La línea de corte del 11,56% serían los $ 21.323. Por encima de ese valor el aumento sería inferior al promedio. Así, con $ 25.000, la suba sería del 9,9%; con $ 40.000, del 6,2% y seguiría descendiendo hasta representar apenas el 2,4% para los que cobran el haber máximo de $ $103.064.
Los funcionarios explicaron que el aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar los ajustes internos y el envío de los fondos a los bancos pagadores.
A pesar de que la pérdida real de las prestaciones abarcó a todos los jubilados y pensionados, los funcionarios defendieron el achatamiento de la pirámide de haberes y se mostraron confiados en sortear la eventual litigiosidad por parte de quienes cobren menos del 11,56%.
Hay que recordar que en el fallo Badaro, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento de la pirámide previsional que se produjo entre enero de 2002 y diciembre de 2006 con el fundamento de que pone “en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes, quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”.
No obstante, los funcionarios sostienen que cuentan con el “paraguas” de la “emergencia previsional” y que los aumentos diferenciados por decreto solo se aplicarán en dos oportunidades a diferencia del caso Badaro que abarcó un período de 5 años, porque ya para el segundo semestre está previsto que rija una nueva fórmula de movilidad.
Una vez definido el aumento diferenciado para las jubilaciones y pensiones, se avanzará en el diseño del incremento de las asignaciones familiares que comprende a 5 millones de hijos y de la AUH que engloba a 4 millones de chicos, que también se rige por la fórmula de movilidad.