El caso de las fotos trucadas de 80 mujeres usadas en videos porno que golpea a un pequeño pueblo de Santa Fe

Con el correr de las semanas, las denuncias en la comisaría se acumularon, hasta que finalmente se le dio intervención al fiscal Balbis. Hasta ese momento había pocas pruebas de dónde pudo haberse originado la difusión de las imágenes. Pese a eso, de acuerdo con los medios locales en aquel momento, la causa dio un giro.

Hasta ese momento era todo incertidumbre, acusaciones sin pruebas. Al ser un presunto delito cometido bajo la órbita privada, era muy poco lo que se podía hacer. Sin embargo, el dato de la mujer dio algo de luz.

El fiscal investigó al marido de la denunciante, un hombre de 49 años, y se encontró con que tenía antecedentes por distribución y circulación de material pornográfico a raíz de una presentación de Missing Children. Frente a este hallazgo, las autoridades ordenaron allanar su casa y secuestraron seis celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara y cinco archivos de memoria.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que se realizaron análisis y peritajes sobre el material extraído de los teléfonos secuestrados en la casa del probable autor de la difusión del material. A pesar de los avances, la Justicia no pudo accionar en contra del hombre.

En ese sentido, remarcaron que la Fiscalía hizo la investigación, identificó al sindicado, hizo las pericias pero no pudo imputarlo por ser un hecho que no es público. “Como es un delito de acción privada no se puede detener porque no se imputa. Por eso se les notificó y proporcionó toda la evidencia recabada para que puedan iniciar una querella de acción privada”, explicaron las fuentes. La prensa local informó que el principal señalado no fue detenido y se mudó a una localidad aledaña a Roldán, en Santa Fe.

“Son injurias a su honor y a su moral. Tendrán que proceder a partir del delito de acción privada. Nosotros nos comprometimos a realizar una investigación para brindarles todas las herramientas para realizar una querellas privada por injuria, si así lo desean”, indicó el fiscal Balbis ante los medios por aquel momento.

“No había muchas herramientas para empezar a investigar. Lo que sí había era un consenso de que las imágenes eran un montaje y se enviaban desde un grupo de Telegram que se llamaba ‘Chicas de la zona’. Allí había un contacto asociado a una línea de teléfono perteneciente a una mujer que vivía con su pareja. Al hombre, en 2015, lo habían investigado porque Missing Children advirtió que desde su dirección de IP circulaba pornografía. Pensé que no podía ser casualidad. Hoy, a raíz del trabajo de investigación y el allanamiento que llevamos adelante, no hay dudas de que la persona a la que llegamos es la responsable”, agregó el funcionario.

Los investigadores no precisaron si las mujeres iniciaron ya la querella ni dieron detalles de qué método se utilizó para adulterar las imágenes y adaptar los rostros de las víctimas a los videos. Se presume que fueron editados con inteligencia artificial.

El colegio de San Martín donde se trucaron las imágenes de las alumnas

El caso de San Jerónimo Sud es casi un anticipo de otro que estalló esta semana y que involucró a menores de edad.

Los padres de un grupo de alumnas de entre 13 y 17 años que asisten al Colegio Agustiniano, ubicado en la localidad de San Andrés, partido de San Martín, denunciaron formalmente a un alumno de 15 que habría utilizado inteligencia artificial para manipular fotos de sus compañeras para convertirlas en desnudos y luego vender las imágenes editadas a través de una plataforma digital.

Ahora, la fiscal de menores Verónica Novoa trabaja en determinar la imputación que le podría caber al acusado, que es menor de edad y continúa asistiendo a clases a pesar de este aberrante hecho.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que la causa tuvo inicio en agosto pasado, a raíz de la denuncia radicada por los padres de cinco de las 22 víctimas. Poco tiempo después, se allanó el domicilio del menor denunciado, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que esperan ser peritados.

La funcionaria ahora trabaja en identificar a los compradores de las imágenes, ya que se operaba a través de la billetera virtual Mercado Pago.