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Dura carta de directivos de AFIP contra Cuccioli por procesamientos y embargos

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Jefes del ente recaudador manifestaron su preocupación por imputaciones que sufrieron en el marco de la causa Oil Combustibles.

Cerca de 30 directivos del organismo recaudador expresaron su “elevada preocupación” por la causa Oil, que derivó en el procesamiento de personal jerárquico “por haber cumplido con sus funciones y haber desarrollado su trabajo habitual”.

Los jefes de Agencia y Director Regionales rechazan la judicialización de causas que involucran a los agentes de carrera y que derivan en imputaciones personales por las que deben responder con su patrimonio.

Según reveló Ámbito Financiero, hasta ahora se cuentan más de 30 casos judicializados entre personal impositivo y aduanero, donde se constató embargos sobre sus patrimonios y suspensión de haberes.

El disparador fueron los procesamientos de los contadores Gustavo Esperón y Eduardo Nappa en el expediente Oil Combustibles, por el que la AFIP reclama una deuda de $8 mil millones. Sin embargo, para los directivos de AFIP este asunto “no difiere del proceder” interno para “cualquier contribuyente” y lamentan que esos dos empleados públicos deban responder con su patrimonio personal por la falta de dictado de normativas específicas.

Se quejaron de que Ercolini procesó a los agentes sin tener en cuenta que no existía normativa que regule requisitos que impuso en su causa judicial.

Por este motivo, los principales responsables de las oficinas de recaudación del área metropolitana unificaron su reclamo y canalizaron su disconformidad a través de una carta enviada a fines de abril al titular del organismo, Leandro Cuccioli. Todos juntos concitan el 70% de la recaudación total de la AFIP.

Textuales de la carta:

-“Se manifiesta nuestra elevada preocupación porque se haya judicializado y asignado responsabilidad penal a funcionarios de carrera – Jefes de Agencia y Director Regional – por haber cumplido con sus funciones y desarrollado su trabajo habitual”.

-“El estado de indefensión e incertidumbre que generan estos procesamientos en todos nosotros es muy agraviante y sin precedentes en nuestra organización”.

-“Resulta preocupante que se impute una conducta disvaliosa -y dolosa- a funcionarios del área operativa cuando el mismo Organismo, a través del área de Auditoría expresa en la OIP 15/2016 una serie de recomendaciones, desvinculado en forma contundente y taxativa a las áreas operativas”.

-“Nuestra preocupación es que aquellas situaciones que no cuenten con un amparo normativo (Instrucciones Generales, Disposiciones, Resoluciones Generales, etc) que determine claramente el procedimiento a seguir, las áreas intervinientes y/o cuando los controles informáticos no se cumplen adecuadamente, toda intervención realizada en base a nuestro leal saber y entender queda sujeta a futuros reproches penales por eventuales delitos contra la Administración Pública, tal como ocurre en la presente causa (por OIL), generándonos una sensación de incertidumbre laboral y agravio generalizado”.

-“No podemos dejar de expresar nuestra zozobra, inquietud y aficción por la afectación personal, profesional y familiar que están sufriendo estos funcionarios de carrera Gustavo Esperón y Eduardo Nappa, a quienes injustamente mancharon en su buen nombre y honor, destacando su calidad humana, profesionalismo, probidad y compromiso constante con el este Organismo”.

-“En estas tristes circunstancias es que confiamos que las decisiones de las autoridades competentes estarán dotadas de absoluta legitimidad, velando cabalmente por la observancia de principios constitucionales básicos –tales como el de inocencia y defensa en juicio- así como también nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, e inclusive, fundadas en cuestiones de humanidad”.

-“Así, damos por descontado que no se adoptará medida alguna que signifique la afectación en los ingresos de carácter alimentarios que perciben los funcionarios a través de su salario, debiendo tener presente que, no tenemos duda, nos hallamos frente a situaciones judiciales derivadas del ejercicio regular de sus funciones”.

