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Economia

Durante el mes de julio 6588 personas perdieron su trabajo

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Las cesantías y suspensiones del mes pasado duplicaron las registradas en el mismo período del último año. En lo que va del 2018 ya son 32.794 los nuevos desempleados. El 77 por ciento de los afectados se desempeñaba en el sector industrial.
Despidos y suspensiones en los primeros siete meses de 2018
Despidos y suspensiones en los primeros siete meses de 2018 

Los despidos y suspensiones llegaron en el mes de julio a 6588 casos, más del doble de los que se habían registrado el año pasado en el mismo período, cuando el número de afectados fue de 3199. El sector que expulsó mayor cantidad de trabajadores volvió a ser la industria: 77 de cada cien nuevos desocupados o suspendidos se desempeñaban en fábricas. Y es también dentro de la industria donde los despidos están más vinculados a los cierres: en los últimos tres meses, 1 de cada 5 casos de pérdidas de puestos de trabajo en el sector correspondieron a plantas o talleres que bajaron la persiana.

Despidos y suspensiones en la industria entre enero de 2017 y junio de 2017 y enero de 2018 y junio de 2018

En una sangría que no para, desde que comenzó 2018 hubo un total de 32.794 despedidos o suspendidos: 12.532 casos en el sector público y 20.262 en el privado. Estos datos implican un promedio de 4684 casos mensuales durante los primeros siete meses del año. Son números que desmienten el argumento presidencial de estar “atravesando una tormenta”, en la medida que muestran cómo el deterioro del empleo formal es un proceso continuo, extendido a lo largo del tiempo y –en la medida que implica cierres de empresas– con efectos de tierra arrasada.

Estos datos son parte del último relevamiento de despidos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El centro dirigido por Hernán Letcher lleva un registro, en base a información oficial (del Sistema Integrado Previsional Argentino), de gremios, cámaras empresarias y publicaciones periodísticas, que va trazando una línea en el tiempo. Así, considerando los datos de los primeros siete meses del año, el registro muestra que los despidos y suspensiones de 2018 superaron en 7296 casos a los ocurridos en los siete primeros meses del año anterior. Esto significa que hubo un incremento (el término más adecuado sería agravamiento) de casi un 30 por ciento en 2018 respecto de 2017.

Si los 6588 despidos y suspensiones de julio se desglosan por sector, resulta que 5095 casos fueron de la industria, seguidos por los servicios con 1044 casos, empresas de capital estatal con 324, el sector primario con 88 y el gobierno con 17.

A su vez, tomando lo ocurrido desde enero a hoy, puede verse que en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultaron más significativos pero luego, en los siguientes cinco meses, pasaron a ser mayoría los despidos del sector privado (ver gráfico). Expresado en otros términos, la expulsión del empleo se dio tanto en el ámbito privado como en el estatal.

Los cambios en el empleo industrial pueden observarse en el gráfico de barras que sigue lo sucedido mes a mes. Al mismo tiempo, se comparan los despidos y suspensiones de 2018 con 2017. Este gráfico muestra la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros siete meses del año, con un salto en mayo pasado (3127 casos) y otro en julio (5095 casos).

El listado de cierres de empresas, plantas o reparticiones en los siete primeros meses de 2018 incluye nombres conocidos como la planta de BGH en Tucumán, la de Ilolay en Suardi (Santa Fe), la revista El Gráfico, Ferrobaires, el virtual cierre de la fábrica de lavarropas MABE en Haedo, de la fábrica de jugos Vitacrem en Concordia y de alfombras Karavell en Mercedes, el Ballet Nacional de Danza Clásica. Otras son plantas con nombres menos instalados publicitariamente, pero que sumaron números significativos de despedidos: Chemton (industria plástica, en Moreno), Cuesta Colorada (alimenticia, en Chacabuco), Petro Nort (estación de servicio, también de Chacabuco), Cerámica Ranchillos (Tucumán), entre muchas otras.

Si bien las fuentes tomadas por el CEPA exceden los registros oficiales, el cotejo de los números que viene publicando es coincidente con las estadísticas publicadas por el Estado. La comparación se realizó con la cantidad de despedidos del sector privado, para el que se cuenta con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El SIPA computa 82.445 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y mayo de 2018. El CEPA computa, para el período noviembre 2015 a julio de 2018, un número de 81.447 despidos.

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Jubilaciones: el aumento de marzo será del 8,07% y habrá un bono extra para compensar la pérdida frente a la inflación

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El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.

A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.

Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.

Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.

La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.

De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.

Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.

Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.

Cuánto aumenta la jubilacion mínima​

Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.

La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.

El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.

De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.

En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.

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Más cambios en Ganancias: no pagarían aguinaldo, horas extras y viáticos y estudian beneficiar a los Autónomos

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Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario

La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.

Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)

Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.

“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.

Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.

Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.

“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.

Massa con los diputados de su bloque de extracción gremialMassa con los diputados de su bloque de extracción gremial

Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.

“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.

El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.

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Economia

El impuesto a la riqueza, en la tapa del Washington Post: fuerte crítica a la ley y a cómo se implementó en la Argentina

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El diario norteamericano explicó que muchos contribuyentes deberán vender parte de sus activos para pagarlo y señaló que la situación económica empeoró por las medidas del Gobierno

El nuevo impuesto a la riqueza se cobrará el 30 de marzo

La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.

Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de hoy del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.

Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.

“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70% en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.

La nota sobre Argentina la portada de The Washington Post  de hoyLa nota sobre Argentina la portada de The Washington Post de hoy

“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.

Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción. Más recientemente, Irlanda e Islandia utilizaron este tipo de impuestos para ayudar a rellenar las arcas del Estado tras la crisis financiera mundial”.

En base a estos precedentes, “¿por qué no, argumentan sus defensores, hacer recaer el coste de la épica recesión mundial causada por la pandemia en aquellos que más se lo pueden permitir?” y citan el aumento de la desigualdad global generado por la pandemia del coronavirus desde hace un año.

En particular, citan el caso de Bolivia, “el país más pobre de Sudamérica ha ido más allá de las palabras, adoptando en diciembre un impuesto permanente sobre la riqueza. El impuesto tocará sólo a 152 personas”, tuiteó el presidente socialista Luis Arce. “El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”.

El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)

“Los analistas afirman que es probable que la pandemia dé impulso a los llamamientos en favor de sistemas fiscales que aborden las diferencias extremas entre ricos y pobres. Pero los impuestos sobre el patrimonio son notoriamente difíciles de aplicar, y tienen un historial de efectos secundarios profundamente negativos que pueden socavar seriamente su intención”, subrayaron los autores.

En este sentido, recordaron que en Francia, “un antiguo impuesto sobre la riqueza, derogado en 2018, fue culpado de un aumento de la evasión fiscal y de la huida de miles de los ciudadanos más ricos del país”.

“Puede conducir a la salida de la riqueza, lo que no es beneficioso para ningún país”, dijo Jean Pisani-Ferry, un miembro senior del Instituto Peterson con sede en Washington.

“Hace una década, 12 de los países más desarrollados del mundo tenían impuestos sobre el patrimonio. El número se ha reducido a tres: Noruega, España y Suiza. Especialmente complicados son los impuestos diseñados para captar un porcentaje de los activos, en lugar de los ingresos, como el gravamen único de Argentina”, aclararon.

En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza
EFE/Martin Alipaz/Archivo
En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza EFE/Martin Alipaz/Archivo

Al respecto, explicaron que “incluso las personas muy ricas pueden no tener suficiente dinero en efectivo para pagar una factura de impuestos grande e imprevista”.

“Los impuestos sobre la riqueza plantean problemas intrínsecos”, afirma Pascal Saint-Amans, director de política fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? ¿Qué tendría que vender? Se trata de la liquidez de los activos”, declaró.

“Argentina está recurriendo a sus ciudadanos más ricos después de haber perdido la fe de los inversores extranjeros, y con pocos otros medios para tapar los agujeros financieros. El país ha soportado colapsos financieros periódicos e impagos de deuda durante varias décadas; entró en la pandemia con la necesidad de reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda privada que ya no podía pagar”, recordó el Washington Post.

Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? (Saint-Amans, OCDE)

El diario de la capital de EEUU describe como la pandemia empeoró las cosas en el país, con un producto interior bruto que se cayó 11,8% el año pasado: “El peso se desplomó cuando los argentinos, temerosos, acumularon dólares estadounidenses, y el gobierno, como tantas veces en el pasado, recurrió a la imprenta para llegar a fin de mes. Ahora, Argentina está buscando otro gran rescate del Fondo Monetario Internacional, que casi con toda seguridad vendrá con la condición de que el país instituya recortes de gastos”.

Además, señalaron que la pobreza pasó del 35,4% en el primer semestre de 2019 al 40,9% en el mismo período de 2020, y que en los últimos meses, Walmart, Latam Airlines, Uber Eats, Norwegian Airlines y Nike se fueron del país o redujeron sus operaciones locales.

Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en leyCarlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley

“El gobierno ha conseguido evitar un aumento más amplio de la pobreza durante la pandemia mediante programas sociales y ofreciendo ayudas en efectivo. Los funcionarios dicen que el impuesto sobre el patrimonio es necesario para ayudar a compensar ese gasto. Proyectan que el gravamen único recaudará 3.500 millones de dólares de unos 12.000 individuos”. “Estamos hablando del 0,02 por ciento de la población”, dijo Carlos Heller, miembro de la Cámara de Diputados de Buenos Aires que copatrocinó el proyecto de ley. “Es una pequeña contribución que estamos pidiendo a los argentinos más ricos”.

Y aunque menciona el caso de personas que pueden ocultar parte de su patrimonio en el extranjero para evadir impuestos, aclara que “hay un grupo que lo tiene mucho más difícil: los ruralistas, los agricultores acomodados”.

“De Raedemaeker perdió entonces mucho dinero, dijo. Ahora, de un plumazo en diciembre, el gobierno peronista ha aumentado su carga fiscal hasta el equivalente a 192.000 dólares, frente a 113.000 dólares. Como muchos ruralistas, De Raedemaeker es rico en tierras; cultiva trigo y soja en 1.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en la fértil Pampa occidental. Pero dice que no tiene el flujo de caja para absorber un aumento tan repentino y que podría tener que vender un tractor para cubrir el costo”, subrayaron.

“Este intento de construir la igualdad nos aplana a todos”, dijo. “En lugar de premiar el mérito, el trabajo y el estudio, simplemente quieren que la gente dependa del Estado”, concluyó en esta nota.

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