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Dura carta de un médico que renunció luego de que apedrearon su guardia

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Un médico residente decidió abandonar su puesto luego de que familiares de una víctima de COVID-19 tiraran piedras en el Hospital donde trabajaba.

Duante la tarde del sábado la guardia del Hospital San Vicente de Paul fue apedreada por familiares de una víctima de la pandemia de coronavirus.

“Siempre dije, hay que cuidarse porque cuando llegue la pandemia a Oran hará desastre”, expuso el Dr. Gatica denunciando explotación laboral y abandono por parte de las autoridades. “Hasta aquí llego mi salud mental, mi esfuerzo físico y espiritual, no da para más”, resumió el profesional en una publicación que alcanzó más de 1500 reacciones y recibió el apoyo de varios.

En la carta que escribió Gatica enumeró un sinfín de situaciones lamentables que vivió en el hospital de Orán y que se agudizaron durante la pandemia.

El Dr. Daniel Gatica contó que fue agredido físicamente y que la guardia del hospital de Orán fue apedreado por familiares de una persona que habría fallecido siendo una de las tantas víctima de coronavirus.

El médico expresó su pena en las redes sociales y advirtió: “Estoy cansado de tener 3 óbitos en una tarde o 5 en una noche y saber que nunca hay cama en terapia, que estamos solos, que no hay que molestar y arreglarse con lo que hay, días y días de guardia en emergencia donde hace más de un mes el oxígeno es un lujo. Me canse de atar con alambre, de hacer lo imposible, de seguir protocolos que sabemos que no sirven, de tener que elegir a quien dar una cama y a quien darle un tubo de oxígeno semi vacio y una camilla o una silla, me canse de salir a las 15 y volver a las 18 y salir dos días después, sin tener donde bañarse ni cambiarse, total SOMOS RESIDENTES, todo para qué? Para recibir esto… una agresión física y al alma de una sociedad hipócrita e injusta que cuando se tenía que cuidar, todo era joda y joda, y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención…”

Su testimonio completo:

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Internacional

Se escapó una bacteria de un laboratorio en China y ya hay más de 3.000 enfermos

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Contrajeron brucelosis y serán recompensados económicamente. Fue tras el uso de un desinfectante vencido.

Más de 3.000 personas en el noroeste de China se enfermaron de brucelosis después de que en 2019 se escapara una bacteria de una planta biofarmacéutica que produce vacunas para animales, según se confirmó en las últimas horas.

Un total de 3.245 personas dieron positivo en las pruebas a esta bacteria, una cifra establecida tras los análisis realizados desde el incidente, según las autoridades sanitarias de Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, que indicaron que no se produjo ninguna transmisión de humano a humano.

Un laboratorio estatal de la ciudad usó un desinfectante caducado en julio y agosto de 2019 en la producción de vacunas contra la brucelosis para animales, dijeron las autoridades el martes.

Como resultado, la esterilización fue incompleta y las bacterias todavía estaban presentes en las emisiones de gas de la compañía, la planta biofarmacéutica de Lanzhou para cría de animales.

El gas contaminado se propagó por el aire hasta el cercano Instituto de Investigación Veterinaria, donde infectó a casi 200 personas en diciembre pasado.

La Brucelosis es transmitida por el ganado o productos animales.

La Brucelosis es transmitida por el ganado o productos animales.

La brucelosis es una enfermedad transmitida por el ganado o los productos animales. Generalmente no es contagiosa entre los humanos pero puede provocar fiebres, dolor en las articulaciones y dolores de cabeza.

La Oficina de Salud de Lanzhou dijo el viernes que la bacteria suele proceder de ovejas, vacas o cerdos.

El laboratorio se había disculpado este año y se le había revocado la licencia para producir vacunas contra la brucelosis.

Los pacientes recibirán una compensación económica a partir de octubre, según las autoridades de Lanzhou.

Con información de AFP.

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Economia

Canasta básica subió menos que la inflación; una familia necesita $45.478 para no ser pobre

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La Canasta Básica Total (CBT), que determina la “línea de pobreza”, subió un 2,1% en agosto, por debajo de la inflación general del mes.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la “línea de pobreza”, subió un 2,1% en agosto, por debajo de la inflación general. De esta manera, según lo comunicado este jueves por el INDEC, una familia de cuatro integrantes (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó $45.478 para no ser considerada pobre, cuando en julio requería $44.521.

De acuerdo a los datos oficiales, la CBT para un “adulto equivalente” (varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada), creció desde los $14.408 hasta los $14.718.

Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la “línea de indigencia”, ascendió desde los $5.929 hasta los $6.028, lo cual significó un incremento del 2,6%. Por lo tanto, una familia “tipo” necesitó $18.792 para no ser considerada indigente.

Cabe recordar que este miércoles el INDEC informó que la inflación de agosto se aceleró al 2,7%. El rubro alimentos y bebidas, que tiene un mayor peso relativo en los consumos de los hogares más pobres, lideró los aumentos de precios, con un salto promedio del 3,5%, impulsado por los ajustes en los programas de Precios Máximos y Precios Cuidados que se habían implementado a fines de julio.

