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El día después: la reacción de Mossack Fonseca y los clientes argentinos

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Las revelaciones periodísticas de Panama Papers hace poco más de dos años sacudieron al mundo político, empresarial, deportivo y de las celebrities mundiales. Un hackeo gigantesco al corazón del negocio off shore con base en el Caribe, dejó al desnudo la operatoria montada por Mossack Fonseca en 21 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Después de más de 40 años de ofrecer servicios cuyo principal atractivo era el anonimato, la baja tributación fiscal y la discreción, el estudio panameño anunció el cierre de sus operaciones en marzo del 2017, y un año después, lo hizo en forma definitiva.

Las repercusiones de la investigación global llevaron a la caída de dos primeros ministros, promovieron normas para transparentar los registros de compañías en jurisdicciones offshore – como en los territorios marítimos del Reino Unido- y permitieron recuperar millones de dólares en impuestos evadidos.

A los 11,5 millones de documentos filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) con sus miembros, de más cien medios de todo el mundo, se suman ahora otros 1,2 millones, que van desde principios de 2016 hasta fines de 2017. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.

Este nuevo capítulo de Panama Papers permite conocer qué pasó con la firma Mossack Fonseca tras las revelaciones de abril de 2016, y las reacciones de  sus clientes en todas partes del mundo, incluida la Argentina.

Beneficiarios desconocidos

En estos casi dos años, Mossack Fonseca intentó -contra reloj- ordenar sus papeles y ajustar sus controles antilavado respecto de los clientes a los cuales les gestionó sociedades en jurisdicciones consideradas opacas, sin las exigencias requeridas por la legislación para operar como agentes registrados. Y ante la resistencia de los clientes, optó por el mal menor: renunciar intempestivamente.

Mossack Fonseca se enteró por los Panama Papers que entre los beneficiarios a los que les vendió y registró sociedades había primeros ministros que buscaban ocultar sus inversiones personales, empresarios inescrupulosos o involucrados en negocios a espaldas del fisco, estrellas de fútbol que buscaban evadir el pago de impuestos por sus derechos de imagen, y políticos dispuestos a recibir dinero en forma ilegal.

Sin embargo la abogada del bufete, Guillermina Mc Donald, en una entrevista realizada el 12 de junio último por Boris Herrmann, del Süddeutsche Zeitung, y Sol Lauría, de Connectas, ambos parte del equipo de Panama Papers, aseguró que Mossack Fonseca “siempre” conoció la identidad de los beneficiarios finales de cada compañía que creó. “Y cada vez que la Fiscalía le ha solicitado información de cada sociedad, ellos han respondido. Porque esa sí es una obligación del panameño: el abogado sí tiene que saber. Aunque usted puede vender una sociedad a una persona y no ser responsable de lo que la persona hace con eso”, sostuvo.

Uno de los mails filtrados en la nueva tanda de documentos indica lo contrario. Un informe interno enviado entre empleados revela que, para fines de mayo de 2016, Mossack tenía unas 28.500 sociedades activas. Pero solo conocía el beneficiario final del 28% y a los accionistas del 36% de las compañías.

Por las investigaciones abiertas en distintos países del mundo, el estudio debió responder a un cúmulo de requerimientos judiciales y de las Unidades de Inteligencia Financiera.

En tanto, la Procuraduría de la Nación de Panamá recibió decenas de pedidos de colaboración en las investigaciones abiertas en distintos países. Ante una solicitud del Süddeutsche Zeitung, el organismo informó que la cantidad de solicitudes de asistencia entre 2016 y lo que va del 2018, ascendieron a 73. De ese número, Argentina realizó 3 pedidos en 2016, y 8 en 2017. En ambos casos, fue el país que más pedidos realizó, después de Ecuador.

Fuente: Süddeutsche Zeitung

Fuente: Süddeutsche Zeitung

Qué pasó con los clientes argentinos

Mientras en Panamá, Mossack Fonseca intentaba hacer un control de daños, en la Argentina, sus clientes y sus intermediarios uruguayos cortaban todo vínculo con el estudio panameño y buscaban despegarse de sus operaciones offshore.

Uno de ellos fue Carlos Augusto Lo Turco, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Finanzas que hoy pasa al área de Legales del Banco Nación, por la fusión de esa cartera con la de Hacienda. El funcionario fue presidente y director de la empresa panameña Marbira SA, junto con Fernando Azzurro – uno de sus asesores jurídicos en la Secretaría- quien figuraba como director y secretario. Según informó el funcionario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, “cada uno tenía el 50% de la sociedad”.

Marbira SA fue registrada el 28 de diciembre del 2006 en Panamá y dada de baja en junio del 2009. Cuando el nombre de Lo Turco apareció en los Panama Papers, este abogado buscó demostrar que la firma estaba inactiva.

Un correo electrónico enviado por el estudio uruguayo que actuó de intermediario -Fides Capital- a Mossack Fonseca, el 8 de agosto de 2016, señalaba que los clientes argentinos de Marbira preguntaban “si es posible obtener alguna constancia de M&F de que la sociedad está inactiva /dada de baja del registro” y que “nunca operó”. El bufete panameño confirmó en otro mail que, efectivamente, la compañía había sido dada de baja y envió la carta solicitada a Fides Capital, con fecha 15 de agosto de ese año.