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Ganancias: cómo se hará la devolución de los saldos a trabajadores y jubilados

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Se realizará en septiembre y octubre, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Por el aumento del mínimo no imponible, algunos contribuyentes dejarán de abonar el impuesto y otros pagarán menos.

Por el aumento del 20% del minino no imponible y de las deducciones especiales, las diferencias a favor de los 2.300.000 trabajadores y empleados en relación de dependencia y jubilados se reintegrarán en 2 cuotas iguales en los meses de septiembre y octubre de 2019.

“El importe reintegrado deberá ser exteriorizado inequívocamente en los respectivos recibos de haberes, bajo el concepto “Beneficio Decreto 561/19”, según la Resolución General 4546/2019 de la AFIP publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Como explicó Clarín, por tratarse de un impuesto de cálculo anual, con retenciones o descuentos mensuales, el aumento del mínimo no imponible y de las deducciones especiales de Ganancias implica que algunos contribuyentes dejarán de pagar ese impuesto y otros pagarán menos. Y en otros casos, además, implica la devolución de lo que les estuvieron descontando hasta ahora y menores descuentos hasta fin de año.

El salario bruto a partir del cual se empieza a pagar Ganancias sube de $ 46.147 a $ 55.376.

Para un soltero sin hijos con un sueldo bruto de $ 60.240 — gana en mano $ 50.000 — antes de esta medida, terminaba de pagar este año Ganancias un total de $ 17.330. Con el nuevo mínimo pagará $ 3.402. Una reducción de Ganancias de $ 13.928. Pero como desde enero hasta ahora le estuvieron descontando en base al mínimo imponible anterior, deberán reintegrarlo lo descontado, que para 7 meses suma $ 8.124 .

Para el mismo ejemplo, pero con un sueldo bruto de $ 100.000, según la AFIP, la devolución del saldo a favor que se genera es de $ 19.000.

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Echegaray responsabilizó a Abad por haber impedido el cobro de la deuda de Oil Combustibles

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El ex titular de la AFIP señaló que luego de la pericia de la Corte se demostraba que a diciembre de 2015, los planes de pago estaban al día y que fue su sucesor quien empujó a la quiebra a la petrolera.

Durante el juicio oral por la causa “Oil Combustibles” el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaraypuntualizó que fue su sucesor, Alberto Abad quien, según detallaron los expertos en su informe, generó el contexto para que cayeran todos los planes de con los que había refinanciado su deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Según el periodista de Ámbito FinancieroGabriel Morini, el ex AFIP dejó una serie de mensajes políticos y técnicos en su declaración que incluyeron la mención a varias empresas o personas que habían recibido idéntico beneficio por los planes del Artículo 32, entre las que estaban desde la constructora del primo de Mauricio Macri, IECSA, hasta el propio Consejo de la Magistratura, encargado de administrar el dinero del Poder Judicial.

Me jodieron la vida. Soy un muerto civil”, se definió el ex administrador quien reconoció que él mismo se financió recientemente con un plan de facilidades de la AFIP sobre el pago de IVA que debía afrontar.

La anécdota tuvo otro dardo teledirigido: acusar al abogado (externo) Ricardo Gil Lavedra –quien dirigió la estrategia jurídica de la gestión Abad en el caso Oil- y al fiscal Gerardo Pollicita de haber ignorado en su acusación una serie de elementos de funcionamiento interno de la AFIP que impedirían considerar el otorgamiento de planes de pago un delito, como es el eje del debate oral y de la causa que instruyó el juez Julián Ercolini.