Dentro de este rubro, aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas explicaron la mayor parte de la variación observada. En el Gran Buenos Aires, los alimentos y bebidas que más subieron fueron la cebolla (32,1%), el agua sin gas (12,2%), el tomate entero en conserva (11,7%), la manzana (9,8%) y el limón (9%).

En términos interanuales, la canasta alimentaria registró una suba del 41,7%, una cifra por encima del aumento de la canasta total, que fue del 37,8%. Esta diferencia se explica, fundamentalmente, por los congelamientos de algunos servicios esenciales que dispuso el Gobierno.

La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un adulto equivalente, mientras que la CBT incorpora bienes y servicios no alimentarios.

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Nacionales

Después de dos años, el Gobierno ya definió que volverán a subir las tarifas de los servicios públicos

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que ajustarán por inflación, pero que no habrá cambios hasta diciembre. En el sector se preguntan qué pasará con el atraso y advierten que la situación es crítica

“Es necesario tener niveles de tarifas de servicios públicos justos en términos distributivos y productivos, sostenibles y equitativos en materia fiscal, alineados con un uso eficiente de los recursos no renovables que alienten un proceso de inversión alineado con las necesidades de crecimiento de la economía”, dice el mensaje del proyecto de Presupuesto 2021.

La iniciativa que fue enviada esta semana al Congreso y que defenderá Martín Guzmán la semana próxima, no hace especial alusión a cómo será el reacomodamiento tarifario en 2021, pero cuando presentó los principales lineamientos del proyecto a los medios, el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento.

“Las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”, dijo Guzmán el martes, cuando recibió a los periodistas para hablar del Presupuesto.

Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.
En esa oportunidad, el ministro también dijo que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó.

De acuerdo con el informe de julio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la ejecución acumulada en los fondos presupuestados para transferencias corrientes dirigidas al sector energético, que reúne la mayor parte del presupuesto vigente anual destinado a subsidios económicos, alcanzó $218.522 millones (84,9% del crédito anual), que se destinaron principalmente a las empresas CAMMESA ($152.061,2 millones) y, en menor medida, a Integración Energética Argentina S.A. ($33.526,3 millones), al Plan de Gas No Convencional ($15.611,8 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($5.219 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.450 millones) y a Yacyretá ($3.368 millones).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que las tarifas se ajustarían por inflación en 2021
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que las tarifas se ajustarían por inflación en 2021
El congelamiento tarifario ya lleva 18 meses y en las empresas ya tenían asumido que no habría cambios por lo menos hasta fin de año, menos aún en el actual contexto de pandemia. Por otra parte, la Secretaría de Energía pasó a depender de Economía y todavía el nuevo titular del área, Darío Martínez, ni siquiera tiene oficializado el nombramiento. Por ende, la discusión se demorará. “Da la sensación de que otra vez se lo vuelve a postergar al sector respecto del valor estratégico que tiene. Estamos muy cerca de colapsar y si no ingresa dinero, la calidad del servicio empeorará en el mediano plazo”, dijeron en una de las distribuidoras eléctricas.

“Tuvimos el último aumento en abril del año pasado y luego se fue postergando la recomposición. Tenemos reuniones con el Enargas y hay una comprensión de la situación y de los números del sector, que necesita un ajuste urgente, pero no tenemos ningún indicio de nada”, dijeron en otra compañía.

En las empresas aseguran que los costos suben, que acumulan la inflación de un año y medio, y tienen la expectativa de poder iniciar una renegociación del esquema tarifario con el Gobierno. El gran interrogante es que se habilitará a las empresas a aumentar lo que no pudieron hacer en estos meses, lo cual pareciera difícil en el actual contexto, en el que se están pisando fuertemente todos los aumentos y aspiran a una desaceleración de la inflación para el año próximo.

El secretario de Energía, Darío Martínez, junto al presidente Alberto Fernández.
El secretario de Energía, Darío Martínez, junto al presidente Alberto Fernández.
En una de las empresas de servicios públicos afirmaron que el sector está muy complicado y que es un rubro en el que todos los años hay que invertir para mantener el servicio. Y si no ingresa dinero, la inversión baja, y se sentirá en el mediano y largo plazo, como ya ocurrió en el pasado. En el caso de las distribuidoras, no sólo no tuvieron actualización de tarifas, sino que sufrieron un crecimiento en la mora. Al principio de la cuarentena, se frenó el cobro porque las oficinas estaban cerradas y si bien luego se normalizó y los usuarios comenzaron a abonar vía Internet o en los locales de pago, “también hubo que darles planes de pago a distintos clientes que estaban con inconvenientes, y lo mismo pasó con los comercios, lo cual agravó la situación”, dijo la fuente.

Si bien en las compañías no quieren hacer especulaciones y prefieren mantener el bajo perfil para evitar futuras complicaciones en la etapa de negociación que se avecina, en una de las firmas consultadas se animaron a afirmar que sólo el segmento de la distribución requiere de un aumento del 60%, lo que implicaría un aumento del 20% para el usuario. Pero también debería agregarse el costo de la generación, ya que un tercio de la factura de luz es el costo de la compra de la energía a CAMMESA; otro tercio es el valor agregado de la distribución y el otro, los impuestos. Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.

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