba muy bien pero que ya lleva un año cerrado por las restricciones que estableció el Gobierno con respecto a la actividad del cine.

Tito LoizeauTito Loizeau

“En 10 días vamos a llegar a un año cerrados. En ese momento teníamos 20 empleados. El que más antigüedad tenía llevaba cinco meses trabajando. El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado que el gobierno dejó de pagar el ATP”, detalló.

Y agregó: “Ahora se anuncia la apertura de los cines y entonces decidí convocar a los empleados a través del grupo de whatss app que tenemos. Los convoco y la sorpresa fue que de 20 empleados que teníamos, 14 están trabajando en otro lado. Y yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares, en el horario en el que yo les pagaba el sueldo”.

Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina (Tito Loizeau, dueño del restaurante El Capitán)

Para el empresario, lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia. “Nadie me mandó nada y me entero porque no quieren venir a trabajar porque ya están trabajando en otros lugares”, cuestionó.

Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, insistió Loizeau.

Y detalló: “A algunos empleados que laburaron uno o dos meses les pagué once meses de sueldo y hacía cinco meses que estaban laburando en otro lado. Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”.

Con respecto a la decisión que tomará en relación a la apertura o no del restaurante en este contexto, dijo que aún no lo tiene decidido.

“Tenemos muchas disyuntivas respecto a si conviene abrir o no ahora. Los cines abrieron la semana pasada y fue muy poca gente. Fue el 3% de los que iban habitualmente. También está el miedo de volver a abrir y tener que cerrar en invierno nuevamente por la pandemia”, remarcó.

El titular de El Capitán aún no sabe si reabrirá su restaurante dada la baja de su personal y una posible segunda ola de Covid-19.El titular de El Capitán aún no sabe si reabrirá su restaurante dada la baja de su personal y una posible segunda ola de Covid-19.

“Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina”, se quejó. Y agregó que en el restaurante hay mucho de capacitación del personal que hace difícil poder reabrir el negocio en el corto plazo cuando al mismo tiempo existe la posibilidad de tener que cerrarlo en algunos meses por una nueva ola de Covid-19.

“Puedo conseguir un reemplazo de estos empleados pero me lleva tiempo, me obliga a abrir más tarde y mi terror es que llegue el invierno y nos vuelvan a obligar a cerrar. Vamos a ver estos días que hacemos. La intención nuestra es abrir y la gente que está acá y se quedó tiene ganas de trabajar. Pero si en tres meses me cierran de nuevo puede ser un golpe fatal. Esta es la situación para nosotros hoy”, concluyó.

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La ANMAT prohibió la comercialización de una marca de aceite de girasol

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La disposición fue publicada este lunes en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este lunes a través de su publicación en el Boletín Oficial, la comercialización de una marca de aceite de girasol.

La disposición 1532/2021 establece la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de Girasol, marca Ybarra, RNPA 02-146234 Elaborado por RNE 02-0007188”, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Además prohíbe “la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el registro sanitario de RNE N° 02-0007188 por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNE inexistente, resultando ser en consecuencia ilegales”.

En el considerando publicado en la disposición, se explica que “las actuaciones se iniciaron a raíz de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) informó las acciones realizadas derivadas de un programa de monitoreo en relación a la comercialización del producto que no cumple la normativa alimentaria vigente”.

Frente a ello, “la ASSAl en el marco del citado procedimiento tomó muestra oficial reglamentaria por Acta Toma de Muestra N° 011858 del producto investigado y del análisis de la misma el informe arrojó como resultado, en lo que respecta a la rotulación, “No conforme” por no declarar el nombre y domicilio de la razón social” y está en infracción”.

Es por eso que “la ASSAl realiza a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos), las Consultas Federales a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires a fin de verificar si los registros de establecimiento y producto que se exhiben en el rotulo del producto investigado se encuentran autorizados, a lo que informó que el RNE y el RNPA son inexistentes”.

En consecuencia, “la ASSAl por Disposición N° 05/2021 estableció el alerta alimentaria y ordenó la prohibición de la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe” y “notificó el Incidente Federal N° 2611 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – Red SIVA”.

Asimismo “el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL verificó la promoción y venta en línea del mencionado producto, por ello, notificó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que proceda a evaluar las medidas que considere adoptar”.

Se determina entonces que “el producto se halla en infracción por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Ante ello, y “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República” y que “en atención a las circunstancias detalladas”.

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Coronavirus

La OMS le bajó el pulgar a la hidroxicloroquina: desaconsejó “fuertemente” su uso contra el coronavirus

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Un grupo de expertos del organismo concluyó que “no tuvo un efecto significativo” en la prevención ni el tratamiento de la enfermedad.

El uso de la hidroxicloroquina como medida de profilaxis para prevenir el coronavirus ha sido “fuertemente” desaconsejado por un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud.

Ese fármaco ha dejado de ser “una prioridad de investigación” y los recursos deberían centrarse en otros más prometedores para prevenir la enfermedad, según un artículo que publica este lunes British Medical Journal (BMJ) y elaborado por expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Directrices de la OMS.

La “firme recomendación” emitida por los expertos se basa en “pruebas de alta certeza” procedentes de seis ensayos controlados aleatorios con más de 6.000 participantes, con y sin exposición conocida a una persona infectada por el SARS-Cov-2.

La hidroxicloroquina, según lo que los expertos califican pruebas de alta certeza, “no tuvo un efecto significativo sobre la muerte y el ingreso en el hospital”.

Además, las pruebas de certeza moderada mostraron que este fármaco “no tuvo un efecto significativo” sobre la infección por covid-19 confirmada en el laboratorio y “probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos“.

Esta directriz se aplica a todos los individuos que no tienen Covid-19, independientemente de su exposición a una persona con infección por la enfermedad.

La recomendación de hoy es la primera versión de una “directriz viva” sobre los medicamentos para prevenir la Covid-19, desarrollada por la OMS, con el objetivo de proporcionar “una orientación fiable” sobre la gestión de la enfermedad y ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones con sus pacientes.

Las directrices vivas son útiles en áreas de investigación que evolucionan rápidamente, como la Covid-19, porque permiten a los investigadores actualizar los resúmenes de evidencia previamente examinados y revisados por otros científicos, explica el BMJ.

El uso de la hidroxicloroquina fue propuesto al inicio de la pandemia para tratar a pacientes de coronavirus, pero el pasado junio la OMS anunció el fin definitivo de los ensayos clínicos, tras demostrar varias investigaciones que no reducía la mortalidad. Ahora desaconseja también su uso para prevenirla.

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