Lo Turco envió este documento sobre Marbira SA a la Oficina Anticorrupción en Argentina, como complemento de la presentación de su declaración jurada patrimonial 2016, año que ingresó al entonces Ministerio de Hacienda.

Consultado por los periodistas del Consorcio, el funcionario explicó que “la firma fue creada para brindar una asesoría legal, vía un estudio mexicano, a una empresa de España que buscaba operar en Latinoamérica. Como condición, esta empresa exigía conformar una sociedad en el exterior para canalizar los honorarios y gastos. Pero finalmente el objeto para el que fue creada no se concretó, y no tuvo ningún tipo de actividad ni movimientos”.

Los Ciccone

Los fundadores de la fábrica de hacer billetes, la familia Ciccone, también fueron clientes de Mossack Fonseca. En enero 2009 habían registrado en Panamá la sociedad Santa Fe Investments Worldwide SA, con acciones al portador. Como beneficiarios finales figuraraban Nicolás Cicconecofundador de la imprenta –hoy en juicio acusado por cohecho junto al ex vicepresidente Amado Boudou-, y sus dos sobrinas Silvia y Graciela, hijas de su hermano Héctor fallecido en 2012, también accionistas de la imprenta. Pablo Amato, yerno de Ciccone, aparecía como apoderado.

Nicolas Ciccone (foto: Nicolás Stulberg)

Nicolas Ciccone (foto: Nicolás Stulberg)

En diciembre 2015, al pasar las acciones a ser nominativas por el cambio de legislación en Panamá, Amato quedó como dueño del 50%, sin que surja de los archivos filtrados quien era el titular del otro 50%.

Según los nuevos documentos de Panama Papers, en marzo 2017, el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca reiteró su reclamo al estudio uruguayo de Carlos Casarotti por la información y documentos faltantes sobre los beneficiarios finales y accionistas de Santa Fe Investments, para completar el proceso de “debida diligencia” tal como exigen las normas que debe cumplir para operar como agente registrado en Panamá. El estudio debía completarlo al hacerse el cambio de acciones al portador a nominativas, a partir del 2 de enero 2016. Ya lo había solicitado anteriormente en tres oportunidades, sin respuesta.

En medio de ese reclamo, Casarotti le comunicó a Mossack Fonseca que sus clientes evaluaban disolver Santa Fe Investments Worldwide, frente a lo cual el bufete panameño le informó cuál era la documentación necesaria para proceder al cierre. Pero en una comunicación posterior del 29 de abril, señaló que ya no querían avanzar con la disolución.

Después de varios intentos de Mossack Fonseca por obtener la documentación solicitada sobre Santa Fe Investments y sus accionistas, finalmente llegó la respuesta del estudio uruguayo: “Les informamos que lamentablemente hemos perdido contacto con el cliente”.

Mossack Fonseca resolvió entonces, el 11 de mayo de ese año, renunciar como agente registrado.

Consultados Ciccone y Amato por el equipo argentino de ICIJ en abril del 2016, explicaron en ese momento que Santa Fe Investments Worldwide se creó para desarrollar un proyecto que no prosperó. “Jamás movió dinero, ni tuvo una cuenta bancaria asociada”.

Ex directivos de IOMA

Otros ex funcionarios argentinos también fueron alcanzados por las consecuencias de la filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca.

El ex titular de IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli, Antonio Atilio La Scaleia, figuró como uno de los accionista de la firma panameña IT Invest Group Technologies SA, desde abril de 2014, según los documentos analizados en los Panama Papers.

Antonio Atilio La Scaleia, ex titular de IOMA

Antonio Atilio La Scaleia, ex titular de IOMA

No era el único. En total, llegaron a ser 15. Entre ellos estaba también Daniel Burgos, ex jefe de gabinete del IOMA y segundo de la Scaleia en la obra social de la provincia.

IT Invest Group Technologies SA aparece en decenas de correos en los nuevos documentos de Mossack Fonseca.

Producto de la filtración de datos que sufrió Mossack Fonseca y de la investigación de los llamados Panamá Papers, algunos accionistas se verán en la necesidad de dar explicaciones ante nuestras autoridades fiscales“, le escribió el 23 de mayo el representante de la sociedad en Buenos Aires, Paul Etenberg, a la responsable de las relaciones con los clientes de Mossack Fonseca Uruguay.

Frente a esa situación, Etenberg le reclamó al estudio panameño el los registros y actas de la sociedad, y una certificación de que la firma no abrió ninguna cuenta ni tuvo activos, a fin de poder acreditar “que no existieron ni patrimonio ni movimientos”. E inmediatamente agregó: “No tenemos ninguna intención de reactivar ni de utilizar la sociedad; sí tenemos la intención de disolverla.”

Para al buscar los documentos sobre IT Invest Group Technologies, Mossack Fonseca descubrió que nunca había completado el proceso de Debida Diligencia sobre los accionistas de la firma.