Me adjudicaron la autoría, no de un delito que no pueden probar, sino que no existe”, lanzó. “Soy blanco de una persecución política con ropaje judicial”, subrayó, al apuntar que quizás el objetivo final de la “serie de disparates jurídicos y técnicos” que tiene la causa podría haber sido “arrebatarles las empresas” a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Para Echegaray se ignoraron auditorías hechas por su gestión donde no se mostraron objeciones al procedimiento interno para autorizar planes de pago; se desconoció que desde hace años no se les exige a las empresas que presenten documentación para acreditar una situación económica o financiera que les impida pagar con normalidad porque esos datos ya se encuentran en las bases informáticas de AFIP; y que hubo una cadena de 8 escalones previos de funcionarios de carrera que convalidaron el procedimiento para Oil –pero están siendo investigados en un proceso aparte que desmembró la causa madre-, en especial de su ex mano derecha Guillermo Mitchell (hoy asesor de Miguel Pichetto) quien dio el último visto bueno a los planes.

Pero en las falencias técnicas sobre la investigación, Echegaray apuntó a un asunto clave para desentrañar en el juicio: por su naturaleza, el “destinatario del impuesto” ITC era Oil Combustibles –no los consumidores de nafta a quienes se le traslada o no ese costo- por lo que como un impuesto indirecto (similar al IVA) podía ser susceptible de ser financiado a través de planes porque no es una percepción ni una retención, algo que la querella rechaza. “¿Qué le sirve a la AFIP, cobrar en plan de pagos o no cobrar? ¿Quién le cobró más, nuestra gestión o la que la liquidó (a Oil)?”, se preguntó en base a la pericia. Esas preguntas fueron fue para Abad. “¿Por qué no está Abad acá si también le dio planes generales al Grupo Indalo?”, inquirió.

La AFIP ya afila su estrategia de intentar esquivar la pericia y sus conclusiones para sostener que lo importante no era el monto de la deuda de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa a 2015, sino que hubo irregularidad en los planes. Por lo pronto tiene que resolver un problema que ayer generó cruces: el mandato del abogado Alejandro Carrió para representar a la parte acusatoria, con una contratación directa para continuar la labor de Gil Lavedra. La AFIP tiene algunas restricciones para contratar externos ya que cuenta con un cuerpo de más de mil abogados. El requisito es que no representen “intereses contrapuestos”. Carrió es abogado de Alfonso Prat Gay en un juicio paralelo en el que se acusa a Echegaray como ex titular de la AFIP. Cuando se insinuó el tema en la audiencia, hubo protestas. La cuestión del mandato seguirá rodeada de controversia.

Echegaray pidió puntualmente que se incorpore la nota que la mayor parte de jerárquicos de la AFIP le dirigió a Leandro Cuccioli quejándose de que estaban siendo judicializados por haber cumplido con sus funciones con Oil como caso emblemático. Deslizó varios nombres como el del intendente Mestre con quien se reunió para otorgarle un artículo 32 a la Municipalidad de Córdoba. Dijo que con López y De Sousa apenas se había saludado alguna vez. Y mencionó a IECSA. Pareció jugar al misterio sobre si hubo un pedido de un dirigente político para que la constructora de Ángelo Calcaterra acceda. Prometió más nombres propios.

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Una pericia de la Corte desmiente a la AFIP en el juicio a Oil

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Afirma que el reclamo de deuda nunca fue de $8 mil millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con las cuotas al día.

La pericia oficial realizada por contadores de la Corte Suprema que se incorporó al juicio oral por la presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles cuestionó la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En ésta se demuestra que el reclamo de deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no fue de $8.000 millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

Según informa el periodista Gabriel Mornini en Ámbito Financiero, el monto refinanciado en planes especiales era de $2.200 millones de los cuales $1.600 se pagaron.

Además, en diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados. Los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Por orden del Tribunal Oral Federal N°3, la pericia fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria. Los expertos de la Corte, el Ministerio Público Fiscal, de la querella de AFIP, además de los representantes de la defensa, entregaron el informe el 17 de julio pasado.

El documento explica que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Ésto cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC -a excepción de sólo 7 meses- y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo.

Se detalla también que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.

Los expertos señalan que fueron resoluciones de Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó la quiebra de la empresa.

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