Los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, escucharon por tercera semana consecutiva a Echegaray en su ejercicio de defensa. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno anterior está acusado junto a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, de haber actuado en connivencia para defraudar al Estado. Tanto Souza como López están en prisión preventiva por esta causa, a pesar de tratarse de un delito excarcelable.
En la sala ubicada en el subsuelo de los tribunales de Retiro, de traje y corbata, Echegaray volvió a sentarse frente a los jueces con dos carpetas repletas de papeles y un resaltador amarillo. Hojas con marcaciones, folios, separadores y párrafos destacados fueron su punto de apoyo para detallar resoluciones y responder al requerimiento de elevación a juicio del fiscal Gerardo Pollicita. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, insistió con marcar que los planes de pago para las empresas fueron una política de Estado del gobierno anterior para evitar que las empresas cerraran y despidan trabajadores. Y detalló que durante su conducción firmó más de 1600 planes de pago, entre ellos los de Oil Combustibles. “Todos los pedidos de planes de pago particulares se los di a todos. A los que opinaban bien del Gobierno y a los que opinaban mal del Gobierno. Fueron más de 1600 planes. No hay nada de distinto entre los planes que otorgué a Indalo y los otros 1600. Y se me juzga por este plan”, se quejó Echegaray, dejando entrever que la causa tiene ribetes políticos y de persecución.
Un peritaje firmado por especialistas de la Corte Suprema y que se conoció recién una vez iniciado el juicio concluyó que el Grupo Indalo estaba al día con el pago de las cuotas, que no había quitas y que se estaban cobrando los intereses. Pero que con la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló mediante varias resoluciones, firmadas en el término de una semana, parte de esos programas ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. La llevó a la quiebra y la empujó a tener que vender.
Echegaray lo denominó “ropaje político normativo”, y dijo que estaban destinadas específicamente a que Indalo perdiera la posibilidad de seguir pagando sus deudas. “A partir de estas normas que dicta la nueva administración se empieza a construir el perjuicio al Estado y me juzgan a mí”, afirmó.
Para el ex funcionario, los planes para lograr que las firmas se pongan al día estaban todos normados y eran públicos, por lo que no podría constituir un delito contra los intereses del Estado aceptar un cronograma para cobrar. “Es tan transparente y claro el proceso que hasta está detallado en la intranet. Ninguna maniobra se pudo estructurar sobre los procesos que ya estaban formados, reglados e informatizados”, se defendió.
Para Echegaray “la defraudación no existió porque se estaba cumpliendo con el plan de pagos”. En este sentido detalló que uno de los planes de Oil era por una deuda de 980 millones de pesos en treinta cuotas, de las cuales antes del cambio de gobierno ya habían pagado veinticinco. El ahogo financiero vino después. “Si hay alguien que hizo todo lo posible para que el Estado no cobre y esta gente termine en estado de cesación de pagos, fue la propia Afip. El licenciado Abad. Es él quien deliberadamente dictó una serie de normas en apariencia generales, pero que estaban quirúrgicamente destinadas a llevar a Oil Combustibles a cesación de pagos. Hubo un abuso y desvío de poder de magnitud inusitada”, dijo Echegaray con su habitual tono técnico, aunque por momentos más enfático y hasta irónico. “¿Cómo puede decirse que los planes que yo di eran para defraudar al fisco, si venía pasando exactamente lo inverso: el Estado venía cobrando?”
Al calificar irónicamente a las resoluciones firmadas por Abad como un “quirófano normativo de la AFIP”, afirmó que se trató de “un raid normativo semanal para evitar que los dueños puedan pagar.Fue burdo, bestial”, dijo. Y concluyó: “No conozco en el mundo ninguna administración que busque evitar que un contribuyente pague”.
Lo que señala el fiscal en su acusación es que el ex funcionario coordinó el fraude contra las arcas estatales junto con los empresarios dueños, entre otras firmas, de medios de comunicación opositores al actual Gobierno. “No nos une nada a estos dos empresarios. Ni un picadito de fútbol. ¿Cómo podemos diseñar un plan de defraudación del Estado si ni siquiera nos conocíamos? No nos pusimos de acuerdo de manera dolosa para defraudar al Estado”, declaró.
Según los números establecidos por los peritos y reflejados por Echegaray en su declaración indagatoria, sobre un total de 2200 millones de pesos, su administración logró cobrar millones, mientras que durante la gestión macrista sobre 7 mil millones de pesos, la recaudación fue cero.
Después de un cruce con una de las abogadas defensoras, y tras pedir disculpas por las demoras al iniciar cada audiencia, los jueces establecieron un cuarto intermedio hasta la semana que viene. El jueves próximo será la cuarta jornada consecutiva que se ocupará con la indagatoria a Echegaray quien, todavía, tiene mucho por decir.
