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Justicia

Echegaray apuntó contra Abad en la causa Oil Combustibles: “El objetivo fue liquidar al Grupo Indalo”

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El ex director de la AFIP Ricardo Echegaray señaló que su sucesor en el organismo, Alberto Abad, “deliberadamente dictó una serie de normas destinadas a llevar a Oil Combustibles a la cesación de pagos”.

En una nueva audiencia del juicio por las presuntas irregularidades en los planes de pago a la empresa Oil Combustibles, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray apuntó contra su sucesor en el organismo recaudador. Durante la tercera jornada en la que fue sometido a indagatoria argumentó que Alberto Abad lo acusa a él de haber cometido un fraude al Estado, mientras que la actual administración de la AFIP no sólo no cobró casi nada de lo que la empresa le debe al fisco, sino que, además, se dedicó a ahogar a la compañía para empujarla a la quiebra. “Nunca en ningún accionar del fisco después del 10 diciembre de 2015 hubo un objetivo de cobrar tributos. El objetivo fue liquidar al grupo empresarial”, afirmó. Para el ex funcionario imputado, fue Abad quien no hizo nada para cobrar la deuda de la empresa del Grupo Indalo y “deliberadamente dictó una serie de normas quirúrgicamente destinadas a llevar a Oil Combustibles a la cesación de pagos”.

Esas normas, cinco en total, fueron leídas ante el tribunal por el propio Echegaray, quien solicitó que sean incorporadas al expediente como prueba.

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, escucharon por tercera semana consecutiva a Echegaray en su ejercicio de defensa. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno anterior está acusado junto a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, de haber actuado en connivencia para defraudar al Estado. Tanto Souza como López están en prisión preventiva por esta causa, a pesar de tratarse de un delito excarcelable.

En la sala ubicada en el subsuelo de los tribunales de Retiro, de traje y corbata, Echegaray volvió a sentarse frente a los jueces con dos carpetas repletas de papeles y un resaltador amarillo. Hojas con marcaciones, folios, separadores y párrafos destacados fueron su punto de apoyo para detallar resoluciones y responder al requerimiento de elevación a juicio del fiscal Gerardo Pollicita. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, insistió con marcar que los planes de pago para las empresas fueron una política de Estado del gobierno anterior para evitar que las empresas cerraran y despidan trabajadores. Y detalló que durante su conducción firmó más de 1600 planes de pago, entre ellos los de Oil Combustibles. “Todos los pedidos de planes de pago particulares se los di a todos. A los que opinaban bien del Gobierno y a los que opinaban mal del Gobierno. Fueron más de 1600 planes. No hay nada de distinto entre los planes que otorgué a Indalo y los otros 1600. Y se me juzga por este plan”, se quejó Echegaray, dejando entrever que la causa tiene ribetes políticos y de persecución.

Un peritaje firmado por especialistas de la Corte Suprema y que se conoció recién una vez iniciado el juicio concluyó que el Grupo Indalo estaba al día con el pago de las cuotas, que no había quitas y que se estaban cobrando los intereses. Pero que con la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló mediante varias resoluciones, firmadas en el término de una semana, parte de esos programas ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. La llevó a la quiebra y la empujó a tener que vender.

Echegaray lo denominó “ropaje político normativo”, y dijo que estaban destinadas específicamente a que Indalo perdiera la posibilidad de seguir pagando sus deudas. “A partir de estas normas que dicta la nueva administración se empieza a construir el perjuicio al Estado y me juzgan a mí”, afirmó.

Para el ex funcionario, los planes para lograr que las firmas se pongan al día estaban todos normados y eran públicos, por lo que no podría constituir un delito contra los intereses del Estado aceptar un cronograma para cobrar. “Es tan transparente y claro el proceso que hasta está detallado en la intranet. Ninguna maniobra se pudo estructurar sobre los procesos que ya estaban formados, reglados e informatizados”, se defendió.

Para Echegaray “la defraudación no existió porque se estaba cumpliendo con el plan de pagos”. En este sentido detalló que uno de los planes de Oil era por una deuda de 980 millones de pesos en treinta cuotas, de las cuales antes del cambio de gobierno ya habían pagado veinticinco. El ahogo financiero vino después. “Si hay alguien que hizo todo lo posible para que el Estado no cobre y esta gente termine en estado de cesación de pagos, fue la propia Afip. El licenciado Abad. Es él quien deliberadamente dictó una serie de normas en apariencia generales, pero que estaban quirúrgicamente destinadas a llevar a Oil Combustibles a cesación de pagos. Hubo un abuso y desvío de poder de magnitud inusitada”, dijo Echegaray con su habitual tono técnico, aunque por momentos más enfático y hasta irónico. “¿Cómo puede decirse que los planes que yo di eran para defraudar al fisco, si venía pasando exactamente lo inverso: el Estado venía cobrando?”

Al calificar irónicamente a las resoluciones firmadas por Abad como un “quirófano normativo de la AFIP”, afirmó que se trató de “un raid normativo semanal para evitar que los dueños puedan pagar.Fue burdo, bestial”, dijo. Y concluyó: “No conozco en el mundo ninguna administración que busque evitar que un contribuyente pague”.

Lo que señala el fiscal en su acusación es que el ex funcionario coordinó el fraude contra las arcas estatales junto con los empresarios dueños, entre otras firmas, de medios de comunicación opositores al actual Gobierno. “No nos une nada a estos dos empresarios. Ni un picadito de fútbol. ¿Cómo podemos diseñar un plan de defraudación del Estado si ni siquiera nos conocíamos? No nos pusimos de acuerdo de manera dolosa para defraudar al Estado”, declaró.

Según los números establecidos por los peritos y reflejados por Echegaray en su declaración indagatoria, sobre un total de 2200 millones de pesos, su administración logró cobrar millones, mientras que durante la gestión macrista sobre 7 mil millones de pesos, la recaudación fue cero.

Después de un cruce con una de las abogadas defensoras, y tras pedir disculpas por las demoras al iniciar cada audiencia, los jueces establecieron un cuarto intermedio hasta la semana que viene. El jueves próximo será la cuarta jornada consecutiva que se ocupará con la indagatoria a Echegaray quien, todavía, tiene mucho por decir.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Justicia

Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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