Mossack Fonseca había intentado avanzar con esos trámites en marzo y abril de 2016, sin éxito. Los documentos sobre los accionistas de IT Invest Group Technologies no llegaron. “El proyecto por el cual nuestros clientes han formado esta sociedad ha desaparecido y por tanto debiéramos considerarla como inactiva a todo y cualquier efecto“, fue la respuesta de Etenberg.

Pero no solo la falta de las Diligencia Debido preocupó a Mossack Fonseca. Al hacer una búsqueda de sus nombres, encontró que La Scaleia tenía una denuncia en la Justicia por destinar partidas presupuestarias de IOMA para cubrir prestaciones de manera irregular, o darles otro destino al que se previó en el presupuesto anual para el Instituto. Incluso mencionaba que se lo vinculaba con la madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, por el reintegro excepcional de una operación cadera en un sanatorio privado no incorporado a la cartilla de IOMA.

No era la única denuncia penal. La Scaleia viene siendo investigado en una veintena de causas por participar de una maniobra de desvío de fondos públicos durante la gestión de Scioli.

Ante la insistencia del estudio panameño por precisiones, el representante de la sociedad en Buenos Aires, le respondió que nunca completaron el proceso de Debida Diligencia porque, según él, “la sociedad nunca llegó a operar” y “se convirtió, en ese sentido, en un costo hundido”. Asimismo, advirtió que “la composición accionaria que tenía MF era inexacta” ya que no contemplaba a otros socios, sin identificarlos.

Ante la falta de documentación reclamada para cumplir con las normas antilavado, el estudio panameño se desvinculó del intermediario y la sociedad panameña.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Etenberg señaló: “La empresa fue para una app de fútbol. El emprendimiento se frustró y tras los Panama Papers se perdió contacto con los inversores”.

Los Jinkis

Los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, acusados por la Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos a dirigentes de la FIFA para quedarse con licencias televisivas del fútbol internacional, también dispararon las alertas después de los Panama Papers.

Los empresarios Hugo y Mariano Jinkis

Los empresarios Hugo y Mariano Jinkis

Según los nuevos documentos filtrados, Mossack Fonseca recibió el 21 de noviembre de 2016 una carta de la Comisión de Ingresos de Seychelles (Seychelles Revenue Commision – SRC) solicitando información de dos sociedades de los Jinkis: Cross Trading SA, registrada en Seychelles en 2006, y Yorkfields SA, su controlante panameña.

Cross Trading – registrada, además, en otros tres paraísos fiscales, Panamá, Nieu y Nevada- fue utilizada para firmar en 2006 un contrato con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quedarse con la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador entre 2006 y 2008. Hasta abril del 2016, cuando se publicó la investigación de ICIJ, las autoridades de la UEFA habían negado que el presidente de la FIFA hubiera tenido vínculos con los empresarios involucrados en el FIFAGate.

Infantino, entonces director de Asuntos Legales de la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas), avaló la venta de los derechos para transmitir la principal competencia europea por solo U$S 111.000. Meses después, los Jinkis le revendieron esos mismos derechos a la señal ecuatoriana Teleamazonas por el triple: U$S 344.000, según los documentos revelados en los Panama Papers.

Al recibir el requerimiento de Seychelles, Mossack Fonseca se lo remitió al estudio uruguayo Pittaluga, que había actuado como intermediario de los Jinkis. Pero este bufete advirtió que había renunciado a brindarle servicios a fines de 2015, luego de que estallara el escándalo de las coimas en la FIFA. E incluso le recordó a Mossack Fonseca que ellos también habían renunciado como agente residente en ese momento.

Mossack revisó los archivos de Cross Trading y confirmó que la sociedad había sido dada de baja en diciembre de 2015.

El equipo argentino de Panama Papers está integrado Mariel Fitz Patrick (Infobae), Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), Emilia Delfino y Sandra Crucianelli (Perfil)

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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El Gobierno promulgó la ley que establece que los próximos acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso

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La norma fija límites y controles a la emisión de deuda. Frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández calificó como el mayor fraude de la historia el crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El Gobierno promulgó este miércoles la ley que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 131/2021 que promulga la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada por la Cámara de Diputados semanas atrás.

La norma fija que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso. En efecto, el artículo 1° de la Ley 27.612 explica que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, determinó.

Mientras que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, también requerirá del aval de los legisladores nacionales.

Tanto la emisión de deuda en moneda extranjera como los programas firmados con el FMI “no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)

Alberto Fernández firmó la promulgación de la ley luego de su enérgico discurso frente a la Asamblea Legislativa en el que criticó la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri. Dentro de las casi dos horas que duró su exposición, dedicó un capítulo de la apertura de sesiones ordinarias a la relación del gobierno de Cambiemos con el FMI. En ese sentido, adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

El Presidente sostuvo que “debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”. Y graficó: “A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado“, concluyó su cuestionamiento hacia la gestión de Macri y precisó que las negociaciones con el FMI “seguirán adelante en un macro de respeto”. Si bien aclaró que desde el Gobierno no pretenden apresurarse en cerrar un acuerdo con el Fondo, el mismo será tratado por las ambas cámaras para su aprobación.

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, expresó el Jefe de Estado.

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